Prensa

Prensa (181)

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

No hay una receta para construir la paz en Colombia, pero sí existen pistas inspiradoras para avanzar en su construcción. En este clima reflexivo de semana santa, propongo un decálogo para construir la paz:

Una primera pista es que la paz no es solo la ausencia de violencia. De nada sirve callar las armas si seguimos sumidos en la violación de los derechos humanos, en la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la exclusión, en una polarización decorada de ideología y en la violación al primer derecho, el derecho a la vida. ¿Si no hay vida, si no se respeta y dignifica la vida, para qué los derechos?

Una segunda pista: la paz se hace desde los territorios concretos. Es lo que llama el Acuerdo de Paz, la paz con enfoque territorial. Quiere decir que es diferente, hacer la paz en la Costa Caribe que hacer la paz en el piedemonte amazónico o en la Costa Pacífica. Y es diferente porque las regiones tienen sus propias historias: económica, de relaciones sociales de conflictos políticos; también tienen diferentes estructuras ecológicas y desarrollos ambientales; incluso, diferentes comprensiones de la vida, según las culturas indígenas, afrodescendientes, mestizas y campesinas que la habitan.

Una tercera pista para la construcción de la paz es que ella necesita de diversos componentes para su realización con sus particularidades territoriales a nivel social, político, cultural y ambiental; y dentro de una dinámica histórica en permanente cambio e incertidumbre, como lo ha demostrado la pandemia del Covid 19.

Una cuarta pista nos señala que la paz nace desde los territorios, pero a la vez debe ser una construcción en diálogo, en tensión positiva con el contexto nacional y global. No existen regiones aisladas especialmente cuando se trata de asuntos y procesos económicos y políticos.

Una quinta pista para construir la paz nos invita a pensar en cómo transformar uno de los factores que más ha deteriorado la sociedad colombiana: la continuidad de la violencia en las regiones y la presencia de actores armados ilegales fuera de la ley, algunas veces en connivencia con sectores de la fuerza pública.

Una sexta pista que impacta negativamente la construcción de la paz en el país es la inoperancia y la manipulación del poder judicial. La alta impunidad, de más del 95%, en los crímenes políticos; la politización y la falta de independencia de los entes judiciales, hace que los ciudadanos no crean en la justicia y más bien asuman hacer justicia por mano propia.

Una séptima pista para construir la paz es reconocer que en los territorios y regiones hay propuestas, existen alternativas que las fuerzas vivas locales han elaborado desde su conocimiento profundo de su propia realidad. La paz necesita reconocerse descentralizada de Bogotá y que las soluciones se tramiten en un diálogo positivo entre la región y la nación.

Una octava pista para la construcción de la paz es el fortalecimiento de las administraciones e instituciones gubernamentales locales y regionales. Se necesita una presencia efectiva, eficiente y eficaz del Estado, en cada uno de los territorios, generando una apropiación ciudadana del escenario político, como lo indica nuestra Constitución Nacional.

La novena pista para construir la paz propone uno de los puntos más difíciles de solucionar en nuestra sociedad, el desmonte de las economías ilegales, pero en especial el desmantelamiento de la perversa relación entre economías legales e ilegales, vulgarmente conocido como “el lavado de activos”. Si continua esta alianza no va a ser posible la paz.

La décima pista para construir la paz es el costo y la financiación para avanzar en su implementación. Tema esencial pero igualmente poco trabajado en profundidad y compartido con claridad.

El Papa Francisco en su visita a Colombia nos exhortaba con invitaciones a la construcción de paz así: “La búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso; este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz".

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

Este 25 de marzo, de 830 am a 6pm, donde pondrán en común los hallazgos de sus informes como Secretaría Técnica del Componente de Verificación del Acuerdo junto a expertas e investigadores.

El Seminario “Avances y Retos en la implementación del Acuerdo Final de Paz” es organizado CERAC y CINEP, organizaciones que integran la Secretaría Técnica (ST) del Componente de Verificación Internacional del Acuerdo, según lo establecido por las partes durante los Diálogos de La Habana. Ya son ocho los informes generales de seguimiento a la implementación que produce la ST, sumados a cuatro de género y uno étnico.

En este espacio virtual de participación abierta se socializarán los hallazgos del más reciente informe de la ST,  se desarrollarán paneles sobre el enfoque de género  y étnico; y cierra con un diálogo sobre “Paz desde los territorios. Factores que aceleran o limitan la implementación del Acuerdo y su contribución a la reducción de brechas”. Contará con la participación de investigadores de Cinep/PPP y Cerac, Elena Ambrosí, Adriel Ruiz, Rodrigo Uprimny, Marcela Sánchez, Consuelo Corredor, entre otros. 

Siga la transmisión en el canal de YouTube: Secretaría Técnica de Verificación

https://www.youtube.com/channel/UCaOM6QXVKq71BqVu1ZIP2Uw

También en Facebook:

https://www.facebook.com/CERAC.Colombia

https://www.facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz

 

Programación

 

8:30 a 9:30 am. Presentación de los principales resultados de la implementación del Acuerdo Final por parte de la ST.

Consuelo Corredor- Secretaría Técnica Verificación Internacional- CINEP/PPP

9:30 a 11:00 PANEL 1: Cuatro años de la implementación del Acuerdo. Avances, retos y alertas derivadas del contexto.

Rodrigo Uprimny- Dejusticia

Martha Maya- IFIT

Camilo González Posso- Indepaz

Moderador: Jorge Restrepo- Secretaría Técnica Verificación Internacional-CERAC

11:00 a 12:30 PANEL 2: La implementación del enfoque de género y su contribución a la reducción de brechas.

Linda María Cabrera- Sisma Mujer

Marcela Sánchez- Colombia Diversa

Clara Ramírez- Secretaría Técnica Verificación Internacional CINEP/PPP 

Moderadora: Vera Samudio- CINEP / PPP

2:30 a 4:00 PANEL 3: La implementación del enfoque étnico y su contribución al cumplimiento de las salvaguardas contempladas en el Capítulo Étnico.

