Movimientos Sociales

Movimientos Sociales (18)

Colombia y Latinoamérica atraviesan momentos tensos. Movilizaciones y acciones colectivas son el cotidiano de la población. Aunque sean diferentes los contextos y coyunturas de cada país, la responsabilidad para los medios de comunicación es la misma, pues su rol informativo debería ser capaz de abarcar las demandas, las exigencias y las posiciones de todos los actores, organizaciones y comunidades involucrados. En esta entrevista, Ana María Restrepo, investigadora del equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP, responde dudas acerca del rol y las responsabilidades de los medios de comunicación con respecto al cubrimiento de las protestas y las acciones colectivas. Además, hace un análisis del impacto, propósito y dificultades que tiene la protesta en el país y cómo esta se relaciona directamente con las formas en las que los medios informan estos hechos.

¿De qué manera el cubrimiento de los medios en las protestas sociales puede legitimar o deslegitimar los discursos?

Ana María Restrepo: Si el cubrimiento se reduce a registrar el disturbio o las afectaciones, por ejemplo en el caso de bloqueos de vías, no solo deslegitima sino que desinforma. En la mayoría de cubrimientos de los medios masivos de comunicación poco se habla de las demandas de las organizaciones y poco se escucha la voz de líderes y lideresas. En muchos casos, las movilizaciones no tienen que ver con movimientos que tienen una trayectoria sino también con reacciones de las comunidades a situaciones en las que otras vías no han servido para solucionar sus problemas. Por ejemplo, en las luchas sociales se recurre a los bloqueos de vías porque las otras formas de demandar soluciones no han sido escuchadas. Si los medios solo informan la coyuntura del bloqueo, la afectación, la marcha o el disturbio, no solo deslegitiman, sino que reducen la movilización social a una acción que en muchos casos puede ser violenta. Las comunidades dicen, “nosotros no salimos a marchar pensando en que haya violencia” y muchas veces esta violencia surge por la confrontación y la contención de la protesta de modo violento por parte del ESMAD, que finalmente atiende órdenes de los gobiernos locales o del Gobierno nacional.

Por otra parte, los medios alternativos y las mismas organizaciones han empezado a informar mucho mejor sobre sus demandas: producen información constante que muestra el proceso de la movilización, el avance en las negociaciones, de dónde vienen. En nuestra base de datos de luchas sociales, el principal motivo de movilización, actualmente, son los incumplimientos, por parte de gobiernos locales, departamentales o nacionales, de acuerdos que dieron fin a movilizaciones anteriores. Entonces, informar todo el proceso permitiría comprender el motivo de la movilización y permitiría legitimar a la movilización social como una forma de participación política.

La estigmatización, criminalización e invisibilización son características del cubrimiento de los medios en hechos de protesta social ¿cuál es el efecto de esto en la sociedad?

AMR: Esto tiene un efecto muy grave, y creo que en este momento lo estamos viviendo con más fuerza porque se construye un marco cultural en el que es negativo protestar y se concibe la posibilidad de encarcelar a los líderes, de negar el derecho a la protesta, hasta lo que estamos viendo como el asesinato de líderes y lideresas sociales. Lo anterior no es solo responsabilidad de los medios, también es del Gobierno nacional. En el Gobierno actual hemos escuchado a muchos funcionarios negando el derecho a la protesta o tergiversando las demandas y las acciones de las organizaciones.  Eso genera un panorama negativo en un país al que le falta mucho para comprender la importancia de que las organizaciones, las comunidades y la ciudadanía salgan a manifestar sus demandas, porque en muchos casos es la única forma de llamar a los gobiernos a que solucionen cuestiones como una vía dañada o un acueducto que no garantiza su derecho al agua.

¿Qué tipo de actor son los medios de comunicación a la luz de las acciones de protesta?

AMR: Los medios de comunicación deberían ser un actor que informe y que incluso facilite la resolución de los conflictos sociales, no solo dando voz, principalmente al que dice tener la solución, sino también tratando de entender compleja e históricamente la situación que llevó a esa organización o esa comunidad a manifestarse. Además, los medios no dan a conocer que las comunidades y las organizaciones no solo se quejan, también son propositivas e identifican a quien deben dirigir sus demandas; por eso reconocen un adversario que es aquel responsable del conflicto que los afecta o con el que se puede construir una solución. No se trata de la definición de un enemigo, sino de recurrir a las acciones colectivas contenciosas para poner en lo público una conversación o un debate sobre lo que les afecta.

Es importante diferenciar a los medios alternativos porque son un actor que se implica en la movilización. Los medios alternativos, las redes sociales y los medios de comunicación de las propias organizaciones han empezado a aportar eso. Un caso muy interesante es el paro agrario del 2013, en el que mientras los medios masivos solo estaban informando sobre las afectaciones al abastecimiento de alimentos en Bogotá, estos otros medios empezaron no solo a informar sobre las demandas sino también sobre las acciones de violencia por la contención de la protesta, lo que generó solidaridad urbana con ese campesino boyacense que se estaba manifestando, ese pequeño o mediano productor. Una solidaridad urbana, también, de los jóvenes que se vio a través de las redes sociales y eso obligó a que los medios masivos nacionales tuvieran que complejizar su forma de informar sobre esta movilización. A partir de ahí en la base de datos de luchas sociales de Cinep/PPP notamos que se empezaron a cubrir mejor algunas de las protestas.

En la base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP, que lleva 40 años haciéndole seguimiento a la protesta social. Creemos que para comprender bien una movilización es necesario identificar ¿quién la convoca?, ¿quiénes participan?, contra quien están dirigiendo sus demandas –eso habla de esta cuestión propositiva y además de la posibilidad de negociación–, ¿cuáles son esos motivos? en la voz misma de los manifestantes –eso es muy importante para entender no solo la razón de la lucha sino qué se entiende por la exigencia de ese derecho–. Otra cosa importante es que los medios deberían hacerle seguimiento a las protestas: ¿a qué acuerdos se llegaron? ¿Qué pasó después? Es una forma de veeduría. Todo esto ampliaría la compresión sobre la protesta en el sentido de que la ganancia de un derecho peleado por las organizaciones sociales es una ganancia para toda la sociedad.

 

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones

En el marco de la feria del libro de Bogotá, el Cinep/PPP lanzó el libro Cuando la copa se rebosa: Luchas sociales en Colombia 1975-2015. Este texto recoge información registrada durante 40 años en la Base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP y la analiza a profundidad en 5 capítulos.

