Noticias Institucionales

Noticias Institucionales (172)

Este jueves 23 de septiembre se presentó la Revista Noche y Niebla No. 63 con el Informe de Derechos Humanos semestral producido el Banco de Datos y Violencia Política del CINEP/PPP que, entre otros, manifiesta su preocupación por el accionar de la Policía, presunto mayor violador de Derechos Humanos en el primer semestre del año con 926 víctimas.

El Banco de Datos y la Red Nacional de Bancos de Datos presentan a la opinión pública la Revista Noche y Niebla No 63, correspondiente al período enero 1 a junio 30 de 2021. Allí se documentan, caso por caso, las violencias políticas permanentes en Colombia durante el primer semestre del año, que evidencian la continuidad de prácticas sociales genocidas en Colombia, tanto en el contexto de los incumplimientos en la implementación del Acuerdo de Paz como en el Paro Nacional. 

“Denunciamos porque creemos que eso aporta a la protección de las víctimas”, aseguró Martha Lucía Márquez, directora del Cinep / PPP, al inicio de la rueda de prensa indicando que la institución “asume el derecho y la obligación de plantear una lectura propia y autónoma sobre la crisis de derechos humanos y DIH a nivel nacional, en un esfuerzo por reducir la vulnerabilidad de las víctimas, ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes”

“El estado de derecho se ha ido desmoronando cada día más. Lo que queda son las ruinas de un estado genocida”, aseguró el padre Javier Giraldo al inicio de la rueda de prensa y conversatorio que, con la presencia de una veintena de medios de comunicación, dio a conocer a la opinión pública el preocupante panorama de violencia socio-política en el primer semestre del año que consiguió documentar la Revista Noche y Niebla, aclarando también que dicho registro no pretende ser una estadística y es limitado incluso por las condiciones de terror y violencias en que las víctimas y testigos permanecen.

En la conversación desde la sede del Cinep / PPP en Bogotá se reveló que los departamentos con mayor violación de ddhh en el primer semestre de 2021 fueron Santander (304), Bogotá (149) y Cauca (107), seguidos de Boyacá (106), Cundinamarca (97), Valle del Cauca (84) y Antioquia (52). Los presuntos responsables de estas violaciones serían, en su mayoría, unidades de la Policía Nacional quienes, según los registros del Banco de Datos y la Red, causaron heridas a 358 personas, detuvieron arbitrariamente a 351; amenazaron de muerte a 137; torturaron a 38; ejecutaron extrajudicialmente a 26 ciudadanos, perpetraron acciones de violencia sexual contra 10 personas y desaparecieron a seis más. La mayoría de estas victimizaciones fueron cometidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional dejando un total de 926 víctimas.

Entre abril y junio, meses de mayor intensidad del Paro Nacional, se presentaron la mayoría de lesiones físicas, amenazas y detenciones arbitrarias: se registraron 1388 víctimas de estas tres modalidades de violencia.

“Cientos de personas fueron capturadas y atacadas con gases lacrimógenos por parte del Esmad; hubo un desbordamiento de violencia en contra de los principios de un Estado Social Derecho; y misiones internacionales de observación a la violación de ddhh fueron testigos de la desaparición del estado de derecho en Colombia”, describió Giraldo, sacerdote jesuita fundador del Banco de Datos.

“El respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de las personas fueron violados en todas sus expresiones político socioculturales”, agregó el padre refiriéndose a la represión vivida en el Paro Nacional que inició el 28 de abril y cuya evolución provocó que, lamentablemente, esta vez la Revista Noche y Niebla fuese más gruesa de lo habitual: se necesitaron más páginas para incluir el horror vivido por la población civil que recibió como respuesta a su ejercicio del derecho a la protesta un tratamiento de guerra y una violenta represión por parte del Estado. “Hubo y hay una cacería”, aseguró Giraldo.

El Paro Nacional de 2021 también se vivió en Boyacá. Diversos sectores de la población boyacense salieron a protestar exigiendo el cumplimiento de derechos como la vida, la salud, la educación, la alimentación y el ambiente; pero los manifestantes también fueron reprimidos por parte de la fuerza pública. 

En un ejercicio preliminar de documentación, se pudieron recopilar 22 casos de agresiones cometidas en el marco del paro nacional, que dejaron 106 violaciones de derechos humanos, lo cual hizo ubicar a Boyacá como el cuarto departamento con mayor número de violaciones de Derechos Humanos durante este semestre, precedido por Santander, Bogotá y Cauca.  

Se registraron detenciones, amenazas, lesiones y torturas en municipios como Sogamoso, Paipa, Duitama, Tunja y Monguí. Se resaltan casos de hombres que amenazan e intimidan a los manifestantes desde camionetas, jóvenes lesionados y torturados, como el caso del estudiante de Comunicación Social, Santiago Amaya, detenido, lesionado y torturado en Duitama el 1 de mayo de 2021, de dos personas con heridas oculares el 28 de junio de 2021 en Paipa, o las mujeres de Tunja agredidas el 15 de mayo de 2021 cuando salieron a protestar en rechazo a los abusos sexuales cometidos por la Policía Nacional en el marco del paro nacional.

Por su parte, Ana Milena Baquero Vega, víctima de crímenes de Estado e integrante del Grupo Memoria, Vida y Dignidad, y Gabriel Riaño, de la Mesa por la Salud de Boyacá, narraron las violencias sufridas histórica y recientemente en la región que, paradójicamente, muchos creen un remanso de paz. En Boyacá las prácticas de violación a los ddhh han sido sistemáticas y la respuesta que han recibido las comunidades que se organizan para exigir el respeto a sus derechos han sido, además de la represión violenta del Estado como se vivió en el Paro Nacional de este año, la desaparición forzada, las masacres como la del Páramo de La Sorna y las “ejecuciones judiciales”. 

Según la base de datos de Cinep/PPP, se han registrado alrededor de 143 víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública y/o paramilitares, desde el año 1982 hasta el 2015 en el departamento de Boyacá, y se han documentado casos de 37 víctimas de desaparición forzada en los municipios se Miraflores, Zetaquirá, Páez, Campohermoso, San Eduardo, Berbeo, Boyacá, Chiscas, Puerto Boyacá, Pajarito y Guateque, de los que en su mayoría se tiene muy poca información.

