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El Cinep / PPP, el CAJAR y CENSAT denuncian que tras realizar una visita de verificación encontraron la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente, en La Guajira, pese a que la Corte Constitucional ordenó suspender las obras hasta que se realice un estudio de impacto social, ambiental y cultural de la obra sobre la zona.

El pasado 28 de agosto de 2021 las organizaciones CINEP/PPP, CENSAT y CAJAR estuvimos realizando una visita de verificación debido a denuncias persistentes de comunidades indígenas wayuu que habitan la parte media y alta del arroyo Bruno, en zona rural del municipio de Albania, La Guajira, y advertimos la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente por parte de la empresa Carbones del Cerrejón.

Esta avanzada de la empresa tienen en estado de alarma a las comunidades vecinas, dado que en el numeral noveno de la sentencia SU-698 de 2017, la Corte Constitucional ordenó mantener la suspensión de las obras mineras asociadas al avance del “Tajo minero La Puente” hasta tanto se realice un estudio que evalúe los impactos sociales, ambientales y culturales que acarrean los planes de destrucción del cauce natural del arroyo para ampliar la frontera extractiva.

En el recorrido se constató que la empresa viene desarrollando aceleradamente trabajos mineros en la zona nororiental que limita con la parte media del cauce natural del arroyo Bruno. Esto demuestra que Carbones del Cerrejón Limited no tiene límites al seguir amenazando los derechos fundamentales de las comunidades étnicas en La Guajira.

Según los testimonios de las comunidades, se estaría realizando una ampliación del tajo La Puente hacia la comunidad de El Rocío y estaría a unos 150 o 200 metros del arroyo Bruno, por lo que “el arroyo comenzaría a secarse aún más y nosotros tendríamos que ver un arroyo seco y muerto, la empresa tendría que decir que es seco y comenzaría a sacar no solo desde donde hizo la modificación sino desde más arriba… ¿Qué tendríamos que hacer o qué debemos hacer? Despertar, porque el carbón no lo es todo, el agua sí es vida, donde hay agua hay vida, donde hay carbón en La Guajira es pobreza, hambre y hasta muerte”, afirma un líder de la comunidad.

A la multinacional no le bastó imponer la desviación del arroyo Bruno poniendo en riesgo los derechos ambientales y territoriales reconocidos en la sentencia SU-698/17. Ahora reactivan obras a menos de 100 metros del cauce natural del arroyo Bruno y a escasos 800 metros de las viviendas de la comunidad más cercana. También hay incertidumbre respecto a las razones por las cuales, pese a que se ordenó la suspensión de las labores de expansión del tajo, se ha visto un incremento vertical de los residuos y expansión del botadero, aumentando los niveles de contaminación del aire, suelo y agua que reportan las comunidades aledañas, y la pérdida de caminos tradicionales que conectan las rancherías con el arroyo Bruno y su ecosistema.

En la visita se evidenció que se están vertiendo al cauce natural aguas que la comunidad califica como tóxicas, la cuales salen de las lagunas de las obras mineras al cauce natural del arroyo del que se abastecen diversas comunidades de la zona, animales y vegetación. Recibimos también denuncias respecto a que esta reciente actividad ha producido alteraciones en la dinámica de la fuente hídrica, presencia de especies invasoras como caracoles, capas de espuma blanca que representan una disminución del oxígeno, musgos, posibles indicadores de los daños a la calidad del agua, y debilitamiento de las especies vegetales de la ribera del río. Además, desde la llegada a la zona, se sienten los estruendos y vibraciones que son generadas por las explosiones dentro del tajo, incrementando los niveles de contaminación auditiva que afectan la tranquilidad de las comunidades y producen daños estructurales en las viviendas.

La protección judicial contemplada en la sentencia SU 698 de 2017 podría estar siendo desconocida por la empresa y entidades estatales correspondientes que han dilatado y burlado la adopción de medidas efectivas y satisfactorias para proteger el arroyo. Lo cierto es que al día de hoy, los abusos, asimetrías, racismos e injusticias ambientales continúan, pues el arroyo permanece desviado, de manera arbitraria se negó la medida provisional de devolución de las aguas al cauce natural y hasta el momento no se conoce ni se ha entregado ninguna información sobre el estudio de las incertidumbres ordenado por la Corte Constitucional, desatendiendo principios de precaución y prevención ambiental.

A este escenario, se le suma la presión de las multinacionales Anglo American y Glencore con demandas de arbitraje de inversión contra el Estado colombiano reclamando para sí millonarias indemnizaciones si no se les permite continuar con la explotación de este tajo y con la histórica devastación ambiental, el saqueo y las graves violaciones a derechos humanos y de la naturaleza de las que es responsable y que permanecen en la impunidad.

Aún con las violaciones y riesgos advertidos por la Corte Constitucional, el Gobierno nacional sigue respaldando este proyecto de ampliación del tajo, que hace parte de los 35 proyectos de “interés prioritario y estratégico para la reactivación sostenible del sector minero y dinamizar la economía del país golpeada por la pandemia”. Nos preguntamos si insistir en la profundización y expansión de la explotación minera en una zona con crisis hídrica, alimentaria y climática, en contra de la vida de un pueblo indígena milenario, es el significado de bienestar social e interés público del gobierno nacional.

Ante estos hechos denunciados solicitamos a las instancias públicas, entidades de control y autoridades judiciales realizar las investigaciones respectivas a fin de imponer las sanciones correspondientes. En particular, solicitamos se verifique cuál es el seguimiento a la orden judicial de suspender actividades mineras en el tajo La Puente y cuáles son los permisos, medidas de seguimiento y control que se aplican a la empresa Carbones del Cerrejón en relación con los vertimientos de aguas tóxicas en la parte media del arroyo Bruno y con la expansión del botadero minero.

A continuación el comunicado: 

  

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

Tras un recorrido  de ocho días por el país, la Misión SOS Colombia entregó su informe preliminar en el que documentó once patrones de violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional, y donde exige garantías a la protesta y protección no solo a los manifestantes sino para la prensa, la misión médica y la defensa de los derechos humanos. 

