El contexto del conflicto armado que ha vivido Colombia por más de 60 años ha llevado a que se presenten numerosas consecuencias que han afectado a la población colombiana de diferentes maneras. Los constantes combates entre la fuerza pública y los grupos armados, han sido el escenario donde las acciones de ambos actores han afectado a la población civil; de esta manera surgieron en Colombia los crímenes por agentes del estado, donde funcionarios públicos han cometido violaciones de los derechos humanos.
Hay que aclarar que la figura del crimen de estado no tiene su origen en Colombia, pues como nos cuenta Luis Alfonso Castillo, miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, “con el fin de la segunda guerra mundial se empieza a ver de manera sistemática la criminalidad estatal, aparece la figura del enemigo interno, que era la amenaza de la estabilidad del funcionamiento de los estados amigos”. Es así como estas acciones empezaron a presentarse sin ningún control, y con la excusa del enemigo interno en muchos países se han cometido asesinatos de personas que no hacen parte de un contexto de guerra.
De acuerdo con David Suárez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, “cuando hablamos de Crímenes de Estado pareciera ser una paradoja, porque el Estado es quien está destinado por su posición a proteger la vida, la honra, los bienes y la integridad de cada uno de los asociados que hacen parte de ese presunto pacto social en el que el Estado se compromete a garantizar los derechos de las personas, y las personas contribuyen a que el Estado se sostenga”. Más allá de que el Estado se encuentre inmerso en un conflicto armado, su principal preocupación debe ser velar por la seguridad de las personas que se encuentran amenazadas por ese conflicto, sin embargo, diferentes motivos han llevado a que funcionarios públicos atenten contra la vida de la población que confía en ellos.
Las cifras en Colombia no son exactas, pero se habla de más de 10.000 crímenes de estado, algunos de los cuales han sido llevados ante la justicia para poder sancionar a los responsables. Aun así, se han presentado casos donde las instituciones no han cumplido con su labor y se ha tenido que acudir a instancias internacionales, como explicaba Julián González, de la Comisión Colombiana de Juristas, “la jurisdicción internacional se activa en circunstancias muy particulares, y es cuando se surte el proceso interno o cuando los medios de los que dispone el país no son suficientes y la investigación no es profunda, cuando habiendo los recursos y los medios hay un tiempo donde queda muerto el proceso.”
Es difícil que los casos de crímenes de estado desaparezcan, cuando en medio de la búsqueda por la verdad de todo lo que ha pasado en el conflicto colombiano, persisten los grupos armados ilegales y se siguen presentado muertes de civiles y líderes sociales. No obstante, desde la Comisión Colombiana de Juristas creen que existen los mecanismos para reducir el número de víctimas, ya que según Julián González “el acuerdo (de paz) tiene a la comisión nacional de garantías de seguridad, cuyo fin único es desarticular bandas criminales que surgen al final del proceso de paz. La manera más sencilla y clara que debería juntar a todas las fuerzas sociales y a los actores más escépticos del estado es el cumplimiento del acuerdo de paz, es la manera como se puede proteger de forma más idónea a los líderes sociales. Las herramientas están solo falta tomar la decisión política”.
Finalmente, el mensaje de los expertos a la población colombiana es a persistir, como afirma David Suárez “Hay que perseverar, ser valientes en medio de la muerte, de las amenazas y de las agresiones. La sociedad civil, los reclamantes de tierras, los líderes, indígenas, campesinos y afrodescendientes están luchando por lo que han luchado siempre, la única manera de avanzar es perseverar.”
En este Rompecabezas nos acompañaron:
Deivyd Manrique
Periodista Rompecabezas
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Nos acompañaron:
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En este Rompecabezas quisimos aportar a la comprensión de lo que significa la discapacidad para el mundo laboral y revisar las condiciones y oportunidades que tienen en Colombia las personas con discapacidad.
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