Ana  Milena insistió en la necesidad de que los victimarios, entre ellos el Estado,  les pidan perdón y reconozcan públicamente su responsabilidad. Mientras tanto, Gabriel recordó que pese a que Boyacá ha sido fuertemente golpeada por el conflicto “ninguna de las regiones o municipios se priorizaron como PDET”.

“Debemos continuar la vigilancia a los responsables de la violación a la dignidad humana. Que exista una masa de gente que rechace estos crímenes y los denuncia y que tiene el valor de hacerlo indicando así que hay una conciencia clara de que esta forma de relación que es abusiva y violenta y que la justicia y no la fuerza es el camino para una sociedad amable”, indicó el padre Alejandro Angulo S.J. investigador del Banco de Dato subrayando que Noche y Niebla es una voz incansable por la justicia.

La directora de Cinep, Martha Márquez, recordó que “nos exigimos denunciar abiertamente las agresiones contra las víctimas del conflicto social y armado vigente en Colombia, vengan de donde vengan (... ) no  como notarios de la muerte, sino como ciudadanos comprometidos en la construcción de una sociedad diferente:  más justa y solidaria”. 

Encuentre la Revista Noche y Niebla No. 63 acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744 

Encuentre la rueda de prensa y conversatorio en Youtube:

Encuentre una nota detallada de la revista acá: https://www.nocheyniebla.org/?p=1744&fbclid=IwAR2IEKsTTeh9_L9W4VkyHqTFB8hvKtPjlpZVglYM3JsQ3W1dJ1nWTelFYoE 

Escuche la lista de reproducción con algunos casos que presenta la revista en Spotify:

Por: Equipos Banco de Datos y Comunicaciones Cinep / PPP

 

Hasta el 20 de septiembre están abiertas las inscripciones para la Escuela de Formación Política Poder y Paz, en la que se fortalecerán con herramientas y debates las candidaturas de las y los líderes para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP).

Hasta el 20 estarán abiertas las inscripciones de la Escuela de formación política para candidatas y candidatos a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz “Poder y Paz”. Un total de 30 cupos están disponibles para apoyar a quienes se presentarán en la próxima jornada electoral por estas Circunscripciones, especialmente en las regiones del Caribe ampliado y Pacífico colombiano.

La escuela se desarrollará entre los meses de octubre (de forma virtual) y noviembre (de forma presencial) de 2021. 

Estos son los requisitos:

  • Ser colombiana/colombiano de nacimiento.
  • Tener más de 25 años.
  • Ser víctima del conflicto armado acreditada por la UARIV.
  • Ser lideresa, líder o defensora, defensor territorial en temas de paz, ambiente y/o mujeres dentro de una organización social, campesina o étnica. 
  • Haber nacido, vivir o estar viviendo en alguna de las regiones de la circunscripción transitoria especial por tres años consecutivos (las circunscripciones del Caribe y Pacífico son: Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Bajo Cauca, Chocó, Montes de María, Magdalena, César, La Guajira, Sur de Bolívar, Sur de Córdoba, Urabá). 
  • No haber sido candidato a cargo de elección popular por un partido o movimiento político con personería jurídica o representación en el Congreso de la República, o haber ocupado cargo directivo de estos.
  • No haber sido beneficiario de programas de reintegración o reincorporación. 
  • Llenar el formulario y adjuntar perfil en: https://co.boell.org/es/form/escuelo-ctep

En la escuela habrá espacios de aprendizaje colectivos sobre la estructura del Estado, el proceso electoral de las circunscripciones, y las principales demandas de las organizaciones sociales para garantizar los derechos de las víctimas, las mujeres y a la tierra y el territorio. También se entregarán herramientas para el diseño de campañas políticas. 

Las 30 personas seleccionadas serán notificadas a más tardar el 24 de septiembre de 2021. 

La Escuela Poder y Paz es organizada por Broederlijk Delen, el Cinep / PPP, el Centro de Pensamiento Áncora y la Fundación Heinrich Böll.

Más información: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Encuentre el PDF con más información de la Escuela a continuación: 

Por Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.

Con 87 personas asesinadas y más de 3 mil detenidas en el Paro Nacional, los Diálogos Cinep pusieron “el cuidado” como tema central de conversación con personal médico, un sacerdote, una académica y la moderación del Cinep destacando el papel del diálogo, las mujeres y la comunicación a la hora de cuidarnos en el ejercicio del derecho a la protesta.

Según la Campaña Defender La Libertad, hasta el 21 de julio, en el marco del Paro Nacional en Colombia, 87 personas han sido asesinadas, 1905 “fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Polícia Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados”, y 3.365 fueron han sido detenidas, muchas de ellas en el marco de actuaciones “arbitrarias”. Por eso, este 8 de septiembre los Diálogos Cinep volvieron para hablar sobre cuidado y movilización.

Con la participación de Stephania Recalde, investigadora del Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali; Julián Zuluaga, médico del bloque popular de la salud de Medellín; y el padre Venanzio Munyiri, director de la Pastoral Afro de la Arquidiócesis de Cali y la moderación de Rodrigo Ante Meneses, los diálogos Cinep permitieron ver las diferentes formas de cuidado en el Paro Nacional. 

El padre Venanzio, misionero de la Consolata y oriundo de Kenia, África, expuso nueve formas de cuidado que la comunidad de Cali aplicó durante las propuestas: 

  1. La presencia en el lugar de los hechos.
  2. La identificación de actores y espacios para saber ubicarse evitando el peligro o alertando sobre el mismo.
  3. La conciencia de estar en medio de una crisis sanitaria y la necesidad de aplicar medidas de bioseguridad.
  4. Los encuentros periódicos y espacios de escucha.
  5. La detección temprana de cualquier amenaza contra la manifestación o quienes están cerca.
  6. La prudencia en el uso de la palabra y la verificación de lo que se comparte.
  7. La permanencia posterior a los hechos, es decir, el acompañamiento luego de terminada la movilización o al establecer una mesa de diálogo.
  8. El cuidado espiritual. 

El religioso también explicó que las ollas comunitarias y los puntos de atención médica sirvieron como lugares de encuentro alrededor de los que se tejió comunidad. Adicionalmente, la demarcación del territorio mediante la resignificación de espacios con el derrumbamiento de estatuas o la creación de monumentos llevó a identificar intereses comunes y arraigo con los espacios. 

