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El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP / PPP), el Instituto Mayor Campesino (IMCA) y el Servicio Jesuita para Refugiados (JRS) rechazan el asesinato del joven líder John Alexander Sierra y exhortan al Estado colombiano a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Con profundo dolor y tristeza, recibimos la noticia del asesinato de John Alexander Sierra, joven líder de la zona rural del Corregimiento La Marina del municipio de Tuluá, Valle del Cauca y quién hizo parte del proyecto Emprendimientos Juveniles rurales nuevas identidades y paz territorial que recientemente acompañaron el Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP, el Instituto Mayor Campesino -IMCA y el Servicio Jesuita para Refugiados -JRS. Rechazamos este asesinato y todas las amenazas contra los jóvenes en el país, quienes además de tener un lugar marginal en cuanto acceso a oportunidades, están sobrellevando las presiones de la guerra y las amenazas de despojo.

John Alex era un joven trabajador del campo, lleno de alegría, espíritu crítico y firme para denunciar la injusticia, de forma incansable buscó potenciar sus sueños y hacerle frente al olvido del campo y de los jóvenes  a través de la materialización de alternativas productivas para su familia y comunidad, su voz ha sido silenciada por la guerra que exitosamente cumple su función y es un fuerte golpe no solo para su familia, a quienes acompañamos en este profundo dolor, sino un daño irreparable para toda su comunidad.

Estos hechos se suman a la larga y dolorosa lista de asesinatos, amenazas, y desapariciones de jóvenes líderes en todo el país y son mensajes desesperanzadores para aquellos que hoy le apuestan a la construcción de paz en sus territorios.

Exhortamos al Estado Colombiano a esclarecer los hechos, sancionar a los responsables y brindar garantías para el legítimo ejercicio del liderazgo de los jóvenes en las comunidades.

Bogotá, 27 de noviembre de 2021

A continuación el comunicado: 

  

Por: CINEP / PPP y otras organizaciones.

Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos rechazamos categóricamente el asesinato de Michelsen Vargas Velazco, joven campesino de 31 años, oriundo del corregimiento Santa Rosa, Municipio de Bolívar, Santander, quien, el 13 de noviembre en ejercicio legítimo del derecho a la protesta social que se desarrollaba en contra CENIT* y Ecopetrol, fue atacado y herido gravemente por agentes del ESMAD. Luego de 5 (cinco) días en una UCI de Tunja, el 18 de noviembre falleció producto de la brutal agresión.

Los campesinos y trabajadores del Municipio de Bolívar completan más de 50 días de protesta contra CENIT y Ecopetrol por el incumplimiento de acuerdos entre la empresa y las comunidades. La movilización se desarrolló en la Estación de Bombeo Santa Rosa, en el Poliducto del Oriente, que conduce la gasolina a Bogotá D.C. mediante tubería de 20 pulgadas. Las exigencias de la comunidad van desde reubicaciones por la demolición de varias viviendas, deterioro de las vías, afectaciones ambientales y la irregular contratación de personal de seguridad, entre otras.

La comunidad denuncia que durante la protesta ha sido atacada en más de cuatro (4) oportunidades por el Ejército y la Policía. El 13 de noviembre mientras la comunidad en movilización desarrollaba actividades lúdicas con niños, niñas y personas de la tercera edad, la Policía y el ESMAD irrumpieron violentamente. A pesar de que por micrófono se les advirtió que en el evento había niños y personas de la tercera edad, esto no les persuadió del brutal ataque que dejó varias personas heridas y detenidas arbitrariamente**.

Michelsen Vargas Velazco fue impactado en su cabeza por un proyectil del ESMAD mientras protegía la vida y la integridad de los niños, niñas, personas de la tercera edad y demás miembros de la comunidad atacada indiscriminadamente. Sin tener en cuenta la evidente gravedad de sus heridas fue esposado en el suelo, detenido arbitrariamente, negando de facto la asistencia médica oportuna.

A pesar de las manifestaciones y los reclamos nacionales e internacionales por el desmonte del ESMAD, éste sigue atentando indiscriminadamente contra la vida y la integridad de los colombianos. Por tanto, exigimos que cesen las prácticas genocidas y de exterminio al pueblo que, legítimamente se moviliza, se opone a la degradación ambiental y lucha por la permanencia en los territorios.

Exigimos justicia pronta y castigo a los autores materiales e intelectuales del homicidio de Michelsen Vargas Velazco y de todos los líderes y lideresas asesinadas por el Estado. Hoy las organizaciones sociales y de derechos humanos alzamos una sola voz que grita: paren el genocidio.

*CENIT Transporte y Logística de hidrocarburos S.A.S. se creó el 15 de junio de 2012, dentro de sus accionistas se encuentran EPI-Ecopetrol Pipelines International Limited, la sociedad extranjera Equion Energía Limited y la sociedad Sento S.A.S.; esta sociedad comercial se dedica al transporte y almacenamiento de hidrocarburos, sus derivados, productos y afines, a través de sistemas de transporte y/o almacenamientos propios o de terceros en la República de Colombia o en el exterior; actualmente tiene 167’775.741 acciones por valor de $1.981.542’341.959 (Aproximadamente 509.502.208 USD). Esta empresa ha tenido varios requerimientos de las autoridades por afectaciones ambientales al derramar crudo en ecosistemas sensibles, afectando la biodiversidad y el patrimonio ecológico de los colombianos.

**El 15 de noviembre de 2021 el Juez de Control de Garantías del caso dejó libre de cargos a los campesinos aprehendidos por la Policía Nacional, en esta oportunidad la justicia verificó los elementos de prueba como los videos que demuestran que el Esmad disparó directamente dentro de una casa donde estaban familias con niños y niñas.

