Comunicados

Comunicados (43)

En la edición 33 de Semana por la Paz, CINEP/PPP se suma al llamado “movámonos”. Les compartimos nuestra programación en este certamen que nos invita a estar, más que nunca, juntos en la dignificación y defensa de la vida. 

Hace 33 años, en el mes de septiembre, Colombia realiza una movilización que busca el logro de un objetivo común: la Paz. La Semana por la Paz es una sinergia que crea espacios para la visibilización de iniciativas que promueven y construyen paz desde los territorios y la cotidianidad. A su vez, estos espacios reconocen la solidaridad, la empatía y la esperanza de personas y organizaciones que mediante sus proyectos dignifican la vida, fomentan el comportamiento colaborativo y nos reencuentran con la Paz. 

En la difícil coyuntura actual, con más de 50 masacres en lo que va del año y el creciente asesinato de líderes sociales y firmantes de paz, la Semana por la Paz cobra aún más importancia. Sin embargo, debido a la pandemia los eventos que se llevarán a de manera virtual únicamente. Este año el lema es “Reencontrémos con la paz” y “movámonos.  CINEP/PPP es uno de los muchos promotores de esta movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en la construcción y consolidación de la paz, y de iniciativas que dignifiquen la vida. Se realiza la primera semana de septiembre porque el día 9 de este mes, se celebra el Día de los Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro Claver.

                                                                                                                 

 

Les invitamos a participar de la programación de CINEP/PPP donde reafirmamos nuestro compromiso con el derecho a la paz:

La espiritualidad como herramienta de construcción de paz. 8 de septiembre. 11:00 am. 

Transmisión en: https://www.facebook.com/Compensarinfo

Diálogos de Paz. Saberes para la construcción de paz desde las regiones. 10 de septiembre. 10am

Transmisión en:  https://www.facebook.com/CTV.Barranquilla104

Canal 104 de Claro Barranquilla

Desafíos de la participación y la construcción de paz en el aislamiento. 10 de septiembre. 2:00 pm. 

Invitados: Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep/PPP; Luciano Sanín Vásquez, director de Viva la Ciudadanía; Juan Esteban Cárdenas, Estudiante grado 11 IED Restrepo Milán y Gina Cristina Cardona Álvarez, Docente Colegio Rural Quiba Alta. 

Transmisión en: https://www.facebook.com/Educacionbogota

Las regiones nos reencontramos por la Paz. 11 de septiembre. 10:00 am. 

Invitados: Ana Milena Jiménez, Fundación Ambiental Dapaviva; José Elías Pilimue, Cabildo Misak; Johana Durán, Fundación Mujer y Futuro; Yuli Yovana Correa, ASINCH; Fernando Castrillón, Grupo Semillas. Moderación: Wilson Castañeda, Caribe Afirmativo. Invitados especiales: Adriana Lizcano y Edson Velandia. 

Transmisión en: https://www.facebook.com/caribeafirmativo

A continuación la programación completa de la #SemanaporlaPaz33

 

Por: Daniela Ramírez. Comunicaciones CINEP/PPP

Un estudio de caso global muestra que los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente se enfrentan a mayores riesgos en el contexto del covid-19. Comunicado firmado por Cinep/PPP y otras 8 organizaciones internacionales. 

Con ocasión del día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto), cinco meses después de que la OMS declarara al COVID-19 como una pandemia mundial, hacemos un llamado de atención urgente a los efectos desproporcionados del virus y el confinamiento que sufren los pueblos indígenas y otros defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, especialmente vulnerables en la crisis actual.

La Defending Land and Environmental Defenders Coalition (DDCoalition), integrada por organizaciones que trabajan en apoyo de los defensores de la tierra y el medio ambiente en todo el mundo, ha estado reuniendo informes sobre amenazas, hostigamientos y ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente desde mayo. Recopilados a través de LANDex e informes públicos, la verificación de estos casos está en curso, pero se han identificado tres tendencias generales: las amenazas contra los defensores de la tierra y el medio ambiente no han disminuido durante la pandemia; por el contrario, han surgido nuevos tipos de riesgos; y en el contexto actual, los pueblos indígenas están particularmente expuestos a amenazas y ataques.

"A lo largo de esta pandemia, en particular en las respuestas de los gobiernos y los garantes de derechos, estamos siendo testigos de que los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas corren un mayor riesgo de ser blanco de ataques, acosados e incluso asesinados a medida que se restringe el movimiento y los gobiernos amplían las leyes", dijo Kathrin Wessendorf, directora ejecutiva del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). "Se están llevando a cabo iniciativas al amparo del desorden causado por la pandemia o la ampliación de las medidas de emergencia".

En los mencionados informes se muestran elementos comunes que aparecieron en todos los casos, destacando las muchas formas en que la pandemia está afectando a las comunidades indígenas. Además de ser especialmente vulnerables al riesgo para la salud que supone el COVID-19 -con acceso limitado a los servicios de salud y otras medidas preventivas-, la continua pérdida (y la falta de reconocimiento) de sus tierras tradicionales ha generado inseguridad alimentaria y ha obligado a muchos indígenas a abandonar sus comunidades, en búsqueda de trabajo en el sector informal o de primera línea (labores que implican exposición a personas, etc.), exponiéndolos aún más al COVID-19.