Este lunes 12 de julio fueron presentados los primeros hallazgos y recomendaciones de la Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, entre ellos el Secretario General del Vaticano, quienes visitaron 11 regiones entre el 3 y el 12 de julio. 

“En algunos lugares del país, integrantes de la Misión se vieron hostigadas por la fuerza pública. Al mismo tiempo, cerca de los lugares donde estaba la Misión manifestantes fueron víctimas de asesinatos, agresiones oculares y se hallaron los cuerpos sin vida de jóvenes (Duván Felipe Barros Gómez y Alquimedez Santana en Bogotá y Cali, respectivamente) de puntos de resistencia que estaban desaparecidos”, señala el informe entregado por la Misión que acudió al país ante el llamado urgente de 10 organizaciones de la sociedad civil colombiana.

Además, “mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el secretario de gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos. En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la primera línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali”, describen los delegados y delegadas.

En rueda de prensa, los delegados y delegadas comenzaron por señalar que la Misión pudo constatar que, en el marco del Paro Nacional, se están utilizando técnicas de combate para aniquilar a la población civil que está manifestándose en las calles de Colombia. Y que identificaron tres actores principales responsables de las violaciones a los DD.HH.: La Fuerza Pública, paramilitares que actúan en connivencia con la Fuerza Pública y personas civiles armadas. 

El informe preliminar entregado por la Misión se señala que, aunque lograron documentar 180 denuncias directas agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación a los DD.HH desde que inició el Paro el pasado 28 de abril, “se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar”. 

En el documento se describen once patrones de violaciones a los DD.HH. que pudieron ser verificados por el grupo de delegadas y delegados en sus visitas a Atlántico, Magdalena, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Santander, Quindío, Caldas y Valle del Cauca:

1) Homicidios selectivos.

2) Lesiones personales. 

3) Tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. 

4) Lesiones oculares. 

5) Agresiones con armas de fuego.

6) Violencias basadas en género. 

7) Violencia y tortura sexual.

 8) Detenciones arbitrarias e ilegales. 

9) Judicializaciones arbitrarias.

10) Desapariciones forzadas. 

11) Estigmatizaciones, señalamientos y persecuciones.

Lisa Haugaard, delegada de EE.UU. y co directora de Latin America Working Group, expresó que desde su organización “vamos a presionar fuertemente y ya estamos pidiendo un congelamiento en la cooperación de EE.UU. para la Policía hasta que haya realmente una reforma. Por su parte Félix Ovejero, delegado de España, resaltó la exigencia a la Unión Europea “que suspenda la venta de armamento militar y material antidisturbios” en virtud de los criterios de la misma comunidad sobre la exportación de armas. 

Con quiénes habló la Misión

Durante los 8 días de visita, la Misión se reunió con las organizaciones impulsoras desde Colombia y con las siguientes organizaciones: 

La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, representantes del Comité Cívico de Buenaventura, representantes del Movimiento Ambientalista, representantes del Movimiento Estudiantil, SISMA Mujer, Caribe Afirmativo y representantes de la Iglesia Católica. Además, se llevaron a cabo diálogos con representantes de entidades del Estado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo) y de la Comunidad Internacional (Embajada de Alemania, Embajada de México, Embajada de Bélgica, Delegación Europea, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la Misión de Verificación de Naciones Unidas. 

En la visita a regiones los delegados y delegadas se entrevistaron con integrantes de las Primeras Líneas, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de Derechos Humanos, campesinas y colectivos de LGBTIQA+, y de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes y, con víctimas de la fuerza pública y así como, de los paramilitares; y se celebraron reuniones con representantes de las gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Policía Nacional en algunos territorios.

Lisa Haugaard manifestó que la Misión fue testigo de la creatividad y la solidaridad en medio de la protesta, pero también de la fuerza con que ha sido tratada: “Los jóvenes nos mostraban las cicatrices de balas y otros proyectiles en sus cuerpos, también están experimentando un continuo hostigamiento de parte de la Fuerza Pública y otros actores”, afirmó durante la rueda de prensa

Preocupados por falta de garantías a la protesta

En el informe preliminar la Misión señala que “se observan organismos de control como instituciones débiles y cooptadas”, y evidencia una “omisión en sus funciones y falta de acompañamiento hacia personas manifestantes en los procesos de denuncia de violaciones de Derechos Humanos y seguimiento en los procedimientos que lleva a cabo la fuerza pública”. 

Miriam Pixtún, delegada de Guatemala, aseguró que en las reuniones que sostuvo la Misión con instituciones del Estado se encontraron con dos hechos relevantes: “una aparente voluntad y respeto por los DD.HH. pero que contrasta con los hechos que fuimos documentando”, y “la actitud casi generalizada de los funcionarios públicos de señalar a la Policía como víctima de los manifestantes”.

El informe en ese sentido apunta al “temor, la inseguridad y la falta de confianza en las instituciones estatales” para denunciar hechos de violaciones a los DD.HH. como una de las causas del “subregistro de la magnitud de la violencia experimentada y sus consecuencias”. 

Las recomendaciones al Estado Colombiano

La Misión presentó cinco tipos de recomendaciones entre las que se incluyen acciones inmediatas a tomar por parte del Gobierno y organismos internacionales, y otras actuaciones que en un mediano plazo podrían ser adoptadas por el Estado, la comunidad internacional y las empresas. 

Félix Ovejero destacó entre ellas el fin de la represión a la protesta, así como la protección a la labor de personas defensoras de DD.HH., comunicadoras sociales, integrantes de organismos de la sociedad civil y de brigadas médicas. En materia de desaparición forzada el informe también reclama que se reconozca, active e implemente el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero de las personas que aún están desaparecidas.

