Noticias Institucionales

Noticias Institucionales (190)

El testimonio de Benito Osorio ante la JEP reitera la importancia de la participación de terceros civiles para alcanzar la verdad y la justicia completas por el conflicto armado en Colombia. En 2020, Cinep / PPP entregó a la Jurisdicción un completo informe que sustenta cómo, en Urabá y Bajo Atrato, el pretexto de la guerra contrainsurgente sirvió para que “paras” y empresarios despojaran del territorio al campesinado y así implementaran proyectos económicos agroindustriales. Entrevista con Julián Salazar, investigador de la  Línea de Gestión del Territorio en el Pacífico del Cinep / PPP que acompaña las comunidades víctimas y reclamantes.

El exgobernador de Córdoba Benito Osorio Villadiego es uno de los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) creada por el Acuerdo de Paz. Uno de los siete macrocasos que adelanta desde que entró en funcionamiento  en 2017 es el que prioriza la situación territorial de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en Antioquia y Chocó: el macrocaso 04 en el cual fue vinculado Benito Osorio tras solicitud de sus abogados.

Desde sus declaraciones de agosto del año pasado, el ex gobernador señaló a empresarios y miembros de la Fuerza Pública de tener relaciones con grupos paramilitares, entre ellos a José Felix Lafaurie y el general ( r) Rito Alejo del Río. Su testimonio fue revelado por Noticias Caracol la semana pasada, generando polémica y la respuesta del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso respaldando la declaración del ex gobernador contra Lafaurie, presidente de Fedegán 

Según Osorio, Lafaurie le entregó a Mancuso nombres de quienes elegirían el nuevo fiscal general de la nación para que el jefe paramilitar hiciera presión a favor de Mario Iguarán, quien finalmente resultó elegido en el cargo. Sobre el compareciente pesa una condena de 19 años de prisión por el despojo de tierras en Córdoba, y gracias a estas declaraciones y “por cumplir con los compromisos de la Jurisdicción” obtuvo libertad transitoria por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP la semana pasada. 

La JEP destacó que Osorio Villadiego dio a conocer diversos nombres de personas, funcionarios y autoridades que facilitaron, auspiciaron o participaron en los hechos de despojo en la zona de Tulapas, donde la casa Castaño cedió el control territorial de la zona al bloque 'Élmer Cárdenas' y brindó información sobre el destino de los predios y su explotación agrícola y forestal a empresarios.

Sobre la relación de los privados, los “paras” y el despojo en Urabá y Bajo Atrato, el CINEP / PPP y las víctimas entregaron a la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) el informe Violencia, racismo y conflictos socioambientales. El despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó.

Allí el Cinep documentó que de las 107 mil hectáreas que componen el Consejo, el 49% de la comunidad hace uso efectivo de 0.1 a 20 hectáreas, mientras que los terceros ajenos al territorio hacen uso de 9 a 10 mil hectáreas. Además, el 95% de las tierras productivas del territorio legalmente titulado están en manos de empresarios y paramilitares mientras que la comunidad dispone de un 5%.

Esta investigación fue adelantada por la Línea de Gestión del Territorio en el Pacífico del Cinep que durante 20 años ha acompañado el Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó logrando que la JEP acreditara como víctima colectiva a las 48 comunidades y 5.803 personas que la integran. Julián Salazar, abogado investigador de la línea, comenta en entrevista los principales hallazgos y proyecciones de esta investigación y sus opiniones sobre las declaraciones de Benito Osorio.

¿Quiénes han sido los despojadores en el Bajo Atrato y Urabá de acuerdo a sus investigaciones?

Julián Salazar: La expansión del fenómeno paramilitar desde finales de los 80 y comienzos de los 90 se vio desde el Urabá Cordobés y descendió hasta el norte de Urabá, bajando hasta el centro y sur del Urabá antioqueño. Precisamente esa expansión se dio bajo el pretexto de combatir la insurgencia en la zona, especialmente en el Urabá antioqueño y Bajo Atrato chocoano. Ese pretexto solo sirvió para implementar proyectos económicos agroindustriales que se caracterizaban por la siembra de palma aceitera y por la llegada de grandes empresarios que pusieron su ojo en la zona. La expansión paramilitar en clave económica fue principalmente agenciada bajo un proyecto macro criminal por parte de la casa Castaño y sus diferentes frentes que hacían presencia en la zona, especialmente el frente bananero, y también el frente Alex Hurtado, encabezado por “HH”. También hacía presencia en Belén de Bajirá y Riosucio el Bloque Elmer Cárdenas.

En nuestras investigaciones hemos podido determinar que los paramilitares llegaban bajo amenazas, intimidaciones y homicidios para desplazar a población campesina y étnica para que luego llegaran comisionistas y personas que compraban la tierra a estas personas que, por sus condiciones de vulnerabilidad y desplazamiento, vendían a bajo precio.

En la expansión de este proyecto paramilitar se tejieron relaciones con diferentes instituciones privadas como públicas, entonces cuando se empezó a ampliar este proyecto en Córdoba se tejieron unas relaciones con el Fondo Ganadero de Córdoba, que por ejemplo en el caso de Tulapas, concertó con la casa Castaño que una vez se hiciera el desplazamiento estas tierras pasarían a sus manos y luego se realizaría su venta a un valor mucho más alto. 