Durante la pandemia y el consiguiente confinamiento, muchos gobiernos han sido menos receptivos y han estado más ausentes en las zonas de conflictos de tierras. En muchos países se ha suspendido el poder judicial, se ha intensificado la vigilancia y se han promulgado leyes de emergencia para contener la propagación del virus, las cuales han sido utilizadas para detener a los disidentes. El activismo se ha limitado en un momento crucial, ya que las protestas y manifestaciones suelen estar prohibidas, a pesar de que estén permitidas las actividades controvertidas -que incluyen desalojos, demoliciones y proyectos extractivos, como la minería-. En algunos casos, esos proyectos se han beneficiado de incentivos gubernamentales por considerarse áreas de "interés prioritario" para las economías nacionales.

Entre los casos reunidos por las organizaciones, hay un número sorprendente de demoliciones y desalojos a comunidades indígenas, étnicas y locales en un momento en que se emitieron nuevos permisos ambientales, se otorgaron concesiones y nuevos proyectos y se obligó a la sociedad civil -entre ellos a quienes brindan apoyo legal, periodistas y manifestantes- a permanecer en sus hogares.

En Kenia, el gobierno se burló de un fallo histórico del 2017 de la Corte Africana el cual confirmó el derecho del pueblo Ogiek a sus tierras ancestrales, y el 2 de julio inició un desalojo a gran escala de al menos 300 familias Ogiek. El desalojo forzoso se ha producido a pesar de la moratoria sobre los desalojos durante el COVID-19 y las familias desalojadas, ahora sin hogar, se verán expuestas aún más al COVID-19.

En Nepal, los pueblos indígenas Chepang se enfrentan a riesgos similares, ya que unas 60 familias vieron sus casas quemadas supuestamente por las autoridades del parque a finales de julio. En medio de la temporada de los monzones, estas familias se encuentran sin hogar y más expuestas al COVID-19. Dos meses antes, 25 casas de la comunidad Dalit, sin posesión de tierras, fueron demolidas en Mushar (Nepal) para dar paso a una nueva carretera. En la segunda semana de abril, dos hoteles administrados por indígenas Ogoni en el estado River de Nigeria fueron demolidos después de que, según se informó, las autoridades dijeran que los hoteleros no habían cooperado con el Estado en la localización de contactos relacionados con COVID-19.

Los casos reunidos también destacaron la aplicación selectiva de restricciones a la circulación y la actividad. Si bien se prohibieron las protestas, se permitió que avanzaran los proyectos de infraestructura y desarrollo controvertidos y, en algunos casos, fueron protegidos por las autoridades.

A fines de marzo, en el centro de México, se detuvo a un activista indígena por protestar contra una carretera que se estaba construyendo a través de los bosques reclamados por los Otomí-Mexica. A pesar del confinamiento -y de las órdenes de suspensión de un tribunal local- la construcción continuó con la protección de la Policía y la Guardia Nacional. En Uganda, dos semanas después del confinamiento nacional, Witness Radio informó de violentas apropiaciones de tierras de comunidades pobres y de la detención de quienes se oponían a la violencia. Una de las empresas presuntamente implicadas ha enviado una respuesta al Business & Human Rights Resource Centre, pero la situación continúa.

En abril, en Filipinas, se informó que un centenar de agentes de la policía dispersaron por la fuerza a unos 30 defensores indígenas y, según este informe de la sociedad civil, arrestaron a un dirigente indígena por impedir el acceso a una operación minera que, según la población local, está contaminando su abastecimiento de agua en Didipio, Nueva Vizcaya. Se ha informado ampliamente que la licencia de explotación minera expiró en junio de 2019, pero los opositores del proyecto afirman que las operaciones han continuado. Los activistas señalan que la empresa está incumpliendo la orden de cuarentena, dejando a los lugareños sin más remedio que volver a la barricada para protestar, aunque respetando el distanciamiento social.

Filipinas, que siempre ha sido uno de los países más peligrosos para los defensores, ha pasado de 30 asesinatos en 2018 a 43 el año pasado.

En Indonesia, una instancia del poder judicial –cuyas actividades estaban suspendidas– dejó a tres agricultores indígenas de Kalimantan Central a la espera de una audiencia tras ser detenidos por robar fruta de una empresa de plantaciones a la que acusan de haberle arrebatado sus tierras. El juicio se pospuso con la policía diciendo que su preocupación prioritaria era el COVID-19. Los agricultores señalaron que, aunque la policía tuvo tiempo de llevar adelante las acusaciones de robo en medio de la pandemia, no pudieron encontrar tiempo para que se celebrara el juicio previo.

La mayoría de los casos recibidos proceden de Colombia, país que registró el mayor número de líderes sociales y defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en 2019. Tres líderes sociales fueron asesinados antes de que se impusiera el confinamiento y un mes después de que se anunciaran las órdenes de permanencia en el hogar, la Defensoría del Pueblo advirtió de un "ataque violento" contra comunidades vulnerables por parte de agentes armados no estatales y grupos de delincuencia organizada. En poco más de un mes, habían registrado 40 incidentes de intimidación y ataques contra comunidades.