En cuanto a justicia, la Misión recomienda que las investigaciones por violaciones a DD.HH. se lleven a cabo “por instancias jurisdiccionales de orden civil”, así como “que se asegure el acceso a justicia, reparación integral y garantías de no repetición”. Adicionalmente, las organizaciones y delegados internacionales invitan a adoptar medidas efectivas para “desmantelar los grupos parapoliciales y paramilitares”, y “desmilitarizar y reformar de manera estructural la Policía Nacional a fin de llevar a cabo la demandada disolución del ESMAD”.

El informe final de la Misión SOS Colombia se espera que sea presentado en agosto de 2021, momento en el que también se entregará el seguimiento de los avances en las recomendaciones realizadas, entre tanto, los y las delegadas realizarán acciones de incidencia y litigio en espacios internacionales para dar a conocer sus hallazgos. 

Encuentre el informe preliminar de la Misión SOS Colombia a continuación: 

 

Por: Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP

Del 3 al 12 de julio, once regiones de Colombia son visitadas por la Misión de Observación Internacional SOS Colombia, integrada por más de 40 delegados y delegadas de 12 países.

A dos meses del inicio del Paro Nacional en Colombia, delegados y delegadas de Europa y América Latina, Estados Unidos y Canadá, visitan 11 regiones del país documentar y denunciar la represión y las violaciones a los Derechos Humanos en medio de las protestas iniciadas el 28 de abril pasado y que, al 30 de junio, suman 84 personas asesinadas, 1790 personas heridas -entre ellas 114 por arma de fuego-, y 75 presuntamente desaparecidas, en un complejo panorama que incluye, además, violencia sexual contras las mujeres, desmembramiento y calcinamiento de cuerpos de los manifestantes, y ataques armados a la movilización a manos de la Fuerza Pública y civiles*. 

"Esta Misión busca identificar mecanismos extrajudiciales y judiciales que han llevado a la impunidad jurídica y social antes y después de la aplicación de acciones represivas, así como también, develar porqué y cómo se quiere evitar la rendición de cuentas sobre las responsabilidades y actuaciones de los agentes estatales en el Paro Nacional".

Son 40 delegados y delegadas de 12 países (Gran Bretaña, México, Canadá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Guatemala, España, Alemania, Italia, Bélgica y País Vasco): dirigentes políticos y sociales, prensa internacional y defensores de derechos humanos, junto a las organizaciones locales impulsoras, "recibirán testimonios de primera mano de víctimas de represión estatal durante el reciente Paro Nacional en 11 regiones de Colombia con el fin de identificar los contextos en que han ocurrido estos hechos, las afectaciones y el estado actual de las investigaciones de 7.704 agresiones documentadas por organizaciones sociales durante 55 días de protestas sociales".

La Misión SOS Colombia por garantías a la protesta y contra la impunidad en Colombia se realizará entre el 3 y el 12 de julio de 2021, y visitará puntos de resistencia, entidades gubernamentales y de policía de 11 regiones: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Atlántico, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Santander. Y dialogará con víctimas, autoridades y protagonistas del Paro más largo en la historia de Colombia. Además presentará un informe con conclusiones y recomendaciones sobre la garantía del derecho a la protesta y contra la impunidad en Colombia.

Según las organizaciones colombianas "las acciones de contención y represión realizadas por la policía, su Fuerza Disponible, su fuerza especial Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- y el Ejército Nacional, a través de operaciones psicológicas y de presión aéreas, la militarización de las ciudades en los sitios de manifestación, la paramilitarización de operaciones policiales y de las manifestaciones de sectores pudientes con respuestas similares, son indicadores de patrones y propósitos con métodos proscritos por el derecho internacional de los derechos humanos".

Esta visita es el fruto de un llamado a la solidaridad internacional ante la falta de garantías para el libre ejercicio de la protesta y es coordinada por las siguientes organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos de Colombia: Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP / PPP; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU; Corporación Jurídica Libertad, CJL; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Fundación Forjando Futuros; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PCDHDD; Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas; Alianza de organizaciones sociales y afines; y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP.

A continuación el comunicado: 

 

 A continuación el comunicado en inglés:

 

*Boletín No. 20 de la Campaña Defender La Libertad. 

Por: Comunicaciones Cinep / PPP

Cinep/PPP y otras organizaciones sociales que integran "Democracia en Riesgo" alertan por la modificación al Decreto 003 de 2021, con el que se limita el derecho a la protesta permitiendo la intervención de la fuerza pública frente a los cortes de ruta temporales como permanentes. 

El gobierno de lván Duque anunció el viernes 18 de junio una modificación al Decreto 003 del 2021, con la cual limita la definición de protesta pacífica estipulando que los cortes de ruta -tanto los temporales como los permanentes- no constituyen una forma legítima de manifestación pacífica y por tanto pueden ser disueltos mediante la intervención represiva de la fuerza pública.

Dicho decreto, sin la anunciada modificación, por sí mismo constituía un cumplimiento insuficiente de la sentencia STC- 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia del 22 septiembre de 2020, que reconocía la violación sistemática del derecho a la protesta por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La sentencia profirió, entre otras, las siguientes directrices: llamó al gobierno nacional a mantener la neutralidad frente a la protesta social, instó a la conformación de una mesa de trabajo para la reestructuración de las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas y ordenó la creación de un estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza frente a las protestas, encaminado a prevenir los abusos de la fuerza pública, a evitar la estigmatización de los manifestantes, a detener el uso desproporcionado de armas letales y menos letales, a evitar las detenciones ilegales y tratos inhumanos y a frenar los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

En cumplimiento de la sentencia, el gobierno expidió el mencionado decreto constituido por declaraciones generales tendientes a reducir la respuesta inmediata de la policía nacional en las manifestaciones, haciendo énfasis en la importancia de la comunicación entre organismos de control, autoridades, fuerza pública y manifestantes en los Puestos de Mando Unificados durante las protestas. Sin embargo, el gobierno se negó a discutir y a transformar las directrices operacionales que constituyen el marco institucional que ha posibilitado los abusos policiales violatorios del derecho constitucional a la protesta pacífica, en contravía de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, con la modificación normativa anunciada el viernes, el gobierno pasa del cumplimiento insuficiente al desacato abierto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Frente a dicha conculcación de derechos, expresamos las siguientes consideraciones. La sentencia estipulaba con absoluta claridad que la reglamentación expedida para dar cumplimiento al fallo debía tener en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), las recomendaciones de Naciones Unidas y las señaladas por la propia sentencia. No hay duda de que la prohibición de todos los cortes de ruta inscrita en la modificación del Decreto 003 de 2021 constituye una violación clara de dichas directrices.