En el caso del Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó hay una caracterización de despojadores que el Cinep ha encontrado en sus estudios de larga data en la zona y que incluyen al Bloque Bananero y Helmer Cárdenas, así como comisionistas y empresarios que compraban la tierra entre los que podemos destacar a Juan Guillermo González, José Vicente Cantero,  Ángel Adriano Pino, Francisco Castaño y Wilmer Dorancé Romero, quién pidió pista en la JEP y no fue incluido porque no cumplió con sus compromisos de verdad y reparación a las víctimas.

También hay que hacer una mención a Sor Teresa Gómez, que con su cooperativa Asoprobeba, ejerció el despojo de tierras campesinas en las que pretendían hacer una especie de mini reforma agraria y tener una serie de grandes cultivos de palma aceitera y ganadería. Estos son principalmente los despojadores que tenemos identificados en La Larga y Tumaradó. 

En el caso de las declaraciones de Benito Osorio se evidencian las relaciones, la connivencia y el contubernio que se tejió entre los paramilitares, el Fondo Ganadero de Córdoba y otras élites políticas de la zona.

¿Cómo han llegado a estas conclusiones?

Hay diferentes fuentes donde hemos contrastado la información: unas fuentes primarias de entrevistas y diálogos con gente de las comunidades que son quienes han sufrido el flagelo de la violencia y el desplazamiento y que son los que tienen esa información a viva voz. Y también hay una contrastación de fuentes secundarias. Allí hay una producción de sentencias judiciales por parte de la Jurisdicción Especializada de Justicia y Paz que es la que se ha encargado de analizar todo el fenómeno paramilitar en Colombia y se creó con la Ley 975 de 2005.

Hay toda una serie de pronunciamientos y fallos que, en cierta forma, ha permitido esclarecer el fenómeno paramilitar en la zona. A pesar de que  hay unos vectores de impunidad muy grandes, estas sentencias han aportado mucho a la verdad judicial. Y también hay una gran producción académica sobre el tema, organizaciones que se han encargado de producir informes y documentos sobre el fenómeno del desplazamiento y despojo en Urabá, y en los que se ha procurado establecer estas relaciones y estos nexos entre los grupos paramilitares y agentes económicos y políticos en el despojo de la tierra. Entonces hay todo un ecosistema de información y fuentes que hemos logrado contrastar y analizar.

¿Qué información ha aportado a la JEP y la CEV el Cinep / PPP sobre el despojo de tierras en el Urabá y Bajo Atrato?

JS: En septiembre de 2020 presentamos el informe Violencia, racismo y conflictos socioambientales. El despojo de tierras en el Consejo Comunitario de los Ríos la Larga y Tumaradó, en el que nos propusimos evidenciar las dinámicas de violencia en este consejo comunitario, trazar la genealogía de la violencia al interior del mismo desde que hizo presencia las FARC, pasando por la presencia paramilitar hasta cómo se ha reconfigurado el conflicto armado posterior a la firma del Acuerdo.

Pero adicionalmente ponemos la lupa en cómo la violencia, el despojo y desplazamiento permitió que llegaran estos proyectos económicos agroindustriales de expansión de la frontera agrícola, y cómo todos estos proyectos tienen un cambio en el uso del suelo y tienen toda una serie de impactos ambientales. Entonces lo que evidenciamos es que los proyectos de ganadería, de cultivo de banano, de la palma aceitera y de explotación de madera han generado todo un cambio en los ecosistemas del Consejo y que estos impactos han generado una vulneración en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

En este informe le decimos a la JEP y la CEV que en el conflicto armado no solo se violaron derechos civiles y políticos, no solo se cometieron homicidios, desplazamientos o masacres, sino que también se violaron estos otros derechos sobre los que hay que poner el ojo. Por ejemplo, hay una vulneración en el acceso al agua, en el trabajo de las comunidades, a la cultura, al medio ambiente y realmente hay que llamar la atención para que la Jurisdicción comience a considerar esto en su análisis jurídico sobre los diferentes casos. 

Nosotros también como representantes judiciales hemos venido retroalimentando a la JEP, especialmente en lo atañe a la presentación de observaciones sobre las versiones voluntarias que han hecho los comparecientes de FARC y Fuerza Pública. Allí hemos hecho un trabajo de sistematización de estas versiones y hemos presentado una serie de observaciones encaminadas a evidenciar que hay asuntos que faltan por esclarecer y sobre los que se debe aportar verdad.

¿Qué nos falta por saber sobre el despojo de tierras en este macro caso?

JS: Los mecanismos transicionales vigentes, me refiero a la Ley 975 y la Ley 1448, aún se encuentran en mora de develar una verdad amplia y completa respecto de la participación de actores económicos y terceros civiles en el marco del conflicto armado aunque hay que reconocer los avances, especialmente en el proceso de Justicia y Paz, en donde se ha abonado un camino para evidenciar las distintas interacciones entre actores económicos y grupos que participaron en el conflicto.

Sin embargo, todavía hay una brecha de impunidad respecto del nexo, la connivencia y el contubernio que hubo entre los grupos paramilitares y los poderes económicos, ya sean personas naturales o jurídicas, e inclusive con los poderes políticos que hubo en la zona.

La más reciente declaración de Benito Osorio en su versión voluntaria nombra al Presidente de Fedegán y otros personajes sobre los que dice que apoyaron a los paramilitares para que pudieran acceder a cargos públicos y pudieran estar en las élites políticas de Córdoba y Urabá. 