A lo largo del confinamiento, los informes de Colombia documentaron cómo los grupos armados amenazaban a las comunidades indígenas que intentaban protegerse. En Magdalena, el pueblo indígena Kogui de Sierra Nevada denunció que personas armadas se dedicaban a la minería "ilegal" en sus tierras sin que las autoridades tomaran ninguna medida. En el Cauca (Colombia), grupos armados amenazaron a guardias indígenas Nasa que habían sido encargados de vigilar los movimientos de entrada y salida de la comunidad, forzando finalmente su entrada y exponiendo a la comunidad a la COVID-19.

"Las condiciones de confinamiento han facilitado la localización, la búsqueda, el ataque y la eliminación de estos defensores, ya sea en sus casas o en sus lugares de trabajo", dijo Cristian Llanos, investigador del equipo de la base de datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP, una organización colombiana de investigación y educación. "En la región del Cauca se han reportado dos o tres ataques diarios, siendo los indígenas y los campesinos los más afectados", agregó, "pero los ataques contra los líderes en todo el país son generalizados y durante el confinamiento, la cifra real podría superar los 100 ataques contra los defensores".  

En varios casos de Brasil, las políticas y prácticas gubernamentales expusieron a los pueblos indígenas a un innecesario riesgo elevado de contraer COVID-19. En el Estado de Amazonas, las autoridades locales forzaron a los miembros de la tribu Kokoma a abandonar sus comunidades y a recorrer largas distancias para recibir asistencia federal, exponiéndolos al virus durante los viajes en transporte público y en zonas de espera saturadas. A esos viajes se han atribuido altas tasas de infección y varias muertes en la comunidad. En otras partes del Amazonas, las pruebas indican que los trabajadores sanitarios que tenían el virus infectaron a miembros de la tribu Kanamari.

En abril, según se informa, los militares emprendieron una amplia búsqueda de viviendas en la zona indígena de Chittagong Hill Tracts, una región de Bangladesh. Según el International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA), los actores parecen estar "utilizando la crisis para reprimir a su pueblo y perseguir a los defensores de los derechos y los activistas que hablan en su contra".

"Los casos denunciados sirven como un ejemplo aleccionador de las muchas formas en las que la crisis del COVID-19 ha sido utilizada contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, especialmente los que pertenecen a comunidades indígenas", dijo Ward Anseeuw, especialista técnico senior de la International Land Coalition. "La recopilación de casos también subraya la importancia de vigilar de cerca y sistemáticamente estos incidentes, ya que la mayoría de los asesinatos de defensores van precedidos por ataques no letales que han sido documentados.

Con la pandemia lejos de terminar, la DDCoalition se solidariza con los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente y pide que los agentes privados y estatales adopten medidas urgentes.

Como un primer paso, tanto los gobiernos como las empresas deben poner los derechos de la tierra y el medio ambiente, así como los derechos de las personas que los protegen, en el centro de su respuesta ante el COVID-19. Deben apoyar las luchas de los usuarios locales de la tierra y las comunidades para poseer, controlar y gestionar sus tierras y recursos naturales como un esfuerzo a largo plazo para una mejor reconstrucción.

Asimismo, deben dedicar recursos a identificar el aumento del riesgo para estos defensores en las inversiones, operaciones y cadenas de suministro de las empresas para prevenir y mitigar los riesgos identificados. Además, los posibles efectos de los proyectos en el medio ambiente o los derechos humanos deberían comunicarse de manera clara y segura a las y los afectados, y esas comunidades e individuos deberían poder participar de manera significativa en los procesos de adopción de decisiones.

En términos más generales, esta es una oportunidad para que los actores estatales y privados formalicen su compromiso con un enfoque de tolerancia cero respecto a la violencia contra los defensores en sus operaciones. Esto significa asignar un presupuesto y personal para aplicar esas políticas y crear sistemas que garanticen evaluaciones periódicas de los impactos y mecanismos que informen y actúen sobre esos hallazgos.

La protección de los pueblos indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente debe formar parte de la urgente tarea de mitigar la crisis de COVID-19 y avanzar hacia una recuperación sostenible.

Firman: 

International Land Coalition (ILC)

Global Witness

International Work Group on Indigenous Affairs (IWGIA)

Asian NGO Coalition (ANGOC)

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

Natural Justice

URG-LAC: Universal Rights Group Latin America

The Access Initiative Latin America

Business & Human Rights Resource Centre

El CINEP/PPP, y otras organizaciones de la sociedad civil agrupadas en Defendamos la Paz expresan su respaldo a la Corte Suprema de Justicia.

Defendamos la Paz expresa su indignación ante las tentativas de interferencia judicial en curso que tienen como objetivo afectar el proceso que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el senador Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal.

Rechazamos la campaña de desprestigio, desinformación e intimidación emprendida por el Centro Democrático y el inculpado senador, que pretenden presentar un proceso jurídico como una revancha política.

Censuramos las acciones del Gobierno nacional que ha puesto el aparato del Estado al servicio de dicho senador para obtener manifestaciones de solidaridad y hasta presiones de poderes foráneos sobre la administración de justicia en Colombia.