A continuación el comunicado: 

  

Por: CINEP / PPP y otras organizaciones.

Manifestamos nuestra preocupación por la negación al acceso previo a la información y falta de garantías al Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales en el proceso de consulta previa sobre el proyecto minero de la empresa Best Coal Company - BCC que impacta esta importante reserva agrícola y ambiental.

Las organizaciones abajo firmantes respaldamos las denuncias del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales por la arbitraria negación del acceso a la información, presiones irregulares y falta de garantías para proteger de forma efectiva el derecho a la consulta previa, libre e informada sobre el proyecto extractivo de minería de carbón a cielo abierto que pretende instaurar en el sur de La Guajira la empresa Best Coal Company -BCC, propiedad del conglomerado multinacional turco Yilmaden holding.

Las irregularidades que se han venido denunciado se intensificaron en la primera jornada de apertura de la pre-consulta programada unilateralmente por el Ministerio del Interior el pasado 20 de octubre. La comunidad acudió a la jornada, pero la compañía y el Ministerio del Interior continuaron negando y condicionando el acceso a la información a una reunión posterior en la cual prometieron que entregarían un disco duro.

Aun cuando un fallo de tutela de 2019 amparó el derecho de consulta de esta comunidad al no haber sido reconocidas por el Ministerio del Interior, esta protección se ha truncado por la negación sistemática de acceso previo de la información y estudios preliminares que se tienen del proyecto. Negar el acceso previo a la información es atentar contra la consulta en sí misma.

La comunidad ha advertido de estas situaciones al juez de instancia y han acudido a una acción de tutela sin que sus reclamaciones hayan sido atendidas. En decisiones cuestionables, se consideró que la empresa podía condicionarla pese a que no existe algún condicionante legal sobre la oportunidad para la entrega de la información. Además, es particularmente preocupante que luego de la primera jornada de pre-consulta celebrada el pasado 20 de octubre tampoco les fue suministrada la información.

Esta comunidad ha reiterado en todas sus comunicaciones su voluntad de participar en la consulta previa, pero el hecho de pedir garantías ha implicado que sean amenazadas con que se les va a “aplicar” el test de proporcionalidad. Un ejemplo de esto se dio en la primera jornada de pre-consulta donde funcionarios del Ministerio del Interior les advirtieron que los iban a reportar ante la autoridad judicial de no querer participar por solicitar la información del proyecto y pedir el acompañamiento de los entes de control.

El manejo del lenguaje dentro de las comunicaciones del Ministerio y de la empresa BCC también es cuestionable. En lugar de primar el respeto y la buena fe frente a cada participante se ha descalificado a las comunidades de un supuesto desconocimiento e ignorancia de sus derechos. Esta situación se repitió constantemente durante el desarrollo de la jornada de la apertura de la pre-consulta, pese a los llamados de respeto que emitieron las comunidades. El Ministerio del Interior debe pronunciarse ante estas declaraciones de la empresa y garantizar el máximo respeto en el desarrollo de la consulta.

También es alarmante que en comunidades cercanas donde se consideran “exitosas” las consultas previas para este proyecto, se están evacuando las etapas de análisis e identificación de impactos y formulación de medidas de manejo en jornadas que duran un día. La evaluación de los impactos sociales, ambientales, espirituales, culturales y en ddhh que implica la aprobación de un megaproyecto extractivo no debería ser tomado a la ligera por parte de las instituciones nacionales.

Otra situación que denuncian las comunidades es que, al parecer, el Ministerio del Interior pretende delegar aspectos de la planificación de la consulta previa a la empresa consultada. Reiteramos que esta obligación del Estado, por lo que la planificación y realización del proceso de consulta no es un deber que pueda eludirse otorgando atribuciones a la misma empresa interesada en la explotación en el territorio de la comunidad sujeto de la consulta.*

Este tipo de prácticas que buscan acelerar las reuniones para que la consulta se reduzca a un mecanismo ‘express' coartan el derecho a la autodeterminación de los pueblos y se convierten en una forma de coacción sin garantías. A su vez, los condicionamientos para el acceso previo a la información van en contravía de los estándares nacionales e internacionales en materia de consulta previa de los pueblos étnicos ante actividades extractivas, los derechos de democracia y justicia ambiental, así como a las obligaciones de las empresas de respetar los derechos humanos.

Cañaverales es una despensa agrícola fundamental para la seguridad y soberanía alimentaria de la región que se abastece de las aguas del manantial y del río Cañaverales. Este territorio, cuna cultural y musical, se encuentra en peligro ante los intereses de un grupo inversionista turco que está desconociendo derechos fundamentales. Exigimos que para las próximas jornadas programadas en el proceso de pre-consulta se otorguen las garantías del proceso consultivo de la comunidad de Cañaverales.

*Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador.

A continuación el comunicado: 

  

Por: La Guajira le Habla al País - CAJAR - Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz -CINEP/PPP- CENSAT.

El pueblo Guajiro ya no aguanta más. Jóvenes, mujeres y líderes sociales guajiros recorrieron más de 1000 kilómetros para llegar a Bogotá y reclamar justicia y verdad al Estado Colombiano. Denuncian una grave crisis humanitaria que padecen por más de 12 años y la impunidad socioambiental con la que han operado las multinacionales para extraer carbón por más de 40 años.

