Noticias Institucionales

Noticias Institucionales (150)

Gabriel Izquierdo Maldonado era un jesuita, bogotano, sensible y emotivo que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos.

A los 15 años ingresa a la Compañía de Jesús, a los 29 se ordena como sacerdote. En 1994 el padre Gabriel Izquierdo asumió la dirección del Cinep, en medio de un país particularmente convulsionado por la violencia de los años noventa donde las amenazas a los defensores de derechos humanos se hacían sentir.

Durante la dirección del padre Izquierdo se lideraron importantes procesos en materia de derechos humanos, como la consolidación del Banco de Datos de Derechos Humanos, una base que reúne por regiones los datos de víctimas de violaciones a derechos civiles y políticos . También organizó varios programas de educación con programas de tres años, uno de ellos fue el Programa de Educación  ligado a la Reestructuración de la Escuela, que se basó en el equipo de profesores, para analizar la función de la escuela desde el punto de vista de la participación, la tolerancia y el respeto.

En el trabajo con comunidades se destaca la labor de acompañamiento. Desde inicios de 1994 estuvo cerca a la experiencia del Urabá con las Comunidades de paz, basada en la decisión de las comunidades campesinas de no participar de una guerra que no es suya y complementada por una fuerte organización comunitaria. En 1996 acompañó a los desplazados de la hacienda Bellacruz en el Cesar, quienes frente a las presiones de los supuestos dueños de las tierras fueron despojados. Este trabajo llevó al P. Izquierdo y a varios investigadores del Cinep a ser perseguidos y amenazados por su solidaridad con las víctimas y  las denuncias de violaciones a los DD.HH. de los campesinos, hasta el punto de comprometerlos seriamente en su integridad.

Las amenazas se materializaron en 1997, cuando los investigadores Mario Calderón y Elsa Alvarado fueron asesinados. El miedo se hizo latente. Fernán González, S.J., amigo de Izquierdo desde la infancia y también jesuita recuerda cómo fue capotear los años duros de las amenazas militares y paramilitares. “El padre Gabriel era el director y yo el subdirector, por las constantes amenazas tuvo que salir del país y yo quedé a cargo de Cinep, él estaba lejos pero quería estar aquí, quería estar presente pero no podía”, aseguró González, S.J.

En la más reciente conmemoración del asesinato de Mario y Elsa, el P. Gabriel Izquierdo  en entrevista con El Espectador  respondió con llanto, conmovido por la pérdida de los investigadores y por otros 34 amigos que sumaba a la cuenta.  

“Gabriel Izquierdo era más emocional de lo que la gente imagina, lloraba mucho, vivimos una vida juntos, como compañeros de griego y latín, una vida de formación”. Recuerda el P. Fernán.

La labor de Gabriel Izquierdo, S.J. se centró en la promoción, impulso y acompañamiento de varios sectores populares, especialmente al lado de los campesinos así como de regiones excluidas del país. Enfatizó su labor en la organización comunitaria y estuvo comprometido con sus luchas en momentos de crisis.

El P. Izquierdo ha partido pero dejó su legado como defensor de los derechos humanos y como constructor de paz. El ejemplo de una vida dedicada al servicio y a soñar otro mundo posible.

Jennipher Corredor
Equipo comunicaciones

 

 

 

 

 

Como evento inaugural de la Feria del libro Cinep/PPP 2016 se presentó el número 88 de la revista Cien Días, una publicación trimestral que en esta ocasión se titula La Paz en el Acuerdo, y trae a los lectores un análisis crítico sobre los acuerdos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Alejandro Angulo dio inicio a la presentación con unas palabras muy oportunas para el momento coyuntural que los colombianos estamos viviendo: “No todos hemos sido víctimas directas de la guerra, pero hemos sufrido con las víctimas y tenemos una deuda espiritual con el país”.

Durante la celebración del evento se presentaron dos de los artículos que componen esta edición, el primero de ellos fue El ilusionismo de la paz, escrito por William Rozo quien busca aterrizar los alcances del acuerdo a la realidad “a lo sumo alcanza para frenar la confrontación armada con una de las guerrillas pero la paz es otra cosa, es todo un proceso”, mencionó el autor.