Helmer Quiñones- IEANPE

Manuel Ramiro Muñoz- Instituto de Estudios Interculturales -Universidad Javeriana-Cali

Jaqueline Romero- Fuerza de Mujeres Wayú

Moderadora: Jenny Ortíz- CINEP / PPP

4:00 a 5:30 PANEL 4: Paz desde los territorios. Factores que aceleran o limitan la implementación del Acuerdo.

Monseñor Juan Carlos Barreto- Obispo de Quibdó

Elena Ambrosí- Ex procuradora delegada para el seguimiento al AF.

Adriel Ruiz Galván- Coordinador de la Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo Social (FUNDESCODES), Líder comunitario de Buenaventura.

Víctor Negrete- Universidad del Sinú

Moderador: Luis Guillermo Guerrero Guerrero Guevara- Director del CINEP / PPP

5:30 a 6:00 CIERRE. Luis Guillermo Guerrero Guevara- Director del CINEP / PPP 

Del 25 al 27 de marzo el Estado colombiano será juzgado por el genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz, en la sesión 48 del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se realizará en Bucaramanga, Bogotá y Medellín con transmisión virtual. 

El Tribunal Permanente de los Pueblos – TPP- es un espacio que la sociedad civil mundial promueve desde 1979. Es un tribunal internacional de opinión con sede en la Fundación Lelio y Lisli Basso (Italia),  y tiene sus raíces históricas en el Tribunal Russell sobre la guerra del Vietnam (1966-1967), y se fundamenta en la Declaración universal de los derechos de los pueblos proclamada en Argelia en 1.976.

La sesión 48º del TPP “El Genocidio Político en Colombia 2021” tendrá como jurados a Luciana Castellina (Italia), Daniel Feierstein (Argentina), Luigi Ferrajoli (Italia), Mireille Fanon-Mendès-France (Francia), Philippe Texier (Francia), Antoni Pigrau Solé (Barcelona), Esperanza Martínez (Ecuador), Andrés Barreda (México), entre otras personalidades internacionales. La Fiscalía del TPP estará a cargo de los juristas colombianos Iván Velásquez y Ángela María Buitrago, y el Estado colombiano será citado para su respectiva representación y defensa.

“La Colombia que hoy acude por tercera vez al TPP es una Colombia completamente perpleja frente al asesinato permanente, sistemático y sin perspectivas de detención de sus líderes sociales de base”, aseguró Javier Giraldo SJ en el lanzamiento del TPP. 

En el marco de esta sesión organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, de derechos humanos y políticas denunciarán (i) las prácticas genocidas y en general el genocidio político, continuado y extendido que han sufrido sus miembros y colectivos a lo largo de su existencia; (ii) los crímenes contra la Paz ocurridos luego de la Firma del Acuerdo Final de Paz entre las FARC y el Estado Colombiano, y (iii) la impunidad y ausencia de Justicia frente a todos estos hechos.

Comunicado: Organizaciones y Movimientos Sociales reclaman al Estado colombiano a comparecer por genocidio político ante el Tribunal Permanente de los Pueblos

Según su Estatuto, el TPP promueve el respeto universal y efectivo de los derechos humanos fundamentales y de los pueblos, examinando los casos de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidos por los Estados, por autoridades no estatales y por grupos u organizaciones privadas. A lo largo de las décadas, el Tribunal ha acompañado las transformaciones y las luchas de la época post-colonial, la afirmación del desarrollo del neocolonialismo económico, la globalización, la reaparición de la guerra, la migración, evidenciando la persistencia de grave crímenes, como los crímenes contra la humanidad, el medioambiente y el genocidio, sin que exista una jurisdicción competente a nivel internacional para prevenir y sancionar dichos crímenes.

Los tribunales de los pueblos no tienen implicaciones judiciales para quienes son sometidos (Estados, empresas, dirigentes políticos), sino que apelan a la conciencia ética de la humanidad para condenar graves violaciones a los derechos humanos y cambiar el rumbo de Estados y sociedades. En sus Sentencias, por lo tanto, el Tribunal no se limita a la aplicación de las normas existentes sino que destaca vacíos y límites del Sistema Internacional de protección de los Derechos Humanos con el fin de trazar su evolución.

Emisión en: youtube.com/TribunalPermanentedelosPueblosColombia2021 y facebook.com/TPPColombia2021   

También se emitirá en las Fan Page de Facebook de CINEP y organizaciones aliadas.

“Si hay una represa subterránea que se reedita constantemente para retomar los anhelos convergentes del pueblo, también hay una técnica fraudulenta patentada y siempre reeditada para frustrar y aplastar esas aspiraciones”, explica Javier Giraldo. Esta será la sesión número 48 de su historia y la tercera en Colombia, donde se contó con su presencia en 1991 (Sesión sobre La impunidad de los crímenes de lesa humanidad en América Latina) y 2006-2008 (Sesión sobre Las empresas transnacionales y los derechos de los pueblos en Colombia), y en algunas experiencias locales como el Tribunal Internacional de Opinión de Barrancabermeja en 1999 y el juicio ético contra el despojo en Puerto Gaitán, Meta en 2014. 

 A continuación el comunicado:

 


Esta semana sesiona el Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia

Después de meses de documentación de más de cuarenta casos, y de preparativos del Comité de Impulso del Tribunal Permanente de los Pueblos Colombia 2021, este jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de marzo, sesionará en el país este Tribunal de Opinión de carácter internacional que juzgará al Estado colombiano por las conductas de Genocidio político, crímenes contra la paz e impunidad, a lo largo de un siglo de nuestra historia. El Tribunal sesionará en Colombia a solicitud de 176 organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos y de  200 personalidades.

Las audiencias de presentación de casos del Tribunal que se desarrollarán durante estas tres jornadas, tendrán una modalidad semipresencial. Por razones de la pandemia solo estará en el país uno de los jurados y los demás recibirán los testimonios vía Internet. Las personas que presentarán los casos estarán de manera presencial en recintos preparados para tal fin con medidas de bioseguridad, y podrán ver en todo momento al jurado. De esta forma, se realizarán las sesiones en recintos con aforo controlado. 