A pesar de que hemos recurrido a diferentes estrategias de lucha para exigir nuestros derechos y defender la vida, la naturaleza y el territorio guajiro, no hemos sido escuchados. Hemos agotado todas las vías sociales, políticas, culturales y jurídicas y aun así el panorama en La Guajira no cambia. Por eso venimos a exigir justicia y a contarle al país el verdadero costo del llamado “desarrollo” de la mega minería de carbón, lo que le han hecho a la salud, a nuestros ríos y arroyos, a nuestro sueño, espiritualidad y cultura, lo que le ha pasado a nuestros cerros y valles y las injusticias que han tenido que vivir nuestras comunidades porque sus derechos fundamentales han sido vulnerados sistemáticamente. 

Sentimos que lo que están haciendo en nuestra tierra es el desangramiento de nuestras comunidades y también de la naturaleza. Por sacar millones de toneladas de carbón para exportarlas en su totalidad, la empresa Carbones el Cerrejón de la que han sido dueñas las multinacionales BHP-GLENCORE Y ANGLOMERICAN, son responsables de haber secado, desviado y alterado más de 17 cuerpos de agua; del desplazamiento, despojo y confinamiento de más de 25 comunidades afro, campesinas y wayuu; de la alteración de gran parte del bosque seco tropical; de la contaminación de nuestras aguas, suelos y aire, de las enfermedades respiratorias y de la piel de niños, niñas y madres wayuu, de las afectaciones a la salud de las y los trabajadores, del daño a nuestra cultura y la transformación abrupta del territorio y del paisaje social y natural. Todo esto, que sucede año tras año y que sigue sucediendo en nuestros territorios, nos representa un ecocidio y etnocidio. 

Hemos logrado que diferentes tribunales y altas cortes ratifiquen la responsabilidad de la empresa y del Estado en la vulneración de distintos derechos humanos. Existen más de 14 fallos judiciales, en los que por 20 años se han reconocido las practicas de injusticia, discriminación y racismo contra nuestro pueblo y se ha ordenado el restablecimiento de los derechos al agua, a la salud, a la consulta previa, a la tierra, al territorio, a la identidad cultural, al ambiente sano, a la seguridad alimentaria y a la vida, entre otros. Sin embargo, aún no hay justicia, las órdenes para la garantía de estos derechos no han sido respetadas e implementadas ni por las entidades estatales ni por la empresa y no tienen un efectivo cumplimiento. 

A esta situación se suman planes de expansión de la voracidad extractivista en un territorio en crisis hídrica y altamente vulnerable  la crisis climática. No solo se quieren seguir intensificando en las explotaciones ya existentes sino que se proyectan nuevas minas de carbón como la de Best Coal Company -BCC- de capital turco del grupo Yilmaden que se quiere imponer en el sur de La Guajira. 

Ante la injusticia permanente, la falta de respuestas efectivas por parte del Estado y los abusos por parte de las  empresas extractivas de carbón, hoy exigimos: 1. Justicia ante el ecocidio y etnocidio ocasionado por las multinacionales con complicidad del Estado colombiano 2. Seguimiento real a las Sentencias y fallos judiciales y mecanismos para su efectivo cumplimiento. 3. Iniciar procesos de investigación disciplinaria a funcionarios que no han cumplido con las obligaciones proferidas por la Corte Constitucional como la Sentencia SU 698/17 y T 329/17 4. Retorno al cauce natural de las aguas desviadas del arroyo Bruno 5. Se adopten de manera prioritaria y en aplicación del principio de precaución medidas que atiendan la gravedad de los riesgos y afectaciones a la salud asociados a actividad de megaminería. 6.Reconocimiento de la verdad y reparación integral al territorio y a cada una de las comunidades víctimas del mal llamado desarrollo 7. Plan de Cierre de la mina de carbón del Cerrejón con participación de las comunidades y los trabajadores 8. Cese a la ampliación de la frontera minero energética en La Guajira. 

¡Basta de impunidad socioambiental en La Guajira, queremos y soñamos con justicia ahora! 

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

El pasado lunes 4 de octubre el gobierno venezolano anunció la reapertura de la frontera que comparte este país con Colombia tras 2 años de cierre. Ante esta situación, el Cinep / PPP y otras organizaciones plantean la necesidad de reiniciar las relaciones institucionales entre ambos países, y desplegar una triple estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad.

La crisis política de Venezuela, la tensión entre Miraflores y La Casa de Nariño, la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares, el cierre de pasos fronterizos formales entre dos países hermanos, generan un sinfín de problemas que afectan directamente a los pobladores, a los comerciantes, a los ciudadanos de un país que viven en el vecino, así como a población fronteriza que tiene una condición binacional dada por sus lazos étnicos, familiares y otros factores que así lo han favorecido. 

Es imposible cuantificar el enorme impacto de la crisis y la tensión entre los dos gobiernos, que han generado pérdidas sociales, económicas, humanas, y han beneficiado a la ilegalidad y criminalidad. Por ello no sólo es urgente abrir el flujo comunicativo interinstitucional sino también desplegar una triple estrategia humanitaria-social, de reactivación económica y de seguridad. 

Gremios empresariales, cámaras de comercio, gobiernos locales, académicos, sociedad civil organizada de Colombia y Venezuela, han mantenido un esfuerzo sostenido en favor de la reapertura total de los pasos fronterizos, de los consulados, de los canales institucionales de comunicación entre los dos Estados. Desde esos esfuerzos queremos aprovechar el desbloqueo de los puentes para procurar que ambos gobiernos asuman las consecuencias de las crisis y las tensiones. Venezuela y Colombia no pueden continuar en la actual dinámica destructiva. 