El segundo artículo presentado fue “Los derechos de las víctimas en el acuerdo de La Habana” escrito por Ángela Ballesteros y Jerry Garavito, quienes ofrecen a los lectores una mirada analítica sobre el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y no Repetición, con el cual se pretende recoger y mejorar las experiencias de los anteriores sistemas de atención a víctimas. En esta última entrega Cien Días ofrece a los colombianos un análisis completo y objetivo de los acuerdos de paz con respecto a la defensa de los derechos humanos, la revista se puede descargar de forma gratuita.

La revista Cien Días vistos por CINEP/PPP es una publicación trimestral que circula desde 1988 y hoy se integra como blog a ElEspectador.com.

Artículos

Movimientos sociales | Luchas de trabajadores de la salud

 

 

 

 

 

 

Según los últimos informes de la Fundación Transparencia por Colombia, el cincuenta y seis por ciento de contralorías departamentales, encargadas de controlar el manejo eficiente y honesto de los recursos municipales, están en un nivel de corrupción entre alto y muy alto, más que sus vigilados. Los diseños y controles institucionales, varios de ellos débiles, llenos de fallas y establecidos formalmente pero sin cumplir su misión efectiva, dejan espacio para que las entidades de control no cumplan con su misión, lo que genera oportunidades para la avidez de los corruptos. Este drama crece cuando se calculan las cifras de dinero que quedan en las cuentas bancarias de los corruptos funcionarios del Estado en complicidad con mafias del sector privado, alrededor de veinte billones de pesos al año, según la Procuraduría General de la Nación. El dinero de los ciudadanos y ciudadanas de Colombia queda en manos de las estructuras mafiosas que, vía proyectos de infraestructura y programas sociales, asaltan al Estado y lo conciben como un botín para lucrarse de manera impúdica. Son tantos, y tan frecuentes los casos de corrupción en la administración pública, que hemos perdido ya nuestra capacidad de asombro y de indignación. Desde el año dos mil nueve hasta mayo del presente año, los datos de la Procuraduría General de la Nación revelan que sesenta y seis gobernadores, mil seiscientos treinta y cinco alcaldes y mil ciento ocho concejales fueron sancionados de diferentes maneras en el país. A pesar de esto, en Colombia, sólo uno de cada cuatro corruptos paga cárcel y el veinticinco por ciento logra detención domiciliaria, mientras que las condenas efectivas no superan dos años. Los departamentos que ocupan los primeros lugares en corrupción de la administración pública son, en su orden: Santander, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Antioquia, La Guajira, Chocó, Caquetá, Casanare, Amazonas y Guainía. Estos resultados son todo un desafío para un país que intenta caminar hacia la creación de nuevas instituciones para la paz deseada, tras la firma del acuerdo entre el Gobierno y las FARC. Administraciones públicas que, si no son organizadas y manejadas por reales servidores públicos, transparentes, íntegros y honestos, no será posible que realicen los programas necesarios para la consecución de una paz sustentable, duradera y con justicia social.

Deuteronomio capítulo dieciséis nos dice: “No torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás el soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Justicia, sólo justicia has de buscar, para que vivas y poseas la tierra que Dios te da”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director CINEP/Programa por la Paz

Desde hace tres décadas se incubó la crisis de Electricaribe al calor de la privatización de los servicios públicos, y hoy la región Caribe está al filo de un apagón. Pero… ¿cuáles son las causas determinantes de esta crisis? No es ningún secreto: la ineficacia técnica, comercial y política de Electricaribe y del Estado es dramática. Preocupa en toda esta deteriorada evolución, las graves implicaciones económicas y sociales. Hasta el momento han existido intervenciones de empresas estadounidenses, venezolanas y españolas, pero ninguna ha podido resolver los problemas. El sector eléctrico hoy está prácticamente todo en manos de la inversión privada. Su interés prioritario no es prestar un servicio público de calidad sino hacer la menor inversión con el máximo de rentabilidad; factor determinante de la crisis. Pero igualmente hay un mito que se desnuda: no es cierto, como decían los defensores de la privatización en los años noventa, que el manejo de los servicios públicos y sociales en manos de privados era de mayor calidad que el del sector público. Sin duda, el Estado tampoco pudo responder con eficiencia y ética pública a los requerimientos. A cuenta de los dos modelos los ciudadanos salimos pagando los platos rotos.