El público puede seguir todas las audiencias por las redes del Tribunal:

Facebook:  https://www.facebook.com/TPPColombia2021 

YouTube:  https://youtube.com/c/TribunalPermanentedelosPueblosColombia2021 

En la página del TPP: https://yavieneeltpp.wixsite.com/yavieneeltpp 

En Inglés:  https://www.facebook.com/Colombia-Human-Rights-Committee-583191355399478/ 

En Francés: https://www.facebook.com/france.ameriquelatine/ 

El jurado del Tribunal Permanente Colombia 2021 está integrado por destacadas figuras del derecho, los derechos humanos y la academia a nivel internacional como el jurista Luigi Ferrajoli; el relator de Naciones Unidas para defensores, Michel Forst; el filósofo especialista en estudios sobre el genocidio Daniel Feierstein, la catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y sobreviviente del campo de concentración clandestino que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada durante la dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), Garciela Daleo; o la defensora de derechos humanos Mireille Fanon Mendès-France presidenta de la Fundación Frantz Fanon, integrante del Grupo de Trabajo de expertos para afrodescendientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ver perfiles completos de los jueces. Enlazar

Como fiscales del TPP actuarán la exfiscal Ángela María Buitrago y el exmagistrado Iván Velásquez, juristas colombianos de reconocida trayectoria que ya presentaron la acusación respectiva el pasado 26 de enero en la Sesión inaugural cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos recibió el escrito y aceptó el juzgamiento al Estado colombiano por estas conductas.

Las audiencias de presentación de casos

Durante el primer día en Bucaramanga, el jueves 25, se presentarán 17 casos que ejemplifican el exilio como práctica social genocida, el genocidio contra el movimiento campesino, con ejemplos como ANUC-UR y CNA, San Vicente de Chucurí, Casanare y masacres paramilitares en Cajibío, Cauca. También el caso de las prácticas sociales genocidas contra el movimiento sindical como lo ocurrido con la USO, la CUT o Sinaltrainal, y contra partidos y movimientos políticos cómo la UNO y A luchar.

El día martes, 26 de marzo, la audiencia se llevará a cabo en Bogotá donde se presentarán ante el jurado 13 casos que constatan la sistematicidad del genocidio político como los históricos entre ellos la masacre de Las Bananeras y Santa Bárbara, así como los ataques contra las repúblicas independientes en los años 40. También se dará continuidad a la presentación de casos de prácticas genocidas contra movimientos políticos, los crímenes contra la paz cometidos contra organizaciones alzadas en armas que suscribieron Acuerdos de Paz, y otras prácticas genocidas transversales como la desaparición forzada, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales.

La tercera y última jornada, el sábado 27 de marzo en Medellín, se centrará en la presentación de 14 casos sobre genocidio contra pueblos indígenas y negros, la población LGBTI, el movimiento estudiantil, y la documentación del paramilitarismo como práctica social genocida.   

Ver la programación general. 

La importancia del Tribunal Permanente de los Pueblos

El Tribunal Permanente de los Pueblos hace parte de los Tribunales Internacionales que surgieron después de la segunda guerra mundial, conformados por connotados intelectuales como el filósofo Bertrand Rusell y Jean Paul Sartré en 1960, cuando juzgó los crímenes de guerra cometidos en la guerra de Vietnam. En América Latina ha estado conformado por personalidades como el escritor y nobel colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar cuando se juzgaron las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras. A pesar de que no cuenta con carácter gubernamental o estatal, el Tribunal es un escenario para investigar y juzgar aquellas violaciones de derechos humanos individuales y colectivas, que han sido ignoradas por los Estados, por lo que se ha convertido en un referente universal para el avance de los derechos humanos.

En Colombia sesionó en 1991 y en 2008 cuando juzgó la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica, así como el papel de las multinacionales en estas graves violaciones, respectivamente. Sus fallos constituyen un inmenso referente ético, político y jurídico en la medida en que se basan en el derecho internacional y sus decisiones son adoptadas en marcos jurídicos nacionales e internacionales. También son momentos de conciencia y opinión pública frente a fenómenos no siempre visibles o evidentes para la sociedad.

Durante esta sesión el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará el genocidio político contra amplios sectores de la oposición durante todo el siglo XX y lo corrido del siglo XXI en Colombia. Cabe señalar que la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 sólo reconoció los genocidios étnicos o raciales, y excluyó la persecución política de esta categoría. No obstante, existen antecedentes históricos y desarrollos jurisprudenciales que permiten concluir la existencia de la práctica de genocidio político. En particular, en Colombia, las sucesivas prácticas de exterminio contra movimientos políticos como el Gaitanismo, A Luchar, Partido Comunista, Frente Unido, o la Unión Patriótica, pero también otros casos como el genocidio contra los pueblos étnicos, el movimiento campesino o sindical, casos que conocerá el jurado del TPP Colombia 2021, pueden ser considerados expresiones de este genocidio político. 

En el mismo sentido, el Estado colombiano será juzgado ante el TPP por crímenes contra la paz, que van más allá de la violación de los armisticios e incluyen acciones de las partes que vulneran la validez o la implementación de los Acuerdos, como matar o desaparecer a los firmantes. 255 firmantes de paz asesinados y más de 1300 líderes asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las Farc-EP y el Estado colombiano, indican que estamos repitiendo ciclos de violencia. En tal sentido, también se espera un pronunciamiento del TPP sobre la impunidad que, si bien no es un delito en sí misma, es la negación de un derecho de las víctimas consagrado en instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La importancia que se reconozca como genocidio político las sucesivas e históricas violencias vividas en nuestro país consiste justamente en la comprensión adecuada del fenómeno, que el mismo sea reconocido por los mecanismos de justicia transicional –en particular la Justicia Especial para la Paz –JEP- y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV- en sus fallos e informes, y que su reconocimiento contribuya a la tipificación en el orden jurídico interno y al impulso de casos de graves violaciones a los derechos humanos que siguen en la impunidad, para que Colombia supere definitivamente estos ciclos de violencia y para que no se repitan nunca más. 