La doctrina de la CIDH, que es coherente con la jurisprudencia que hace parte del bloque de constitucionalidad al cual debe atenerse el gobierno colombiano, comprende los cortes de ruta como repertorio legítimo del ejercicio del derecho a la protesta. De igual forma la CIDH ha reconocido que la alteración del ejercicio del derecho de terceros producto de las protestas pacíficas hace parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse. De igual forma, la CIDH ha indicado que ante la posible colisión de derechos, por ejemplo, el derecho de tránsito y el derecho de reunión, es preciso tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática. El gobierno nacional también ha violado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues la modificación anunciada pretende delimitar por vía de un decreto un derecho constitucional, lo que solo puede hacerse a través de una ley estatutaria. Se trata, en resumidas cuentas, de una violación en diferentes niveles tanto de la Constitución Política como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

En ese sentido, consideramos que la actuación del gobierno nacional constituye un ejercicio de criminalización del derecho a la protesta pacífica, que nos ubica en una suspensión de facto del orden constitucional, pues persiste en la deriva autoritaria y antidemocrática de expedir normas propias de un estado de excepción a través de decretos presidenciales ordinarios, eludiendo así los controles constitucionales previstos para este tipo de escenarios. Además, la presente criminalización del derecho a la protesta se articula con una visión estigmatizante de la conflictividad social, presente tanto en el gobierno como en la Policía Nacional, lo que configura el terreno propicio para la persistencia de las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que han enlutado al país en el marco de coyunturas recientes como el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, las protestas populares contra la violencia policial de septiembre de 2020 y el paro nacional del 2021.

El gobierno también ha vuelto a incumplir de manera directa el Acuerdo de Paz firmado por el Estado y ratificado por el Congreso de la República durante el 2016. El punto 2.2 del Acuerdo mandató la creación de un Proyecto de Ley de Garantías para la Participación y la Protesta, que tuviera como base un espacio nacional de diálogo a partir de una serie de lineamientos que incluían las garantías para la movilización y la armonización normativa para garantizar el derecho a la libertad de asociación y la protesta. A partir de una serie de encuentros, en los que participaron alrededor de 2500 personas en representación de al menos 1541 organizaciones sociales, se construyó un documento de lineamientos para la creación de dicho proyecto de ley, que el actual gobierno se empeña en desconocer. 

Por tanto, desde Democracia en Riesgo le exigimos al gobierno que desista de la anunciada modificación normativa, que avance en el cumplimiento cabal de la sentencia  STC-7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, que privilegie el diálogo social como mecanismo de respuesta a la protesta social, que avance en la implementación integral del Acuerdo de Paz y que rectifique su tendencia autoritaria que ha puesto en grave peligro a la democracia colombiana.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Continúan las presentaciones regionales de “¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020”, espacios de conversación entre investigadores del libro, comunidades, instituciones del Estado, académicos, expertos y organizaciones de DD.HH

 Los resultados de la investigación que durante tres años realizó Cinep con el apoyo de Diakonía y produjo el libro “¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020” son socializados en espacios regionales. Con un diálogo virtual desde Cúcuta, Norte de Santander, este miércoles 23 de junio continuaron las presentaciones, esta vez sobre el capítulo de Catatumbo, con la presencia de Lina Mejía, coordinadora de DD.HH. y D.I.H. de Vivamos Humanos; y Luis Eduardo Celis, analista de conflictos e integrante de la Fundación Paz y Reconciliación 

Estos eventos, que por razones de la pandemia se están realizando en una modalidad ‘mixta’ (presencial y virtual), han servido para socializar los hallazgos de la investigación en los territorios que aborda, para aportar a las apuestas de paz regionales como ocurrió en Quibdó, Chocó, el pasado viernes 28 de abril. En dicho encuentro estuvieron líderes y lideresas del alto, medio y bajo Atrato junto a investigadores, analistas e instituciones del Estado, frente a los que reiteraron la necesidad de impulsar un acuerdo humanitario en el Departamento.

Zenaida Martínez, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), afirma que el Acuerdo Humanitario es una oportunidad para que se piense en las personas que habitan el territorio: “si el Gobierno y el ELN retoman estos diálogos viviríamos mejor porque ya no habría actores armados”, por lo que pide que se retomen las conversaciones para evitar que sus hijos sigan siendo reclutados para la guerra.

Nevaldo Perea, integrante del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), sostiene que en el medio Atrato la situación de los jóvenes es de desesperanza “porque ellos terminan con mucho esfuerzo el bachillerato pero no pueden seguir la universidad, entonces se vuelven vulnerables para los actores armados que los usan como frente de guerra”. Por lo tanto, sostiene que el Acuerdo Humanitario Ya es una apuesta para lograr un consenso entre el Gobierno y las guerrillas que les dé una posibilidad de vida a los jóvenes.

En este evento estuvieron presentes entidades como la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Chocó y Alcaldía de Quibdó así como el analista Víctor de Currea-Lugo y el coeditor de la publicación Andrés Aponte, que recordó que el ELN y las autodenominadas AGC son los actores que causan más conflictividades sociales en el departamento. 

El Acuerdo Humanitario Ya fue presentando en 2017 a la mesa de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y la delegación del ELN en Quito, Ecuador, y contiene 11 puntos tendientes a buscar la paz en Chocó que incluyen el desmonte de estructuras paramilitares, el cese al fuego bilateral, el respeto por los territorios étnicos, entre otros. 