En este momento Electricaribe es incapaz de reducir pérdidas, de responder con calidad y de lograr una estructura de sostenibilidad. A pesar de que el Ministerio de Minas le giró ciento treinta y tres mil cuatrocientos millones de pesos para construir adecuaciones en siete departamentos, las obras no se concluyeron y más de cincuenta y cinco mil usuarios dejaron de beneficiarse. Según la Contraloría el detrimento patrimonial de Electricaribe y el Ministerio de Minas, estuvo cerca de los sesenta y seis mil millones de pesos. Los habitantes del Caribe llevan años protestando por el mal servicio y la copa se rebosó. Por eso, los ciudadanos y gobernantes de los departamentos costeños están pidiendo al gobierno nacional, intervenir a Electricaribe - filial de la española Gas Natural Fenosa-, conseguir nuevos operadores, exigir al gobierno nuevas redes; que se invierta en lo que corresponde, y que los generadores de energía como Isagén, AES Chivor y Emgesa se hagan parte de la solución. Ojalá que ahora, ante la profunda crisis, se encuentre una salida definitiva que desactive esta bomba social que amenaza a la costa Caribe con un apagón. Ojala que a los denunciantes de estos hechos no les suceda lo que le pasó al profeta Jeremías cuando, por denunciar las injusticias e irresponsabilidades de los gobernantes, los primeros que lo arrojaron al pozo profundo para desaparecerlo fueron los príncipes cercanos al rey. Necesitamos profetas que como Jeremías se atrevan a visibilizar los problemas y a proponer alternativas así no sean de la conveniencia de los poderes dominantes.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP

La Fundación Reconciliación Colombia y el Centro Nacional de Consultoría entregaron la semana pasada, los resultados sobre el primer estudio de la reconciliación en el país. Se aplicaron novecientos setenta y siete encuestas en cuarenta y tres municipios, algunos de ellos altamente afectados por el conflicto armado ¿A qué estamos dispuestos los colombianos y colombianas para hacer realidad una reconciliación en función de la paz?

El setenta y tres por ciento de los consultados están dispuestos a que sus hijos compartan aulas con hijos de personas desmovilizadas, mientras que el sesenta y tres por ciento afirma que si fueran dueños de una empresa contratarían a un excombatiente, pueda ser que los que realmente tienen empresas piensen lo mismo.

Los encuestados creen que existen tres factores que prioritariamente influyen en la reconciliación del país: en primer lugar, los programas sociales que impulsan la convivencia pacífica con un cincuenta y seis por ciento; el segundo, el fortalecimiento de proyectos productivos para las víctimas, con un cincuenta y cinco por ciento y, en tercer lugar, la participación de la iglesia católica y de otras creencias religiosas en la promoción de la reconciliación, con un cincuenta y tres por ciento. Otros aspectos importantes señalan que para el setenta y nueve por ciento la forma como se castiga y se hace frente a la corrupción está muy mal manejada, mientras que un sesenta y nueve por ciento percibe que se ha conducido mal la presencia de las bandas criminales o paramilitares en el país.

Al preguntar que puede influir con mayor impacto en la reconciliación del país el mayor porcentaje, un treinta y seis por ciento, respondió que la participación de la iglesia católica y las demás creencias religiosas en la promoción de la reconciliación. Este último resultado, no es solo un reconocimiento al trabajo de las iglesias y creencias, sino que también se puede interpretar como una llamada, como un campanazo de alerta y una invitación, motivada por la confianza a que los actores religiosos y espirituales permanezcan y profundicen su compromiso por la reconciliación como aporte a la paz del país.

El Papa Francisco, respecto al proceso de paz en Colombia, expresó en La Habana el año pasado: "Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Que la sangre vertida por miles de inocentes durante tantas décadas de conflicto armado, unida a aquella del Señor Jesucristo, sostenga todos los esfuerzos que se están haciendo".