Sospechamos de reformas que se presentan para fortalecer la rama judicial, cuando lo que se pretende es destruirla, mediante la creación de entidades a la medida de los intereses de un sector político.

Defender la paz es salvaguardar las instituciones; embestir contra la institucionalidad es repartir abono para la guerra.

A continuación el comunicado completo: 

 

El CINEP/PPP, y otras organizaciones de la sociedad civil internacional acompañan la Misión por la Vida y por la Paz a la Orinoquía y Llanos Orientales e instan a los Gobierno Nacional y Departamentales a brindar garantías a las personas y organizaciones participantes.

Las organizaciones de la sociedad civil internacional que suscriben el presente comunicado acompañamos la Misión por la Vida y por la paz a la Orinoquia y los Llanos Orientales en los departamentos de Meta y Guaviare convocada por un muy importante grupo de organizaciones de la sociedad civil colombiana, defensoras de derechos humanos, articuladas en la Red Llano y Selva.


Con el objetivo de verificar y documentar la grave situación humanitaria y de riesgo que viven las comunidades, los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, intensificada por las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional por la pandemia del COVID-19, por la presencia y actuación de diferentes grupos armados y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito.


Como Organizaciones Internacionales de sociedad civil estaremos atentas al desarrollo de esta iniciativa que tendrá lugar entre el 18 y 27 de julio de 2020 y exhortamos al Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales de Meta y Guaviare a garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos, reconocer el carácter humanitario de la misión y respetar el Derecho Internacional Humanitario.


Espacio de Cooperación para la Paz.  

 

A continuación el comunicado completo: 

 

El CINEP/PPP, y otras organizaciones defensoras de DD.HH. se manifiestan sobre el informe realizado por la Contraloría respecto al desvío del Arroyo Bruno, y su implicación en la garantía de derechos de comunidades Wayúu y afro que habitan en la zona. 

La Contraloría General de la República radicó ante el juzgado de seguimiento informe de auditoría de cumplimiento sobre los aspectos ambientales relacionados con el desvío del arroyo Bruno en el marco del seguimiento a la sentencia SU-698 de 2017, que ordena la protección de los derechos al agua, soberanía alimentaria y salud de comunidades Wayúu, derechos que han sido vulnerados por la empresa Carbones del Cerrejón Limited, con la desviación de una importante fuente hídrica en el departamento de La Guajira.

De acuerdo con los hallazgos, el informe obtuvo una calificación final que corresponde al rango de INEFICIENTE, encontrando un total de catorce (14) hallazgos administrativos de los cuales siete (7) tienen una posible connotación disciplinaria. Además, señaló que estas deficiencias impactan en el cumplimiento de la sentencia proferida por la Corte Constitucional.

El órgano de control evaluó la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, Corpoguajira, quienes entre otras instituciones públicas conforman una mesa “inter-institucional” de la que absurdamente hace parte la empresa Carbones del Cerrejón. El informe de la Contraloría se concentra en el deficiente informe con el que las entidades y Cerrejón justifican mantener el arroyo Bruno desviado, en lugar de liberar las aguas hacia su cauce natural.

La Contraloría manifiesta que el informe de la mesa interinstitucional se desvía de lo ordenado por la Corte Constitucional, respecto a la medida provisional, y no se da “estricto cumplimiento a lo requerido en la Sentencia SU 698/17, en lo requerido por la Orden Octava”. En otras palabras, no existe por parte de la Mesa Interinstitucional una decisión de fondo, sustentada, y participativa para mantener el arroyo desviado, lo que significaría un desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional.

Es de recordar que la Corte Constitucional había previsto que la medida de retornar las aguas hacia su cauce natural podría adoptarse si era necesario desde el punto de vista ambiental y en aplicación del principio de precaución para mantener la integridad del arroyo Bruno, mientras se realiza un estudio ordenado en la sentencia mediante el cual se pretenden abordar una serie de 7 incertidumbres o variables que no fueron tenidas en cuenta al momento de autorizar el desvío y la destrucción del arroyo.


De manera particular, la Contraloría hace un reparo sobre la falta del respeto a la cultura y espiritualidad del pueblo Wayuu. En su informe reconoce que:


“desconocer los derechos de las comunidades trae consigo una afectación o impacto a su cultura y una subvaloración de la relación espiritual que tiene la comunidad Wayuú, teniendo en cuenta que su interacción con la naturaleza no se da solo por estar al lado del Arroyo, sino que existen interacciones mucho más allá de la distancia; como ellos mismos lo mencionan "el pueblo Wayuú rompería su arraigo y esa comunicación que existe entre los de la montaña y los de abajo".