Y en cuanto a la comunicación, el padre destacó la necesidad de la escucha, la responsabilidad sobre lo que se dice y se comparte, y el servicio que prestan las redes sociales para denunciar. El Director de la Pastoral Afro de Cali subrayó las acciones artísticas, el deporte y las bibliotecas comunitarias como expresiones “que siempre habían estado allí pero se pusieron al servicio del Paro”; y por último, sostuvo que el enfoque diferencial logró unir las voces de mujeres, personas afros y de pueblos indígenas en torno a clamores comunes por una vida digna.

Stephania Recalde, trabajadora social y autora del artículo “Al otro lado del miedo está el país que soñamos” publicado por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, destacó el papel que ellas tuvieron al llevar el cuidado “de la casa a la barricada”, manifestando que las mujeres no solo fueron operarias de acciones de cuidado sino también gestoras de estrategias. En ese sentido, recordó la acción de las mamás de la Primera Línea que protegían a quienes se manifestaban y realizaban labores como organizar la alimentación en las ollas comunitarias o exigir el respeto a la vida.

Julián Zuluaga, médico y brigadista de la salud en Medellín, habló del papel que tuvieron las brigadas médicas en curar más allá de los “sufrimientos de la carne”. Para Zuluaga, quienes integraron cuerpos médicos para proteger y cuidar a los manifestantes aprendieron a hablar con otros actores de la movilización para hacer posible este cuidado. “Estos escenarios nos permiten reconocer la otredad que sufre y asumir nuestro papel político”, concluyó.

La permanencia posterior a los hechos: El diálogo como posibilidad

Stephania Recalde analizó el diálogo desde dos perspectivas: de lo comunitario, y hacia afuera. En cuanto al diálogo comunitario recalcó su trascendencia para que diferentes personas se encontraran en espacios como asambleas comunitarias permitiendo “acuerdos entre personas que opinan distinto” para alcanzar agendas conjuntas. De otra parte, el diálogo hacia las instituciones y otras organizaciones “se convierte en una posibilidad de cuidado cuando tiende puentes”, afirmó, concluyendo que ello puede “generar propuestas para mejorar la vida de las personas”. 

Por último, Venanzio Munyiri aseveró que era necesario “pasar de la mesa de diálogo a la cultura de diálogo”, porque entender el diálogo como un camino y no como un fin en sí mismo es “la condición mínima para solucionar un conflicto”. El Padre concluyó señalando que “cuando no hay diálogo consideramos al otro como amenaza, y consideramos su eliminación”.

Esta conversación contó con la moderación de Rodrigo Ante, investigador del Programa Conflicto, Estado y Paz del Cinep / PPP.

Encuentra los Diálogos Cinep sobre Cuidado y Movilización a continuación:

Por Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.

Entre el 5 y 12 de septiembre se celebra la Semana por la Paz con el lema #VerdadQuePodemos, como una invitación a tomar un rol protagónico en la construcción de una cultura de paz basada en el respeto por la verdad. El Cinep se une con tres conversaciones sobre mujeres, experiencias de paz y Revista Cien Días.

Del 5 al 12 de septiembre se desarrolla la versión 34 de la Semana por la Paz, iniciativa que desde 1987 ha visibilizado el esfuerzo cotidiano de miles de personas, colectivos, organizaciones e instituciones que trabajan por la construcción y consolidación de la paz. En esta ocasión, el lema de la semana es #VerdadQuePodemos “invitando a la ciudadanía a tomar un rol protagónico en la construcción de una cultura para la paz, basada en la acogida consciente y respetuosa de la verdad que todas y todos debemos conocer, y en la diversidad de caminos que hemos encontrado para reconciliarnos”.

El Cinep / PPP se une a la Semana con tres eventos:

 

Miércoles 8 de septiembre 9 am. 

30 años después: ¿Ciudadanos o vándalos? presentación de la edición #102 de la Revista Cien Días vistos por Cinep”, con Fernán González S.J., Rodrigo Ante, Alejandra Alfonso, Deicy Giraldo, Daniela Torres y John Montoya S.J. Modera José Darío Rodríguez S.J.

Transmisión por: https://www.youtube.com/c/javerianacali

 

Miércoles 8 de septiembre 3pm. 

“Memoria y Verdad de las Mujeres Víctimas”, con la participación de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana del Cinep / PPP.

Transmisión por:  

https://us02web.zoom.us/j/87114666109?pwd=cU9MSDNRWGxLVDd2Vm51b0VYeUtsZz09.

 

Viernes 10 de septiembre. 10 am. 

“Conversatorio ¡En el SIP podemos!”, con la participación de Caribe Afirmativo, Fundepaz, Corambiente, Cabildo Misak de Guambia (Cauca), Asprodema, Teatro Esquina Latina, Asinch y el Consorcio para el Desarrollo Comunitario. Un espacio creado por el Sistema de Iniciativas de Paz (SIP), integrado por Cinep/PPP y otras organizaciones.

Transmisión por: Facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz  

 

Conéctate con la paz, y replica en redes sociales este evento con la etiqueta #VerdadQuePodemos. 

Por Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.

Juan Pablo Guerrero Home fue nombrado como nuevo subdirector de Cinep / PPP, tras ocupar la coordinación del Programa Conflicto, Estado y Paz, la cual fue recibida por José Darío Rodríguez S.J.

Tras la posesión de la nueva directora de Cinep, Martha Lucía Márquez Restrepo, el pasado 9 de agosto, la Compañía de Jesús anunció el nombramiento de Juan Pablo Guerrero Home, como subdirector del Centro de Investigación y Educación Popular - Programa por la Paz. Juan  Pablo es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, y Magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia de la Universidad de Alcalá, en España. Este barranqueño, quien también obtuvo su grado como Magíster en Gerencia para el Desarrollo en la Universidad Externado de Colombia, integra el equipo de Cinep desde 2008.

Tiene experiencia acompañando procesos sociales con enfoque de derechos, orientados principalmente a organizaciones étnico - territoriales y población vulnerable rural y urbana del departamento del Chocó y el Urabá Antioqueño.   Además, cuenta con amplia experiencia en la implementación de estrategias de recuperación integral de territorios despojados, la construcción de acciones y medidas de protección y autoprotección a líderes/as y sujetos colectivos étnicos – campesinos, víctimas por causa del conflicto armado, el desplazamiento forzado y el despojo de tierras.

En 2019, fue seleccionado por la Unión Europea – Delegación Colombia y Bruselas como uno de los líderes jóvenes de la sociedad civil para hacer parte del programa European Union Visitors Programme (EUVP). Su experiencia también se ubica en la coordinación, la ejecución y el seguimiento de proyectos de cooperación internacional. 

