Noticias Institucionales

Noticias Institucionales (202)

La Fundación Reconciliación Colombia y el Centro Nacional de Consultoría entregaron la semana pasada, los resultados sobre el primer estudio de la reconciliación en el país. Se aplicaron novecientos setenta y siete encuestas en cuarenta y tres municipios, algunos de ellos altamente afectados por el conflicto armado ¿A qué estamos dispuestos los colombianos y colombianas para hacer realidad una reconciliación en función de la paz?

El setenta y tres por ciento de los consultados están dispuestos a que sus hijos compartan aulas con hijos de personas desmovilizadas, mientras que el sesenta y tres por ciento afirma que si fueran dueños de una empresa contratarían a un excombatiente, pueda ser que los que realmente tienen empresas piensen lo mismo.

Los encuestados creen que existen tres factores que prioritariamente influyen en la reconciliación del país: en primer lugar, los programas sociales que impulsan la convivencia pacífica con un cincuenta y seis por ciento; el segundo, el fortalecimiento de proyectos productivos para las víctimas, con un cincuenta y cinco por ciento y, en tercer lugar, la participación de la iglesia católica y de otras creencias religiosas en la promoción de la reconciliación, con un cincuenta y tres por ciento. Otros aspectos importantes señalan que para el setenta y nueve por ciento la forma como se castiga y se hace frente a la corrupción está muy mal manejada, mientras que un sesenta y nueve por ciento percibe que se ha conducido mal la presencia de las bandas criminales o paramilitares en el país.

Al preguntar que puede influir con mayor impacto en la reconciliación del país el mayor porcentaje, un treinta y seis por ciento, respondió que la participación de la iglesia católica y las demás creencias religiosas en la promoción de la reconciliación. Este último resultado, no es solo un reconocimiento al trabajo de las iglesias y creencias, sino que también se puede interpretar como una llamada, como un campanazo de alerta y una invitación, motivada por la confianza a que los actores religiosos y espirituales permanezcan y profundicen su compromiso por la reconciliación como aporte a la paz del país.

El Papa Francisco, respecto al proceso de paz en Colombia, expresó en La Habana el año pasado: "Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Que la sangre vertida por miles de inocentes durante tantas décadas de conflicto armado, unida a aquella del Señor Jesucristo, sostenga todos los esfuerzos que se están haciendo".

 
Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP

¿Cómo está el departamento de La Guajira después de más de treinta años de explotación carbonífera? Está saqueado por una economía de enclave y extracción y por una administración corrupta. Las comunidades indígenas, negras y campesinas segregadas, empobrecidas y golpeadas con necesidades básicas insatisfechas en un sesenta y cinco por ciento, según el DANE. La actividad minero energética ha generado desplazamiento de comunidades, sequía y contaminación de ríos, y adicionalmente daños ambientales con impactos negativos de larga duración. La corrupción política ha impedido que se lleven a cabo programas sociales con cambios sostenibles. En la mayor parte de los municipios de La Guajira los colegios y escuelas están desmantelados o abandonados. La salud, como en todo el país, vive una honda crisis. Faltan centros asistenciales, hospitales, personal médico y medicamentos, la tasa de mortalidad asociada a la desnutrición aguda en La Guajira aumentó un cincuenta por ciento en los últimos cuatro años, según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

En La Guajira la situación de los niños y niñas Wayuu es tan crítica, que la Procuraduría en días pasados dio a conocer su petición a la Corte Constitucional para que intervenga ante las constantes violaciones a los derechos fundamentales frente a una evidente y crítica situación de abandono institucional, que amerita impartir una serie de órdenes para proteger a la población de La Guajira y en especial a la comunidad indígena Wayuu. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al Gobierno nacional asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes. Pero la situación no ha cambiado a pesar de las medidas cautelares y de recientes órdenes impartidas por el Tribunal Superior de La Guajira para que el presidente de la República garantice el acceso al agua de los niños Wayuu que mueren de sed y hambre. En declaraciones recogidas por El Catolicismo el obispo de Riohacha, Héctor Salah, aseguró que “la principal calamidad de La Guajira es su clase política. Pues, valiéndose del poder delegado por la gente, ha usado para su propio beneficio los recursos que debieron emplear en la solución de tanto problema que tiene la región. No se pueden seguir robando la plata destinada para alimentar a los niños wayuu, como lo han venido haciendo en los últimos años”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP

El artículo veintidós de la Constitución Nacional establece que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Hoy se puede decir que los colombianos y colombianas decidimos tomar en serio este derecho y deber constitucional. Por eso, el veintitrés de julio que acaba de pasar será recordado por la historia, si este proceso tiene el éxito esperado, como el momento en que decidimos pasar del uso habitual de las armas y de la violación de los derechos humanos a la política sin violencia para construir las decisiones de orden político, social y económico que necesita el país, por la vía de las argumentaciones, los pactos y los acuerdos. En estos momentos estamos dando pasos significativos para lograr no solo la superación de la violencia armada, sino la construcción de nuevas mediaciones para hacer la política, es decir, la transformación de una cultura política basada en la exclusión de los otros y en la prevalencia absoluta de los intereses particulares, a la posibilidad del reconocimiento de un país pluriétnico y pluricultural, como también los reconoce nuestro ordenamiento constitucional.

Hace veinticinco años, a la nueva carta política se la llamó la “Constitución de la Paz”, al calor del proceso de paz del año mil novecientos noventa, motivado por una alta participación ciudadana que derivó en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y la posterior promulgación de la Constitución vigente. Esta carta reconoce de manera explícita un repertorio de derechos y de responsabilidades del Estado y de los Ciudadanos. La firma del Cese bilateral y definitivo del fuego, las garantías del respeto de esta firma, el serio y riguroso cumplimiento de este acuerdo y del esperado acuerdo Final que está por darse, es finalmente dar un paso profundo y significativo en el reconocimiento de los derechos que reivindica nuestra Constitución a los diferentes sujetos con sus anhelos y sueños de una vida mejor en Colombia. Si somos consecuentes con el proceso de diálogo de Paz, luego de dejar las armas y entrar en una nueva cultura política, construir la paz debe significar especialmente el reconocimiento de los derechos de los sectores que han sido más excluidos y violentados en el país: los indígenas, los negros y afrodescendientes, los campesinos y los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y adultos mayores.

El papa Francisco manifestó frente a este momento que vivimos en el país: "Estoy feliz por esta noticia que me llegó ayer, sobre la firma del acuerdo del Cese al fuego definitivo. Más de cincuenta años de guerra de guerrilla, tanta sangre derramada. Ha sido una buena noticia".

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP
 
 

También puedes escucharla cada domingo en el programa voces humanas y divinas de RCN radio

{u

 

 

Luego de la firma del acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo quisimos dar una mirada sobre cómo ha sido el camino recorrido por el Gobierno y las FARC durante este proceso de diálogo en La Habana.

Fuente: Presidencia de la República 

La amazonia colombiana no es el hermoso lugar que imaginamos. De acuerdo con datos de la organización Saving the Amazon, entre el dos mil doce y dos mil catorce Colombia ha perdido más de cuatro mil kilómetros cuadrados de bosque natural. Caquetá, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Putumayo, cuyas extensiones representan el cuarenta por ciento de nuestro suelo, se han situado como los núcleos de este desastre ecológico. En estos territorios las mayores víctimas son cientos de comunidades indígenas que se han visto afectadas por el crecimiento de la tala indiscriminada y otros factores como el de la minería ilegal. Sumado a esto, la fauna y flora de estas regiones se han visto amenazadas, y con ello, los recursos con los que los indígenas subsisten. Ante esta situación, las organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) han presentado el proyecto: “Inclusión de elementos claves de la propuesta indígena sobre REDD+ en la Amazonía” para avanzar en la búsqueda de soluciones que disminuyan el impacto ambiental en el territorio y aporten una visión indígena del fenómeno. Así mismo, el Gobierno, con el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el IDEAM, junto con asociaciones campesinas e indígenas, lanzaron el pasado 3 de junio el Programa de Visión Amazonía; una estrategia que busca reducir a cero las emisiones de gas carbono en el dos mil veinte. Este proyecto, invertirá cien millones de dólares donados por Alemania, Noruega y Reino Unido; y su objetivo será mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales en los territorios amenazados, así como el sostenimiento de la biodiversidad de las regiones. Otros proyectos ejecutados por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) también están contribuyendo a manejar las consecuencias que ha padecido la amazonia del país por la deforestación, la degradación de los bosques, los cultivos de uso ilícito y la contaminación de las aguas.     