Entonces todavía falta por esclarecer cuáles son estas relaciones, por qué se motivaron, cuál era el propósito de generar estas relaciones y habrá que establecer cómo fue ese patrón macro criminal del desplazamiento forzado y posterior despojo de tierras para que después llegaran estos empresarios.

Además, se tendrá que aclarar cómo los paramilitares apoyaron, ya sea de forma logística o financiera, a estas personas, especialmente las élites políticas para que llegaran a cargos públicos. Es un tema que se deberá seguir trabajando, pero lo que uno concluye es que los grupos paramilitares no solo proveían seguridad sino que también tejían relaciones simbióticas en las que confluían los intereses de ambas partes. Ellos son actores armados con intereses políticos, militares y económicos, y esto ha confirmado que esos intereses económicos han llevado a crear estas relaciones que contribuyeron al conflicto armado.

Y adicionalmente, estos actores económicos se beneficiaron del conflicto armado porque así logran la compra a un precio muy bajo de la tierra de los campesinos desplazados.

También hay que decir que con los arreglos institucionales y por el paso que tuvo el Acuerdo de Paz por el Congreso, todos estos terceros civiles no son actores que tengan obligación de presentarse a la JEP sino que es de carácter voluntario si ellos lo desean. En este caso hay dos terceros que podrían aportar información: uno es Benito Molina, que está compareciendo; y el otro es Benito Osorio Villadiego, que tenía una voluntad particular de contar los nexos entre paramilitares y actores económicos, pero lastimosamente era una persona muy adulta y cuando iba a empezar a hablar falleció.

Esto quizás es una lección muy importante para la JEP, especialmente por la demora que ha tenido para empezar a recibir estos testimonios y que se hagan las versiones voluntarias. Este señor ya había expresado su voluntad pero la Jurisdicción por sus demoras, y tras la muerte de este señor, nos deja a medias y ahora solo resta el testimonio de Benito Molina.

La información de Osorio y la posterior carta de Mancuso reiteran el debate sobre la entrada de exparamilitares a la JEP: ¿Valdría la pena que la Jurisdicción los recibiera?

JS: Este debate de la entrada de paramilitares a la JEP evidentemente lo tenía que resolver la Jurisdicción y lo ha ido resolviendo y zanjando aunque aún quedan dudas por resolver. Allí hay que saber que la JEP tiene toda una estructura jurídica en la que tiene unas competencias y unas reglas sobre lo que puede conocer, entre esas reglas hay un factor que es el de competencia personal. Este factor ha quedado claro en que hay unos comparecientes que lo hacen de manera obligatoria y otros que lo hacen de forma voluntaria.

Los que lo hacen de manera obligatoria son exintegrantes de las FARC - EP y los exintegrantes o integrantes de la Fuerza Pública; los comparecientes voluntarios son los terceros civiles y agentes del Estado que no son integrantes de la Fuerza Pública. Allí hay una puerta que dejó el Acuerdo de Paz y es que otros grupos armados organizados que suscriban un acuerdo de paz también se pueden acoger a la Jurisdicción pero esto todavía no ha sucedido.

Respecto a los terceros civiles, son aquellas personas que no pertenecen a grupos armados al margen de la Ley, pero que de manera directa o indirecta han contribuido con los delitos que se han cometido en el marco del conflicto armado, especialmente los financiadores en la dinámica del conflicto.

Allí la JEP ha sido muy enfática en que la regla general es que no tiene competencia para conocer las conductas cometidas por paramilitares, y uno podría traer a colación otros argumentos como que en la esencia del Acuerdo de Paz nunca estuvo contemplado incluir a los paramilitares y también que los paramilitares tienen un juez natural que es la jurisdicción especializada de Justicia y Paz. Por lo tanto, la JEP no tendría por qué conocer las conductas de los paramilitares.

Pero como toda regla general tiene su excepción, la Sala de Apelación ha establecido dos reglas generales para saber si la JEP tiene la competencia de recibir paramilitares en sus análisis: que los paramilitares hayan cumplido distintos roles dentro de la estructura, que hayan participado como combatientes y como tercero civil, especialmente, como un financiador con un nexo muy estrecho con el conflicto armado aunque esa relación está muy gaseosa; y la otra regla es que efectivamente el compareciente que esté pidiendo pista en la JEP tiene que hacer una contribución a la verdad que sea más allá de lo establecido en la jurisdicción ordinaria. 

Es decir, hay un umbral muy claro y es lo que ya se dijo en la jurisdicción ordinaria: si el compareciente no está dispuesto a hacer una contribución que supere el umbral de lo dicho en esa jurisdicción, realmente no hay posibilidades de que pueda entrar a la JEP. Esto se hace porque hay un interés particular que es de las víctimas de acceder a la verdad, la justicia y la reparación. 

Esto es lo que la Sala de Apelación ha denominado un test de verdad, aunque todavía carece de unas reglas claras y uno podría pensar que ese test se puede zanjar con otro mecanismo que también tiene la Jurisdicción Especial para la Paz como es el compromiso concreto, claro y programado, que es una herramienta que se tiene para que los terceros digan qué están dispuestos a contar, en qué están dispuestos a reparar y aportar a las garantías de no repetición.