 
Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP

¿Cómo está el departamento de La Guajira después de más de treinta años de explotación carbonífera? Está saqueado por una economía de enclave y extracción y por una administración corrupta. Las comunidades indígenas, negras y campesinas segregadas, empobrecidas y golpeadas con necesidades básicas insatisfechas en un sesenta y cinco por ciento, según el DANE. La actividad minero energética ha generado desplazamiento de comunidades, sequía y contaminación de ríos, y adicionalmente daños ambientales con impactos negativos de larga duración. La corrupción política ha impedido que se lleven a cabo programas sociales con cambios sostenibles. En la mayor parte de los municipios de La Guajira los colegios y escuelas están desmantelados o abandonados. La salud, como en todo el país, vive una honda crisis. Faltan centros asistenciales, hospitales, personal médico y medicamentos, la tasa de mortalidad asociada a la desnutrición aguda en La Guajira aumentó un cincuenta por ciento en los últimos cuatro años, según el ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

En La Guajira la situación de los niños y niñas Wayuu es tan crítica, que la Procuraduría en días pasados dio a conocer su petición a la Corte Constitucional para que intervenga ante las constantes violaciones a los derechos fundamentales frente a una evidente y crítica situación de abandono institucional, que amerita impartir una serie de órdenes para proteger a la población de La Guajira y en especial a la comunidad indígena Wayuu. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le solicitó al Gobierno nacional asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil, así como tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y a alimentos en calidad y cantidad suficientes. Pero la situación no ha cambiado a pesar de las medidas cautelares y de recientes órdenes impartidas por el Tribunal Superior de La Guajira para que el presidente de la República garantice el acceso al agua de los niños Wayuu que mueren de sed y hambre. En declaraciones recogidas por El Catolicismo el obispo de Riohacha, Héctor Salah, aseguró que “la principal calamidad de La Guajira es su clase política. Pues, valiéndose del poder delegado por la gente, ha usado para su propio beneficio los recursos que debieron emplear en la solución de tanto problema que tiene la región. No se pueden seguir robando la plata destinada para alimentar a los niños wayuu, como lo han venido haciendo en los últimos años”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP

El artículo veintidós de la Constitución Nacional establece que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Hoy se puede decir que los colombianos y colombianas decidimos tomar en serio este derecho y deber constitucional. Por eso, el veintitrés de julio que acaba de pasar será recordado por la historia, si este proceso tiene el éxito esperado, como el momento en que decidimos pasar del uso habitual de las armas y de la violación de los derechos humanos a la política sin violencia para construir las decisiones de orden político, social y económico que necesita el país, por la vía de las argumentaciones, los pactos y los acuerdos. En estos momentos estamos dando pasos significativos para lograr no solo la superación de la violencia armada, sino la construcción de nuevas mediaciones para hacer la política, es decir, la transformación de una cultura política basada en la exclusión de los otros y en la prevalencia absoluta de los intereses particulares, a la posibilidad del reconocimiento de un país pluriétnico y pluricultural, como también los reconoce nuestro ordenamiento constitucional.

Hace veinticinco años, a la nueva carta política se la llamó la “Constitución de la Paz”, al calor del proceso de paz del año mil novecientos noventa, motivado por una alta participación ciudadana que derivó en la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y la posterior promulgación de la Constitución vigente. Esta carta reconoce de manera explícita un repertorio de derechos y de responsabilidades del Estado y de los Ciudadanos. La firma del Cese bilateral y definitivo del fuego, las garantías del respeto de esta firma, el serio y riguroso cumplimiento de este acuerdo y del esperado acuerdo Final que está por darse, es finalmente dar un paso profundo y significativo en el reconocimiento de los derechos que reivindica nuestra Constitución a los diferentes sujetos con sus anhelos y sueños de una vida mejor en Colombia. Si somos consecuentes con el proceso de diálogo de Paz, luego de dejar las armas y entrar en una nueva cultura política, construir la paz debe significar especialmente el reconocimiento de los derechos de los sectores que han sido más excluidos y violentados en el país: los indígenas, los negros y afrodescendientes, los campesinos y los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y adultos mayores.

El papa Francisco manifestó frente a este momento que vivimos en el país: "Estoy feliz por esta noticia que me llegó ayer, sobre la firma del acuerdo del Cese al fuego definitivo. Más de cincuenta años de guerra de guerrilla, tanta sangre derramada. Ha sido una buena noticia".

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP
 
 

También puedes escucharla cada domingo en el programa voces humanas y divinas de RCN radio

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Luego de la firma del acuerdo sobre el cese al fuego bilateral y definitivo quisimos dar una mirada sobre cómo ha sido el camino recorrido por el Gobierno y las FARC durante este proceso de diálogo en La Habana.