Es importante entender la interacción pueblo - ecosistema como un todo, y no limitarla a un espacio en sí, lo que demuestra una carencia en el verdadero conocimiento del territorio natural y de los beneficios ecosistémicos que ofrece. La comunidad Wayuú entiende el territorio, teniendo en cuenta elementos culturales y espirituales, lo que implica que el Arroyo sea visto como "un ser viviente, importante en su totalidad y no en fracciones o tramos"


La auditoría también cuestiona que la decisión de mantener el cauce desviado se orientó em alto grado desde un punto de vista netamente económico, y en esa vía, cuestionó la rigurosidad del empleo del Análisis Costo Beneficio como la herramienta más adecuada teniendo en cuenta los valores ecológicos que están en juego: “Los elementos ecológicos de un ecosistema altamente sensible, fraccionado y diezmado como el Bosque Seco Tropical, o en lo particular como el Arroyo Bruno con sus estructuras y funciones, cuentan con servicios ecosistémicos sin sustitutos para las comunidades, lo que significa que por más que se intente calcular su valor desde la perspectiva de la Economía de Mercado, este tenderá al infinito por sus características inconmensurables. Se trata de valores superiores que difícilmente podrían entrar dentro de la lógica de un Análisis Costo Beneficio.”

Los hallazgos administrativos con posible connotación disciplinaria dan cuenta de la frágil institucionalidad ambiental, y dan la razón a las comunidades en su histórica denuncia de la cooptación empresarial del gobierno en las decisiones públicas que, menoscaban derechos y condenan poblaciones mientras favorecen empresas multinacionales. Una muestra de lo anterior se sintetiza en algunos elementos alertados por la Contraloría, respaldando lo denunciado en un sin número de ocasiones por las comunidades:

  1.  Recalcó la gravedad de que la Mesa Interinstitucional hubiese concluido no retornar las aguas del arroyo a su cauce natural y mantener el desvío con base en información débil, superficial, deficiente y parcializada, sin generar espacios de participación, ni considerar el daño irreversible que puede significar a la población que interactúa con dicho ecosistema.
  2. Resaltó que el informe con el que se sustenta mantener el desvío falta información frente al monitoreo del cauce natural, de las aguas subterráneas, los acuíferos, la fauna y flora afectada en el cauce natural.
  3. Insistió que lo observado representa un riesgo de asimetría y posibles riesgos morales con la información dado que el desarrollo del informe de la mesa se soporta en documentos e información predominantemente aportada por la misma empresa Cerrejón Limited.
  4. Confirmó y reiteró que las entidades y empresa desconocen lo ordenado por la Corte Constitucional en términos de la participación de las comunidades.
  5. Reconoció que no se han establecido por parte de la empresa medidas de compensación que realmente subsanen los impactos de la intervención de áreas de gran valor ecológico. Lo cual para las comunidades es un imposible dada la irreparabilidad de los daños y la necesidad de proteger el arroyo de ser explotado.
  6. Reafirmó que el informe usa preferencialmente la información de la construcción y operación del canal artificial construido para la desviación, dejando de lado información sobre el curso natural del arroyo que fue afectado por la desviación.
  7. Resaltó la inobservancia sobre las ventajas y desventajas comparativas de retornar o no las aguas de forma temporal al cauce natural;
  8. Cuestionó que no se realizaron observaciones que se presenten y evalúen los beneficios ambientales y sociales de retornar temporalmente el flujo del agua al tramo de cauce natural, tales como la restauración de las condiciones naturales y sus beneficios que se han perdido.
  9. Insistió en que no se tuvo en cuenta las necesidades y requerimientos de las comunidades para la garantía de su derecho al agua, como tampoco lo relacionado a los riesgos del posible agotamiento del recurso hídrico local y regional por el proyecto de desviación y el avance de los tajos mineros.
  10. Subrayó que en ningún aparte del informe se suministran los datos de los caudales de oferta hídrica del arroyo a lo largo del año en su cuenca baja, los datos de los caudales de demanda de cada comunidad, no se aclara si estos se suplen o no con las fuentes relacionadas, tampoco se define el caudal ecológico del Arroyo Bruno y cuales son en definitiva las deficiencias o las condiciones de suministro de agua requeridas para las comunidades.
  11. Observó que con la construcción del nuevo cauce se originó la modificación del sistema hidrogeológico y reconoce que retornar temporalmente las aguas al cauce natural, implica la eventual restauración de las condiciones naturales y la recuperación de los beneficios ambientales que se afectaron o perdieron con la desviación.
  12. Recordó que Corpoguajira ha incumplido en la revisión, ajuste y/o modificación de medidas compensatorias establecidas a Cerrejón Limited ante las obras asociadas al desvío del arroyo Bruno que, habían sido identificadas por la Contraloría en una auditoría realizada en 2017. 

Lo reportado por la Contraloría respalda lo que se ha venido denunciando por parte de comunidades indígenas Wayúu, el pueblo afro, guajiro, organizaciones sociales, ambientalistas, académicas y defensoras de derechos humanos que durante años nos hemos opuesto al desvío del arroyo Bruno para el avance de la explotación de carbón por parte de la empresa Carbones del Cerrejón Limited con la venia de entidades del Estado Colombiano.


El arroyo Bruno no se puede reemplazar, seguiremos alzando nuestra voz para que no siga el desastre que han causado y que uno de los afluentes y tributarios del principal río en la Guajira, el río Ranchería, no sea explotado y destruido.