Este es el debate al interior de la JEP y que empezó cuando Salvatore Mancuso solicitó su entrada diciendo que antes de ser un combatiente, él había financiado las estructuras paramilitares. Sin embargo, lo que argumentó la magistratura en ese momento es que no se logró comprobar que él hubiera participado como tercero civil y por eso no logró su entrada. 

Sin embargo, es importante decir que hubo un salvamento de voto de dos magistradas en donde se decía que todavía no había información suficiente para lograr concluir que Salvatore Mancuso había participado como tercero civil.  Lo que dicen las magistradas es que habría que generar un diálogo con Mancuso, y mirar si se puede conseguir más información al respecto. Entonces todavía hay vacíos que se deben subsanar.

Por último, es relevante tener en cuenta el principio de integralidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), es decir, que se deben tener en cuenta los aportes de paramilitares en las diligencias de escucha que ha realizado la Comisión de la Verdad, de tal forma que pueda integrarse a los hallazgos de la JEP para tener un relato más completo sobre todo el fenómeno. 

 

 Por Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP

 

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el tercer informe de verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este tercer informe realiza una mirada retrospectiva de lo alcanzado en la implementación del Capítulo y el enfoque transversal étnico desde la firma del Acuerdo el 24 de noviembre de 2016 hasta agosto de 2021. Hace un análisis detallado sobre algunas de las salvaguardas del Capítulo Étnico y los avances más significativos para hacerlas efectivas a lo largo de la interpretación e implementación del Acuerdo (A.F., 2016, p. 206) y se realiza un análisis prospectivo sobre cómo sostener los avances alcanzados y qué medidas tomar para lograr los objetivos del A.F. y el Capítulo Étnico.

 

Información para prensa:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

+57 321 4590847

El inicio de año ha estado marcado por la violencia en Colombia, en especial en Arauca que suma 455 familias desplazadas, 33 homicidios y la explosión de un carro bomba en Saravena. Abandono estatal, olvido de la frontera y disputa ilegal tras dejación de armas de la ex guerrilla de Farc serían algunas razones.

Este miércoles 19 de enero en la noche un carro bomba explotó en Saravena, Arauca, dejando a cuatro personas heridas y una más fallecida, hecho que se suma a los asesinatos de los líderes Miguel Alexi Amado en Arauquita y José Abelino Pérez en ese departamento. Según la Defensoría del Pueblo a la fecha se registran 455 familias desplazadas, afectando a 1.486 personas en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Apure (Venezuela), configurando una crisis humanitaria por “las acciones de los grupos armados ilegales que operan en la zona fronteriza”.

A estas acciones se suma el secuestro de nueve personas en lo corrido del año, tres de ellas raptadas el domingo 23 de enero, mismo día en que otras cuatro habían sido liberadas. Según el defensor del pueblo Carlos Camargo, las cifras de desplazamiento podrían ser superiores dado los subregistros en este tipo de afectaciones.

“Solo esta semana han sido asesinados dos líderes sociales en los municipios de Arauquita y Arauca. Miguel Alexi Amado y José Avelino Pérez, líderes campesinos, culturales y defensores de derechos humanos fueron perseguidos y asesinados por defender la vida”, señala el Congreso de los Pueblos en comunicado. El carro bomba estalló frente a la sede de esta organización en Saravena. 

Víctor Barrera, investigador del Cinep / PPP, explica que la situación de Arauca es producto de una sucesión de retaliaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) relacionadas con el incumplimiento o la ruptura de un acuerdo de distribución de poder que existía entre estas dos organizaciones. Según Barrera, este grupo disidente hacía parte del frente décimo y hoy se reclaman como las verdaderas FARC.

Las disidencias de la Segunda Marquetalia “han entrado en un juego de alianzas para derrotar a las disidencias del frente décimo que no han querido plegarse a la Segunda Marquetalia sino que están un poco a la sombrilla de Gentil Duarte”, explica Barrera. Esta guerrilla fue fundada por los otrora negociadores del Acuerdo de paz y luego líderes del rearme de Farc “Iván Márquez” y otros que se presumen ya asesinados como “Jesús Santrich”, “El Paisa” y “Romaña”.

Barrera resaltó que aunque se ha dicho que esta confrontación se debe a la lucha por el control de las rentas ilegales, también debe tomar en cuenta la puja por el control territorial que ejercen estas organizaciones con presencia histórica en la región. Esto ocurre, explica, en un territorio en el que “si el Estado existe, lo hace en una altísima presencia militar” y con una oferta de seguridad limitada a proteger la infraestructura petrolera.

Por su parte, hay quienes aseguran que la grave crisis en Arauca tiene que ver con las políticas del gobierno Duque. De acuerdo con Humanidad Vigente, “la ola de violencia que vive la población de Arauca y el movimiento social, es producto del abandono Estatal y social, la crisis humanitaria, la militarización y las zonas de guerra llamadas 'zonas futuro'; lo que viene antecedido históricamente por hacer del departamento un laboratorio de guerra contra su población”. 

Frontera olvidada

Colombia comparte 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. Arauca es uno de los once departamentos que la integran. Según Martha Márquez, directora del Cinep / PPP y experta en relaciones binacionales Colombia - Venezuela,  “desde 1830 hay un abandono de las fronteras y cuando se hace presencia es de forma militar”, lo que ha permitido que estos territorios “sean controlados por actores armados que se dedican a las economías ilegales”.