El próximo martes 29 de junio se realizará la presentación regional sobre el Sur de Bolívar en Barrancabermeja, Santander; y está por confirmarse la fecha y lugar sobre el capítulo de Cauca. Estos espacios propician el diálogo entre investigadores, comunidades y representantes del Estado, no obstante si desea asistir a ellos de forma virtual o presencial, puede enviar un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con la solicitud.

Encuentre el libro "¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020”  en este enlace: https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/por-que-es-tan-dificil-negociar-con-el-eln-las-consecuencias-de-un-federalismo-insurgente-1964-2020/ 

Encuentre el documento ocasional "¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Una mirada regionalmente diferenciada" en el siguiente enlace: https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/por-que-es-tan-dificil-negociar-eln-documento-ocasional/ 

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP

Tras sesionar en Colombia, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) condenó al Estado colombiano por su acción u omisión en el genocidio continuado, y los crímenes de guerra y de lesa humanidad contra población civil por razones políticas. El TPP es un tribunal de opinión y representa un llamado ético a los estados y la sociedad.

Por más de un siglo Colombia ha enfrentado “un proyecto  de  reorganización  social  a  través  del terror, en el que la comisión de muchos de los crímenes concretos denunciados (...) se subsume en el crimen, central en este análisis, de genocidio”, de acuerdo con el fallo del Tribunal que sesionó en su versión número 48 en Colombia entre el 25 y el 27 de marzo pasados recibiendo información de 54 casos que evidenciaron el genocidio político, los crímenes contra la paz y la impunidad cometidos desde 1912 a la fecha. 

“El conjunto de la violencia estatal y para-estatal ha estado al  servicio  de  un  intento  sistemático,  organizado  y  constatable  de  destrucción  parcial  de la identidad nacional colombiana”, agrega el fallo. En su lectura virtual el jurado se refiririó al genocidio contra los pueblos étnicos, movimientos campesinos y sindicales, organizaciones político-electorales, personas exiliadas, y a casos como la masacre de las bananeras o las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” para explicar los fundamentos que los llevaron a condenar al Estado colombiano por estos crímenes. 

El Tribunal condenó al Estado de Colombia por crímenes  de  lesa  humanidad  y  crímenes  de  guerra, el incumplimiento  de  sus  obligaciones  de  prevención,  investigación  y  sanción del genocidio; por  haber  adoptado doctrinas  militares  y  estrategias  de  seguridad  basadas  en  la existencia   de   un   enemigo   interno, haber  promovido  o  permitido  la  afectación  grave  de  los  territorios  y  de  los ecosistemas para  la  implantación  de  proyectos  económicos, y por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos  de paz, entre otros.

Las recomendaciones del Tribunal 

En el fallo, que puede ser encontrado en https://www.tppcolombia.com/, también se hacen recomendaciones al Estado Colombiano, entre ellas: Respetar y hacer respetar los derechos humanos como se comprometió en los pactos internacionales y la Constitución colombiana, proceder a la restitución completas de tierras a los despojados, disolver las asociaciones "convivir" y estructuras paramilitares, sancionar debidamente a los autores de ejecuciones extrajudiciales y "aplicar   y   facilitar   la   aplicación   del   acuerdo   de   paz   de   2016   en   todos   sus componentes,  en  particular  el  Sistema  integral  de  verdad,  justicia,  reparación y  no repetición", entre otras.

Para el jurado del TPP, Daniel Feierstein, el tratamiento de la verdad sobre lo que pasó en Colombia resulta relevante porque “el genocidio cobra su realización simbólica en el momento en que un pueblo ya no es capaz de narrarse la historia que ha vivido, sino que la fragmenta y conceptualiza en formas que no le permiten recuperar la identidad que el momento material del genocidio había venido a destruir”. 

El pueblo se levanta por el pueblo

El sacerdote jesuita e investigador del Cinep / PPP Javier Giraldo explicó la relevancia del Tribunal al señalar que este tipo de entidades serán necesarias “hasta que el último ser humano hambriento sea saciado, y hasta que se abra un camino de vida que acabe con la explotación de los muchos por los pocos”, y añadió que pese a que el TPP es un tribunal de opinión que no tiene un carácter vinculante, y no tiene el poder de ‘sentar en el banquillo’ a los acusados, en realidad ello es una virtud, porque los obliga a pronunciarse para crear sentidos apelando a la ética para que se respeten los DD.HH.

El sacerdote concluyó que el TPP cierra su tercera intervención en Colombia apuntando “las características genocidas de la trayectoria estatal, y lo hace en un momento en que el pueblo colombiano está levantado contra las manifestaciones de ese genocidio. Barricadas y puertos de resistencia se están multiplicando en toda la geografía nacional y quizá, por primera vez, se ponen en cuestión estructuras económicas, políticas, militares y culturales en las cuales soterradamente se ampararon por varios siglos las prácticas genocidas”, y añadió que “esta sentencia se le entrega y regala a un pueblo que despierta y busca caminos de emancipación de su opresión”.  

Encuentre el video completo de la lectura del fallo la rueda de prensa y el panel en: 

 

Encuentre el fallo completo en: https://www.tppcolombia.com/

 

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP

Cinep/PPP y otras organizaciones sociales que integran "Democracia en Riesgo"  rechazan el Proyecto de Ley 595 de 2021, que pretende darle facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General, permitiéndole inhabilitar, suspender y destituir a funcionarios públicos de elección popular. 

El proyecto de Ley 595/2021, “Por medio de la cual se reforma la ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones”. presentando por la procuradora Margarita Cabello, respaldado por el Gobierno de Iván Duque mediante mensaje de urgencia y que está a punto de ser aprobado por el Congreso de la República constituye no sólo un evidente desconocimiento de las obligaciones del Estado Colombiano en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 8 de julio de 2020, en la que se declaró responsable al Estado de Colombia por la violación de los derechos políticos y las garantías judiciales del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, sino también una muy grave afectación al sistema de pesos y contra pesos propio de todo sistema democrático en tanto supone el otorgamiento de potestades abusivas a dicha institución las cuales podrían derivar en serias vulneraciones a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.