Durante el conversatorio del lanzamiento, Camilo Borrero expresó su análisis de los capítulos del libro. “Yo divido este libro en dos partes: unos artículos convencionales, que es lo que se espera de un libro de tipo histórico; y otra más novedosa, que analiza la movilización social con nuevos conceptos que permiten otro tipo de análisis”, dijo.

Los capítulos convencionales de los que habla Borrero son el 1, 2 y 5 del libro. Los primeros dos ejes, escritos por Mauricio Archila, se centran en la trayectoria de las luchas sociales en Colombia y en la relación que han tenido con el Estado. Por su parte, en el quinto capítulo, Leonardo Parra explica las transformaciones del mundo laboral entre 1975 y 2015 y explica las razones de la baja sindicalización en el país y las pérdidas de las conquistas históricas de los trabajadores a partir del estudio del sector eléctrico.

Los análisis más novedosos que comentó Borrero son el 3 y 4 del libro. En estos, las autoras no solo hacen un análisis convencional de tipo histórico de las acciones sociales colectivas, sino que introducen nuevos elementos que complejizan las miradas sobre cada tema. Martha Cecilia García en su capítulo examina las diferentes visiones de desarrollo que han impulsado movilizaciones sociales en diferentes casos regionales. Además, Ana María Restrepo, complejiza la mirada de las luchas sociales a partir de su relación el espacio bajo los conceptos de espacio y región.

Con esta distinción, presentamos parte de la información recopilada en Cuando la copa se rebosa: Luchas sociales en Colombia 1975-2015

 

 

Baja sindicalización y flexibilidad laboral, ¿realidad del trabajador colombiano?

¿Cuáles han sido los cambios en el mundo laboral colombiano expresado en las luchas laborales? Leonardo Parra, investigador del Cinep/PPP, expone en Transformaciones del mundo laboral 1975-2015 como la subcontratación, la flexibilidad laboral y el bajo sindicalismo han configurado el mundo laboral colombiano. El investigador ejemplifica esta situación con el sector eléctrico debido a su aportación al Producto Interno Bruto, su privatización y que el 90% de los trabajadores están tercerizados.

Parra hace un recorrido histórico por el sector reconstruyendo las luchas laborales de los trabajadores en los años 70 al 90, la reconstrucción de los factores de la privatización y la incursión de las empresas extranjeras. Y concluye con la consecuencia que generó en el mundo del trabajo la privatización del sector eléctrico, que tiene que ver con la erosión de las condiciones laborales de los trabajadores como un plan estratégico de las nuevas empresas.                         

La apropiación del espacio en los movimientos sociales

La Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep/PPP (BDLS) da cuenta de la historia y la memoria de las movilizaciones en el país de 1975 a 2015, y ha registrado más de 23.000 protestas. Ana María Restrepo en el capítulo El espacio en movimiento. Cómo pensar la producción del espacio en cuarenta años de luchas sociales en Colombia se enfoca en entender la relación entre la protesta y el espacio, y propone una lectura espacial de estos datos históricos. 

A partir de las comprensiones de región, territorio y lugar, la autora se aproxima a diferentes posibilidades de lectura para entender el papel del espacio en la movilización social. Respecto al lugar, Restrepo indica que tiene un papel fundamental en la protesta social porque, por ejemplo, cuando se escoge como lugar una vía para un bloqueo, esto no solamente habla de la necesidad de hacerse oír, sino del ejercicio de organización colectiva y de la “marcación espacial para disputar, en últimas, el espacio social”. 

Sobre el territorio la autora analiza este como un espacio colectivo y personal donde incide el control y donde se desarrollan, cada vez más “protestas por motivos ambientales que reivindican la posibilidad de existencia en ese espacio”. Y en lo que respecta a la región su lectura permite revelar cómo esta dimensión define aspectos de la vida de las persona, presencias espaciales y, presenta el Catatumbo como ejemplo de un escenario de luchas por el desarrollo regional.  

Miradas del desarrollo en las luchas sociales

En 200 años de independencia, A Colombia se le ha categorizado como un país en “vía de desarrollo” que necesita seguir el modelo europeo para alcanzarlo. De ahí que la construcción de país se haya pensado en esta perspectiva.Pero, ¿qué efectos tiene esto para la vida económica, social y cultural de las comunidades y los pueblos?? Martha Cecilia García, investigadora del Cinep/PPP, analiza estas implicaciones en el capítulo Visiones de desarrollo en las luchas sociales 1975-2015, a través de la revisión de  distintas nociones de desarrollo expresadas en en 40 años de luchas sociales. 

En Colombia, ¿la salud es un acto de caridad o un derecho?, ¿es primordial el derecho de la gente a su tierra o la generación de energía?, ¿se crean municipios para reconocer territorios o disfrutar su independencia fiscal y las riquezas naturales que posee?, ¿qué es más importante, proteger los recursos naturales o su uso comercial?

La autora retoma seis eventos para responder a estas preguntas y ahondar en su estudio sobre las visiones de desarrollo: 1) la lucha por el derecho a la salud, 2) la construcción de hidros (hidroeléctricas y represas), 3) la creación de municipios como estrategia de ascenso en el ordenamiento territorial, 4) el dilema entre la ecología y el. progreso, 5) la ilusión del desarrollo regional y 6) el extractivismo minero energético. De cada uno García hace un recuento de diversos eventos contenciosos que, tal como lo señala, “dejan al descubierto las divergentes y opuestas nociones de desarrollo que se expresan” y evidencian las consecuencias de las nociones neoliberales que han contribuido a configurar las denominadas “víctimas del desarrollo”.  

Estado, ¿amigo o enemigo?: el control de las protestas

La relación entre el Estado y los movimientos sociales ha estado marcada por varias dinámicas: enfrentamiento, conflictividad y fortalecimiento mutuo, aunque esta última no se perciba así. En el capítulo Control de las protestas: una cara de la relación Estado y movimientos sociales, 1975-2015 Mauricio Archila, describe y analiza el control estatal de las protestas, enfocándose en el rol que cumple la Policía , por un lado, porque es un tema poco estudiado y, por otro, porque es un actor principal en el cumplimiento de esta función. Además, según el autor, este enfoque es clave para el rumbo de la participación ciudadana en el escenario del posconflicto. 

En el capítulo, Archila reconoce que la relación Estado y movimientos sociales tiene varias caras y da cuenta de dos de ellas: la represión y la negociación. Respecto a la primera se detiene a analizar choques violentos, acciones de presencia de la fuerza pública e ilegalización de las protestas; por su parte, sobre la segunda, se tuvieron en cuenta acuerdos o diálogos. 