Quienes suscribimos el presente comunicado celebramos el retiro de los contenedores que impedían la circulación entre ambos países a través de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, esperamos que pronto se haga otro tanto en el Puente Unión y urgimos a las instituciones pertinentes de cada país a que inicien inmediatamente un diálogo que busque hacerle frente a la crisis humanitaria, socioeconómica y de seguridad, y generar la reactivación de la actividad económica y comercial entre los dos países. Han surgido iniciativas de diversos sectores, como las consignadas por actores de Táchira y Norte de Santander en la Declaración de San Antonio del pasado 3 de octubre. A continuación, recogemos algunas de esas propuestas:

  • Acordar y aplicar un control sanitario y de bioseguridad conjunto, que permita el restablecimiento del tránsito de personas empezando por el ámbito fronterizo andino en donde parte del Táchira y Norte de Santander conforman un área metropolitana conurbanada. 
  • Fortalecer el corredor humanitario para el paso de personas migrantes o que regresan a su país, de jóvenes que estudian en ciudades colombianas, así como de poblaciones indígenas y de quienes tienen que pasar a abastecerse y buscar servicios o tienen nexos familiares a uno u otro lado de la frontera. 
  • Acordar y aplicar controles sanitarios y aduaneros conjuntos, estimular un esfuerzo sostenible para la reactivación de la actividad empresarial paralizada tras seis años del cierre de pasos fronterizos. 
  • Reactivar los servicios consulares, lo que no implica un reconocimiento político entre uno u otro gobierno sino un servicio de atención para los ciudadanos de un país que residen en el otro. 
  • Revivir la institucionalidad necesaria para atender la frontera. Como primer paso, podría reconstruirse la Comisión Binacional Fronteriza involucrando autoridades locales, con el objetivo de definir los procedimientos para combatir todos los grupos armados irregulares que operan en la frontera. 
  • Partir del nuevo marco jurídico fronterizo colombiano (leyes de fronteras 2135 y de Zona Económica Especial y Social) y venezolano (Zonas Económicas Especiales de Ureña y San Antonio), analizar convergencias, divergencias y formas de reactivación de los aparatos productivos y económicos. 
  • Acordar y aplicar medidas que permitan revisar y atender asuntos ambientales derivados de ecosistemas estratégicos compartidos, vinculando a las autoridades locales que han tratado de hacerle frente a los problemas y necesidades más urgentes al respecto. 
  • Generar coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales, cámaras de comercio, y con organizaciones sociales que atienden migrantes o fortalecen nexos positivos entre los dos países. 

A continuación el comunicado:

  

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

El Cinep / PPP, el CAJAR y CENSAT denuncian que tras realizar una visita de verificación encontraron la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente, en La Guajira, pese a que la Corte Constitucional ordenó suspender las obras hasta que se realice un estudio de impacto social, ambiental y cultural de la obra sobre la zona.

El pasado 28 de agosto de 2021 las organizaciones CINEP/PPP, CENSAT y CAJAR estuvimos realizando una visita de verificación debido a denuncias persistentes de comunidades indígenas wayuu que habitan la parte media y alta del arroyo Bruno, en zona rural del municipio de Albania, La Guajira, y advertimos la reanudación e intensificación de actividades mineras muy cerca al tajo La Puente por parte de la empresa Carbones del Cerrejón.

Esta avanzada de la empresa tienen en estado de alarma a las comunidades vecinas, dado que en el numeral noveno de la sentencia SU-698 de 2017, la Corte Constitucional ordenó mantener la suspensión de las obras mineras asociadas al avance del “Tajo minero La Puente” hasta tanto se realice un estudio que evalúe los impactos sociales, ambientales y culturales que acarrean los planes de destrucción del cauce natural del arroyo para ampliar la frontera extractiva.

En el recorrido se constató que la empresa viene desarrollando aceleradamente trabajos mineros en la zona nororiental que limita con la parte media del cauce natural del arroyo Bruno. Esto demuestra que Carbones del Cerrejón Limited no tiene límites al seguir amenazando los derechos fundamentales de las comunidades étnicas en La Guajira.

Según los testimonios de las comunidades, se estaría realizando una ampliación del tajo La Puente hacia la comunidad de El Rocío y estaría a unos 150 o 200 metros del arroyo Bruno, por lo que “el arroyo comenzaría a secarse aún más y nosotros tendríamos que ver un arroyo seco y muerto, la empresa tendría que decir que es seco y comenzaría a sacar no solo desde donde hizo la modificación sino desde más arriba… ¿Qué tendríamos que hacer o qué debemos hacer? Despertar, porque el carbón no lo es todo, el agua sí es vida, donde hay agua hay vida, donde hay carbón en La Guajira es pobreza, hambre y hasta muerte”, afirma un líder de la comunidad.

A la multinacional no le bastó imponer la desviación del arroyo Bruno poniendo en riesgo los derechos ambientales y territoriales reconocidos en la sentencia SU-698/17. Ahora reactivan obras a menos de 100 metros del cauce natural del arroyo Bruno y a escasos 800 metros de las viviendas de la comunidad más cercana. También hay incertidumbre respecto a las razones por las cuales, pese a que se ordenó la suspensión de las labores de expansión del tajo, se ha visto un incremento vertical de los residuos y expansión del botadero, aumentando los niveles de contaminación del aire, suelo y agua que reportan las comunidades aledañas, y la pérdida de caminos tradicionales que conectan las rancherías con el arroyo Bruno y su ecosistema.