Fuente: Presidencia de la República 

La amazonia colombiana no es el hermoso lugar que imaginamos. De acuerdo con datos de la organización Saving the Amazon, entre el dos mil doce y dos mil catorce Colombia ha perdido más de cuatro mil kilómetros cuadrados de bosque natural. Caquetá, Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y Putumayo, cuyas extensiones representan el cuarenta por ciento de nuestro suelo, se han situado como los núcleos de este desastre ecológico. En estos territorios las mayores víctimas son cientos de comunidades indígenas que se han visto afectadas por el crecimiento de la tala indiscriminada y otros factores como el de la minería ilegal. Sumado a esto, la fauna y flora de estas regiones se han visto amenazadas, y con ello, los recursos con los que los indígenas subsisten. Ante esta situación, las organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) han presentado el proyecto: “Inclusión de elementos claves de la propuesta indígena sobre REDD+ en la Amazonía” para avanzar en la búsqueda de soluciones que disminuyan el impacto ambiental en el territorio y aporten una visión indígena del fenómeno. Así mismo, el Gobierno, con el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y el IDEAM, junto con asociaciones campesinas e indígenas, lanzaron el pasado 3 de junio el Programa de Visión Amazonía; una estrategia que busca reducir a cero las emisiones de gas carbono en el dos mil veinte. Este proyecto, invertirá cien millones de dólares donados por Alemania, Noruega y Reino Unido; y su objetivo será mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales en los territorios amenazados, así como el sostenimiento de la biodiversidad de las regiones. Otros proyectos ejecutados por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI) también están contribuyendo a manejar las consecuencias que ha padecido la amazonia del país por la deforestación, la degradación de los bosques, los cultivos de uso ilícito y la contaminación de las aguas.     

El Papa Francisco, en el número treinta y ocho de Laudato si nos dice que “Tampoco se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales que, bajo el pretexto de cuidar la naturaleza, pueden atentar contra las soberanías nacionales. De hecho, existen propuestas de internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven a los intereses económicos de las corporaciones transnacionales. Es loable la tarea de organismos internacionales y de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, utilizando legítimos mecanismos de presión, para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente de su país, sin venderse a intereses espurios locales o internacionales”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP
 

 También puedes escucharla cada domingo en el programa voces humanas y divinas de RCN radio

 

Hace una semana en Colombia se habló de la celebración del día de los campesinos. Sin duda que esta celebración se vuelve un agradecimiento a los habitantes del campo por todos los beneficios y servicios que ellos le aportan a nuestra sociedad. El país se alimenta por su producción agropecuaria; preservan y saben generar soluciones para el uso adecuado de los patrimonios naturales; son custodios de la diversidad cultural en cada una de las regiones del país y su capacidad de organización social nos muestra que las mujeres y hombres campesinos son pueblos que luchan por su reconocimiento y por el respeto de su dignidad. Pero a pesar de estos invaluables reconocimientos, la celebración hace agua y se convierte en una contradicción, cuando analizamos ¿por qué se da el paro agrario en el país?         

La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular responde que el paro se organizó porque el gobierno incumplió los acuerdos pactados en los respectivos paros de los años dos mil trece y dos mil catorce, en los que se comprometieron más de doscientos cincuenta mil millones de pesos que se han venido aplicando a cuenta gotas. A pesar de estas negociaciones las políticas rurales gubernamentales que se están aplicando no responden a las reales necesidades de los habitantes del campo para conseguir la paz con justicia social y ambiental. Por eso, los manifestantes están pidiendo al Gobierno que garantice la participación de las comunidades en la construcción de una reforma agraria que redistribuya y democratice la propiedad de la tierra en el país y que reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural. A pesar de que el movimiento campesino exigió garantías para el diálogo formal con el Gobierno, tales como la desmilitarización y el cese de acciones represivas en todos los puntos de concentración, así como la no judicialización de todas las personas detenidas en el marco de las protestas, infortunadamente, tres indígenas han perdido la vida y ciento cuarenta y dos personas han resultado heridas. ¿Cuántos paros, protestas, desplazados y pérdidas de vidas necesitamos para hacer justicia a un sector tan golpeado por la inequidad económica, la exclusión política y el conflicto armado, como el campesino?

Frente a esta situación la Conferencia de Aparecida en el número cuatrocientos setenta y cuatro propone: “Buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamente en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista. Por tanto, alentar a nuestros campesinos a que se organicen de tal manera que puedan lograr su justo reclamo”.

Luis Guillermo Guerrero Guevara
Director General CINEP/PPP