El proyecto de ley pretende darle facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General, permitiéndole inhabilitar, suspender y destituir a funcionarios públicos de elección popular en contravía de lo planteado por la Corte Interamericana que obliga a que dichas potestades solo reposen en el poder judicial y especialmente en jueces de carácter penal, esto es fundamental toda vez que el actual diseño institucional de la Procuraduría General se presta para un manejo arbitrario y partidista de estas funciones ya que la cabeza de dicha institución es electa por el Congreso de la República y los funcionarios de mayor jerarquía y con facultades sancionatorias son empleados que no provienen de un sistema de carrera, posibilitando todo esto, injerencias políticas externas e internas en el desarrollo de los procesos disciplinarios.

Así mismo vemos con enorme preocupación el aumento de las funciones de policía judicial a la Procuraduría General, ya que gracias a ellas dicha institución podría adelantar interceptaciones telefónicas, seguimientos, allanamientos entre otros procedimientos sin el control previo de un juez de garantías poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, pero especialmente de quienes ejerzan la política en oposición a los partidos políticos afines al procurador de turno. Vale la pena recordar que este tipo de potestades sin los controles constitucionales efectivos han servido en nuestra historia reciente para cometer graves arbitrariedades y delitos que se pueden cometer en el marco de una democracia y de un Estado de Derecho.

También rechazamos que en medio de una de las peores crisis fiscales y económicas de nuestro país y a escasos meses de las elecciones de Congreso y presidenciales se usen este tipo de proyectos de ley para aumentar cargos públicos sin un límite específico, esta pretensión más que en unas necesidades de carácter misional sin los controles necesarios podrían derivar en un ejercicio claramente clientelar destinado a favorecer a los partidos políticos de la coalición de Gobierno que eligieron a la actual procuradora general.

De igual forma, vemos con extrañeza que el proyecto de ley contrario a lo establecido en la ley 5 de 1992 y múltiples sentencias de la Corte Constitucional sea tramitado como una ley ordinaria y no como una ley estatutaria tal y como debería ser, toda vez que dicho proyecto afecta de forma directa Derechos Fundamentales, eludiendo con esto tanto las mayorías, debates y el control previo de la Corte Constitucional que tienen las leyes de carácter estatutario.

Es por esto que desde Democracia en Riesgo llamamos al Congreso de la República a no aprobar el mencionado proyecto, a la comunidad internacional estar atenta y al conjunto de la ciudadanía para que ejerza el control político respectivo ante esta grave afectación de los derechos fundamentales, el Estado de derecho y la democracia en su conjunto.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

María José Pizarro, congresista, Alejandro Lanz de Temblores ONG y Víctor De Currea-Lugo, analista, retrataron la gravedad de la represión estatal al actual Paro Nacional evidenciando en vivo disparos y violencia en las movilizaciones, mientras se desarrollaban los Diálogos Cinep el pasado 2 de junio. 

“La vida y el futuro de los jóvenes es lo que está en juego, escuchen”, dice el profesor y periodista independiente Víctor De Currea-Lugo mientras corre en medio de disparos en las movilizaciones el pasado 2 de junio. DeCurrea se conectó a la conversación virtual desde Medellín, en una de las cientos de marchas convocadas en todo el país a diario en exigencia, primero, del desmonte de la Reforma Tributaria del gobierno de Iván Duque, y ahora en una enorme manifestación popular, artística y comunitaria de descontento social por el hambre, el desempleo y las precarias condiciones en las que vive la mayoría del pueblo colombiano agravadas por la pandemia, en medio de las cuales se presentan acciones vandálicas y una fuerte represión y violencia que la gente en las calles pide cesar, a cambio de ser escuchados en sus demandas y garantías de derechos.

A mes y medio del Paro Nacional que comenzó el 28 de abril en Colombia, congresistas, analistas y defensores de derechos humanos se encontraron en los “Diálogos Cinep” para reflexionar sobre lo que está en juego en esta movilización histórica que ha producido una grave escalada de violencia y violación de derechos humanos que incluye detenciones ilegales, violencia sexuales, desapariciones, torturas, homicidios, allanamientos, agresiones a la prensa y múltiples ataques físicos y verbales a los manifestantes a manos de la Fuerza Pública y particulares. 

 

El codirector ejecutivo de Temblores ONG puso en contexto la grave situación actual resaltando que la respuesta represiva del actual paro viene de una gran represión en las movilizaciones previas.  En 2020, tras el asesinato de 14 personas en el marco de las protestas por el homicidio de Javier Ordóñez y después del asesinato de Dylan Cruz a manos del ESMAD, se pensó que Colombi había llegado a lo más alto de la violencia en el trato a la protesta social, pero la realidad actual muestra un panorama más preocupante aún. Como lo recordó Alejandro Lanz en la conversación virtual, el Esmad no está asesinado apenas en este Paro. Ese Escuadrón, según documentaron en informes de Temblores Ong, es responsable de 34 asesinatos desde su creación hasta el Paro Nacional de 2019, el cual se vio suspendido por la pandemia de la Covid19.  

Este año “al menos 45 personas han sido asesinadas en el marco de las protestas sociales por parte de la Fuerza Pública”, aseveró Lanz. En la plataforma Grita de Temblores Ong también se han registrado 187 casos de heridas físicas por el uso de armas de parte de uniformados, 1.248 víctimas de violencia física y 65 víctimas de lesiones oculares. Temblores ha documentado este año 16 prácticas utilizadas violentas que las Fuerzas del Estado está empleando contra manifestantes*.