El Papa Francisco, en el número treinta y ocho de Laudato si nos dice que “Tampoco se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales que, bajo el pretexto de cuidar la naturaleza, pueden atentar contra las soberanías nacionales. De hecho, existen propuestas de internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven a los intereses económicos de las corporaciones transnacionales. Es loable la tarea de organismos internacionales y de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, utilizando legítimos mecanismos de presión, para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente de su país, sin venderse a intereses espurios locales o internacionales”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP
 

 También puedes escucharla cada domingo en el programa voces humanas y divinas de RCN radio

 

Hace una semana en Colombia se habló de la celebración del día de los campesinos. Sin duda que esta celebración se vuelve un agradecimiento a los habitantes del campo por todos los beneficios y servicios que ellos le aportan a nuestra sociedad. El país se alimenta por su producción agropecuaria; preservan y saben generar soluciones para el uso adecuado de los patrimonios naturales; son custodios de la diversidad cultural en cada una de las regiones del país y su capacidad de organización social nos muestra que las mujeres y hombres campesinos son pueblos que luchan por su reconocimiento y por el respeto de su dignidad. Pero a pesar de estos invaluables reconocimientos, la celebración hace agua y se convierte en una contradicción, cuando analizamos ¿por qué se da el paro agrario en el país?         

La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular responde que el paro se organizó porque el gobierno incumplió los acuerdos pactados en los respectivos paros de los años dos mil trece y dos mil catorce, en los que se comprometieron más de doscientos cincuenta mil millones de pesos que se han venido aplicando a cuenta gotas. A pesar de estas negociaciones las políticas rurales gubernamentales que se están aplicando no responden a las reales necesidades de los habitantes del campo para conseguir la paz con justicia social y ambiental. Por eso, los manifestantes están pidiendo al Gobierno que garantice la participación de las comunidades en la construcción de una reforma agraria que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra en el país y que reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural. A pesar de que el movimiento campesino exigió garantías para el diálogo formal con el Gobierno, tales como la desmilitarización y el cese de acciones represivas en todos los puntos de concentración, así como la no judicialización de todas las personas detenidas en el marco de las protestas, infortunadamente, tres indígenas han perdido la vida y ciento cuarenta y dos personas han resultado heridas. ¿Cuántos paros, protestas, desplazados y pérdidas de vidas necesitamos para hacer justicia a un sector tan golpeado por la inequidad económica, la exclusión política y el conflicto armado, como el campesino?

Frente a esta situación la Conferencia de Aparecida en el número cuatrocientos setenta y cuatro propone: “Buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamente en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista. Por tanto, alentar a nuestros campesinos a que se organicen de tal manera que puedan lograr su justo reclamo”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP

Usted tiene derecho a defender sus derechos. Este es un principio básico. Y básico quiere decir que no depende ni de códigos, ni de instituciones, ni de leyes. Si uno no tuviera ese derecho de defenderlos, nuestros derechos no existirían.

Y entonces ¿por qué algunos creen que los defensores de los derechos humanos no tienen derecho a defenderse y de ayudar a defender los derechos de otras personas? Esta es la pregunta del millón porque, en general, lo que hay detrás de esa negación de la defensa es un millón de hectáreas o muchos millones de pesos.

En realidad los que defienden los derechos humanos están trabajando por usted, por mí y por ellos mismos. Porque defender los derechos humanos es defender el derecho a la integridad de la vida, la de uno y la de los demás. Y esos derechos se inventaron para que la gente común y corriente pueda defenderse cuando sus propios gobiernos los atacan. Suena absurdo pero así es: hay gobiernos que matan a sus ciudadanos, alegando el bien de la ciudadanía. De forma que lo matan a uno por su propio bien. Y por eso el derecho internacional de los derechos humanos es para protegerse de los gobiernos que abusan de su legítima fuerza que está destinada a la defensa y no a la ofensa de los ciudadanos. Para esa defensa el gobierno legítimo está autorizado mantener un ejército y una policía.