“El Estado venezolano permite actores armados como los de la Segunda Marquetalia, el ELN pelea por territorios con las disidencias y el Estado colombiano hace presencia militar”, concluye Martha Márquez.

En el complejo departamento fronterizo de Arauca, el ELN buscó extenderse “a lo largo de la cuenca del río Orinoco y penetró con mayor profundidad al interior de Venezuela” tras la firma del Acuerdo de Paz que provocó la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) del territorio, de acuerdo con el libro ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Una mirada regionalmente diferenciada publicado por Cinep / PPP en 2021. Según sus autores, el frente Domingo Laín que hace presencia en Arauca se ha permitido mostrar un “modelo organizacional, pero también un apoyo material para otras estructuras” de la guerrilla. Arauca ha sido fortín histórico de esta guerrilla que aún no deja las armas y que habría denunciado recientemente en sus redes sociales que la cruda confrontación obedece al patrocinio de Estados Unidos a las disidencias de las Farc. 

Guerras locales

En otras regiones la situación no es mejor: El 14 de enero fue asesinado Breiner David Cucuñame, joven indígena ambientalista de tan solo 14 años de edad, en Cauca; el 17 de enero, Mario Jonathan Palomino, profesor y ambientalista, en El Carmen de Viboral, Antioquia; y el mismo día se encontró el cuerpo de Luz Marina Arteaga, lideresa y reclamante de tierras que había sido desaparecida desde el 12 de enero en Casanare. A ello se suman las denuncias por las situaciones de riesgo que denuncian comunidades de Chocó, Montes de María y Magdalena producto de la presencia y acciones de actores armados ilegales en sus territorios. 

Para Víctor Barrera en este difícil inicio de año se continúa la tendencia de recrudecimiento del conflicto que viene del año pasado. Él recordó que incluso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) publicó un comunicado a inicios de 2021 llamando la atención sobre la situación de violencia exacerbada contra firmantes de la paz y defensores de DD.HH.

Hay un “deterioro paulatino, sostenido, pero diferenciado a nivel territorial de las condiciones de seguridad”. Este contexto se produce debido a la reconfiguración y fragmentación organizacional tras el desarme de las FARC que sigue en curso, y genera una “competencia armada por saber quién se impone sobre quién o qué tipo de alianzas pueden estabilizar las dinámicas de la violencia sin que ello implique la desaparición de las organizaciones armadas”.

Para el investigador, este deterioro está marcado por las historias regionales de la violencia que había previamente en los territorios y que dan cuenta de guerras locales que ya no se inscriben en un relato nacional y que todavía tienen “ese fuerte localismo que hace que estas disputas sean mucho más exacerbadas”.

El ELN, las disidencias y el Clan del Golfo serían los actores más visibles de esta confrontación:

“Estamos observando un ELN que está buscando posicionarse como una amenaza frente al Estado a través de ataques terroristas pero también con una capacidad bélica importante en regiones donde ha tenido una presencia como en el Catatumbo y Arauca”, sostiene el experto, añadiendo que esta será una dinámica que probablemente continuará este año. 

De otra parte, afirma que hay una gran diversidad de disidencias que serían, entre 22 y 30, “dependiendo de las fuentes” y que están fragmentadas.

Por último, tras la captura de su máximo líder, “Otoniel”, las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia también conocidas como Clan del Golfo o Urabeños) presentan “más continuidad que un cambio”. Aunque Barrera apunta que hay varias hipótesis que sostienen que se convertirán en estructuras autónomas que competirán entre sí, “al menos lo que estamos viendo es que este grupo armado tiene una organización que les permite ir mucho más allá de un liderazgo individual y en algunas regiones hemos visto que estas estructuras conservan un control significativo e importante”. 

Se demuestra así, según Barrera, que “una ausencia total de una política de seguridad consistente respecto al nuevo contexto de estas guerras locales que demandan transformaciones que este gobierno no está interesado en tomar”. Adicionalmente, la violencia deja de ser selectiva contra personas defensoras de DD.HH. y “se convierte en una violencia indiscriminada que pone a la población civil en el centro de la confrontación en algunos territorios del país”.

 Por Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el Sexto informe sobre el enfoque de Género en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. En este informe la ST ha enfocado su análisis en los principales logros obtenidos en temas estratégicos, su avance y relevancia, para señalar las oportunidades que se presentan al preservar lo logrado y para llamar la atención sobre los riesgos que existen en las garantías de la implementación del enfoque de género que ha quedado plasmado en el A.F., por las falencias verificadas en la implementación.

 

 

Información para prensa:

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

+57 321 4590847

Desde el 11 de enero el Cinep / PPP retomó actividades. Aunque las instalaciones no están abiertas al público ni empleados para mitigar la propagación de la Covid19, los siguientes servicios están disponibles: Biblioteca, consultas de la base de datos de ddhh y violencia política y la base de datos de luchas sociales; y consulta y descarga de nuestras publicaciones y revistas. 

En 2022, y desde el 11 de enero, el Cinep / PPP continuó realizando su labor misional y prestando los servicios de Biblioteca y acceso a las bases de datos de forma virtual, mientras el edificio estará cerrado al público tomando en cuenta el aumento de casos de Covid. Por esta razón, el préstamo del auditorio y salones para público externo, y la realización de eventos están restringidos. 