 

Y mientras los diálogos con el Comité del Paro, que carece de legitimidad en los sectores movilizados en las calles, siguen estancadas, conversaciones locales mediadas por la iglesia y académicos logran levantar algunos bloqueos de manifestantes sin que cese la violenta represión de parte de la Policía y su Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Para María José Pizarro, representante a la Cámara, lo más preocupante de la situación es que “no hay voluntad de diálogo ahora como no la hubo en 2018 para hablar con los estudiantes, no la hubo en 2019 y 2020 para hablar con la Minga Indígena, y mucho menos para cuestionar las violaciones a los DD.HH., la desproporción en el uso de la fuerza y la brutalidad policial”. 

Para Pizarro las organizaciones de derechos humanos están haciendo el trabajo que los organismos de control no hacen ante los abusos de la Fuerza Pública, mientras se dedican a empapelar a los congresistas y funcionarios públicos que están defendiendo los derechos de los manifestantes. A esta congresista y otros les abrieron una investigación en la Procuraduría “por falta disciplinaria por la presunta intromisión en un procedimiento policial”, lo que Pizarro califica como un ataque jurídico contra quienes han acompañado las movilizaciones. 

“Es necesario rectificar para cesar los desmanes de la Fuerza Pública. Esta parece ser una política de gobierno como un apolítica de escarmiento contra los jóvenes que se están movilizando (...) Hay lesiones no solo físicas sino emocionales a la juventud. Ya la gente no siente confianza en la institución”, aseguró María José desde el capitolio. 

Para ella, y los cientos de miles de manifestantes en las calles de Colombia y ciudades del mundo que también marchan en apoyo al Paro Nacional, el ministro de Defensa, Diego Molano, debe renunciar, pero sobre todo “es necesario el cambio de doctrina, en la política de seguridad, pues le da un tratamiento de enemigo público a la protesta, lo que genera una la degradación en las prácticas de la policía, el aumento de violaciones a los derechos humanos y un desprestigio a la Fuerza Pública”.  La representante a la Cámara por Bogotá concluye asegurando que darle a la protesta un tratamiento de guerra se puede constituir como un crimen de lesa humanidad. 

Para De Currea-Lugo, son “los sueños de los pelaos” los que están en juego. Sus reclamos, expuso, responden a un “hastío social de décadas de control de represión y malestar” y por ello el paro debe entenderse en términos existenciales. El investigador y profesor universitario recordó lo que vio y documentó en sus visitas a movilizaciones en Túnez y Siria: “Hay un momento en que las personas rompen la barrera del miedo, y cuando se rompe esa barrera, la gente se hace matar”. A esa situación, explica, estamos a punto de llegar en el Paro Nacional en Colombia. 

En cuanto a las salidas de esta crisis, el analista apuntó la necesidad de superar la visión político-electoral porque “la dignidad no es un problema electoral”. Por su parte, María José Pizarro subrayó la necesidad de “desescalar la violencia y pasar al diálogo para escuchar a los jóvenes”.

  

Para Alejandro Lanz, Colombia está en medio de una “transformación profunda de un poder que se está perdiendo por parte de quienes nos han gobernado en los últimos 20 años” y estamos viviendo lo violenta que puede ser esa transición, por lo tanto “el esfuerzo que tenemos que hacer es desescalar la violencia en este proceso de transformación”.  

Santiago Garcés, investigador del Cinep, resumió algunas ideas trazadas en el Diálogo Cinep resaltando la solicitud de “tipificar de manera adecuada los actos del servicio policial, la necesidad de una mayor trazabilidad en las órdenes en la Fuerza Pública, un proceso de desmilitarización de la Policía”. Además, invitó a no enceguecernos en la necesaria labor de denunciar los abusos, y no olvidarnos de ver también la fuerza y la esperanza ante las perspectivas de cambio político que la movilización actual está abriendo. 

Encuentre el conversatorio en Facebook: https://www.facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz/videos/5956944857656913/ 

En Youtube: https://youtu.be/IJRaFPhZ19w 

*Cifras con corte a junio 2 de 2021.

Por Juanjosé Gutiérrez y Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP

Pasado un mes del Paro Nacional la "Campaña Defender la Libertad" ha registrado 5.320 vulneraciones a los Derechos Humanos, muchas de ellas recaen sobre la juventud colombiana que está  movilizándose por otra sociedad y otro mundo posible.

Una gran diversidad de jóvenes, mujeres y hombres, se resisten a un no futuro en Colombia. Las movilizaciones tienen un fundado arraigo en la exclusión, la desigualdad, la falta de oportunidades y la pobreza de muchos jóvenes en el país; más allá de la estigmatización de vandalismo criminal que el gobierno insiste en recriminarles.

Pero este injusto señalamiento va más allá de la estigmatización. Según la “Campaña defender la Libertad”, después de un mes de Paro Nacional, iniciado el 28 de abril de 2021, los registros acumulados sobre violaciones a los Derechos Humanos son de 5.320 vulneraciones, entre las que se encuentran: 59 homicidios, 32 de ellos fueron cometidos presuntamente por el accionar de la fuerza pública, los demás fueron realizados por "civiles" sin identificar. 866 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, en particular por el ESMAD. 87 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas presuntamente por la Policía Nacional. 2152 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles e inhumanos. Según la Defensoría del Pueblo, son 89 personas desaparecidas; según la Fiscalía la cifra es de 129 personas, y según algunas organizaciones de derechos humanos, ascienden a 346 personas desaparecidas. Los números indican tendencias y no es lo central, un problema de fondo es que aterradoramente un alto porcentaje de estas violaciones recaen sobre la juventud colombiana. Están eliminando a la juventud, sus vidas, sus proyectos y sus sueños.