En Cinep, lideraba la línea de gestión del territorio y coordinaba el Programa conflicto, estado y paz. A este cargo llega ahora el sacerdote jesuita José Darío Rodríguez Cuadros, magíster en sociología y PhD en Estudios Políticos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de París. Ha colaborado en diferentes equipos del CINEP desde febrero de 2002.

En la coordinación del Programa de Movimientos Sociales, Derechos Humanos e Interculturalidad continúa Jenny Paola Ortiz Fonseca, Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y maestrianda en sociología en la Universidad Nacional. Jenny Paola hace parte del Cinep / PPP desde 2018.

Por su parte, Natalia Segura Vásquez, sigue al frente de la subdirección Administrativa, Financiera y de Proyectos. Profesional en Administración de Empresas de la Universidad Javeriana con maestría en Estudios del Desarrollo del Institut de Hautes Éstudes Internationales et du Développement de Suiza.

Por Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.

El fallo sobre genocidio político que condenó al Estado colombiano desde el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) fue entregado a la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda en la sede de Cinep. Víctimas y organizaciones del comité impulsor del Tribunal esperan que sea tenido en cuenta por las entidades y que la sociedad lo apropie como una herramienta de conocimiento y defensa de los derechos de los pueblos.

En la sede del Cinep / PPP en Bogotá se realizó la entrega de la Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) a los organismos del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de No Repetición, el pasado 18 de agosto. El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux; la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz María Monzón; y la magistrada de la JEP Alexandra Sandoval recibieron el libro del fallo con la explícita solicitud de hacer honor a la memoria y la verdad de las víctimas que está recogida en este importante fallo.

Según las organizaciones del Comité Impulsor del TPP, con ello se busca que:

“Los mecanismos del Sistema tomen en cuenta sus conclusiones y recomendaciones en las distintas decisiones y planes de trabajo tendientes a garantizar los derechos de las víctimas, acogiendo el enfoque del genocidio político continuado, la impunidad estructural y los crímenes contra la paz, como marco interpretativo de los hechos que es de su mandato conocer”.

El TPP -tribunal de opinión y ético- sesionó en Colombia entre el 27 y 29 de marzo pasados y profirió sentencia el 17 de junio: en ella condenó al Estado colombiano por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de un genocidio continuado dirigido a la destrucción parcial del grupo nacional colombiano, que se ha proyectado sobre cualquier intento de construcción de espacios políticos que cuestionaran el modelo político imperante de desigualdad social y sobre cualquier intento articulado de protesta y resistencia contra los efectos del mismo.”  

En el TPP y el libro con la sentencia que fue publicado por Cinep se documentaron los casos de 55 grupos sociales afectados por el genocidio político en Colombia:

Los pueblos indígenas y afrodescendientes, grupos campesinos, organizaciones sindicales, movimientos políticos, movimiento estudiantil universitario, los líderes y lideresas sociales, y la población en el exilio. “En su fallo, el TPP contempló también al territorio y la naturaleza como víctima transversal de las prácticas de exterminio contra pueblos campesinos, indígenas y afro”, detallan las organizaciones en el comunicado sobre la entrega donde además se expresa que:

“Para el caso de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad –CEV-, se espera que tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones del fallo del TPP en el informe que deberá producir. También que la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- recoja la calificación jurídica de Genocidio continuado, crímenes de guerra y de lesa humanidad e impunidad, contenidos en la sentencia, y que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas –UBPD- tome en cuenta el contexto y los hechos allí recogidos dentro de sus planes de búsqueda”.

 El Tribunal y su sentencia, si bien no tiene un carácter de obligatorio cumplimiento para el Estado, es un gran avance pues, como señala el comité impulsor del TPP en Colombia, “aporta elementos de análisis e interpretación en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para que hechos como lo que aquí se documentan cesen de manera definitiva y jamás se repitan”. 

El libro con la Sentencia puede ser descargado en: https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/genocidio-politico-impunidad-y-crimenes-contra-la-paz-en-colombia-sentencia/

Si desean solicitar un ejemplar impreso deben escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. en caso de pertenecer a una institución o bien hacer parte de la comunidad académica.

Por Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP.

Como parte de la Misión SOS Colombia, Monseñor Bruno-Marie Duffe visitó el país entre el 3 y 12 de julio pasado para escuchar testimonios de víctimas y familiares sobre hechos de violencia ocurridos en el marco del Paro Nacional. 

Testimonio personal de Monseñor Bruno-Marie Duffe sobre la situación social en Colombia.

  1. Lo que viven, desde abril de 2021, muchos ciudadanos colombianos, y particularmente jóvenes, trabajadores sin empleo, mujeres e indígenas, migrantes en su propio país, se puede presentar como una «insurrección social y política». El «Paro Nacional» es una expresión de desesperanza y la expresión clara de una negativa al «demasiado»:

-          Demasiadas desigualdades sociales y económicas.

-          Demasiada corrupción y violencia contra los más pobres.

-          Demasiado desprecio para con los jóvenes, los trabajadores y trabajadoras y los representantes de la sociedad civil.

 

  1. La respuesta del Estado es una «represión violenta, brutal y desmesurada» con acciones extremas: amenazas de muerte contra manifestantes y sus familias; detenciones; torturas; mutilaciones; agresiones sexuales; asesinatos de jóvenes y niños de menos de 16 años.

Esta agresión física – que caracteriza la represión al movimiento social –  quiere destruir, no solamente el movimiento mismo, sino también el cuerpo social, con el maltrato a los cuerpos de los actores.

 

  1. No hay ya referencia al derecho; no hay referencia a los derechos humanos fundamentales: derecho a la vida y a la integridad física y moral; derecho a la protección y a la participación ciudadana. Cada iniciativa popular parece interpretada por el Estado y la fuerza pública como una conspiración que debe ser aplastada.

La desnudez de los ciudadanos – caracterizada por la fragilidad extrema de los rostros (El filósofo Emmanuel Lévinas dijo: «la desnudez del rostro del otro te dice: «¡no matarás!») y particularmente la de los ojos – contrasta, de una manera enorme y dramática, con las máquinas de guerra utilizadas, de manera encarnizada, por la Policía y la fuerza pública, en particular por los miembros del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). La respuesta de guerra contra el «grito de los pobres» provoca un trauma en todo aquél que tiene la inteligencia del sentido común y del corazón. Hacer la guerra contra su pueblo es, como dijo Hannah Arendt, un error criminal.