De otra parte, la Biblioteca continuará realizando el préstamo interbibliotecario; la solicitud de bibliografía a través de este formulario; la consulta de libros de forma virtual; la capacitación en el uso de sus recursos; y el servicio de reprografía. Mayor información: 318 374 1375 o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El acceso a la Base de datos de Derechos Humanos y Violencia Política en Colombia continuará de forma gratuita con una consulta de máximo 2 mil registros en https://www.nocheyniebla.org/?page_id=1372. También se puede tener una mirada a la Base de Datos de Luchas Sociales en Colombia en nuestra página web. Para las demás bases de datos del Sistema de Información General (SIG) se debe solicitar el ingreso enviando un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Las revistas Cien Días, Controversia y Noche y Niebla se pueden consultar en sus respectivas páginas y aquellas publicaciones que son de pago se pueden adquirir escribiendo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Además, nuestras publicaciones gratuitas siguen disponibles en www.cinep.org.co/publicaciones y en los repositorios virtuales Internet Archive, el catálogo virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango, Academia.edu, y la biblioteca virtual de Clacso

Por Equipo de comunicaciones CINEP / PPP

En 2021 continuamos luchando por la paz y la justicia del pueblo colombiano. Tras 50 años de nuestra fundación obtuvimos diversos logros que queremos compartir con ustedes:

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

El equipo Interculturalidad y las comunidades del Caribe presentaron la serie “Juntanzas", una caja de herramientas que incluye 8 libros, mapas, y material didáctico en formato físico y virtual y es el resultado de procesos de educación popular e investigación participativa con mujeres, jóvenes y líderes de Cartagena, La Guajira y La Sierra Nevada de Santa Marta. 

Los textos y otros materiales producidos por este equipo pueden ser encontrados en: cinep.org.co/interculturalidad/. A continuación, los textos de “Juntanzas”:

Negras Hoscas. Las mujeres frente a las transformaciones de las actividades productivas y económicas de los reasentamientos de Roche, Patilla y Chancleta, La Guajira

Este texto se construye a partir de la reflexión de mujeres representantes de consejos comunitarios en el sur de La Guajira para generar conocimiento local sobre las transformaciones y afectaciones sufridas por estas comunidades tras el reasentamiento involuntario debido a la actividad minera extractiva en la zona.

Enramar historias. Cuentos, relatos y crónicas wayuus y afroguajiras

Libro con el resultado de varias investigaciones realizadas en el sur de La Guajira sobre las afectaciones que ha dejado la explotación minera en el territorio y sus habitantes. 

Enramar la vida. Voces de afroguajiros y wayuus

Contiene seis sistematizaciones resultado de investigaciones locales participativas adelantadas en La Guajira que reflexionan sobre temas como la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y la educación intercultural.

Trenzar resistencias. Memorias, relatos y sonoridades cartageneras

Este libro pone bajo la lupa varias aristas y problemas que se viven de manera cotidiana en la ciudad de Cartagena. Desde espacios de la memoria en la isla de Bocachica, pasando por las transformaciones urbanísticas cercanas al Centro Histórico, y abordando también problemáticas de la escuela y de los barrios donde habitan personas racializadas

Trenzar las resistencias contra el racismo en Cartagena

Grupo de cuatro  investigaciones locales participativas que reflexionan sobre procesos de desplazamiento, segregación racial y despojo territorial, así como evidencian estrategias de lucha y resistencia trenzadas desde el cerro de la Popa y el sur de Cartagena en búsqueda de la permanencia digna y el derecho a habitar la ciudad.

Wiwas tejiendo memorias desde el corazón del mundo

El tejido conseguido a partir de diálogos interculturales e intergeneracionales con mamos, sagas y otras autoridades tradicionales en busca de memorias del sentido de ser Wiwa, con el fin de rescatar saberes propios, se tradujo en este libro.

Kankuamos tejiendo resistencias desde el corazón del mundo

Recoge las percepciones de la comunidad sobre cómo el turismo afecta el Resguardo Kankuamo, planteando la necesidad de regularlo a partir del ejercicio de autodeterminación y autonomía como pueblo indígena; y presenta en video las voces de maestros, maestras y autoridades en reflexión sobre la importancia de la educación propia con la implementación del Modelo de Educación Kankuamo (MEK) como pilar para la defensa del corazón del mundo.

Metodologías participativas para la defensa del territorio. Memoria, documentación y escuela contra la discriminación

En el primer registro se reflexiona sobre temas como la articulación de apuestas comunes a partir del trabajo colaborativo de las investigaciones, las nociones del buen vivir wayuu y la importancia de impulsar la Cátedra de Estudios Afrocolombianos desde perspectivas descolonizadoras. En el segundo registro se presentan las metodologías y herramientas que fueron el núcleo de las investigaciones locales que se presentan en la serie Juntanzas en Resistencia por el Territorio. 

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

Para este número 219 de la revista Controversia invitamos a publicar trabajos de investigación que analicen y reflexionen sobre las experiencias organizativas diversas de las mujeres rurales en Colombia y América Latina, sus agendas, los impactos del modelo de desarrollo y de proyectos extractivos en los derechos de las mujeres rurales y su participación política. Como en ocasiones anteriores la revista tendrá una sección de tema libre para la cual se reciben contribuciones de calidad académica que atiendan a los ejes temáticos de Controversia.