¿Pero qué es lo que reivindican los diversos grupos de jóvenes? La diversidad y pluralidad de estos grupos o individuos no da para una agenda única ni se trata de unificarla ni de homogenizarla, sería un gran error de lectura. Las nuevas generaciones tienen otro tipo de propuestas menos delimitadas y estáticas a lo que se suele llamar una agenda homogénea en los parámetros y comprensiones de los movimientos juveniles y de estudiantes de las décadas de los años 60 o 70 del siglo pasado. Hoy existen jóvenes mujeres, hombres y diversidades sexuales, que los reúne diversas y ricas iniciativas, imaginarios, sueños y redes artísticas, animalistas, ambientalistas, emprendimientos económicos, etc., donde las narrativas expresan que otro mundo y otra sociedad es posible. Es una crítica propositiva a los modelos económicos, sociales y políticos que han existido. Es una explosión no solo en contra de un tipo de sociedad mercantilista, rentista, excluyente, segregacionista y depredadora de la naturaleza, sino una propuesta donde la diferencia, la diversidad de sentidos, de seres, de culturas, de modos de vida de sexos y géneros pueden convivir y ser creativos. Pero igualmente, no es una propuesta sino múltiples y pluriformes propuestas que se encuentran, interaccionan, se tensionan y buscan nuevas formas de transformar conflictos y generar arreglos complementarios y colaborativos.

En estos momentos de Paro Nacional si se escucha el grito juvenil a fondo, las agendas buscan especialmente, los derechos al trabajo, al estudio a la salud, el cumplimiento del Acuerdo de Paz para la terminación del conflicto armado, una nueva política pos-extrema derecha e izquierda armada, con estrategias de violencia donde los jóvenes son los primeros en perder la vida. Los jóvenes quieren diálogo y no guerra; quieren menos armas y más trabajo; quieren menos ignorancia y más libros; quieren menos autoritarismo e incumplimiento de acuerdos y más construcción participativa de una democracia incluyente que reconoce como una riqueza las diferencias. Un país liberado de los corruptos, de élites regionales y nacionales que viven muy bien. Los jóvenes sueñan en una nación donde se realicen los derechos humanos, donde los ciudadanos asuman sus responsabilidades políticas, donde el Estado cumpla con sus compromisos y donde vivir con justicia y dignidad sea un sueño posible.

 

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Cinep/PPP y otras organizaciones sociales de latinoamérica y Colombia expresan su rechazo a los casos de abuso policial presentados en el marco de la protesta social en Colombia, y exigen el respeto a los DD.HH. 

“Que la solidaridad entre los pueblos sea una garantía en la defensa de la vida y la justicia, que defender nuestros derechos no nos cueste la vida”

Las organizaciones sociales y personas firmantes, desde varios países nos unimos en solidaridad con el pueblo colombiano, con las y los manifestantes, que desde diferentes voces y sectores ejercen su derecho legítimo a la protesta pacífica. Jóvenes, mujeres, indígenas, campesinos, afrodescendientes, maestros, estudiantes, trabajadores, indignados e indignadas que hacen uso de la movilización social pacífica para elevar su voz, en el marco del Paro Nacional que vive Colombia desde el 28 de abril.

1. Rechazamos la militarización de las calles colombianas. El uso excesivo de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable, esto se constituye en una violación de derechos humanos.

2. Denunciamos los atropellos y las violaciones a los Derechos Humanos. La respuesta a la movilización social que resulta de múltiples crisis que afronta Colombia y nuestra América Latina no puede ser el abuso, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, la violencia sexual y las masacres. Exigimos se respeten los protocolos de intervención y de acción en medio de la protesta social, teniendo en cuenta los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad.

3. Resaltamos la importancia de evitar estigmatizaciones de las y los manifestantes, en especial por parte del funcionariado público y llamamos a todos a desistir de la violencia. Las exigencias en el marco del Paro Nacional en Colombia son legítimas, en tanto buscan la vida digna en el país, la protección de los territorios, la lucha contra las causas que han agudizado el empobrecimiento en estos tiempos de pandemia y el incumplimiento de los acuerdos de paz.

4. Pedimos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, al movimiento internacional de Derechos Humanos, a la comunidad diplomática, a las instancias de la ONU y la OEA que le exijan al Estado colombiano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales frente a su deber de garantía y protección de la vida, integridad, libertad y derechos de quienes hacen uso del derecho legítimo a la protesta y la movilización social.

5. Instamos a todos los actores políticos colombiano y, en particular al gobierno, trabajar por una salida democrática e inmediata a la crisis, en estricto apego al ordenamiento jurídico nacional e internacional. Es fundamental atender las justas exigencias de las poblaciones, que no se reducen al retiro o aplazamiento del proyecto de ley de la reforma tributaria y de impedir la avanzada de proyectos de ley que atentan contra los derechos humanos.

6. Abrazamos a las víctimas de la violencia y de los crímenes de Estado, exigimos que se haga justicia y que no queden en la impunidad. Es urgente una misión humanitaria en los territorios más atropellados, como en Cali, Bogotá y el suroccidente colombiano.

Para quienes defendemos la tierra, el territorio, el ambiente como fuentes esenciales de la vida, es nuestro deber alentar a que se tomen medidas en favor de la dignidad humana y que se rompan los ciclos de violencia, criminalización y estigmatización.

Hoy nuestra solidaridad es con el pueblo colombiano, porque mañana puede ser con el pueblo guatemalteco, boliviano, brasileño, hondureño, nicaragüense, peruano y con toda Nuestra América Latina y el Caribe.

Que el clamor e indignación de los pueblos no nos sea indiferente y que defender nuestros derechos no nos cueste la vida.

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Artículo 1, Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, ONU).

Fundación Ecuménica Para El Desarrollo y La Paz - FEDEPAZ (Perú)

Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA (Perú)

Comissão Pastoral da Terra (Brasil)

Apoio - associação de auxílio mútuo da região leste (Brasil)

Associação Semeando Saúde e Vida (Brasil)

Frente de Luta por Moradia (Brasil)

Grito dos Excluídos Continental Movimento se defesa do Favelado regiao episcopal belem (Brasil)

Rede Jubileu Sul Brasil Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil (MST)

María Elizabeth Moreno (Colombia)

Fundación San Alonso Rodríguez SIEMBRA

Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial (Colombia)

Derechos Humanos Sin Fronteras - Perú

Centro Hondureño de Promoción Para el Desarrollo Comunitario

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP- (Colombia)

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador

Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas - FGER

Equipo de Reflexión Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ)

CAFOD

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.