 

  1. Esta experiencia ciudadana y comunitaria tiene 3 bases y apoyos esenciales:

- El territorio: barrio; calle; comunidad; «casa común» (a veces viejas casas que son lugares de encuentros, conversaciones y formaciones diversas: política, arte, poesía, organización colectiva…).

- La práctica de la palabra y de la solidaridad concreta (incluso la curación de los heridos y la escritura de una memoria colectiva).

- El debate y el proyecto para el futuro (educación, empleos, desarrollo, afectividad, vida común).

  1. La paradoja más fuerte de esta situación es que los actores de la protesta social viven una experiencia de democracia «directa», frágil pero real.

Se puede hablar de «una ruptura entre dos mundos» que es también la ruptura muy grave del «pacto social»: condición del paso del «estado de guerra permanente» al «estado social durable» (cf. Thomas Hobbes). Los jóvenes encarnan una generación y un futuro que el poder, auto centrado y cerrado en una lógica de supervivencia, no quiere mirar. Esta ruptura social, amplificada por la violencia brutal y ciega de la fuerza pública y, al mismo tiempo, por la impunidad de los actores de crímenes, lleva a pensar en un futuro muy doloroso en Colombia. La ruptura es también entre el mundo social y el mundo político.

 

  1. La ausencia total de mediación es lo que aparece: de lugar o de vínculo para permitir una confrontación verbal entre las posiciones, con un debate contradictorio, lo que hace temer dos consecuencias inquietantes:

- Una «consecuencia ideológica», que puede justificar posturas sin voluntad real de salida del conflicto.

- Y una «consecuencia física», con una amplificación de la violencia hasta un control sistemático a las personas (que ya se está dando). Las dos posturas podrían confirmar que tenemos una nueva forma de dictadura.

Entonces la urgencia sería de crear y mantener espacios de intercambio entre ciudadanos y los que tienen una autoridad local (alcaldes) o más amplia («Defensoría del Pueblo» y personalidades de la Salud; de la Educación; de la Cultura; Premios Nobel; Iglesias). Muchos fueron sorprendidos de hallar un sacerdote en la calle, cerca de ellos, venido de Europa y que tenía su tiempo para escucharlos a ellos (y consolarlos también cuando unos padres lloraban a su hijo muerto en la tortura). Se trata de pensar y actuar mediante una mediación social – o inter-acción – que parece como el corazón de la referencia urgente al derecho humanitario.

 

  1. La referencia a los derechos humanos se reventó con la represión. Nadie cree ya en esa protección fundamental de la dignidad del otro, aunque los jóvenes expresan claramente su deseo de vivir, de vivir juntos y de realizar un proyecto de vida, personal y comunitaria. La dignidad se recibe para darla en la mirada al otro.

El papel de los jóvenes es central en la protesta social. Su deseo es claro: preparar y construir el futuro: formación, empleo, casa digna, vida digna, libertad de expresión, vida afectiva respetada, cultura.

Hay que decir claramente: el asesinato de jóvenes – con tortura, que busca reducir al silencio al que no se quiere escuchar – es una forma de «crimen contra la humanidad ». Los jóvenes son el futuro de Colombia, como en todos los países. Pero son también el futuro de la humanidad. Entonces matar a jóvenes, a sus hijos, es matar también el futuro de la humanidad. La palabra puede parecer dura pero ella describe realmente lo que se vive en Colombia, hoy.

 

  1. La conciliación «imposible» (por el momento presente), justificada, por un lado, por la impunidad, y, por otro lado, con una interpretación «sacrificial», más o menos inconsciente, de la «primera línea» (los que conducen la protesta y viven el riesgo de ser heridos o asesinados) hace pensar que el movimiento va a continuar en los meses que vienen. Cada día se anuncian nuevas muertes violentas de jóvenes. Eso amplifica la desesperanza de un pueblo que tiene tanta sed de paz. Las elecciones (en 2022) parecen para los actores del movimiento social, como el último momento de un mundo que se muere, sin proyecto ni dignidad: un mundo que va a desaparecer. En eso se expresa también “la ruptura” entre los mundos.

¿Es todavía viable una consideración pacífica del otro? ¿Cómo pensar un puente entre los mundos y las generaciones? Podríamos pensar en personalidades morales que hacen mucha falta. Existen personas que tienen una gran consciencia, pero ¿cómo pueden continuar sin apoyo? Aparece aquí el papel determinante de la comunidad internacional… actualmente silenciosa.

 

  1. Sin embargo, en Colombia, en América Latina y en el mundo actual, todos pueden ganar, ofreciendo cuidado – y curación – a los y las que están en la calle. Ellos y ellas llevan en efecto iniciativas que faltan en el desarrollo integral del país. Aprender, desarrollar sus talentos, trabajar, hablar con libertad y crear.

Como dice una inscripción sobre una pared de un barrio, en la región de Bogotá : «Crear es creer; creer es crecer».

Eso expresa el espíritu y el fondo del movimiento popular. No se trata solamente de rechazar un impuesto suplementario (particularmente injusto en un contexto de crisis sanitaria), sino de una petición de respeto a las personas: mujeres, jóvenes, pobres, migrantes, personas homosexuales, personas enfermas o frágiles, líderes sociales, tan maltratados desde años y detenidos como presos políticos. Las peticiones dicen que no se puede vivir en un sistema mafioso en el cual el narcotráfico conduce la economía y la vida pública.

(NB: El narcotráfico permanece en la sombra del país: sabemos que eso solo permite que se continúe un sistema de corrupción, en el que el derecho ha perdido su autoridad y trascendencia.)

 

  1. ¿Cómo se puede salir de la repetición que cierra la puerta a todas las iniciativas de paz?

 Necesita Colombia un proceso que tiene tres referencias determinantes:

- La necesidad de «un Pacto por la vida»: afirmar de nuevo el valor de cada vida, con una consideración a los niños, adolescentes y los que sufren de la injusticia social.

- La necesidad de afirmar de nuevo la autoridad del derecho público y de los derechos humanos que no permita que un movimiento social – con personas que tienen sus manos vacías y que no tienen armas – sea ahogado en sangre.

- La necesidad de una mediación social que es la única posibilidad de salvar el «pacto social», con una práctica, en todos los lugares: escuelas, empresas, barrios y campo, iglesias y casas comunes, de la palabra compartida, del debate y de una responsabilidad común para «el bien común».