El autor indica que hay que desvincularse de las visiones idealizadas que se tienen de ambas figuras: “los actores sociales como puros e incontaminados de violencia” y el Estado como “el rostro de la represión”.  Además, llama la atención sobre el discurso sobre la protesta en el que “no se concibe como un derecho ciudadano, sino en el mejor de los casos se asimila a un crimen”. 

Archila no solo realiza un recuento histórico de la represión policial, sino que demuestra con cifras los años en los que han sido más altos los actos de violencia estatal contra los manifestantes e indica que “la función reguladora estatal se atrofió mientras creció la coersión”. 

 

Descarga una muestra del libro aquí: Cuando la copa se rebosa, luchas sociales en Colombia 1975-2015

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes: 
María Fernanda Vera, Lida Bocanegra, Jenny Castellanos

Asesores temáticos:
Martha Cecilia García
Ana María Restrepo
Santiago Garcés

 

El tercer derecho consagrado en la Declaración universal de los derechos humanos, es el derecho a la vida. Sin embargo, este derecho termina siendo uno de los más violados en contextos como el colombiano. Ante esta situación, se hace necesario que entorno a este tipo de violencia, la ciudadanía se manifieste para exigir respeto por la vida.

La defensa del derecho a la vida en Colombia no es algo nuevo. El violento contexto que han vivido las comunidades, tanto en el campo como en las ciudades, ha llevado también a levantar la voz de protesta y a salir a las calles para rechazar los asesinatos, para exigir justicia y para demostrar que, a pesar de la violencia mortal, hay quienes quieren construir mejores condiciones para sus comunidades. 

 La defensa de la vida en Colombia

La Base de datos de Luchas Sociales de Cinep/PPP, recopila información histórica sobre las luchas protagonizadas por diversos sectores sociales. Esta base registra 1784 luchas sociales por el derecho a la vida entre 1975 y 2018. A continuación, los datos por año y la participación departamental de estas luchas.

 

30 años resistiendo a la violencia

La anterior gráfica muestra el comportamiento, en cantidad, de las luchas sociales por la vida en Colombia. Estas movilizaciones suelen ser reactivas, es decir, se producen como respuesta a un incremento del número de asesinatos y acciones violentas en determinada región. A continuación, los años en los que se presentaron más movilizaciones por la vida con sus contextos que explican estos incrementos. Y muestran además, algunos de los protagonistas de las historias de horror y de las historias de resistencia y manifestación por el derecho a la vida y a la integridad desde 1988 hasta 2018.

 

Marcha por la vida 2019: por los liderazgos sociales

A finales de junio de 2019 un video sacudió la opinión pública. Se trataba de un niño llorando desesperado porque acababan de asesinar a su madre, María del Pilar Hurtado, en Tierralta, Córdoba. Esta imagen no sólo develó el drama más cercano, del asesinato selectivo a líderes sociales, sino que despertó una amplia indignación en muchos sectores. Semanalmente los medios de comunicación han presentado desde la firma del Acuerdo asesinatos de personas que adelantaban gestiones en diversos temas, para para enfrentar injusticias, exclusiones o desigualdades en sus comunidades.

Los dolorosos gritos de ese niño llamaron la atención de la ciudadanía en general para hacer algo en defensa de los liderazgos sociales. Así, se convocó a una marcha el 26 de julio. Múltiples sectores atendieron y salieron a las calles en ciudades de todo el país y en el exterior. Convocados para exigir respeto por el derecho a la vida ante los armados y para exigir celeridad en la justicia de estos casos ante el Estado. Estas son las voces de los representantes de algunos sectores sociales que marcharon ese viernes en Bogotá y sus motivaciones.

 
 

Por los liderazgos sociales

La marcha del 26 de julio, por los líderes sociales, en imágenes

 

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes: 
María Fernanda Vera, Lida Bocanegra, Deivyd Manrique

 

Asesora temática: Martha Cecilia García

A veces a la gente se le acaba la paciencia. A veces los colombianos sentimos que no damos más. Eso es lo que se expresa en el libro Cuando la copa se rebosa: Luchas sociales en Colombia 1975-2015. Sus cuatro autores, Mauricio Archila, Martha Cecilia García, Leonardo Parra y Ana María Restrepo hacen una lectura crítica sobre las relaciones que explican las luchas sociales en Colombia.

Su lanzamiento fue el primero de mayo en la Feria Internacional de Libro de Bogotá, evento que contó con la participación de la co autora Martha Cecilia García, y el aporte de Esmeralda Prada, y Camilo Borrero, quien mencionó que la importancia de esta publicación yace en “la recopilación de información de 40 años de luchas sociales. Creo que casi ningún otro libro logra una tarea tan grande y rigurosa”. Esa recopilación terminó siendo un trabajo de más de tres años y la lectura de cerca de 23,000 acciones de protesta registradas por la Base de Datos de Luchas Sociales (BDLS) de Cinep/PPP.

Esa Base cumplía cuarenta años en el 2015, momento en el que los autores decidieron escribir este libro como una forma de dar a conocer las distintas dimensiones que la acción social colectiva ha tenido en el país. Para esto, hacen a través de la publicación un análisis centrado en cuatro ejes, cada uno con un capítulo. En cada una de las diferentes aproximaciones se hace evidente lo que Martha Cecilia García deja en evidencia en la introducción: “La cobertura periodística de las luchas sociales se reduce por la denominada «parcialidad geográfica y temporal»: hay lugares del país que no se cubren, en algunos momentos tampoco se registra ese tipo de eventos y, además, los periodistas tienden a cubrir sucesos localizados en zonas donde ya se han producido casos similares previamente reportados.”

Los primeros dos ejes, escritos por Mauricio Archila, se centran en la trayectoria de las luchas sociales en Colombia y en la relación que han tenido con el Estado. Se entiende a la Policía como un actor fundamental en el control de la protesta, aunque “ella no siempre choca con la ciudadanía protestataria, a veces dialoga, negocia y colabora”. Allí, se encontró un comportamiento extraño en el que la represión policial disminuía en general, exceptuando los años recientes. Sin embargo, y como lo escribe Archila en las conclusiones, este libro “hace evidente que una base de datos es algo más que un listado de registros en una serie estadística, y que trabajar con ella implica también hacerse preguntas de fondo y realizar análisis sopesados sobre temas cruciales de la sociedad a partir de la información que ella contiene”. De esa nueva visión, surgió la pregunta sobre los mecanismos legales e ilegales de represión y la cultura política de la sociedad y la Policía.

El segundo foco de análisis fue las nociones de desarrollo que las diferentes luchas sociales tuvieron en esos 40 años. El capítulo, escrito por Martha C. García, hace referencia a las distintas nociones que los actores privados y públicos (normalmente entendidos como antagonistas), y movimientos y organizaciones sociales tienen sobre el desarrollo. Estas visiones han enmarcado su lucha, pues sus peticiones se ven en la disputa por servicios de salud y educativos; la oposición a actividades minero-energéticas sustentadas por compañías multinacionales e hidroeléctricas; y luchas que superan lo económico como lo son los elementos políticos, ambientales, culturales y territoriales. Ese último elemento es la tierra, ese concepto a veces tan abstracto que ha llevado a cientos de personas a luchar por lo que les pertenece, y que Galeano (como lo cita García) entendió como “un llamado al país para que vuelva a su vocación agropecuaria y pesquera, porque tenemos un modelo de desarrollo importado”.

La tercera aproximación es descrita por Ana María Restrepo como la importancia de reflexionar sobre la producción y transformación del espacio en las luchas sociales en Colombia. Su preocupación va más allá de las protestas que tienen como eje el reclamo del territorio, y logra analizar el espacio como un eje principal de las movilizaciones: “las protestas tienen sus propios territorios: lugares emblemáticos en los que se pone en juego el poder de hacer públicas las demandas; pero también tienen sus procesos de dispersión territorial: redes que constituyen regiones a veces como espacios de protección y a veces como herramienta de fortalecimiento de una acción colectiva.” Los movimientos sociales, concluye la autora, determinan las dimensiones espaciales y son determinados, a su vez, por ellas.

El último eje de análisis lo escribió Leonardo Parra para mostrar las transformaciones del mundo laboral entre 1975 y 2015 y explicar las razones de la baja sindicalización en el país, las pérdidas de las conquistas históricas de los trabajadores, y la disminución de las movilizaciones en el sector eléctrico. Para el autor, “la privatización del sector eléctrico en Colombia fue un proceso que tuvo como consecuencia la erosión de las condiciones laborales de los trabajadores.” Este proceso hizo parte de un plan estratégico que realizaron empresas privadas en dos décadas por medio de despidos masivos, sobrecarga laboral, debilitamiento de sindicatos y violencia ejercida hacia ellos por parte de grupos paramilitares, y tercerización del trabajo.

Por ese análisis profundo sobre las luchas sociales en Colombia es que Alejandro Angulo Novoa S.J. escribe en el prólogo que “su aporte material es un análisis sustantivo de las relaciones que explican las luchas sociales en Colombia y una denuncia bien fundamentada de la forma de mantener un sistema social estructurado sobre la inequidad, la famosa democracia de papel en la que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros.”

Tanto Esmeralda Prada como Camilo Borrero dejaron en evidencia durante el lanzamiento que la investigación rigurosa que hicieron los cuatro autores fue un proceso de trabajo arduo y constante. El equipo de Movimientos Sociales de Cinep/PPP recopiló información de más de 40 años de múltiples luchas registradas por la organización y, en voz de Martha C. García, dedicó el libro “a todas las personas que se han tomado el coraje de salir a las calles a alzar su voz”.

Laura Cristina Vásquez
Equipo de comunicaciones 

 

A finales de los años 70 y comienzos de los 80, el Departamento –así se llamaban en esa época los equipos– de Trabajo Rural de Cinep, conformado por León Zamosc, quien lo coordinaba, Silvia Rivera, Diana Medrano y Cristina Escobar, se dio a la tarea de apoyar a la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), especialmente a su ala más radical, la llamada Línea Sincelejo, que en ese momento mostraba signos de división y debilidad organizativa así como de reflujo en sus luchas. Además de actividades de acompañamiento y educación, el equipo rural emprendió una desafiante pesquisa sobre la historia de dicha organización.[1] En esa dirección recopilaron la documentación oficial emitida por el Estado y especialmente el Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), así como la producida por los dirigentes de las distintas organizaciones campesinas, regionales y nacionales. Acudieron también al archivo de prensa del Cinep y del Incora. Y realizaron más de 150 entrevistas a lideres campesinos y funcionarios estatales. Los frutos de esa investigación fueron tres publicaciones y un rico archivo que recogía esas fuentes, que con el tiempo se conoció como el Archivo de luchas Campesinas.[2]

 Investigadores del área rural que reemplazaron a Zamosc y su equipo, guardaron celosamente este archivo no en la Biblioteca, sino en sus oficinas. Algunos tuvimos la oportunidad de revisarlo y así lo reconocimos en respectivas publicaciones.[3] Desafortunadamente la rotación de personal, cambios locativos y decisiones administrativas nada acertadas a mediados del decenio pasado hicieron que el archivo de luchas campesinas se perdiera.

 En 2017 León Zamosc, actualmente profesor de Sociología de la Universidad de California en San Diego, se enteró de esa pérdida y generosamente decidió reponerlo parcialmente entregando algunos de los documentos que guardaba en su “archivo de baúl”, según expresión Orlando Fals Borda. En efecto a comienzos de 2018 hizo entrega a la Biblioteca de Cinep de tres paquetes documentales que fueron rápidamente escaneados para preservarlos por medios virtuales.

 De esta forma el actual Archivo de Luchas Campesinas que presentamos consta de tres secciones: la primera “Documentos varios” contiene, como el nombre lo indica, algunos textos recopilados en la mencionada investigación sobre la Anuc en los años 70; la segunda guarda extractos de cerca de 150 entrevistas a líderes y dirigentes campesinos así como a funcionarios estatales de la época;[4] y la tercera abarca informes de talleres con organizaciones campesinas, hechos en 1983 por los continuadores del equipo rural con la idea de socializar dicha investigación. Esos son las fuentes originales que hoy ponemos a disposición del público, como fue el deseo de León Zamosc al donarlas.

 Mauricio Archila Neira

América Latina: auge de las luchas reivindicativas


Opiniones de algunos sectores de la Anuc-Línea Sincelejo


Entrevistas Base ANUC

________________

[1] Fernán González, “La experiencia del CINEP: una escuela de investigadores, en Fernán González, editor, Una opción y muchas búsquedas, Bogotá, Cinep, 1998, pp. 43-44.