Fechas:

  • Apertura: 6 de diciembre de 2021.
  • Cierre: 28 de febrero de 2022.
  • Fecha de publicación: Segundo semestre de 2022.
  • Editor del dossier: Ana María Restrepo, Javier Lautaro Medina - CINEP.
  • Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consulta aquí el Manual de publicación para autores

Revista Controversia

Este 15 de diciembre las publicaciones de Cinep estarán en el Bazar Hechos en Paz el Museo Casa de la Memoria, en Medellín de 1pm a 8pm. Los libros, investigaciones y revistas tendrán un 15% de descuento.

El Cinep/Programa por la Paz estará presente en el “Bazar de iniciativas productivas y emprendimientos” con publicaciones sobre derechos humanos, paz, movilización y educación popular. Los libros de venta al público tendrán un 15% de descuento, y también habrá algunos títulos de libre distribución.

Estos son los títulos disponibles:

Título

Precio 2021

Precio -15%

Cuando la copa se rebosa. Luchas sociales en Colombia 1975-2015

56.700

48.200

Poder y violencia en Colombia 

64.950

55.200

“Hasta cuando soñemos”. Extractivismo e interculturalidad en el sur de la Guajira

51.100

43.450

Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de Colombia

59.050

50.200

Estrategias para la construcción de paz territorial en Colombia

22.700

19.300

Controversia 216

36.350

30.900

Controversia 208

36.350

30.900

Arme y desarme en Colombia

72.800

61.900

Más allá de la coyuntura. Entre paz territorial y paz con legalidad

72.800

61.900

Iglesias locales y construcción de paz

70.700

60.100

Reconciliación. Perspectivas y aportes para su comprensión

34.050

28.950

Geografíar el Caribe

0

0

De encuentros y desencuentros: educación intercultural en el Caribe

0

0

¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN?

0

0

¿Cuál estado para cuál ciudadanía?

0

0

Extractivismo y posconflicto en Colombia. Retos para la paz territorial

0

0

Violencia, racismo y conflictos socioambientales

0

0

Infografía seguimiento a sentencias de restitución

0

0

Infografía autocensos del Consejo Comunitario La Larga y Tumaradó

0

0

Grupos armados y construcción del orden en el sur del Tolima

0

0

Aprendizajes sobre procesos de diálogo y negociación en Colombia

0

0

Transformación no violenta de conflictos sociales en Colombia

0

0

Olla de Barro

0

0

Noche y Niebla 59

0

0

Genocidio político y crímenes contra la paz (TPP)

0

0

Si desea adquirir estos títulos puede acercarse al Museo Casa de la Memoria en Medellín el sábado 4 de diciembre entre las 10am y 7pm, o realizar el proceso de compra a través de Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Por: Comunicaciones Cinep / PPP.

El 24 de noviembre se cumplen 5 años de la firma del Acuerdo de Paz. Cinep / PPP es una de las organizaciones que integra la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación en la implementación y desde entonces realiza seguimiento al Acuerdo. Compartimos algunos hallazgos de la Secretaría y miradas de nuestros investigadores. 

El Acuerdo de Paz que se negoció en la Mesa de Conversaciones de La Habana, Cuba, durante más de cuatro años por el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las Farc - Ep fue firmado, finalmente, en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, tras sufrir la derrota en el plebiscito por la paz, y haber sido firmada una primera versión del documento en Cartagena en septiembre. Tras el triunfo del No al acuerdo en las urnas, el mismo fue modificado en mesas con los sectores opositores, entre ellos el equipo político del actual gobierno nacional de Iván Duque, en cuyo periodo presidencial se ha concentrado la mayor parte de la implementación del Acuerdo que resultó ser uno de los más aplaudidos internacionalmente y, al mismo tiempo, con abundantes contradictores y ataques entre los colombianos y colombianas.

Según los investigadores de Cinep / PPP en la en la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación (ST), uno de los problemas que enfrenta la implementación es la selectividad por parte del gobierno sobre las políticas del Acuerdo que apoya o no. Eso explica, según ellos, que haya puntos del Acuerdo Final con mayor desarrollo respecto a otros. 

El panorama que presenta el Décimo y más reciente informe general de la ST incluye punto a punto los logros destacados, así como los retrasos, preocupaciones y retos a superar para cumplir la meta pactada el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón: alcanzar una paz estable y duradera. 

Punto uno: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral

Respecto al primer punto del Acuerdo Final, la Secretaría destaca la creación del Fondo de Tierras como un logro parcial, dado que hasta el 20 de junio de 2021 han ingresado 14.571 predios con un total de 1.385.066 hectáreas de las 3 millones que había previsto del Acuerdo para su distribución. A ello se suma que, de esta cantidad, solo se han entregado 4.521 hectáreas por mes, lo que significa que “a este ritmo, en los 12 años previstos de duración del Fondo solo se distribuirán el 21,7% de lo pactado”.

La Secretaría también destaca el avance en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que contaron con “una alta participación comunitaria” tanto en la construcción de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) como en la elaboración de las Hojas de Ruta Única (HRU); sin embargo, señala que las comunidades ahora perciben una disminución en su participación. Tal es el caso de la subregión Pacífico Medio, donde las comunidades hace pocas semanas suspendieron su participación en las actividades PDET en exigencia de garantías.

Punto dos: Participación Política, apertura democrática para construir la paz

En cuanto a la participación política se destacan los avances en cuanto a derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política con el Estatuto de la Oposición, así como la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y el funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz.