La Iglesia puede ser un actor de la Palabra compartida, del diálogo, de la promesa mutua y del perdón. Viviendo con y para el pueblo, en memoria de Jesús, hombre libre e «hijo bien amado del Padre».

Me dijo Jonatan – estudiante que ha perdido un ojo, cuando una granada fue lanzada contra él –  «No puedo volver a ver claramente y eso es duro, pero tengo la vida y quiero continuar el movimiento para una vida mejor».

Y hemos llorado juntos silenciosamente.

Cada noche, yo rezo con Jonatan, con los padres que lloran a sus hijos y con todos y todas.

 

Bogotá, 4 de Agosto de 2021   

Por: Monseñor Bruno-Marie Duffe.

La filósofa y doctora en Ciencias Sociales Martha Lucía Márquez, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana, asumió la dirección del Cinep / PPP este 9 de agosto convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. En la subdirección estará Juan Pablo Guerrero, quien coordinaba el programa de Conflicto, Estado y Paz en Cinep.

En un encuentro presencial y virtual con músicas y sabores del Pacífico, se llevó a cabo la posesión de la profesora Martha Lucía Márquez Restrepo como nueva directora del Cinep / PPP. Esta caleña criada en Bogotá es filósofa de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, lugar en el que se desempeñaba como profesora. Esta institución universitaria que, como Cinep hace parte de la Compañía de Jesús en Colombia, facilitó el paso de Márquez a la Fundación que, con su llegada, abre espacio por primera vez a una mujer en este cargo directivo.

“Acompañaré al equipo del Cinep en la institucionalización y el avance de la propuesta de reestructuración diseñada colectivamente en 2019. Impulsaré con especial entusiasmo el enfoque de género y de sostenibilidad”, aseguró la profesora Márquez para quien, afirmó, es un honor hacer parte de esta institución que “ha ayudado al país a pensar el desarrollo, el problema agrario, la estructura de propiedad,  las formas del Estado en un país de la periferia, la violación de los derechos humanos, las violencias, la educación popular, la protesta y otras formas de movilización social, las experiencias de paz y de reconciliación, entre muchos otros temas”.

La nueva directora, una académica consagrada con abundantes publicaciones y especial interés y especialidad en el tema Internacional y la política bilateral con Venezuela, aseguró que desde las experiencias que trae consigo y  con los aprendizajes “que seguramente deberé emprender y desde mi visión situada de académica, profesora y mujer, aportaré a los proyectos para que en 2023 el Centro haya desarrollado las propuestas necesarias para la construcción de región y de nación , en aras de proteger la vida, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz”

Su nombramiento estuvo a cargo del Provincial de la Compañía de Jesús quien le encargó “adaptar la misión de la organización a los retos que nos plantea el país en términos de consolidación de la paz y la democracia, la búsqueda de la reconciliación, el respeto a los DDHH (civiles, políticos y DESCA) y la superación de los altos niveles de desigualdad que vive nuestra sociedad. Para ello es importante mantener un sano equilibrio entre la investigación y la educación y conceder el lugar que le corresponde a la incidencia política y la comunicación”

El Padre Provincial, Hermann Rodríguez S.J., recomendó también a Márquez  continuar procurando el respeto al pluralismo y la diversidad de opinión, valores y principios de la espiritualidad ignaciana que, si bien Cinep no sea una obra confesional, vale la pena promover. Y que “seas lo que siempre has sido: Maestra”.

Por su parte, Luis Guillermo Guerrero Guevara, director saliente tras nueve años de servicio en dicho cargo, agradeció a su equipo de trabajo, a la Compañía de Jesús y los sacerdotes Francisco de Roux y Mauricio García, y también al pueblo colombiano: un pueblo digno y valiente que se manifiesta y continúa en la búsqueda de una sociedad más justa. Guerrero continuará en Cinep como integrante del Programa 1 Conflicto, Estado y Paz e investigador de la línea Formación política y ciudadana.

Con libros en mano, y al calor de la marimba y el tambor, el equipo de Cinep dio la bienvenida a su nueva directora: “un nuevo miembro se suma con humildad y entusiasmo a este proyecto por la vida, la justicia y la paz”, como la misma Martha Lucía lo nombró al culminar sus palabras en la posesión que pueden encontrar en este link:

 

Juan Pablo Guerrero, subdirector de Cinep / PPP

Además, se eligió a Juan Pablo Guerrero Home como subdirector del Cinep / PPP. El Provincial le invita a apoyar las tareas encargadas a la Directora así como a favorecer el diálogo intergeneracional y fortalecer y articular los dos programas del Centro. Juan Pablo es barranqueño, politólogo javeriano, magíster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá (España) y magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia. Ha estado vinculado al Cinep desde 2008 y cuenta con experiencia acompañando procesos sociales con enfoque de derechos, orientados principalmente a organizaciones étnico - territoriales y población vulnerable rural y urbana del departamento del Chocó y Urabá Antioqueño.

En 2019 fue seleccionado por la Unión Europea – Delegación Colombia y Bruselas – como uno de los líderes jóvenes de la sociedad civil para hacer parte del programa European Union Visitors Programme (EUVP), y actualmente se desempeñaba como coordinador del programa Conflicto, Estado y Paz y, responsable de la línea Gestión y recuperación integral de territorios del Cinep.

Les compartimos el contacto de la nueva Directora y Subdirector:

 

Martha Lucía Márquez Restrepo

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Juan Pablo Guerrero Home

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Por: Equipo Comunicaciones del CINEP / PPP.

Las organizaciones sociales de la Alianza Contra la Desaparición Forzada entregaron a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) -creada por el Acuerdo de Paz- el Informe sobre desaparición forzada en Guaviare y Boyacá este 5 de agosto. El informe completo es privado, sin embargo compartimos un resumen a continuación.

“Desaparición Forzada en Guaviare y Boyacá: consolidando el protagonismo de familiares y la comunidad en la implementación territorial del mandato de la UBPD” es el título del informe entregado a la UBPD este 5 de agosto de 2021, y fue elaborado durante tres años por la Alianza contra la Desaparición Forzada.

Las desapariciones registradas en este informe ocurrieron entre 1990 y 2018, aunque se recogieron datos para casos del periodo de La Violencia.

Y contiene información que se recolectó gracias a que las organizaciones pudieron reconocer y recorrer 41 espacios indicados por pobladores y familiares o documentados para investigaciones sobre violaciones de Derechos Humanos, correspondiendo 28 para el Guaviare, y 12 casos a la provincia de Lengupá, en Boyacá, que reúne los municipios de Berbeo, Campohermoso, Miraflores, Páez, San Eduardo y Zetaquirá. En total se registraron 50 espacios documentados con coordenadas exactas o relativas.