En la visita se evidenció que se están vertiendo al cauce natural aguas que la comunidad califica como tóxicas, la cuales salen de las lagunas de las obras mineras al cauce natural del arroyo del que se abastecen diversas comunidades de la zona, animales y vegetación. Recibimos también denuncias respecto a que esta reciente actividad ha producido alteraciones en la dinámica de la fuente hídrica, presencia de especies invasoras como caracoles, capas de espuma blanca que representan una disminución del oxígeno, musgos, posibles indicadores de los daños a la calidad del agua, y debilitamiento de las especies vegetales de la ribera del río. Además, desde la llegada a la zona, se sienten los estruendos y vibraciones que son generadas por las explosiones dentro del tajo, incrementando los niveles de contaminación auditiva que afectan la tranquilidad de las comunidades y producen daños estructurales en las viviendas.

La protección judicial contemplada en la sentencia SU 698 de 2017 podría estar siendo desconocida por la empresa y entidades estatales correspondientes que han dilatado y burlado la adopción de medidas efectivas y satisfactorias para proteger el arroyo. Lo cierto es que al día de hoy, los abusos, asimetrías, racismos e injusticias ambientales continúan, pues el arroyo permanece desviado, de manera arbitraria se negó la medida provisional de devolución de las aguas al cauce natural y hasta el momento no se conoce ni se ha entregado ninguna información sobre el estudio de las incertidumbres ordenado por la Corte Constitucional, desatendiendo principios de precaución y prevención ambiental.

A este escenario, se le suma la presión de las multinacionales Anglo American y Glencore con demandas de arbitraje de inversión contra el Estado colombiano reclamando para sí millonarias indemnizaciones si no se les permite continuar con la explotación de este tajo y con la histórica devastación ambiental, el saqueo y las graves violaciones a derechos humanos y de la naturaleza de las que es responsable y que permanecen en la impunidad.

Aún con las violaciones y riesgos advertidos por la Corte Constitucional, el Gobierno nacional sigue respaldando este proyecto de ampliación del tajo, que hace parte de los 35 proyectos de “interés prioritario y estratégico para la reactivación sostenible del sector minero y dinamizar la economía del país golpeada por la pandemia”. Nos preguntamos si insistir en la profundización y expansión de la explotación minera en una zona con crisis hídrica, alimentaria y climática, en contra de la vida de un pueblo indígena milenario, es el significado de bienestar social e interés público del gobierno nacional.

Ante estos hechos denunciados solicitamos a las instancias públicas, entidades de control y autoridades judiciales realizar las investigaciones respectivas a fin de imponer las sanciones correspondientes. En particular, solicitamos se verifique cuál es el seguimiento a la orden judicial de suspender actividades mineras en el tajo La Puente y cuáles son los permisos, medidas de seguimiento y control que se aplican a la empresa Carbones del Cerrejón en relación con los vertimientos de aguas tóxicas en la parte media del arroyo Bruno y con la expansión del botadero minero.

A continuación el comunicado: 

  

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

Tras un recorrido  de ocho días por el país, la Misión SOS Colombia entregó su informe preliminar en el que documentó once patrones de violaciones a los derechos humanos durante el Paro Nacional, y donde exige garantías a la protesta y protección no solo a los manifestantes sino para la prensa, la misión médica y la defensa de los derechos humanos. 

Este lunes 12 de julio fueron presentados los primeros hallazgos y recomendaciones de la Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, integrada por 41 delegados internacionales, entre ellos el Secretario General del Vaticano, quienes visitaron 11 regiones entre el 3 y el 12 de julio. 

“En algunos lugares del país, integrantes de la Misión se vieron hostigadas por la fuerza pública. Al mismo tiempo, cerca de los lugares donde estaba la Misión manifestantes fueron víctimas de asesinatos, agresiones oculares y se hallaron los cuerpos sin vida de jóvenes (Duván Felipe Barros Gómez y Alquimedez Santana en Bogotá y Cali, respectivamente) de puntos de resistencia que estaban desaparecidos”, señala el informe entregado por la Misión que acudió al país ante el llamado urgente de 10 organizaciones de la sociedad civil colombiana.

Además, “mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el secretario de gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos. En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la primera línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali”, describen los delegados y delegadas.

En rueda de prensa, los delegados y delegadas comenzaron por señalar que la Misión pudo constatar que, en el marco del Paro Nacional, se están utilizando técnicas de combate para aniquilar a la población civil que está manifestándose en las calles de Colombia. Y que identificaron tres actores principales responsables de las violaciones a los DD.HH.: La Fuerza Pública, paramilitares que actúan en connivencia con la Fuerza Pública y personas civiles armadas. 

El informe preliminar entregado por la Misión se señala que, aunque lograron documentar 180 denuncias directas agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación a los DD.HH desde que inició el Paro el pasado 28 de abril, “se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar”. 

En el documento se describen once patrones de violaciones a los DD.HH. que pudieron ser verificados por el grupo de delegadas y delegados en sus visitas a Atlántico, Magdalena, Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Santander, Quindío, Caldas y Valle del Cauca:

1) Homicidios selectivos.

2) Lesiones personales. 

3) Tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. 

4) Lesiones oculares. 

5) Agresiones con armas de fuego.

6) Violencias basadas en género. 

7) Violencia y tortura sexual.

 8) Detenciones arbitrarias e ilegales. 

9) Judicializaciones arbitrarias.

10) Desapariciones forzadas. 

11) Estigmatizaciones, señalamientos y persecuciones.