Sin embargo, la ST cuestiona que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad haya sido convocada “en pocas ocasiones, lo cual es preocupante frente a la crisis de inseguridad que viene atravesando el país”. En materia de garantías de seguridad la Secretaría “no identifica ningún logro significativo”, pues si bien hay avances normativos, persisten retrasos los retrasos en la implementación del Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).

“La magnitud y persistencia de las agresiones a líderes, lideresas y excombatientes representa un riesgo para la apertura democrática, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil”, asegura la ST. “Cada líder social asesinado es una voz silenciada en la democracia que fractura la confianza en la institucionalidad y obstaculiza la participación política”, concluye.

Punto tres: Fin del Conflicto

Aunque la Secretaría sostiene que hay avances en la entrega de tierras a excombatientes, “la deficiencia de tierra sigue siendo uno de los principales retos para la sostenibilidad a mediano y largo plazo del proceso” de la reincorporación. A ello se suma el asesinato de total de 291 ex combatientes desde la firma del Acuerdo hasta el 20 de septiembre, según registros de Cerac, la otra organización que integra la ST.

“No garantizar la protección de los excombatientes impacta la implementación del A.F., y representa un riesgo para la consolidación del tránsito a la vida civil ante la posibilidad de que puedan desertar del proceso o prefieran regresar a la clandestinidad”, sostiene la Secretaría.

Además, la ST asegura que “la permanencia de grupos armados en los territorios, los enfrentamientos y los intereses económicos y políticos a nivel local han hecho que, a pesar de la reducción de las acciones ofensivas, el país presente un preocupante nivel de agresiones a excombatientes, líderes y lideresas sociales y defensores de derechos humanos junto con un incremento en los casos de desplazamiento masivo y de masacres”.

 Punto cuatro: Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

La Secretaría destaca el cumplimiento del 98% del levantamiento de los cultivos de uso ilícito por parte de las familias que suscribieron acuerdos individuales del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). También se dio  “la generación de oportunidades laborales para recolectores y recolectoras quienes fueron empleados en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria y mejoramiento ambiental”. 

Por su lado, a lo largo de los 5 años de la implementación organizaciones sociales y campesinas del territorio han denunciado los incumplimientos del PNIS y equipos como el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep han registrado las agresiones que llegan incluso hasta la muerte de los cultivadores de la hoja de coca que se oponen a la erradicación forzada en medio de operativos donde videos y registros evidencian el uso desproporcionado de la fuerza como ocurrió en Tumaco,  Nariño, vereda El Tandil, el 5 de octubre de 2017 cuando fueron asesinados 7 campesinos que protestaban ante los incumplimientos del Acuerdo de Paz y exigían no erradicar forzosamente ni con glifosato.

Según la ST, las condiciones de seguridad en los territorios juegan un papel contra la implementación dado que “pone en riesgo la vida de los involucrados con el PNIS, ya sean líderes que lo promuevan, técnicos de apoyo al programa o beneficiarios”. A ello se suma que algunos de los beneficios que otorga el Programa están condicionados por la verificación del levantamiento de los cultivos, misma que está obstaculizada por las condiciones de seguridad.

Punto cinco: Víctimas 

La Secretaría Técnica subraya que las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -hoy llamado Sistema Integral para la Paz- continuaron el desarrollo de su labor pese a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia, “las constantes violaciones a los DDHH en diversos territorios del país y los ataques permanentes al desarrollo e integridad de sus actividades por parte de los detractores del proceso de paz”.

Los avances destacados de cada una de las entidades son:

  • La Comisión de la Verdad:  “la construcción y desarrollo de un proceso metodológico y social para el esclarecimiento de la verdad y la realización de acciones tendientes al reconocimiento individual y colectivo de responsabilidades por parte de actores del conflicto”, acciones que se tendrán que materializar en el informe final y recomendaciones que serán presentados en junio de 2022.

 

  • La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas: “el logro principal es la elaboración del Plan Nacional de Búsqueda y la puesta en marcha de varios planes regionales de Búsqueda”, además del hallazgo de varios cuerpos.

 

  • La Jurisdicción Especial para la Paz: “i) la estructuración de un modelo restaurativo de justicia transicional; ii) la expedición de medidas cautelares como un mecanismo idóneo, ágil y efectivo para salvaguardar los derechos de las víctimas” en el marco de su mandato.

Punto seis: Implementación, Verificación y Refrendación

Se avanzó en la inauguración de 11 de las 20 Emisoras de Paz que funcionarán hasta 2026. Sin embargo, en cuanto a la financiación se señala que si bien los recursos han tenido un crecimiento anual promedio de 5% desde la firma del Acuerdo, “a este ritmo de ejecución la implementación tomaría un total de 26 años, es decir, 11 años más de lo previsto”.  

Organizaciones de víctimas y sociedad civil que acompaña el Proceso han manifestado su preocupación por la baja en la pedagogía del Acuerdo en los últimos años.

Los informes de la Secretaría Técnica pueden ser consultados en: https://bit.ly/SecretariaTecnicaCSIVI 

Los Seminarios de la Secretaría Técnica pueden ser consultados en: https://www.youtube.com/channel/UCaOM6QXVKq71BqVu1ZIP2Uw/featured 

Las opiniones de los investigadores de la Secretaría pueden ser consultadas en: https://soundcloud.com/verificacion-de-los-acuerdos 

Por: Equipo de Comunicaciones Cinep / PPP