En la mayoría de los casos, la responsabilidad de las desapariciones reportadas en este informe (28) se atribuye a grupos paramilitares, 10 a las FARC-EP, uno al Ejército Nacional, 10 no tiene determinado un autor y sobre el caso del periodo de La Violencia se adjudica a los chulavitas.

El objetivo del Informe es identificar la violencia y el conflicto armado en los departamentos de Guaviare y Boyacá ha sido un proceso de largo aliento; así como la comprensión de sus dinámicas y el reconocimiento de las comunidades campesinas, indígenas y étnicas como sujetos de derechos para permitirse acciones de exigibilidad de derechos como mecanismo para contrarrestar las violaciones a los Derechos Humanos.

Este documento es un ejercicio de aproximación a los hechos de violencia sucedidos y relatados por los pobladores de los departamentos de Guaviare y Boyacá, entre ellos, los y las familiares de las víctimas de las personas dadas por desaparecidas, líderes y lideresas en los territorios, a partir de múltiples ejercicios originados en la confianza establecida con las organizaciones sociales y que permitió el acercamiento y la construcción de contextos y tejido social para la visibilización de las múltiples violencias ejercidas a lo largo de la historia por actores armados legales e ilegales. Este informe tiene la finalidad de dar a conocer a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) la información recolectada y analizada durante tres años con el objetivo de lograr la pronta localización, identificación y entrega digna de las y los desaparecidos en el departamento de Guaviare y en la Provincia de Lengupá, en el departamento de Boyacá. 

La investigación no pretende generar una tesis explicativa de las razones del conflicto, pero sí es una iniciativa para la creación de la memoria histórica a partir del diálogo directo con las organizaciones sociales y las víctimas en territorios a partir de la pedagogía popular usada en la metodología y el fortalecimiento de los procesos organizativos con el objetivo de construir tejido social para la búsqueda de la verdad.

La creación de conciencia colectiva sobre la responsabilidad frente al delito de desaparición forzada ha sido una valorable decisión por parte familiares de víctimas de desaparición forzada, el compromiso con el trabajo en la defensa de los Derechos Humanos y el trabajo participativo en las acciones humanitarias de localización y búsqueda ha sido un largo proceso que han tenido que caminar en soledad y olvido. Este informe es el resultado del trabajo conjunto entre las organizaciones ya mencionadas.

El informe en primer lugar aborda el análisis del contexto histórico de la Provincia de Lengupá, Boyacá y el departamento de Guaviare, en segunda medida, hace un profundo análisis de la desaparición forzada y de los hallazgos forenses en el desarrollo del proyecto, en el tercer punto, se realiza un recuento histórico de los casos recolectados por la Red de Bancos de Datos denominada la Cronología de la Agresión y finalmente, se realizan algunas recomendaciones. Boyacá: La Provincia de Lengupá. La Provincia de Lengupá en Boyacá, es un territorio conformado por los municipios de Miraflores, Páez, San Eduardo, Berbeo, Campohermoso y Zetaquira. Se ubica en la hoya hidrográfica del río Lengupá, se extiende desde el páramo de Vijagual hasta el inicio de los llanos orientales. Limita con la Provincia de Neira, Sugamuxi, Márquez, Valderrama y el departamento de Casanare. Es una tierra fértil donde se cultivan alimentos de clima templado, entre los que se destacan hortalizas, legumbres, caña de azúcar, café, plátano, frutas como chamba, gulupa, mora, pitahaya, entre otras.

El proyecto 

El proyecto “Desaparición forzada en Guaviare y Boyacá: Consolidando el protagonismo de familiares y comunidad en la implementación territorial del mandato de la UBPD” ha abierto la posibilidad de reconstruir el tejido social a partir de la solidaridad, la participación activa y la escucha. De los casos documentados, es evidente la inoperancia de instituciones del Estado que no han atendido sus denuncias, que no recepcionan su documentación y que impiden el acceso a la justicia. La documentación y acción de exigencia institucional abren la posibilidad para el 2021 que más familiares se sumen a este proceso en el que la atención eficaz y la búsqueda e identificación sean la prioridad.

La invitación a familiares de personas desaparecidas es a sumarse a estos procesos en los que se puedan tramitar los dolores propios de la ausencia y se genere organización alrededor de las exigencias de atención, identificación y búsqueda. La topografía y el paisaje majestuoso de la Provincia guardan en sus suelos cuerpos sin identificar, vidas e historias de familias que les buscan y extrañan, que no descansan bajo la zozobra que dejan las desapariciones forzadas: ¿qué le pasó? ¿dónde está? Ante esta realidad, la solidaridad es el hilo y la puntada para la recomposición del tejido social, en el que se motiva la participación a través de la identificación de lugares que, como el Alto de La Buenavista, para actores armados como los paramilitares en los 90’s y principios de 2000 fue un botadero en el que se lanzaron cuerpos humanos. Ante la barbarie, se han desarrollado siete peregrinaciones en este lugar característico de la cruda y cruel violencia que sucedió en la Provincia, en la que se generan exigencias y propuestas de reparación colectiva, así como la invitación de señalar aquellos lugares conocidos por ocultar cuerpos de personas sin identificar. 

Guaviare

Es un departamento de Colombia, epicentro del conflicto armado durante varias décadas, especialmente, en la década de los años 80’s y 90’s y la década del 2000. Por ser un departamento, donde se desarrolló la economía ilegal de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, y por ende los eslabones primarios del narcotráfico (cultivo, procesamiento de la pasta base de coca y el comercio local tanto de los precursores químicos para el procesamiento de la base de coca, como de la misma pasta de coca), así como un territorio donde hicieron y hacen presencia varios frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a partir del año 1997, la presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), provenientes del departamento de Córdoba y el Urabá Antioqueño. 

Los actores armados que históricamente han hecho presencia en el departamento del Guaviare, han sido en primer lugar los narcotraficantes quienes desde la década de los años 70’s generaron violencia y durante mucho tiempo victimizaron a la población, a través de asesinatos o los denominados ajustes de cuentas; fueron estas dinámicas las que justificaron la llegada al territorio de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (en adelante FARC-EP), quienes arribaron a comienzos de la década de los 80’s, entrando por la región del río Guayabero, caracterizada por ser una región histórica por su cercanía con La Macarena, Meta y en particular por la región del Pato Guayabero, lugar referente en los orígenes de esa insurgencia. 

Se estima que las cifras que tienen las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil son un subregistro de la situación del departamento, especialmente, con los casos de violencia sexual contra las mujeres y la desaparición forzada. Esto es consecuencia del terror que estos actores armados impregnaron en sus víctimas, la estigmatización social e institucional al que lamentablemente en la mayoría de los casos eran sometidas las víctimas como una forma de revictimización y de escarnio público, el cual conllevaba a que las víctimas tuvieran miedo y desconfianza para denunciar. 

Es importante resaltar que la sociedad civil a través de las organizaciones sociales y de víctimas han cumplido un papel importante y estratégico especialmente en la implementación del punto cinco del Acuerdo de Paz, a través de ejercicio de pedagogía sobre el funcionamiento del SIVJRNR y del mandato de los tres mecanismos, especialmente de la UBPD, a través de la metodología de talleres, y actividades que han permitido compartir con las víctimas de desaparición forzada y con referentes sociales y comunitarios claves en el territorio en los procesos de búsqueda y localización de sus seres queridos. 

Este trabajo, según explican los investigadores e investigadoras, ha contribuido para que los tres mecanismos puedan encontrar comunidades con niveles de conocimiento sobre sus objetivos, sus mandatos y funcionamiento. Lo anterior, a partir del establecimiento de relaciones de confianza, permitiendo compartir la información sobre los hechos de violencia y violaciones a los Derechos Humanos con ocasión al conflicto armado, la desaparición de sus familiares, posibles lugares de enterramiento de cadáveres, información sobre los presuntos responsables y así iniciar los procesos de búsqueda en el departamento.

La alianza es integrada por el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa Por la Paz (CINEP/PPP), el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (Colectivo OFB), la Corporación para la Vida, la Paz y el Desarrollo Sostenible (Vida-Paz) y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) con la coordinación del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ) y la financiación de la Embajada del Reino de los Países Bajos.

Encuentra una entrevista sobre este informe en: https://www.instagram.com/tv/CSKl0sdpwBR/?utm_source=ig_web_copy_link 

Por: Equipo Comunicaciones y Banco de Datos de DDHH y Violencia Política del CINEP / PPP.

Dos nuevas publicaciones gratuitas de Cinep / PPP están al aire: el libro Genocidio político, impunidad y crímenes contra la paz en Colombia (Sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos) y el documento ocasional ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Una mirada regional diferenciada.Te invitamos a conocerlos y, si eres investigador o perteneces a una institución, a solicitar un ejemplar impreso.

En la 48ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos del 25 al 27 de marzo de 2021 en Colombia se escucharon y evidenciaron el genocidio político, la impunidad y los crímenes contra la paz que el pueblo colombiano ha sufrido sistemáticamente, gracias a los valientes testimonios y luchas de los grupos campesinos, indígenas, estudiantiles, obreros, afrocolombianos, y de mujeres y hombres que se hicieron presentes en Medellín, Bucaramanga y Bogotá, donde sesionó el TPP. En este Tribunal, cuyo carácter es ético y de opinión, se condenó al Estado colombiano al encontrar evidencia de que existe una política estatal que, con la doctrina de destruir un «enemigo interno», ha venido exterminando a las comunidades, organizaciones y personas que ejercen una oposición al modelo que este representa.

En el libro Genocidio político, impunidad y crímenes contra la paz en Colombia se presenta la sentencia en su totalidad, con las acusaciones, marco referencial y condena al Estado colombiano y a quienes han sido sus aliados en esta política criminal que sigue en la impunidad. En las páginas que reúnen el fallo se documenta, además del horror y los atropellos a los cuales ha sido sometido el pensamiento crítico colombiano, la dignidad de personas y organizaciones que han resistido y dejan claro que, en Colombia, el pueblo se levanta por el pueblo.

Este libro puede ser descargado en este link: https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/genocidio-politico-impunidad-y-crimenes-contra-la-paz-en-colombia-sentencia/ 

“Sigue el genocidio” fue el nombre del evento de lanzamiento de este libro que contó con la participación de los juristas y fiscales del TPP Angela María Buitrago e Iván Velásquez, el padre Javier Giraldo SJ. investigador del Cinep / PPP y promotor del TPP, la senadora Aida Avella, y una joven integrante de la Primera Línea con quienes se conversó sobre cómo, en medio del Paro Nacional actual y la brutal represión que viven los jóvenes manifestantes así como en medio del aumento de las masacres en zonas rurales y el asesinato de líderes sociales y ex combatientes, se evidencia que el genocidio político no es asunto del pasado. 


Este lanzamiento puede ser consultado en este link: https://bit.ly/37cbJ7z 

Documento ocasional sobre ELN

En este documento ocasional de formato ligero para público general se encuentra un resumen del libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020, publicado por el Cinep/PPP en abril de 2021 luego de varios años de investigación con el apoyo de Diakonia. Incluye cinco artículos publicados inicialmente en el periódico El Espectador, que se acompañan de infografías con el fin de acercar al público a las ideas centrales del libro. Este pequeño libro incluye una galería gráfica y datos sobre la historia y presencia del ELN en el Sur de Bolívar, Arauca, Cauca, Nariño, Chocó y Catatumbo, y quiere contribuir a acercar la investigación a públicos más amplios donde no solo se puedan apropiar del conocimiento producido por Cinep sino que se escuche el clamor por una salida negociada al conflicto que resuena en los territorios más afectados por la guerra.

El documento puede ser descargado en este link: https://bit.ly/3C8wOye 

El evento de presentación de la obra original y el seminario académico que se derivó del mismo, así como el material gráfico y el libro en su versión digital se pueden encontrar en el siguiente enlace: https://linktr.ee/cinep_ppp_LibroELN 

Ambas publicaciones son de descarga y distribución gratuita. Si eres investigador, estudiante, profesor, o perteneces a alguna organización de víctimas, social, agencia de cooperación, cuerpo diplomático o dependencia del Estado, puedes solicitar un ejemplar impreso escribiendo a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. En tu mail deberás detallar a cuál de estos grupos perteneces y tu dirección de envío. Si estás en Bogotá, podrás pasar a las oficinas de Cinep / PPP por tu ejemplar. Si estás en una ciudad o territorio fuera de la capital, deberás asumir el costo de envío. 

Por: Equipo Comunicaciones CINEP / PPP.