A continuación el comunicado completo: 

 

El CINEP/Programa por la Paz continúa prestando su servicio con dedicación en medio de la enfermedad y crisis que nos impactan. Hemos estado en comunicación constante con las comunidades con quienes trabajamos en la región Pacífico, Sur de Córdoba, Sur de La Guajira, Cartagena de Indias, Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, frontera colombo-venezolana, Sur del Tolima, Boyacá, Eje Cafetero, Putumayo, Amazonas, Bogotá y Soacha. A la par avanzamos en nuestros compromisos con cooperantes, entidades no gubernamentales, académicas y actores del sector público, por medio de encuentros virtuales. Y, aunque no somos una entidad humanitaria, estamos realizando algunas acciones en este sentido, pues las comunidades donde hacemos presencia están afectadas y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Con sentido de solidaridad, nos movilizamos y hacemos gestión de recursos para apoyar a los más vulnerables.

Como nos recuerda el profesor Jorge Giraldo Ramírez, “ante la vulnerabilidad y la fragilidad manifiesta de los seres humanos –manifiesta aún más con la pandemia que no reconoció clase social- hay que generalizar una ética basada en la consideración, la responsabilidad, y el cuidado. La consideración igual de cada persona demanda reflexión y contemplación; la responsabilidad demanda afecto y personalización; y el cuidado demanda lentitud y compasión”1.

Nos preocupan, en esta coyuntura, el riesgo de extinción de nuestros pueblos indígenas, la profundización de la desigualdad social y la fragilidad de la democracia, así como la transgresión de las garantías para la vida de líderes sociales y comunidades campesinas, y la débil implementación del Acuerdo de Paz. Por eso animamos a todos nuestros amigos y públicos a continuar juntos en nuestras causas pacíficas por una sociedad justa, sostenible y en paz. Que las vulneraciones a las y los excluidos de siempre y las que afloran en cuarentena no se vuelvan costumbre. Y que la indignación y defensa de los derechos humanos sigan siendo nuestra apuesta de vida.

Luis Guillermo Guerrero Guevara.

Director General CINEP/Programa por la Paz.


Giraldo R. Jorge. Consideraciones sobre la crisis. En: Pensar la Crisis. Perplejidad, emergencia y un nuevo nosotros. – Medellín: Ed. Eafit, 2020.

El Instituto Kroc presentó su más reciente balance sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz, dejando saber su preocupación por las garantías de seguridad, y el poco avance en la materialización del punto 2  “Participación Política”. Compartimos el informe completo que goza de carácter independiente. 

Gobierno y Farc acordaron en La Habana que el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame sería responsable de hacer un monitoreo independiente a la implementación del Acuerdo. Esta tarea se ha venido realizando pues desde el año 2016 como parte del Componente Internacional, y este 16 de junio se presentó su cuarto informe correspondiente al periodo entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019. En él se detalla cómo en este periodo el avance general de la implementación fue del 6%. 

La implementación del Acuerdo Final en Colombia está entrando en una nueva fase, con mayor enfoque territorial, en la que se debe construir sobre los logros anteriores y reforzar dinámicas de transformación positiva en las zonas más afectadas por la violencia”.

Así lo expresó el Instituto que realiza análisis cuantitativo y cualitativo a las 578 disposiciones que contiene el Acuerdo. Ante la pregunta del equipo periodístico de CINEP / PPP sobre cuáles son las mayores dificultades en la implementación del acuerdo, Daniel Cano, coordinador político de Iniciativa Barómetro del Instituto Kroc en Colombia, respondió que, en primer lugar, preocupa la seguridad. Como es conocido por la opinión pública, la tragedia del asesinato de líderes sociales aumenta sin que el Estado logre medidas efectivas para proteger sus vidas y territorios. Son a la fecha, según Somos Defensores, 442 personas que ejercían liderazgo y defendían los derechos humanos han sido víctimas de homicidio en Colombia desde la firma del acuerdo hasta marzo de este año. 

Garantizar la seguridad continúa siendo la mayor amenaza a la implementación. Hoy son ya 200 los firmantes de paz asesinados tras la firma, mientras, según ONU, 2019 fue el año más mortal para los excombatientes con 77 asesinatos. La tasa de homicidios para firmantes de paz es pues casi 23 veces mayor que nacional.

Daniel Cano, también destacó que en el punto “Participación Política” los avances no son tantos como los que pudiesen haberse logrado a la fecha, teniendo en cuenta que su materialización implicaba bajo presupuesto. Tal es el caso de las circunscripciones especiales para las víctimas en el Congreso que se les siguen negando a pesar de haber sido pactadas en el Acuerdo.  El informe asegura que:

“En cuanto a la Reforma Rural Integral (punto 1) y a la Solución al problema de las drogas ilícitas (punto 4), los avances han sido significativamente menores”. 

 Y detalla que la implementación pasa por un momento crucial, puesto que transita de las disposiciones de corto plazo hacia las de mediano y largo plazo, con miras a un mayor enfoque territorial.

En los primeros dos años, cita el Krock, la implementación se enfocó en la dejación de armas y en la creación de la arquitectura institucional para la paz y los puntos en los que se avanzó fueron Fin del conflicto (punto 3) y Mecanismos de implementación, verificación y refrendación (punto 6). En el tercer año que analizaron y presentaron recientemente, el 2019, el enfoque que tomó protagonismo fue la implementación del Acuerdo en los territorios históricamente más afectados por el conflicto armado. 