Lisa Haugaard, delegada de EE.UU. y co directora de Latin America Working Group, expresó que desde su organización “vamos a presionar fuertemente y ya estamos pidiendo un congelamiento en la cooperación de EE.UU. para la Policía hasta que haya realmente una reforma. Por su parte Félix Ovejero, delegado de España, resaltó la exigencia a la Unión Europea “que suspenda la venta de armamento militar y material antidisturbios” en virtud de los criterios de la misma comunidad sobre la exportación de armas. 

Con quiénes habló la Misión

Durante los 8 días de visita, la Misión se reunió con las organizaciones impulsoras desde Colombia y con las siguientes organizaciones: 

La Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, representantes del Comité Cívico de Buenaventura, representantes del Movimiento Ambientalista, representantes del Movimiento Estudiantil, SISMA Mujer, Caribe Afirmativo y representantes de la Iglesia Católica. Además, se llevaron a cabo diálogos con representantes de entidades del Estado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo) y de la Comunidad Internacional (Embajada de Alemania, Embajada de México, Embajada de Bélgica, Delegación Europea, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la Misión de Verificación de Naciones Unidas. 

En la visita a regiones los delegados y delegadas se entrevistaron con integrantes de las Primeras Líneas, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de Derechos Humanos, campesinas y colectivos de LGBTIQA+, y de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes y, con víctimas de la fuerza pública y así como, de los paramilitares; y se celebraron reuniones con representantes de las gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Policía Nacional en algunos territorios.

Lisa Haugaard manifestó que la Misión fue testigo de la creatividad y la solidaridad en medio de la protesta, pero también de la fuerza con que ha sido tratada: “Los jóvenes nos mostraban las cicatrices de balas y otros proyectiles en sus cuerpos, también están experimentando un continuo hostigamiento de parte de la Fuerza Pública y otros actores”, afirmó durante la rueda de prensa

Preocupados por falta de garantías a la protesta

En el informe preliminar la Misión señala que “se observan organismos de control como instituciones débiles y cooptadas”, y evidencia una “omisión en sus funciones y falta de acompañamiento hacia personas manifestantes en los procesos de denuncia de violaciones de Derechos Humanos y seguimiento en los procedimientos que lleva a cabo la fuerza pública”. 

Miriam Pixtún, delegada de Guatemala, aseguró que en las reuniones que sostuvo la Misión con instituciones del Estado se encontraron con dos hechos relevantes: “una aparente voluntad y respeto por los DD.HH. pero que contrasta con los hechos que fuimos documentando”, y “la actitud casi generalizada de los funcionarios públicos de señalar a la Policía como víctima de los manifestantes”.

El informe en ese sentido apunta al “temor, la inseguridad y la falta de confianza en las instituciones estatales” para denunciar hechos de violaciones a los DD.HH. como una de las causas del “subregistro de la magnitud de la violencia experimentada y sus consecuencias”. 

Las recomendaciones al Estado Colombiano

La Misión presentó cinco tipos de recomendaciones entre las que se incluyen acciones inmediatas a tomar por parte del Gobierno y organismos internacionales, y otras actuaciones que en un mediano plazo podrían ser adoptadas por el Estado, la comunidad internacional y las empresas. 

Félix Ovejero destacó entre ellas el fin de la represión a la protesta, así como la protección a la labor de personas defensoras de DD.HH., comunicadoras sociales, integrantes de organismos de la sociedad civil y de brigadas médicas. En materia de desaparición forzada el informe también reclama que se reconozca, active e implemente el mecanismo de búsqueda urgente para dar con el paradero de las personas que aún están desaparecidas.

En cuanto a justicia, la Misión recomienda que las investigaciones por violaciones a DD.HH. se lleven a cabo “por instancias jurisdiccionales de orden civil”, así como “que se asegure el acceso a justicia, reparación integral y garantías de no repetición”. Adicionalmente, las organizaciones y delegados internacionales invitan a adoptar medidas efectivas para “desmantelar los grupos parapoliciales y paramilitares”, y “desmilitarizar y reformar de manera estructural la Policía Nacional a fin de llevar a cabo la demandada disolución del ESMAD”.

El informe final de la Misión SOS Colombia se espera que sea presentado en agosto de 2021, momento en el que también se entregará el seguimiento de los avances en las recomendaciones realizadas, entre tanto, los y las delegadas realizarán acciones de incidencia y litigio en espacios internacionales para dar a conocer sus hallazgos. 

Encuentre el informe preliminar de la Misión SOS Colombia a continuación: 

 

Por: Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP

Del 3 al 12 de julio, once regiones de Colombia son visitadas por la Misión de Observación Internacional SOS Colombia, integrada por más de 40 delegados y delegadas de 12 países.

A dos meses del inicio del Paro Nacional en Colombia, delegados y delegadas de Europa y América Latina, Estados Unidos y Canadá, visitan 11 regiones del país documentar y denunciar la represión y las violaciones a los Derechos Humanos en medio de las protestas iniciadas el 28 de abril pasado y que, al 30 de junio, suman 84 personas asesinadas, 1790 personas heridas -entre ellas 114 por arma de fuego-, y 75 presuntamente desaparecidas, en un complejo panorama que incluye, además, violencia sexual contras las mujeres, desmembramiento y calcinamiento de cuerpos de los manifestantes, y ataques armados a la movilización a manos de la Fuerza Pública y civiles*. 

"Esta Misión busca identificar mecanismos extrajudiciales y judiciales que han llevado a la impunidad jurídica y social antes y después de la aplicación de acciones represivas, así como también, develar porqué y cómo se quiere evitar la rendición de cuentas sobre las responsabilidades y actuaciones de los agentes estatales en el Paro Nacional".