En realidad, los ejércitos están diseñados para defenderse de otros países en las guerras internacionales. Y la policía, que es una institución civil, está destinada a colaborar en mantener el orden público en el país. No debiera ser un cuerpo armado.

Pero sucede y pasa que en Colombia, por las circunstancias de la insurgencia armada, el ejército está dedicado a la guerra interna y la policía se militarizó. Y como esas circunstancias son las de la guerra interna, todo el panorama colombiano de la integridad de la vida se ha ensombrecido en una guerra civil y sucia, en la que se mezclan la estrategia antiguerrillera, la represión social y la criminalidad común. La proliferación del homicidio como relación social nos está indicando que matar no es una solución para ningún problema. Y que el usar el asesinato como medio se vuelve contra el asesino. Con ello, la defensa de los derechos humanos se hace cada día más urgente. Y los defensores de los derechos humanos merecen una consideración especial, porque en esa proliferación de la violencia, el único recurso útil es defender a toda costa la integridad de la vida. A los gobiernos les conviene más defender a los defensores que tratar de silenciarlos.

Alejandro Angulo, S.J.

Durante el lanzamiento de la edición Nª87 de la revista Cien Días vistos por CINEP/PPP “Ciudadanía activa: paz en construcción” se presentaron dos temas que serán cruciales para el escenario de posacuerdo:

Primero, Camilo Hernández, autor del artículo “el delito político en el marco del proceso de paz con las FARC-EP” señaló algunas tensiones políticas que se deben tener en cuenta para entender la figura del delito político tanto el proceso que se adelanta en La Habana como en que se inicia con el ELN. Resaltó la importancia de diferenciar el delito político del terrorismo, reconociendo que el primero es también un derecho, el derecho a la rebelión, como lo resalta el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El segundo artículo presentado “negar la protesta social ya no es una opción” de la investigadora Gissell Medina, abordó el panorama de la movilización sociales durante el primer trimestre de 2016.  A partir de la revisión de la dinámica de la protesta en los primeros meses del año se plantea que negar la protesta ya no es posible y en cambio el posacuerdo será un escenario de oportunidad para estas acciones.

La revista Cien Días vistos por CINEP/PPP es una publicación trimestral que circula desde 1988 y hoy se integra como blog a ElEspectador.com. Los invitamos a seguirla.  

Artículos

 

La vida de Mario y Elsa perdura en el recuerdo y en el sentir, permanece en el día a día de CINEP/Programa por la Paz. Como parte del homenaje que realizamos al cumplirse 19 años de su asesinato, presentamos la siguiente línea de tiempo que recoge algunos de los momentos sus vidas.

Diálogos CINEP/PPP en esta oportunidad quiere centrar el análisis en los riesgos que representa para la paz el incremento de amenazas contra defensores de derechos humanos y líderes de restitución de tierras. Buscamos indagar sobre ¿cómo garantizar la seguridad de quienes lideran procesos de reivindicación de derechos en los territorios?, ¿de qué forma enfrentar la violencia que surgirá en el posacuerdo? y ¿qué se requiere para blindar el proceso de construcción de paz territorial ante las amenazas de opositores y “enemigos de la paz”?

Invitados

*Luis Alberto Higuera, Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Pedagógica y excontralor Delegado para el Sector Agropecuario de la Contraloría General de la República.

*Víctor Barrera, Coordinador del equipo Conflicto, Estado y desarrollo CINEP/Programa por la Paz

*Diana Sánchez Lara, Directora Asociación MINGA. Delegada de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU)

Miércoles 4 de mayo | 5:30 a 7:30 p.m. | CINEP/PPP: carrera 5 # 33B - 02

Inscríbete

Diálogos CINEP/PPP es un evento abierto al público que busca exponer varias miradas que le permitan a los asistentes ampliar su perspectiva de análisis y construir una opinión crítica.