Por ejemplo, se puso en marcha el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), cuyas entidades (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desparecidos) “han logrado fraguar la voluntad, autonomía e independencia para cumplir con sus respectivos mandatos, lo que les ha otorgado mayor legitimidad a las víctimas”. 

El cuarto Informe del Instituto Kroc resalta el esfuerzo en asuntos como el catastro multipropósito y la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), mientras señala que hay retos para el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), y su sostenibilidad. 

“Durante la primera mitad del periodo de estudio, el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) presentó atrasos, dando lugar a controversias sobre su funcionamiento”.

El cuarto informe hace énfasis en mantener el foco en la implementación efectiva e integral del Acuerdo de Paz y en la necesidad de fortalecer las regiones y señala además que, dado que las disposiciones del Acuerdo son interdependientes, es clave para su éxito implementarlo de manera integral.  Además, debido al COVID-19, el Instituto Kroc hace un llamado a comprender cómo las reformas económicas y sociales que el Acuerdo prevé, con enfoque territorial y lentes transversales étnico y de género, se hacen más urgentes que nunca para hacer frente a las desigualdades que se ensanchan y para construir una sociedad más incluyente. El Kroc invita a garantizar los recursos humanos y financieros para lograr la implementación del Acuerdo con más razón aún en medio de la crisis social y  sanitaria derivada por el nuevo coronavirus.
 

Acá podrá encontrar el informe completo: 

 

 

La información que entrega el Kroc es verificada por un equipo técnico de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM), la cual es de carácter independiente, a diferencia de otros informes que producen las partes de forma unilateral. Tal es el caso de la información que publica por cuenta propia el gobierno desde la Alta Consejería para el Posconflicto, por ejemplo, o bien, el componente Farc del CNR (Consejo Nacional de Reincorporación) o el Centro de Pensamiento y Diálogo integrado por algunos miembros del equipo de Farc en la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación). 

 En el CINEP/PPP realizamos, también por disposición del Acuerdo y junto al CERAC, la Secretaría Técnica de la CSIVI y presentamos informes periódicos sobre algunos aspectos de la Implementación del Acuerdo que pueden ser consultados acá: https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Por: Katalina Vásquez G.

 

El CINEP/PPP, y otras organizaciones defensoras de DD.HH. se unen a la alerta hecha por Cococauca, sobre el aumento del riesgo en materia humanitaria que enfrentan comunidades en los municipios de Timbiquí, López de Micay y Guapi, en la costa pacífica de Cauca. Las organizaciones solicitan intervención estatal para garantizar los derechos de las poblaciones, así como el cese de las acciones bélicas por parte de los actores armados ilegales.

La alerta se suscribe en los términos de COCOCAUCA : “Los hechos de los últimos 17 meses muestran el grado de recrudecimiento del conflicto armado en la costa pacífica del Cauca…Con gran preocupación observamos, que los actores armados se aprovechan de la actual crisis del coronavirus. En este sentido han estado circulando panfletos y videos que buscan justificar sus acciones violentas y atemorizar a la población, con el propósito de controlar los territorios. Las comunidades se encuentran en situación de doble confinamiento, uno, por el coronavirus y dos, por los actores armados, que no permiten que las personas realicen sus actividades diarias. Significa que, además de temer por sus vidas, las comunidades de la costa pacífica del Cauca se encuentran en una situación crítica de abastecimiento de víveres”.

El CINEP/PPP se suma al llamado para que las autoridades locales, departamentales y el presidente de la república, Iván Duque, asuman la responsabilidad de protección de estas comunidades expuestas a la arbitrariedad de los armados. Respaldamos su llamado a los actores armados ilegales a suspender de inmediato sus acciones bélicas y la exigencia a la Fuerza Pública de cumplir de manera estricta el Derecho Internacional Humanitario.

Este llamado se suscribe a los órganos de control y protección, Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo, para que procedan de inmediato a ejercer su mandato ante esta profunda crisis humanitaria.

El centro reafirma la vocación pacífica de estas comunidades como lo expresa COCOCAUCA: “… abogamos por la paz con justicia social, como fundamento sustancial para seguir existiendo como grupo étnico. Rechazamos la violencia en nuestro pueblo y exigimos que se respete la vida de los habitantes”. Firman la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP) Coordinación Regional del Pacífico (CRPC) Cinep-Programa por la Paz COMUNDO Corporación PODION Red Nacional en Democracia y Paz (RNDP).

 

A continuación el comunicado completo: 

 

“Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— que no aparecen en portadas de diarios y revistas, ni en las grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia”.

Papa Francisco, Vaticano, 27 de marzo de 2020

Como director del CINEP/Programa por la Paz, expreso un cálido saludo a las personas, organizaciones, agencias y entidades de cooperación, así como a las instituciones sociales, académicas y públicas con las que realizamos en alianza nuestra labor. Mis mejores deseos de buena salud y bienestar en medio de esta grave situación en la que necesitamos la mayor fortaleza y solidaridad.