[2] Los libros fueron: León Zamosc, Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años setenta, Bogotá, Cinep, 1982;Cristina Escobar, La trayectoria de la Anuc, Bogotá, Cinep, 1982; y

[3] Tal fue mi caso: Mauricio Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas, Bogotá, Cinep, 2003. Carlos Salgado y Esmeralda Prada también lo utilizaron en su libro Campesinado y protesta social en Colombia, 1980-1995, Bogotá, Cinep, 2000. El último investigador que pudo consultarlo fue Alexander Pereira para su tesis de pregrado sobre Orlando Fals Borda en la carrera de Historia de la Universidad Nacional en 2005.

[4] Allí se encuentran interesantes testimonios de dirigentes sociales y políticos de ese entonces; no deja de ser curioso que algunos de ellos hoy se ubiquen ideológicamente en las antípodas de lo que eran en ese momento.

La Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP ha registrado desde 1975 la trayectoria de las luchas estudiantiles que se han dado en el país hasta nuestros días.

Este especial hace un reconocimiento a estas luchas, a los estudiantes que han sido asesinados en la defensa del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, a los maestros y trabajadores de las universidades e instituciones públicas que hacen parte de estas reivindicaciones y al movimiento estudiantil colombiano.

 

Una historia de luchas*

En esta línea de tiempo encontrarás los hitos más importantes de la movilización estudiantil. Desde 1910 a nuestros días, los estudiantes han sido uno de los actores activos de movilización más importantes en Colombia.

 

 

 Radiografía de las luchas estudiantiles : de las motivaciones a los retos.

¿Por qué es importante la movilización hoy?

Mauricio Archila, investigador del equipo de Movimientos sociales y profesor de la Universidad Nacional de Colombia reflexiona sobre algunos puntos importantes para entender la movilización estudiantil del 10 de octubre de 2018.

 

 

*Este especial fue elaborado con la información suministrada por el equipo de Movimientos sociales del Cinep/PPP

Equipo de Movimientos sociales

Mauricio Archila
Martha Cecilia García
Leonardo Parra

Equipo de comunicaciones 

Miguel Martínez
Mónica Osorio Aguiar
Laura Inés Contreras Vásquez

 

Bogotá, 16 de septiembre de 2018

Señor ministro:
En menos de mes y medio usted ha hecho dos pronunciamientos públicos sobre la protesta social. La primera vez, antes de su posesión como ministro de defensa, pidió que ésta fuera ordenada y que representara los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo. Quisiera contarle que la protesta es, ante todo, un acto disruptivo que se despliega en escenarios públicos, mediante el cual grupos diversos expresan demandas o reivindicaciones propias y particulares, motivo por el cual no puede representar los intereses de todos los colombianos. Las protestas son una forma de acción política no institucional que pone en evidencia precisamente las diferencias en el seno de la sociedad. Diferencias culturales, étnicas, de género, generacionales, religiosas, lingüísticas, de capitales políticos, económicos, de posibilidades de incidir en los asuntos que rigen la vida colectiva, entre otras.

Señor ministro: no le tema a la diferencia, es parte de este país rico en biodiversidad, es decir en formas de vidas distintas –humanas y no humanas–, capaces de interactuar. No pida la homogeneidad, nada más aburrido que ser idénticos, nada más patético y antidemocrático que el pensamiento único. No le tema a las multitudes en las calles y en las carreteras, más bien dispóngase al diálogo, a la escucha, a la mirada, al reconocimiento de las múltiples otredades que hacen este país.

La segunda vez que se refirió a la protesta –precisamente a un día de conmemorarse 41 años del Paro Cívico Nacional de 1977– la criminalizó al asegurar que es financiada con los dineros ilícitos de cinco grupos armados organizados. Con tan temeraria afirmación, usted resta la posibilidad de que múltiples y diversos grupos sociales tengan voz y visibilidad, niega la autonomía de grupos, organizaciones y movimientos sociales para expresar desacuerdos, necesidades, propuestas, ocluye la posibilidad del diálogo social al que tantas veces se ha referido el actual presidente y, lo que es peor, termina recordándonos las palabras del ministro Lemos Simonds y el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa en 1990.

Sus tesis en esta segunda intervención me suscitaron muchas preguntas y voy a plantearle algunas, recurriendo a las expresiones que en ella utilizó:
¿Sabe usted cuál de los grupos armados que “corrompen y financian la protesta social” costeó la marcha llevada a cabo en Pereira y Armenia el 13 de marzo de 1998, convocada por el comité intergremial, Fenalco, y la Iglesia Católica por el derecho a vivir, después de una oleada de actos delincuenciales y asesinatos ocurridos en estas dos capitales departamentales? ¿Cuál de esos grupos pagó la marcha convocada por la Cámara de Comercio de Caquetá el 13 de mayo de 2014, en la que participaron comerciantes y sus empleados, y ganaderos, bajo la consigna "Caquetá sí existe", para pedirle al gobierno poner más atención a la reactivación económica del departamento y atender las demandas de los paros para que no los afecte a ellos?

¿Cuáles son las mafias organizadas que siempre han estado detrás de las protestas convocadas por el Centro Democrático contra las Farc y el secuestro (por ejemplo, la del 4 de febrero de 2008) y en contra de las negociaciones de paz con las Farc y por la dignidad de las Fuerzas Armadas llevadas a cabo el 7 de agosto de 2015 y 2 de abril de 2016? ¿Esas mafias también empujaron al partido del presidente actual y a otros promotores del NO a encabezar una marcha para exigir a la mesa de negociaciones de La Habana que se respetara el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y se tuvieran en cuenta las propuestas que hicieron, y para mostrar su rechazo a la "ideología de género" del acuerdo? ¿Han continuado financiando al CD que el 1° de abril de 2017 lideró una marcha en Villavicencio, en contra del gobierno de Santos bajo la consigna: "No permitamos que Colombia se convierta en Venezuela"?

Y recurriendo a su buena memoria, sáqueme de una duda, señor ministro: ¿cuáles son las mafias de verdad que fomentaron aquella protesta incitada por militares del Batallón de Infantería No. 40 ‘Coronel Luciano D'elhuyar’, el 29 de marzo de 1992, en El Carmen de Chucurí, con la que se intentó impedir la detención del alcalde de ese municipio y de 26 personas más investigadas por la Fiscalía por presuntamente pertenecer y/o auxiliar a paramilitares? ¿Acaso son las mismas que sufragaron la marcha nacional del 6 de diciembre de 2011, convocada por el Ejército Nacional para exigir a la guerrilla de las Farc ponerle fin al secuestro y que, según dijo el propio presidente de la República, fue una manifestación de rechazo a la violencia?

Podría contarme a mí y a otros curiosos ¿cuáles son las mafias supranacionales que respaldaron al Obispo de Cúcuta cuando lideró una marcha el 11 de octubre de 1984, contra el desempleo, la desnutrición y el analfabetismo? ¿Son las mismas que prohijaron las marchas lideradas por la iglesia católica, en septiembre de 1992, para rechazar la abolición de la enseñanza religiosa en los colegios? ¿Existe alguna relación entre las mafias internacionales que apoyan a dicha iglesia y las que impulsan las protestas de grupos cristianos como las realizadas entre 2005 y 2006 en diversas regiones del país en contra de pérdida de valores, contra el aborto y el homosexualismo, y el “arrodillatón” del 16 y 17 de mayo de 2016 en contra de la decisión de un juez de suspender la práctica de la oración antes de iniciar las sesiones del Concejo Municipal de Cartagena, atendiendo el mandato constitucional de no imponer prácticas religiosas de manera obligatoria?

¿Cuál de los cinco grupos armados organizados que usted mencionó pagó las marchas contra el secuestro llevadas a cabo en diciembre de 1996, convocadas por Francisco Santos, actual embajador en Estados Unidos, y su Fundación País Libre? ¿Cuál mafia corrompió y financió la marcha global citada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el 1° de abril de 1998, contra las formas intolerables de trabajo infantil?
Como estos, hay miles de ejemplos de protestas sociales en la historia reciente del país en los cuales, como he querido mostrar, no se podrían hacer señalamientos como los que usted hizo, que terminan criminalizándolas.
Señor ministro: buena parte de los manifestantes saben que la protesta es un derecho consagrado constitucionalmente. Pero ello no basta. Por eso, lo que también se exige en las protestas es contar con garantías para ejercer este y el derecho a tener derechos como ciudadanos de este país.

Cordialmente,

Martha Cecilia García V.
Investigadora del Cinep

Qué debería contener una Ley sobre el derecho a la protesta, y qué tan adecuado es el camino que ha sugerido el nuevo ministro de Defensa

Por: Mauricio Archila* y Martha Cecilia García**

De opositor a promotor

En días pasados, Guillermo Botero, —designado como Ministro de Defensa del gobierno e de Iván Duque— habló sobre la protesta social en la Cumbre Concordia Américas.

No deja de ser sorprendente que el nuevo ministro se refiriera a este tema, en lugar de  los asuntos álgidos, como la ola de violencia contra los líderes sociales, las amenazas a los periodistas, o incluso la persistencia de otras modalidades de la guerra en el campo. Pero aun así debemos reconocer que fue importante poner sobre la mesa el derecho a la protesta y expresar su interés en una Ley Estatutaria que lo reglamente.

Esto llama la atención porque de algún revive un proceso que se había estancado en el Congreso y que venía del Acuerdo de Paz: el proyecto de Ley Estatutaria sobre garantías para la movilización y la protesta que surgió del punto 2 del Acuerdo con las FARC, en cuya redacción participaron varias organizaciones sociales coordinadas por tres ONG (Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia y Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep), un proyecto que Santos había presentado  para trámite por la vía del “fast track”.  

Al parecer el Congreso se abstuvo de tramitar aquel proyecto debido a la resistencia de los gremios y de sectores de las Fuerzas Armadas. Es curioso que ahora sea Botero, el “eterno presidente” de la Federación Nacional de Comerciantes  (Fenalco) y el entrante ministro de Defensa, quien propone ocuparse del asunto.   Pero esta tardía coincidencia se disipa cuando Botero sugiere las líneas gruesas de la ley en cuestión: “En el ámbito social respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo…”

Está bien que se respete la protesta social, pues es un derecho fundamental consagrado en los artículos 37, 19, 20 y 40 de la Constitución, pero el resto de la sucinta de la declaración del ministro no puede ser aceptado por la ciudadanía en general ni -en especial- por los integrantes de movimientos sociales en Colombia. En este análisis  distinguiremos dos puntos polémicos: el ordenamiento de la protesta y los intereses que representa.

Al final propondremos algunas precisiones sobre las cifras de Cinep que el entrante ministro citó en su intervención, pues no se ajustan del todo a los de nuestra Base de Datos de Luchas Sociales.

Ordenamiento de la protesta

Aunque el ejercicio del derecho a la protesta necesita de una regulación u ordenamiento que lo garantice, también es cierto que con ese “ordenamiento” se corre el riesgo de anular ese derecho.

De nuestros estudios y análisis históricos se sigue que la protesta es una de las formas principales de participación ciudadana en Colombia, y que en la gran mayoría de los casos, ella transcurre de manera pacífica. La gente suele acudir a la protesta en situaciones o momentos límites, cuando se agotan otros canales de participación o expresión del descontento ante situaciones injustas o excluyentes.

Por eso mismo la protesta no siempre es planeada, menos aun cuando se trata de respuestas espontáneas ante actos de violencia, como cada vez con más frecuencia está sucediendo hoy con los líderes sociales.

El ideal es por supuesto notificar con anticipación a las autoridades, para que estas puedan acompañar a los manifestantes y efectuar los ajustes necesarios para la movilidad en las ciudades y regiones.

Pero no siempre es posible anunciar de antemano el lugar o la hora de una movilización, y en todo caso la ausencia de notificación no debe traducirse automáticamente en la ilegalización de la protesta. Poner un requisito perentorio de ese tipo sería cercenar el derecho a ejercer la protesta, pues, como dijimos, no siempre es planeada.

¿Qué intereses debe representar la protesta?

El entrante ministro de Defensa afirmó que la protesta no debe responder a los intereses de pequeños grupos sino al de todos los colombianos.

No entraremos en la exclusión gramatical del género femenino, pero ya hay un sesgo en la expresión “todos los colombianos”. Botero hace ese llamado apelando al interés general, que por demás es muy difícil de determinar, a menos que se suponga -como ha ocurrido a lo largo nuestra historia- que los gremios empresariales son quienes representan esos intereses.

Por otro lado, excluir los intereses particulares es anular la protesta. Precisamente, la protesta recoge la posibilidad de expresión de intereses particulares que, obviamente, deber ser debatidos y acordados en escenarios públicos más amplios.

No hablemos en abstracto, basta con pensar en la abundancia de casos de trabajadores a quienes no se le paga su salario a tiempo, de estudiantes a los que se les cae la escuela o les faltan maestros, de enfermos que no reciben atención en los hospitales porque están a punto de quebrar, de campesinos violentamente desterrados de sus tierras, de indígenas a quienes se les niega su cultura propia, o de afrodescendientes a quienes no se les reconocen sus territorios.

En fin, innumerables episodios cotidianos que muestran los pequeños y grandes desajustes de nuestra sociedad. ¿Cómo pedirles que atiendan a los intereses de “todos los colombianos”? ¿Quién determina esos intereses? Pedirlo es una forma más sutil, pero igualmente directa, de anular la protesta. Escondida tras el deseo loable de proteger los intereses generales,  la ciudadanía queda sumida en el silencio porque se ignoran sus reclamos particulares – tan particulares, en efecto,  como son los reclamos de los gremios en legítima defensa de sus propios asociados-.

Cifras sesgadas y lecturas convenientes

Ahora bien, para sustentar el proyecto de Ley sería bueno contar con una lectura acertada de las cifras de protesta que Botero ofreció en su breve presentación. Más que por purismo académico, lo sugerimos para evitar sesgos y lecturas descontextualizadas de las mismas.

El texto transcrito por los medios de comunicación dice que: “las protestas vienen en aumento: de acuerdo con las cifras del CINEP, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1.019”. Ante todo, debemos precisar que esas cifras no coinciden con nuestros datos que arrojan 827 protestas para 2010 y cerca de 760 para 2016.

Ahora, más que quedarnos en los números, nos preocupa el mensaje que está en el fondo de la frase citada. Podríamos preguntarnos por qué tomar una cifra supuestamente baja en 2010 para contrastarla con una pretendidamente alta en 2016.

O por qué no decir, por ejemplo, que en 2007 hubo 1.016 protestas, en su mayoría motivadas por los derechos humanos. Es cierto que las protestas han aumentado desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe, y que la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013, el año del “tal paro agrario”.

Pero no es cierto que bajo el gobierno Santos se hubiera producido un desborde inusitado de las protestas, como si en cambio su antecesor la hubiera tenido controlada y ordenada. Las cifras nunca son puras y menos su interpretación, pero en este caso el sesgo es más que evidente, ¿por qué? Claramente, para legitimar la intervención sobre un fenómeno que parece estar saliéndose del cauce.

Aunque esto tampoco es cierto, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Luchas Sociales en Colombia 1975-2016

 

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Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep

Por todo lo anterior nos preocupan las declaraciones del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero. Aunque compartimos la necesidad de una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía de la protesta, diferimos de los brochazos que lanzó en su propuesta en ese foro público.

Tendremos que esperar que esa propuesta se plasme en un proyecto de reforma que se pueda someter a examen más detallada. Por ahora, como va, no garantiza el derecho fundamental a la protesta sino que apunta a reprimirla y anularla.

Creemos que si el nuevo ministro de Defensa honestamente quiere promover una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía a la protesta, no sólo debe pensar en las objeciones que le formulamos sino comprometerse a consultar, de manera amplia, a las organizaciones sindicales y sociales para llegar a consensos para consolidar la democracia.

Así podrían superarse, como promete el nuevo presidente, las polarizaciones en el país. Entretanto, declaraciones como las comentadas, no son el camino para lograr esos acuerdos fundamentales.

 

*Ph. D. en Historia, Profesor titular de la Universidad Nacional e investigador del  Cinep/PPP.

**Socióloga con maestría en Urbanismo, investigadora del Cinep/PPP.

Artículo publicado en Razón Pública el 23 julio de 2018

 

El Cinep/ Programa por la Paz, La Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la Escuela Nacional Sindical y la cooperativa Confiar presentan la edición más reciente de la revista Controversia dossier "Territorios y Construcción de paz".
El presente número, con sus siete artículos y tres reseñas, se concentra en la complejidad del momento coyuntural que atraviesa hoy el país en su reto de iniciar procesos de construcción de paz desde los territorios.

Dossier "Territorios y construcción de paz"

Presentación

Por Víctor Barrera.  Leer

 Artículos del Dossier 

  • ¿Gobernabilidades híbridas o gobernanza institucionalizada en Colombia? Elementos para pensar la paz territorial en un escenario de transición. Leer
  • “Ya no vamos a poder dejar las puertas abiertas”: experiencias territoriales de cara al actual proceso de paz en Colombia. Una mirada a la región de El Pato. Leer
  • Las Farc y las organizaciones comunitarias en San Andrés de Tumaco: desafíos territoriales ante una eventual implementación de los Acuerdos de La Habana. Leer
  • Las prácticas paramilitares en el Alto Nordeste Antioqueño. Leer
  • State Expansion, Insurgent Resistance, and Territorial Control in Arauca 2002-2010. Leer
  • Enfoques sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescente. Leer
  • Pensar la paz… solo cuando tenga la tierra. Leer

 Reseñas 

  • Archila, M. (coord.); Arboleda, Z.; Coronado, S. et al. (2015). “Hasta cuando soñemos”, Extractivismo e interculturalidad en el sur de La Guajira. Bogotá: Cinep. Leer
  • Gloria Isabel Ocampo, Poderes regionales, clientelismo y Estado: etnografías del poder y la política en Córdoba, Colombia, Bogotá, Colección Territorio, Poder y Conflicto. Leer
  • Vásquez Delgado, T. (2015). Territorios, Conflicto Armado y Política en el Caquetá: 1900-2010. Bogotá: Uniandes. Leer

  

Edición impresa 
N.° de páginas: 349 | Tamaño: 16,5 x 21,5 cm | ISSN: 0120-4165 
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Hace 25 años existe el Seminario de Movimientos Sociales. Mauricio Archila, coordinador de este espacio nos contó lo que ha significado el Seminario para la academia, para Cinep/PPP y las lecciones aprendidas durante este tiempo.

¿Cómo surge el seminario de Movimientos sociales en Cinep?

Mauricio Archila: Hay una tradición de seminarios en Cinep desde sus orígenes porque como siempre tuvo esta práctica investigativa y académica, siempre hubo seminarios. Entonces hubo varios seminarios, unos muy famosos, como el de El Capital de Marx, que leímos los tres volúmenes, cada semana o cada 15 días alguien exponía y se elaboraban actas. Luego hubo unos seminarios cuando el Cinep estaba organizado por actores sociales, porque había un grupo de sindicalismo, otro de campesinos, otro de cívicos o de estudios urbanos, hasta existió uno de grupos cristianos. Y en el año 81 yo estuve en el equipo laboral y teníamos un seminario sobre este tema. Con algunas personas que trabajábamos el tema de movimientos sociales comenzamos a reunirnos, esa fue la iniciativa.

Hace 25 años, sin proponérnoslo, sin saber que iba a durar tanto, comenzamos a juntarnos para leer libros que nos alimentaran la reflexión y también discutir avances de investigación o de acompañamiento porque muchos de esos equipos también combinaban la cuestión de talleres, en este caso, sobre todo con los sindicalistas y trabajadores. El origen remoto es la tradición de Cinep de seminarios y algunos que coincidimos en el tema, nos juntamos alrededor de este.

¿Cómo fueron esos primeros encuentros? ¿Solo asistían quienes trabajaban en Cinep o también venían de afuera?

M.A: Este seminario en particular tuvimos la posibilidad de que alguien externo viniera, sobretodo porque como yo soy profesor de la Universidad Nacional, algunos estudiantes míos querían venir por motivo de sus tesis o de alguna investigación, siempre estuvo abierto para ellos. A veces pasaba que practicantes de Cinep venían y aunque dejaban de estar vinculados, seguían participando del seminario. Para la discusión de avances de investigación eso si ya era un equipo más cerrado. Nos reuníamos cada 15 días y en principio pues salvo unas dos veces que me acuerde que no hubo seminario. En este momento somos 12, hemos llegado a tener como 14 o 15. A veces éramos 4 o 5, si dos faltaban teníamos que cancelar y creo que solo ocurrió un par de veces en todo este tiempo.

¿Entonces la dinámica era más rígida?

M.A: Durante mucho tiempo fue un seminario con actas, alguien se encargaba de la exposición de una parte y otro hacía el acta. Era un poco más rígida por el tema del acta, pero de resto más o menos lo mismo. En un principio, yo proponía algunos temas, pero últimamente nos hemos vuelto un poco más democráticos, sobretodo porque hay gente que viene con diferentes intereses. No es un típico seminario de la universidad con notas y eso, soy el coordinador, pero en realidad es mucho más horizontal. Antes se disponía el acta, algunas personas se colgaban de ella, y eso era un complique, así que decidimos suprimirla hace 5 años. Ahora, alguien expone media hora, un capítulo o un texto y luego iniciamos la ronda de discusiones y más o menos dura dos horas, a veces nos quedamos un rato más. Yo le digo a la gente que los compromisos para hacer parte del seminario son asistir- nos ha pasado que van y se asoman y se van- leer, exponer, participar y a veces llevar un dulce o chocolate.

¿Cuáles son los personajes que han pasado por este seminario en 25 años?

M.A: Álvaro Delgado estuvo mucho tiempo participando allí, Luz Ángela Herrera que es una historiadora graduada en la Maestría de Estudios Regionales de los Andes, Íngrid Bolívar, Teófilo Vásquez, Mauricio Torres que es un activista del movimiento por la salud y sigue asistiendo todavía, Óscar Pedraza que es un joven que está haciendo su doctorado en Estados Unidos, Patricia Madariaga, entre otros. En general, la gente de los equipos que ha estado relacionada con movimientos sociales, ahí ha estado.

¿Qué le ha aportado el seminario de Movimientos sociales a Cinep?

M.A: Creo que le ha aportado un espacio de formación. La pasante actual de la revista controversia va y asiste al seminario; por ejemplo, así se formaron otras personas en el pasado como Ana María Restrepo, Leonardo Parra. Otra contribución que brinda este seminario a Cinep es la configuración de conceptos y categorías que van a iluminar las Bases de Datos de Luchas Sociales y algunas de nuestras investigaciones. En algunos casos derivan de estas investigaciones, algunas publicaciones. Una publicación que se hizo con el equipo de Estado Conflicto y Desarrollo que se llama Poderes, Conflictos e identidades en el Magdalena Medio, recientemente la publicación Tendencias de la movilización social en municipios críticos para el posconflicto. Los dos grandes aportes: espacio de formación y construcción de categorías y conceptos. Algunas reflexiones teóricas que pueden iluminar la investigación y la práctica de Cinep.

¿Cuáles han sido los aportes a la academia?

M.A: Creo que si se cuentan nuestros procesos investigativos eso es lo más importante. Las publicaciones, la consolidación de la Base de Datos porque una base de datos como la de Luchas Sociales si no se alimenta de lecturas y análisis, las bases no se mantienen. Necesitan personas que las lean y lancen debates a la sociedad, si no es una base muerta. La función de este seminario en el sentido de construcción de conceptos ayuda a la producción investigativa del Equipo de Movimientos Sociales, pero en general de Cinep. Están nuestros trabajos y publicaciones; por ejemplo, Hasta cuando soñemos fue un proceso entre equipos y con un componente comunicativo fuerte.

¿Cuáles son las lecciones aprendidas para un seminario que se ha mantenido en el tiempo?

M.A: Estar en Cinep ayuda, pero a veces pienso que, si me retiro, yo mantendría el seminario como una actividad. Funciona como un espacio de socialización y camaradería hasta cierto punto, no es un espacio muy formal. Cada 15 días nos estamos reuniendo, un logro es la permanencia. El detalle de cada 15 días de leer, no hemos leído más de 50 páginas para una sesión. Lo más rico no es tanto la exposición, cada vez es más difícil encontrar un texto que nos satisfaga a tantos y con tantos intereses distintos. Hay unos postmodernos, otros son más críticos, otros vienen de las ciencias sociales más tradicionales, entonces es difícil encontrar un texto que dé cuenta de las distintas tendencias. Pero la discusión es lo más rico. Porque las personas a raíz de la lectura, integrando otros textos y otras reflexiones hace unos comentarios muy sugestivos y pasamos dos horas de debate muy simpáticos. Hay un ejercicio académico, pero no es nada aburridor.

Alguna anécdota que haya sucedido en este espacio y que quiera compartir...

M.A: Recuerdo que salió el libro Campesinos y Nación. A Íngrid Bolívar le entró como el afán de leer ese libro y nos pusimos a leer dos capítulos por sesión y esa vez creo que si nos excedimos, porque eran 150 o 200 paginas por sesión. Parecía un trabajo de semestre de doctorado. Ese libro de 600 páginas lo leímos en tres sesiones. Ahí aprendimos que eso no vale la pena. Vale la pena ir más despacio, capítulo por capítulo y no juntar dos o tres para terminar a la carrera. Yo les digo que aquí no hay afán.

 

Laura Inés Contreras Vásquez
Equipo de Comunicaciones