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó a finales de febrero, el informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia entre enero y diciembre del año pasado. Los resultados fueron graves y desalentadores. El país registró la cifra más alta de masacres desde el año 2014, fueron 76 casos, que dolorosamente implicó la muerte de 292 personas.

Colombia, un país en el que se han realizado más de una docena de diálogos de paz en más de tres décadas, un país donde se han construido iniciativas y diversas expresiones de paz en contextos locales y regionales, existe de manera compleja y contradictoria, más de una fuerza extrema con intereses económicos y políticos mezquinos cuyo objetivo es reeditar una y otra vez el conflicto armado, porque este conflicto les trae más y mejores dividendos a sus oscuros intereses.

A pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año 2019, en varios territorios del país se intensificó la violencia y aumentó el control territorial y social por parte de grupos armados ilegales y criminales, con nefastas consecuencias para los derechos humanos. La ausencia de una presencia integral del Estado, en regiones como Cauca, Chocó, Putumayo y Valle de Cauca y la incapacidad para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación; está llevando a que la balanza se incline a favor de los violentos. El informe advierte que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos se presentó contra personas líderes, lideresas y defensoras de derechos humanos, principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan una violencia endémica. El informe destaca cómo la violencia causó desplazamiento masivo en varias regiones del país afectando a más de 25 mil personas especialmente en Antioquia, Chocó y Nariño. A esto se suman más de 74 mil personas que sufrieron confinamiento por las restricciones impuestas por los grupos armados y acciones de la fuerza pública, no propiamente por efectos de la pandemia. Finalmente, la Alta Comisionada de Derechos Humanos exhorta a redoblar esfuerzos en la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, para impulsar cambios positivos de índole estructural que contribuirán a mejorar los derechos humanos. Igualmente insta al Estado para que establezca una presencia integral a fin de contener la violencia en los territorios más afectados, prevenir el aumento del control territorial y social por grupos armados no estatales y criminales, proteger a la población y proveer servicios esenciales.

En septiembre del año pasado, ante los hechos que el informe de la Alta comisionada de Derechos humanos relató, los obispos expresaron: “Es desgarrador constatar la extensa lista de asesinatos y atentados que han tenido lugar en el país en los últimos meses. Las agresiones contra la vida y dignidad humanas son cada vez más atroces. Los Obispos reafirmamos que la vida humana es sagrada y que atentar contra ella es un crimen gravísimo y que no es posible alcanzar la paz si no se respeta y se defiende la vida. Demandamos de todos los que siguen generando violencia que pongan definitivamente fin a esta maquinaria de muerte y llamamos al pueblo colombiano y a las entidades gubernamentales a asumir un compromiso claro y valiente con la defensa de la vida”.

 

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara, director general CINEP/Programa por la Paz.

El libro “¿Por qué es tan difícil negociar con el Eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020” se lanzará el próximo jueves 8 de abril a las 10 am por Facebook y Youtube. Compartimos la columna de Fernán González SJ. con un adelanto del mismo.  

La vinculación de la presencia de los negociadores del Eln en Cuba a la campaña reeleccionista de Trump en Florida y el endurecimiento de las posiciones del gobierno de Duque frente a las posibilidades de reabrir las negociaciones con ese grupo, se juntan con algunas declaraciones de los dirigentes elenos y los debates internos de esta insurgencia para replantear las eternas preguntas sobre su voluntad de paz y su unidad de mando.

En ese sentido, varios artículos han empezado a hacer circular la idea de “federalismo insurgente” para referirse al Eln. Tales son los casos de los escritos conjuntamente por Luis Fernando Trejos y Andrés Aponte en La Silla Vacía y El Espectador, entre el 19 de febrero y el 5 de marzo, que se refirieron a este concepto para explicar las relaciones de este grupo con la economía cocalera, pero también para subrayar sus diferencias con las extintas Farc. Asimismo, en otro un artículo escrito por Juan Carlos Garzón y otros para Razón Pública, se recurre a la naturaleza federada del Eln para evidenciar la equivocación de la estrategia oficial de mostrar una supuesta división del grupo (Razón Pública, 15 de febrero de 2021). En una línea similar, María Victoria Llorente, directora de la FIP, en una reciente entrevista concedida a María Isabel Rueda, subrayaba lo poco que sabemos sobre las particularidades regionales de ese grupo y de su estructura federada que lo articula en torno a un proyecto común (El Tiempo, lunes 15 de febrero de 2021).

Todos estos planteamientos han servido para ambientar la difusión de los resultados de una investigación interdisciplinaria realizada por el equipo de Conflicto y Paz del CINEP, que ha propuesto una mirada más estructural sobre los cambios desarrollados por este grupo insurgente en sus años de existencia, pero, también de las diferencias de su estilo de actuar según las situaciones y tensiones de las diversas regiones donde hace presencia. Algunas ideas centrales de los resultados de este análisis, que han inspirado algunos de los textos citados anteriormente, están recogidos en el libro próximo a publicar: ¿Por qué es tan difícil negociar con el Eln? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020, que fue coordinado por Andrés F. Aponte y Fernán González, con el prólogo de Socorro Ramírez.

Como punto de partida, los investigadores hacen un llamado, bastante obvio, a insistir en la necesidad de asumir las consecuencias de las diferencias de enfoque y de comportamiento entre esta insurgencia y las extintas Farc. Si bien estas dos insurgencias emergieron en el mismo contexto nacional, de los inicios del Frente Nacional, e internacional, marcado por la Guerra Fría y la revolución cubana, las motivaciones, los líderes, el discurso revolucionario, la trayectoria militar y organizacional y las bases sociales sobre las que se anclaron, difirieron.

Así, las Farc surgieron gracias al impulso de jóvenes campesinos marginales, radicalizados y adscritos al Partido Comunista Colombiano, que buscaban acceder a tierras y representación política en sus localidades; bajo un marco de luchas agrarias en el mundo andino cafetero azotado por La Violencia. En cambio, el Eln surgió como un emprendimiento armado de jóvenes urbanos, en su mayoría universitarios, híper ideologizados, descontentos con las estrategias electorales del Partido Comunista, que buscaron insertarse en las tensiones del mundo rural, de los bolsones interiores de colonización, para cambiar la idea de Estado y sociedad, al concebir que el sistema político no daba espacio a sus visiones de sociedad.

Por eso, las bases sociales variaron en cada proyecto armado. Las Farc se apalancó sobre un grupo particular de pobladores (los campesinos colonos y luego los cocaleros), que dio forma a unas estructuras más cohesionadas de mando, que los asemejaban, en parte, a un ejército regular. En contraste, el Eln se insertó en los problemas de diversos grupos poblacionales (campesinos, sindicalistas, indígenas, comunidades negras, etc.), cuyas diversas apuestas organizativas y reivindicaciones explican no sólo los diversos rostros territoriales que posee esta guerrilla, sino también el carácter federado que asumió en su segunda época.

Un segundo llamado de nuestros jóvenes investigadores fue la necesidad de analizar la trayectoria y situación actual del grupo a partir de un lente organizacional y territorial, que entienda a este grupo como un conjunto variado de organizaciones dentro de un proyecto nacional. Este llamado es producto de una reinterpretación de la trayectoria de esta insurgencia, a la que corresponde una nueva narrativa de sus concepciones y accionar. Aunque, actualmente, varios estudios han venido señalando al Eln como marcado por una impronta federada, conviene recordar que esto no siempre fue así: en sus inicios, fue una guerrilla centralizada y caudillista que derivó en una conducción autoritaria, que privilegió la vía militar como mecanismo de resolución de controversias internas (1964-1974), llevándolo a su casi extinción con el desastre de Anorí (1973) y el movimiento hacia el “Replanteamiento” (1975-1983). Frente a esa situación, el Eln adoptó, como estrategia de recomposición, una política de cooptación de diversos emprendimientos armados locales, que se fueron articulando al proyecto nacional, bajo estrategia de centralización por cooptación.

Así, con el fin de evitar los males iniciales, los líderes del segundo momento del Eln, como el cura Pérez y Gabino, adoptaron una estructura colegiada y federada, con una dirección colectiva, horizontal y democrática, caracterizada por la amplia discusión política sobre la estrategia y la táctica armada. Esta estructura se mantiene, parcialmente, vigente en el presente, pero la falta de una eficaz dirección colectiva y el excesivo respeto a la autonomía de los frentes conducen en algunas ocasiones al llamado “debate en caliente”, que significa acciones inconsultas de algunos grupos para sentar su posición en el conjunto de la organización, el atentado contra la Escuela de Policía General Santander es un buen ejemplo.

De esa compleja organización se derivan dos rasgos centrales de esta insurgencia: en primer lugar, sus problemas de acción colectiva, porque la comandancia no tiene ni el poder ni la capacidad infraestructural para homogenizar ni alinear a todos sus frentes, como evidencian las reiteradas dificultades que ha afrontado para centralizar organizativa y políticamente al proyecto nacional. Y, en segundo lugar, el Eln presenta diversos rostros territoriales, que reflejan, como muestran los estudios regionales de caso de este libro, la variedad de sus bases y las reivindicaciones diferentes que pretende representar. Esto se evidencia en la falta de una directriz clara en materia de extracción de recursos: el debate frente a la coca ilustra esa situación, ya que cada grupo adopta posiciones diferentes en el tema según sus circunstancias, en contraste con la prohibición moralista del COCE.

Esto desemboca en un tercer rasgo que destacan los jóvenes investigadores del CINEP: la importancia que tienen las bases sociales en su estructuración y acciones: de ellas no solo se extrae información, recursos humanos (reclutas) y materiales, sino que ellas constituyen una instancia básica de coordinación, que le da forma a la organización armada y determina la lógica de la violencia que desarrolla cada grupo regional y local. Mientras menos sólidos sean los lazos verticales, que vinculan a los líderes con los pobladores y determinan la organización de su presencia en el territorio, mayores serán las probabilidades de que haya problemas de coordinación y constreñimientos para actuar colectivamente.

Además, si las bases sociales no son homogéneas en términos demográficos, así como en las reivindicaciones y demandas que tienen, mayor problema tendrá la organización nacional de articularlas en la llamada escisión maestra de la guerra. En efecto, cada emprendimiento armado local, como muestran sus frentes, tienden a responder más a las dinámicas territoriales que al mismo proyecto nacional. Por eso, la consideración de las bases sociales del grupo armado en cada territorio es muy importante no solo para entender la puesta en marcha que impulsa un proyecto armado en el territorio, que determina su trayectoria tanto en su accionar como en las negociaciones de paz y en su eventual tránsito a la vida civil.

Por último, concluyen los autores, estos tres rasgos conducen a la necesidad de replantear los esquemas de negociación y las estrategias de seguridad del Estado colombiano entre otras aristas. En primer lugar, la receta de tierras y curules, que fue bastante exitosa con las Farc, no responde a las demandas ni al discurso eleno. Para esta guerrilla es central el tema de los recursos naturales, las formas locales de participación y representación en el juego democrático y las formas de integración territorial, entre otros. Es decir, ella se auto representa como una instancia de intermediación entre un Estado homogéneo, que representa un claro bloque de poder, y una sociedad civil organizada, que se opone a las formas y apuestas de integración territorial que despliega el poder central. Por eso, sería necesario adoptar formas diferenciadas de acción estatal y de relacionamiento con el conjunto de la nación, que respondan de modo diferente a las diversas situaciones regionales y que rompan con la imagen bipolar del enfrentamiento entre buenos y malos, heredada de la Guerra Fría.

Respecto a las estrategias de seguridad, habría que agregar que los planes y apuestas desarrolladas contra las Farc, las cuales se mostraron muy exitosas al asestarle golpes a las cabezas más visibles de esta guerrilla, no solo no funcionan en el Eln, sino que también arrojan un impacto humanitario en las zonas donde se llevan a cabo. En lo que atañe a este último punto, la poca diferenciación entre los combatientes elenos y los pobladores es un factor crucial a tener en cuenta, ya que los efectos colaterales arrojados por estas estrategias terminan por refrendar la idea de un Estado represivo y militarista.

Pero, por otra parte, los investigadores también cuestionan la relación ambigua del Eln con la sociedad, que desconoce la existencia de amplios sectores de la sociedad que no se ven representados en la supuesta mediación de esta guerrilla con el Estado, cuyas opciones políticas no comparte. Lo mismo que la manera autoritaria como el Eln impone su hegemonía en las organizaciones, que no respeta la autonomía relativa de las comunidades, ni sus liderazgos, con un proyecto de corte jacobino, tan oligárquico y opresivo de las comunidades como el proyecto de las clases dominantes que pretende combatir. Además, el Eln debería sopesar las consecuencias que tiene su estrategia de penetrar los movimientos sociales para la deslegitimación de esas protestas y movilizaciones, que son puestos en la mira de la represión estatal y de otros actores armados.

Y, del lado de la sociedad colombiana en general, es necesario que sea consciente de la necesidad de superar la tendencia estigmatizante de la protesta social a partir de una mejor comprensión de la compleja situación que enfrentan las comunidades en medio del conflicto de legitimidades y del fuego cruzado entre los combatientes, en regiones necesitadas de una intervención estatal de carácter integral que afronte, de manera diferenciada, los problemas que han llevado a las organizaciones de protesta.

Para terminar, los investigadores concluyen que un regreso a las negociaciones sería la mejor demostración de que no están cerradas las vías democráticas de la necesaria transformación social que el país necesita con urgencia.

Este texto fue publicado en El Espectador y Razón Pública.

Por: Fernán González SJ., investigador del CINEP/PPP.  

Las voces y experiencias de las mujeres campesinas de Colombia son documentadas en la serie “Tierra de Mujeres” que compartimos hoy #8M cuando se conmemoran las luchas de las mujeres en todo el mundo. 

“Tierra de mujeres” es un proceso de formación radial sobre las Directrices Voluntarias para la Gobernanza de la Tierra, la Pesca y los Bosques. Las voces y experiencias de las mujeres rurales colombianas nos dan pistas sobre participación, tenencia, políticas públicas, desafíos y luchas por la tierra y el territorio de las mujeres.

Esta serie de siete episodios es un espacio para el aprendizaje sobre la justicia de género en la gobernanza de la tierra y el territorio.

 

 

Se trata de iniciativa de CINEP - PPP, ANUC y la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz IMP con el apoyo de FAO Colombia, Colnodo y la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra.

Esta semana en los #DiálogosCinep se encontraron voces desde Cauca, Buenaventura, Cartagena y Bogotá para hablar sobre su Mirada socioeconómica de la pandemia en Colombia con la moderación del médico y activista Víctor de Currea-Lugo. Estas son sus principales ideas. 

“Las balas acaban más vidas que la pandemia en el Cauca”, expresó Guido Rivera, coordinador suroccidente de la Coordinadora Nacional Agraria, a un año de que el Gobierno decretara el Estado de Emergencia por cuenta de la pandemia de la covid-19 en en el marco del diálogo Cinep “Mirada socioeconómica de la pandemia en Colombia”. 

Lucy Sosa, integrante de la Asociación de Mujeres, Derechos y Paz, sostuvo que “la pandemia no trajo pobreza a los territorios” sino que la agravó porque la economía en Cartagena está marcada por la informalidad, y tras los confinamientos decretados por la emergencia sanitaria “el pueblo cartagenero está padeciendo física hambre”. 

María Miyela Riascos, integrante de la Pastoral Social en Buenaventura, reafirmó lo señalado por Lucy al subrayar que en el puerto antes de la pandemia tenían cifras de 66% de pobreza multimodal, y tras la aparición del virus estos problemas se profundizaron hasta en un 30%. Todo ello, afirmó, en una ciudad que “moviliza el 60% de la mercancía que entra y sale del país”.

Además, Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, resaltó que el Gobierno está próximo a presentar una reforma para cubrir el hueco fiscal que actualmente tenemos pero, que “abrió el mismo Gobierno en 2018, cuando recortó impuestos a las grandes empresas”. En ese sentido, sostuvo que bajo el argumento de solventar algunas de las medidas económicas tomadas en medio de la pandemia, el ejecutivo pretende que olvidemos estos recortes billonarios de impuestos al capital, y que los financiemos poniendo a tributar más a las personas. 

Esta situación la calificó como injusta e innecesaria, al asegurar que “en Colombia hay un grupo de población con suficientes ingresos para ser solidario en momentos de pandemia”. Por lo tanto, dijo que era necesario modificar el sistema de tributación para que fuera más progresivo, haciendo que las personas de más altos ingresos en el país fueran gravados con mayor equidad, garantizando la financiación de propuestas como la renta básica. 

“Si subieramos nuestro nivel de tributación al promedio de América Latina nos alcanzaría para una renta básica que pusiera a los colombianos por encima de la pobreza monetaria”, sostuvo el experto en economía, y concluyó que por eso es importante que las voces de quienes entienden esta realidad desde los territorios sean escuchadas. 

Encuentre el conversatorio en Facebook, o en Youtube:

Por Juanjosé D. Gutiérrez  R. Equipo de Comunicaciones CINEP/PPP

Víctimas y organizaciones rechazan el nombramiento de José Augusto Rendón como Defensor del Pueblo de Urabá por sus relaciones con despojadores de tierras en la región.

Reclamantes de restitución de tierras, víctimas de la violencia paramilitar y organizaciones sociales y de derechos humanos recibimos con absoluto desconcierto y desazón el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor del Pueblo Regional en el Urabá, mediante la Resolución 298 de 2021.

Las acciones del señor Rendón García, que son ampliamente conocidas por la opinión pública en la región del Urabá y por quienes hemos tenido el infortunio de coincidir con él en los estrados judiciales, evidencian una actitud abiertamente mercenaria contra la restitución de tierras y los derechos de las víctimas del conflicto armado. Estos hechos, verificados y documentados incluso por la entidad hoy a su cargo, dan cuenta de cómo, en su calidad de apoderado de opositores, profirió “advertencias” sobre nuevos ciclos de violencia paramilitar en caso de que las víctimas se negaran a hacer acuerdos con los empresarios y siguieran impulsando procesos de restitución en la zona.

Sus representados en el pasado, a partir de un vínculo de estrecha confianza, tienen en común el ser compradores de tierras que fueron enajenadas mediante elaborados mecanismos de cooptación, coacción y violencia ejercida sobre campesinos y comunidades étnicas en una región dominada por la presencia de actores armados ilegales.

Así se destacan casos como el de la familia Argote, que en virtud de diversos procesos de restitución de tierras se ha visto condenados por la justicia a devolver tierras en el municipio de Chigorodó. Esta familia se destaca por la vinculación de algunos de sus integrantes a procesos judiciales, dada la cercanía comercial y funcional de sus empresas con organizaciones paramilitares para el manejo de sus finanzas.

El señor Rendón García ha fungido como apoderado judicial de Heriberto Salvador Romero Cortez y Luz Marina Maya, opositores reconocidos en un proceso de restitución individual que fue acumulado a la solicitud de restitución de derechos territoriales del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). En el marco de la medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo en 2014 a favor de COCOLATU, se destacan las intervenciones del ahora Defensor Regional que, además de desconocer de plano la naturaleza e importancia del proceso de restitución de tierras, fueron manifestaciones cargadas de hostilidad y de una intención claramente intimidatoria hacia las comunidades reclamantes.

A lo anterior se suman prácticas como la promoción de acuerdos entre reclamantes y los empresarios a los que representa y a quienes él trata como “campesinos”. Dichos empresarios actúan en contra de los derechos de los verdaderos despojados y buscan legitimar los procesos históricos que permitieron la presencia de actores armados y que terminaron por representar grandes beneficios para los empresarios del banano en el Urabá.

En consecuencia, este nombramiento debe ser catalogado como una afrenta hacia la dignidad de las víctimas y sus organizaciones quienes hemos luchado por décadas para recuperar el derecho a la tierra que fue usurpado entre otros factores gracias a un fenómeno de cooptación de la institucionalidad que pareciera estar destinado a repetirse en el presente.

Sobre este nuevo proceso de secuestro institucional en función del despojo hemos alertado en el pasado a partir de situaciones como la ocurrida en el año 2019 con el Juez Segundo de Apartadó, Alejandro Rincón Gallego, quien tuvo el descaro de agredir y amenazar a una mujer víctima por atreverse a reclamar las tierras de los bananeros en una audiencia en la que ese juez aseguró que la restitución de tierras era “la mentira más grande en Colombia”, o la entrega de la dirección territorial de la Unidad de Restitución de Tierras a Dayra Reina Hernández, otra reconocida defensora de opositores y declarada enemiga de la restitución.

El mensaje que nos transmite el Estado es claro en el sentido de consolidar en el Urabá antioqueño una receta antirrestitución que tiene como ingredientes a funcionarios públicos en la rama judicial, en los entes de control e incluso en la entidad creada por la Ley 1448 de 2011 para garantizar ese derecho, que están en función de entorpecer, retrasar e impedir los procesos y, lo que es peor, estigmatizar y amedrentar a los reclamantes de tierras.

La Defensoría del Pueblo debe responder por el riesgo a los derechos a la vida y a la integridad de los reclamantes que se deriva de la amenaza latente que representa el nombramiento de José Augusto Rendón García como Defensor Regional. Nada podemos esperar de una persona reconocida por desacreditar, mancillar y amenazar a las víctimas del conflicto en cabeza de una entidad cuya función es la salvaguarda de los derechos humanos; por el contrario, su probada connivencia y aquiescencia con los beneficiarios y protagonistas del despojo puede verse fortalecida con el acceso privilegiado a la información sobre las víctimas con la que cuenta el Ministerio Público que podrá terminar siendo utilizada con fines oscuros.

Una vez más, el Estado les ha fallado a las comunidades víctimas de la violencia paramilitar en el Urabá, una vez más el poder de las élites políticas y económicas ha demostrado ser la verdadera fuente de la institucionalidad que le da la espalda a los colombianos que reclamamos verdad, justicia y garantías de no repetición.

A continuación el comunicado:

 

Por: Comunicaciones CINEP/PPP.

 

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

Cada 12 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Manos Rojas. Esta conmemoración fue creada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2002 mediante un protocolo sobre los Derechos de los niños y niñas relativo a su participación en los conflictos armados. Una fecha en la que se busca sensibilizar al mundo sobre el uso y reclutamiento forzado de menores en la guerra. La simbología de las manos rojas se refiere a la necesidad de ponerle un alto al uso y reclutamiento de menores con fines bélicos. Se utiliza el símbolo de la mano roja como una señal de ¡alto! ¡deténgase! ¡no más reclutamiento! ¡no más niños, niñas ni adolescentes en la guerra!”, ¡no más utilización de menores por parte de grupos armados irregulares ni de estructuras del crimen organizado, ni por parte de las fuerzas armadas y de policía del Estado para combatir a los oponentes en el conflicto! En Colombia quien lidera este trabajo es la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia -COALICO-.

Para comprender el problema de menores en el conflicto armado colombiano, es importante entender el concepto de niño soldado. Un niño soldado, según el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en la guerra de la ONU, es “cualquier persona menor de 18 años que forma parte de cualquier tipo de fuerza armada regular o irregular en cualquier trabajo, inclusive, pero no solo, como cocinero, informante, logístico y cualquiera que acompaña a estos grupos, excepto los familiares. La definición incluye niñas reclutadas para realizar actividades sexuales y contraer matrimonios por la fuerza”. La definición es intencionalmente amplia para que la protección abarque a la mayor cantidad posible de menores, asegurando su inclusión en los programas de desmovilización y reintegración.

Increíblemente la situación de pandemia ha puesto en evidencia cómo los grupos armados irregulares en Colombia han incrementado el reclutamiento de jóvenes, quienes se encuentran hoy aún más vulnerables ante la falta de oportunidades y la no ocupación de su tiempo en actividades que les permitan un futuro deseable. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación denunció ante la Fiscalía el aumento de reclutamiento de menores de edad en todo el país, por una variedad de grupos criminales, entre los que se cuentan grupos paramilitares, grupos del narcotráfico, las disidencias de las FARC, el ELN y la delincuencia común. Según Coalico, el año pasado se registraron alrededor de 222 casos de reclutamiento infantil, más del doble de los casos registrados en 2019. Menores de familias pobres y de regiones apartadas son los más buscados por grupos armados. Por su parte, la directora del ICBF, Lina Arbeláez, señaló que en los últimos 21 años la entidad realizó atención especializada a 6.931 niños, niñas y adolescentes víctimas del reclutamiento forzado. Es un panorama que se torna desafiante y que exige del Estado y de la sociedad en general, medidas jurídicas, socioeconómicas y sicosociales efectivas que apunten especialmente a la prevención, pero también al manejo de las violaciones ocurridas para proteger a las personas menores de edad más vulnerables.

En julio del año pasado los obispos del litoral Pacífico colombiano denunciaron el masivo reclutamiento de menores y su preocupación por el incremento de la violencia. Así retratan los obispos del Pacífico la realidad en medio de la pandemia:

“el reclutamiento de menores, el desplazamiento y la guerra por el narcotráfico, tienen sitiadas las comunidades. Se conjugan el abandono Estatal, la corrupción administrativa y la acción delincuencial de diferentes grupos armados”, expresó el Obispo Hugo Barreto de Quibdó y el Vicario Obispo de Guapi Carlos Alberto Correa. En tanto que el Obispo de Tumaco, Orlando Olave, agregó: “Llevamos cerca de 150 asesinatos en Tumaco y la costa. La situación social sigue siendo muy compleja. Igualmente, el Obispo de Itsmina/Tadó, Darío de Jesús Álvarez afirmó: “cada vez constatamos que Colombia es más territorio que Estado. Hay una gran preocupación por el reclutamiento de niños, que se agrava con la desescolarización de los jóvenes, quienes se vuelven objetivo de los grupos armados ilegales. Finalmente, el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo afirmó que “al puerto, entrada y salida de Colombia al mundo, está llegando una presencia muy fuerte de grupos armados como la guerrilla del ELN desde el Chocó, interesados en controlar la zona”.

Con esta dura realidad de violencia y abandono que viven sus comunidades, los obispos aseguran que en el Pacífico la gente les teme más a las balas que al coronavirus. Sobre todo, por la disputa que sostienen los carteles de la droga, incluido el mexicano de Sinaloa, por el control del negocio del narcotráfico.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Este es nuestro más reciente editorial, compartido en el programa Notas Humanas y Divinas que se emite todos los domingos por la Cadena Básica Nacional de RCN.

¿Cómo recomponer un mundo devastado por el coronavirus a través de una economía equitativa, justa y sostenible? Es la pregunta del informe que Oxfam Internacional entregó el pasado mes de enero.

El documento centra su atención en cómo el Covid-19 dejará cientos de millones de personas sumidas en la pobreza y cómo esta pandemia pasará a la historia como la primera vez en que la desigualdad se incrementó al mismo tiempo en todos los países del mundo. Para Kristalina Gueorgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional, la pandemia tendrá un impacto profundo. El incremento de la desigualdad dará lugar a una generación perdida en la década actual.

La encuesta realizada por Oxfam para este informe aplicada a 300 personas economistas de 79 países, da como resultado que el 87% de especialistas prevé que la desigualdad de ingresos aumentará con la pandemia. Y, más de la mitad de las respuestas dicen que es probable o muy probable que la desigualdad de género aumente, y dos tercios expresan que lo mismo sucederá con la desigualdad racial. De otra parte, dos terceras partes de economistas consideran que sus Gobiernos no han planificado medidas para luchar contra el aumento de la desigualdad.

En cambio, los impactos de la pandemia sobre los multi millonarios del mundo son mínimos: en tan solo 9 meses las mil mayores fortunas del mundo han recuperado su nivel de riqueza previo a la pandemia, mientras que para las personas más pobres esta recuperación podría tardar más de una década. La fortuna de los multi millonarios del mundo aumentó cerca de 4 billones en esos 9 meses. Hoy esta fortuna suma cerca de 12 billones de dólares. Este incremento de la fortuna de los más ricos del mundo en medio de la pandemia, bastaría para evitar que nadie cayese en la pobreza y para financiar una vacuna universal contra la COVID-19. A pesar de estas dramáticas afirmaciones, el informe de Oxfam interpela a los Gobiernos y les urge a darse cuenta de la ventana de oportunidad, cada vez más pequeña que tienen, para construir una economía justa tras el paso de la pandemia. Una economía que proteja al planeta y acabe con la pobreza. Para lograrlo, deben transformar con urgencia el sistema económico actual que profundizó el patriarcado, la dominación blanca y los principios neoliberales. Si los gobiernos empiezan a tomar medidas para reducir la desigualdad, en una década habrá 860 millones de personas menos en situación de pobreza. El futuro depende de las decisiones que tomemos ahora Estamos en un momento crucial para la humanidad.

En la carta Fratelli Tutti el Papa Francisco expresa que el neoliberalismo es un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a los desafíos cambiantes. La libertad de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres. El golpe de la pandemia obligó por la fuerza a volver a pensar en todos los seres humanos y no solo en los beneficios de algunos. La pandemia nos llama a repensar nuestros estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra existencia.

Por: Luis Guillermo Guerrero Guevara.