Son 40 delegados y delegadas de 12 países (Gran Bretaña, México, Canadá, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Guatemala, España, Alemania, Italia, Bélgica y País Vasco): dirigentes políticos y sociales, prensa internacional y defensores de derechos humanos, junto a las organizaciones locales impulsoras, "recibirán testimonios de primera mano de víctimas de represión estatal durante el reciente Paro Nacional en 11 regiones de Colombia con el fin de identificar los contextos en que han ocurrido estos hechos, las afectaciones y el estado actual de las investigaciones de 7.704 agresiones documentadas por organizaciones sociales durante 55 días de protestas sociales".

La Misión SOS Colombia por garantías a la protesta y contra la impunidad en Colombia se realizará entre el 3 y el 12 de julio de 2021, y visitará puntos de resistencia, entidades gubernamentales y de policía de 11 regiones: Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Valle del Cauca, Nariño, Atlántico, Bolívar, Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y Santander. Y dialogará con víctimas, autoridades y protagonistas del Paro más largo en la historia de Colombia. Además presentará un informe con conclusiones y recomendaciones sobre la garantía del derecho a la protesta y contra la impunidad en Colombia.

Según las organizaciones colombianas "las acciones de contención y represión realizadas por la policía, su Fuerza Disponible, su fuerza especial Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- y el Ejército Nacional, a través de operaciones psicológicas y de presión aéreas, la militarización de las ciudades en los sitios de manifestación, la paramilitarización de operaciones policiales y de las manifestaciones de sectores pudientes con respuestas similares, son indicadores de patrones y propósitos con métodos proscritos por el derecho internacional de los derechos humanos".

Esta visita es el fruto de un llamado a la solidaridad internacional ante la falta de garantías para el libre ejercicio de la protesta y es coordinada por las siguientes organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos de Colombia: Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP / PPP; Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU; Corporación Jurídica Libertad, CJL; Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Fundación Forjando Futuros; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, PCDHDD; Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas; Alianza de organizaciones sociales y afines; y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP.

A continuación el comunicado: 

 

 A continuación el comunicado en inglés:

 

*Boletín No. 20 de la Campaña Defender La Libertad. 

Por: Comunicaciones Cinep / PPP

Cinep/PPP y otras organizaciones sociales que integran "Democracia en Riesgo" alertan por la modificación al Decreto 003 de 2021, con el que se limita el derecho a la protesta permitiendo la intervención de la fuerza pública frente a los cortes de ruta temporales como permanentes. 

El gobierno de lván Duque anunció el viernes 18 de junio una modificación al Decreto 003 del 2021, con la cual limita la definición de protesta pacífica estipulando que los cortes de ruta -tanto los temporales como los permanentes- no constituyen una forma legítima de manifestación pacífica y por tanto pueden ser disueltos mediante la intervención represiva de la fuerza pública.

Dicho decreto, sin la anunciada modificación, por sí mismo constituía un cumplimiento insuficiente de la sentencia STC- 7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia del 22 septiembre de 2020, que reconocía la violación sistemática del derecho a la protesta por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. La sentencia profirió, entre otras, las siguientes directrices: llamó al gobierno nacional a mantener la neutralidad frente a la protesta social, instó a la conformación de una mesa de trabajo para la reestructuración de las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas y ordenó la creación de un estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza frente a las protestas, encaminado a prevenir los abusos de la fuerza pública, a evitar la estigmatización de los manifestantes, a detener el uso desproporcionado de armas letales y menos letales, a evitar las detenciones ilegales y tratos inhumanos y a frenar los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.

En cumplimiento de la sentencia, el gobierno expidió el mencionado decreto constituido por declaraciones generales tendientes a reducir la respuesta inmediata de la policía nacional en las manifestaciones, haciendo énfasis en la importancia de la comunicación entre organismos de control, autoridades, fuerza pública y manifestantes en los Puestos de Mando Unificados durante las protestas. Sin embargo, el gobierno se negó a discutir y a transformar las directrices operacionales que constituyen el marco institucional que ha posibilitado los abusos policiales violatorios del derecho constitucional a la protesta pacífica, en contravía de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia.

Ahora, con la modificación normativa anunciada el viernes, el gobierno pasa del cumplimiento insuficiente al desacato abierto de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Frente a dicha conculcación de derechos, expresamos las siguientes consideraciones. La sentencia estipulaba con absoluta claridad que la reglamentación expedida para dar cumplimiento al fallo debía tener en cuenta, como mínimo, las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH), las recomendaciones de Naciones Unidas y las señaladas por la propia sentencia. No hay duda de que la prohibición de todos los cortes de ruta inscrita en la modificación del Decreto 003 de 2021 constituye una violación clara de dichas directrices.

La doctrina de la CIDH, que es coherente con la jurisprudencia que hace parte del bloque de constitucionalidad al cual debe atenerse el gobierno colombiano, comprende los cortes de ruta como repertorio legítimo del ejercicio del derecho a la protesta. De igual forma la CIDH ha reconocido que la alteración del ejercicio del derecho de terceros producto de las protestas pacíficas hace parte de la mecánica de una sociedad plural, donde conviven intereses diversos, muchas veces contradictorios y que deben encontrar los espacios y canales mediante los cuales expresarse. De igual forma, la CIDH ha indicado que ante la posible colisión de derechos, por ejemplo, el derecho de tránsito y el derecho de reunión, es preciso tener en cuenta que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática. El gobierno nacional también ha violado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues la modificación anunciada pretende delimitar por vía de un decreto un derecho constitucional, lo que solo puede hacerse a través de una ley estatutaria. Se trata, en resumidas cuentas, de una violación en diferentes niveles tanto de la Constitución Política como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

En ese sentido, consideramos que la actuación del gobierno nacional constituye un ejercicio de criminalización del derecho a la protesta pacífica, que nos ubica en una suspensión de facto del orden constitucional, pues persiste en la deriva autoritaria y antidemocrática de expedir normas propias de un estado de excepción a través de decretos presidenciales ordinarios, eludiendo así los controles constitucionales previstos para este tipo de escenarios. Además, la presente criminalización del derecho a la protesta se articula con una visión estigmatizante de la conflictividad social, presente tanto en el gobierno como en la Policía Nacional, lo que configura el terreno propicio para la persistencia de las masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos que han enlutado al país en el marco de coyunturas recientes como el paro nacional del 21 de noviembre de 2019, las protestas populares contra la violencia policial de septiembre de 2020 y el paro nacional del 2021.

El gobierno también ha vuelto a incumplir de manera directa el Acuerdo de Paz firmado por el Estado y ratificado por el Congreso de la República durante el 2016. El punto 2.2 del Acuerdo mandató la creación de un Proyecto de Ley de Garantías para la Participación y la Protesta, que tuviera como base un espacio nacional de diálogo a partir de una serie de lineamientos que incluían las garantías para la movilización y la armonización normativa para garantizar el derecho a la libertad de asociación y la protesta. A partir de una serie de encuentros, en los que participaron alrededor de 2500 personas en representación de al menos 1541 organizaciones sociales, se construyó un documento de lineamientos para la creación de dicho proyecto de ley, que el actual gobierno se empeña en desconocer. 

Por tanto, desde Democracia en Riesgo le exigimos al gobierno que desista de la anunciada modificación normativa, que avance en el cumplimiento cabal de la sentencia  STC-7641-2020 de la Corte Suprema de Justicia, que privilegie el diálogo social como mecanismo de respuesta a la protesta social, que avance en la implementación integral del Acuerdo de Paz y que rectifique su tendencia autoritaria que ha puesto en grave peligro a la democracia colombiana.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Continúan las presentaciones regionales de “¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020”, espacios de conversación entre investigadores del libro, comunidades, instituciones del Estado, académicos, expertos y organizaciones de DD.HH

 Los resultados de la investigación que durante tres años realizó Cinep con el apoyo de Diakonía y produjo el libro “¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020” son socializados en espacios regionales. Con un diálogo virtual desde Cúcuta, Norte de Santander, este miércoles 23 de junio continuaron las presentaciones, esta vez sobre el capítulo de Catatumbo, con la presencia de Lina Mejía, coordinadora de DD.HH. y D.I.H. de Vivamos Humanos; y Luis Eduardo Celis, analista de conflictos e integrante de la Fundación Paz y Reconciliación 

Estos eventos, que por razones de la pandemia se están realizando en una modalidad ‘mixta’ (presencial y virtual), han servido para socializar los hallazgos de la investigación en los territorios que aborda, para aportar a las apuestas de paz regionales como ocurrió en Quibdó, Chocó, el pasado viernes 28 de abril. En dicho encuentro estuvieron líderes y lideresas del alto, medio y bajo Atrato junto a investigadores, analistas e instituciones del Estado, frente a los que reiteraron la necesidad de impulsar un acuerdo humanitario en el Departamento.

Zenaida Martínez, representante legal de la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA), afirma que el Acuerdo Humanitario es una oportunidad para que se piense en las personas que habitan el territorio: “si el Gobierno y el ELN retoman estos diálogos viviríamos mejor porque ya no habría actores armados”, por lo que pide que se retomen las conversaciones para evitar que sus hijos sigan siendo reclutados para la guerra.

Nevaldo Perea, integrante del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), sostiene que en el medio Atrato la situación de los jóvenes es de desesperanza “porque ellos terminan con mucho esfuerzo el bachillerato pero no pueden seguir la universidad, entonces se vuelven vulnerables para los actores armados que los usan como frente de guerra”. Por lo tanto, sostiene que el Acuerdo Humanitario Ya es una apuesta para lograr un consenso entre el Gobierno y las guerrillas que les dé una posibilidad de vida a los jóvenes.

En este evento estuvieron presentes entidades como la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Chocó y Alcaldía de Quibdó así como el analista Víctor de Currea-Lugo y el coeditor de la publicación Andrés Aponte, que recordó que el ELN y las autodenominadas AGC son los actores que causan más conflictividades sociales en el departamento. 

El Acuerdo Humanitario Ya fue presentando en 2017 a la mesa de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y la delegación del ELN en Quito, Ecuador, y contiene 11 puntos tendientes a buscar la paz en Chocó que incluyen el desmonte de estructuras paramilitares, el cese al fuego bilateral, el respeto por los territorios étnicos, entre otros. 

El próximo martes 29 de junio se realizará la presentación regional sobre el Sur de Bolívar en Barrancabermeja, Santander; y está por confirmarse la fecha y lugar sobre el capítulo de Cauca. Estos espacios propician el diálogo entre investigadores, comunidades y representantes del Estado, no obstante si desea asistir a ellos de forma virtual o presencial, puede enviar un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. con la solicitud.

Encuentre el libro "¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente 1964-2020”  en este enlace: https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/por-que-es-tan-dificil-negociar-con-el-eln-las-consecuencias-de-un-federalismo-insurgente-1964-2020/ 

Encuentre el documento ocasional "¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Una mirada regionalmente diferenciada" en el siguiente enlace: https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/por-que-es-tan-dificil-negociar-eln-documento-ocasional/ 

Por Juanjosé Gutiérrez. Equipo de Comunicaciones del Cinep / PPP