El CINEP/PPP, durante dos meses de confinamiento, no ha parado ni un solo día de realizar sus servicios de investigación, construcción de información, acompañamiento, comunicación e incidencia, en medio de los cambios que exige el actual contexto de la pandemia.

Esta situación ha obligado a organizar planes de contingencia con nuestros Equipo de trabajo los cuales han sido consultados con los aliados locales, regionales y nacionales, y debidamente concertados con las agencias internacionales de cooperación, las redes internacionales a las que pertenecemos y las organizaciones e instituciones aliadas en el país.

Como todos sabemos, estamos aún en un tiempo de desarrollo de la enfermedad y el estado de incertidumbre tiene un alto nivel de presión, sin llegar aún al máximo de desarrollo. Aun así, sabemos y estamos acompañando, en medio de las limitaciones del aislamiento obligatorio, la dura y dolorosa situación que viven las comunidades y organizaciones sociales con las que nos relacionamos en todo el Pacífico colombiano, en el sur de Córdoba, sur de la Guajira, Sierra de Santa Marta, la frontera colombo/venezolana desde la Guajira hasta Arauca, el Putumayo, algunas comunidades indígenas de la Amazonia, campesinas del Valle del Cauca, Magdalena medio, Boyacá y urbanas en Soacha. El equipo de personas del CINEP/PPP está atento a la situación de las comunidades locales donde hacemos presencia, estamos haciendo llegar no solo nuestra voz de ánimo, sino también algunas ayudas materiales para las emergencias de alimentación y salud. Esto ha sido posible porque las agencias y entidades aliadas están comprometidas con la difícil situación que viven las comunidades, así como por el esfuerzo personal y colectivo de nuestro equipo quienes han donado parte de su salario a la campaña de solidaridad que estamos realizando.

De otra parte, nos preocupa sobremanera que, en medio de semejante situación de enfermedad, se continúe asesinando, amenazando y persiguiendo a los líderes, lideresas y defensores/as de derechos humanos, especialmente en la zona andina del departamento del Cauca, pero igualmente en norte de Santander, Putumayo y Antioquia, por solo nombrar algunas regiones. Igualmente, estamos impulsando en diversos escenarios de redes y aportando con análisis para que el actual Gobierno y el ELN vuelvan a reiniciar las conversaciones y que propicien un diálogo que genere resultados efectivos en términos humanitarios y de paz para el país.

A todas las personas y entidades que les llega este Boletín del CINEP/PPP, aliados, locales, nacionales e internacionales, les queremos agradecer su apoyo, credibilidad y solidaridad en nuestro trabajo. Nosotros estamos atentos, con el mayor interés, a sus solicitudes e invitaciones.

Fraternalmente; Luis Guillermo Guerrero Guevara. Director general CINEP/PPP.

El movimiento Defendamos la Paz ha enviado una carta dirigida a Carlos Ruiz Massieu, Representante Especial del Secretario General Misión de Verificación de la ONU en Colombia, como protesta frente a la instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz y ocultar la inacción del Gobierno respecto a su implementación. A continuación la carta completa.

 

Bogotá, 28 de abril de 2020

Señor
Carlos Ruiz Massieu
Representante Especial del Secretario General
Misión de Verificación en Colombia
NACIONES UNIDAS
Ciudad


Apreciado Señor Ruiz Massieu:

Nos dirigimos a usted para compartir nuestra preocupación y, a través suyo, alertar al Secretario General y a los miembros del Consejo de Seguridad sobre las embestidas en contra de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia en tiempos de coronavirus.

Como movimiento Defendamos la Paz, elevamos nuestra voz de protesta contra la instrumentalización de la pandemia para minar el Acuerdo de Paz. La crisis sanitaria no solo permite ocultar la inacción del Gobierno. Más importante aún, alimenta la campaña del partido de Gobierno en contra de la implementación de la paz.

Defendamos la Paz se pronuncia en contra de designios para que las reformas del Acuerdo de Paz, que el Gobierno y el partido de Gobierno fracasaron en obtener por vía legislativa, se hagan realidad por la puerta de atrás, mientras la ciudadanía permanece concentrada en la pandemia.

Llamamos la atención de la Misión de Verificación, de la Secretaría General y del Consejo de Seguridad sobre los hechos listados a continuación.

  1. EL AUMENTO DE ASESINATOS DE EXCOMBATIENTES Y LÍDERES SOCIALES

Nos acercamos a la cifra de 200 excombatientes asesinados. La Misión de Verificación ha registrado 197 homicidios desde la firma del Acuerdo de Paz. A este número deben sumarse los 39 intentos de asesinato y las 13 desapariciones de exmiembros de las Farc-EP.

En cuanto a defensores y defensoras de derechos humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó 108 homicidios en 2019 y registró 56 denuncias más a 24 de marzo de 2020.

El Gobierno permanece en silencio ante este atentado contra la paz, no se perciben iniciativas para detener el desangre y la pandemia le ha servido para camuflar su pasividad. La fuerza pública no reacciona, la Fiscalía General no avanza lo suficiente y los instrumentos proveídos por el Acuerdo de Paz, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, no son convocados por el Gobierno.

A continuación sigue la carta completa: