Noticias Institucionales

Noticias Institucionales (160)

 

Porqué es importante la visita de la CIDH en medio de los abusos policiales y violación a los derechos humanos a un mes del Paro Nacional en la opinión de Alejandro Angulo y Víctor Barrera, investigadores del Cinep / PPP.

Después de la lluvia de críticas al gobierno colombiano por negarse a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la canciller Marta Lucía Ramírez dio hoy luz verde para que este organismo arribe a Colombia el próximo 7 de junio. La visita había sido solicitada en medio del SOS por la preocupante situación de derechos humanos donde se suman decenas de muertos, cientos de desaparecidos y miles de casos de agresiones en medio del Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril y cumplió un mes de movilización y respuesta represiva que incluye, además de uso excesivo de la fuerza y armas de fuego como se evidencia en videos y fotografías divulgadas ampliamente en la web por organismos defensores de derechos humanos, ongs y ciudadanos, la participación de civiles con armas apoyados por los policías, la desaparición y quema de personas, y el posible uso de propiedades privadas para centros de reclusión y tortura.  

“No se han tomado las medidas urgentes que requiere la gravedad de los casos”, explica Alejandro Angulo, , fundador y actual investigador del Banco de Datos y Derechos Humanos del Cinep / PPP, recalcando la importancia de la visita de la CIDH. Para Víctor Barrera, del equipo Conflicto, Estado y Paz del Cinep, esta visita “puede salvar la vida de decenas y centenares de personas que van a seguir siendo víctimas de violaciones de derechos humanos”. 

“Sería un factor disuasivo en un contexto donde estamos viendo una violencia estatal desbordada”, anota Víctor quien la considera necesaria precisamente porque hay un escenario de “creciente impunidad donde los organismos de control están siendo inoperantes”. Además, el Congreso no está en ejercicio pleno de sus funciones, lo que configura un escenario donde no hay condiciones institucionales para limitar los abusos que se están presentando. 

Las intervenciones de la Cidh, tanto medidas cautelares, como peticiones, o visitas a los países, etc., son necesarias cuando las autoridades de los estados no han tenido la capacidad o la voluntad de garantizar los derechos humanos, frenar las violaciones y hacer justicia”, explica Alejandro Angulo.

“Por esa razón, las organizaciones de víctimas colombianas acudieron a estas instancias internacionales, dado que el Gobierno y el Estado colombianos no han puesto freno a la situación de graves violaciones de derechos humanos, a pesar de que ya ha pasado un mes desde que comenzó el paro nacional; por el contrario, continúa la vulneración de la vida e integridad personal de la población de forma sistemática por parte de la Fuerza Pública y de algunos particulares armados que han actuado con impunidad”, agrega Angulo, sacerdote jesuita. 

Para el investigador, negar o postergar la visita “es una señal inequívoca de que no hay voluntad política de remediar las causas del descontento popular ni de atender a sus justos reclamos de que se cumpla la Constitución” y  “da pie para pensar que hay intención de ocultar los hechos y maquillar la negligencia institucional. Recuérdese cómo, el gobierno dictatorial de Videla en Argentina también quiso postergar de la visita de la CIDH para realizar modificaciones en los centros de detención clandestina y trasladar a los detenidos a una isla, con el objeto de que la Comisión no se diera cuenta de las atrocidades que se estaban cometiendo”.

Según Angulo, es necesario insistir en la veeduría y acompañamiento internacional ante la crisis en Colombia. Por ejemplo, “en ocasiones anteriores de ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) la mediación de los organismos internacionales ayudó a poner algún freno a estos crímenes”. Según Angulo, en este momento es vital seguir insistiendo en la presencia de las instancias del Sistema Regional de DDHH. 

“Colombia no puede esquivar la responsabilidad de defender los derechos y la dignidad de su población. La situación es demasiado grave cuando incluso los defensores de derechos humanos se sienten desprotegidos y algunos de ellos han resultado agredidos. Frente a la desprotección de su dignidad por parte de su propio Gobierno el pueblo colombiano tiene el derecho y el deber de recurrir a la ayuda internacional en la defensa de sus derechos básicos”.

Víctor Barrera concluye que “la Corte sería la instancia más adecuada para esclarecer cuáles han sido los eventos y los patrones en las violaciones a los derechos humanos en el marco del Paro Nacional en circunstancias donde el Estado está desconociendo los registros de organizaciones gubernamentales y parece que no está ofreciendo cifras transparentes”.

Por: Katalina Vásquez. Equipo de Comunicaciones CINEP / PPP.

Este 19 de mayo conmemoramos 24 años desde el asesinato de los investigadores de Cinep/PPP Mario Calderon y Elsa Alvarado, así como del padre de Elsa, Carlos Alvarado. Su vida y luchas siguen en nuestra memoria.

Mario Calderón y Elsa Alvarado fueron dos luchadores por la paz, el medio ambiente y la justicia en Colombia. Eran investigadores del CINEP y dicen sus compañeros que eran la pura alegría y ganas de cambiar el país. Enamorados de la vida concibieron a su hijo Iván y lucharon con muchas comunidades por una vida más digna.

Mario, Elsa y el padre de Elsa, don Carlos Alvarado, fueron asesinados en su casa el 19 de mayo de 1997. La familia de Elsa y Mario se reunieron para celebrar el día de la madre y fueron asaltados por sicarios paras. La abuela y el pequeño Iván sobrevivieron y hoy son símbolo de la fuerza y el amor.

Elsa, Mario y Don Carlos siguen en nuestra memoria y viven en la llama de la lucha que hoy se enciende en Colombia.

Por: Comunicaciones CINEP / PPP.

Los procesos de movilización y protesta han experimentado una innegable transformación en los últimos años. A partir de la ya clásica definición de “nuevos movimientos sociales” esbozada por Alain Touraine en los años ochenta, o la de “movimientos populares” de Múnera en los noventa, la discusión posteriormente se transformó desde orillas diferentes bajo el paradigma interseccional y la teoría critica. En la actualidad, una cuarta generación de formas de movilización (4.0), han venido emergiendo en el marco de profundos procesos de individualización social, universalización de las redes sociales, precarización y aumento de las brechas de desigualdad.

Bajo el anterior contexto, el “paro” ha sido una tecnología de interpelación al Estado y al aparato productivo en general. De los Paros Agrarios que buscaban interrumpir el flujo de alimentos y materias primas a las Huelgas generales que detenían las industrias en las ciudades, hemos venido avanzando a un nuevo tipo de movilización y acción colectiva. A nivel internacional, esta forma de movilización puede observarse en los chalecos amarillos franceses, la primera línea chilena o el movimiento independentista hongkonés.  En Colombia existen tres episodios muy representativos de esta forma de movilización el 21-N del 2019, los eventos de septiembre de 2020 y el último Paro Nacional del 2021.

Estas formas de organización colectiva son profundamente horizontales, tienen dificultades o no reconocen totalmente los mecanismos de representación tradicional de la izquierda, se movilizan a modo de enjambre como esbozara Byung-Chul Han, e invitan a repensar o deconstruir la fácil conceptualización oficial del “vándalo”; así mismo, plantean la necesidad de pensar espacios de diálogo social multinivel y multisituados. 

A esta nueva forma de interpelación y organización social la hemos sintetizado bajo la categoría temporal de Paros 4.0. Invitamos a participar en esta convocatoria con artículos, reflexiones y testimonios que nos puedan ayudar como país a pensar estos nuevos fenómenos sociales que seguramente seguirán profundizándose como lineamientos de la acción colectiva organizada. También serán bienvenidos textos que analicen y reflexionen sobre procesos similares en otros países especialmente de América Latina.

Fechas:

  • Apertura:  1 de junio de 2021.
  • Cierre:  31 de julio de 2021.
  • Fecha de publicación: Primer semestre de 2022.
  • Editor del dossier: Carlos Duarte – IEI Universidad Javeriana de Cali.
  • Correos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Consulta aquí el Manual de publicación para autores

Revista Controversia

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el segundo informe de verificación de la implementación del enfoque étnico en el Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre el período entre el primero de septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021. El análisis está orientado a la verificación del cumplimiento de los compromisos que respondan a las necesidades particulares de los pueblos y comunidades étnicas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y Rrom; identificando oportunidades de mejoramiento para contribuir a su reconocimiento como sujetos colectivos e individuales de derechos y a la protección de sus identidades, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo Étnico del A.F.

 

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Organizaciones de Colombia y Guatemala solicitan una audiencia pública a la (CIDH) sobre la criminalización contra defensoras y defensores del territorio, la tierra y el ambiente en el marco de la pandemia.

Veinticinco organizaciones sociales de Colombia y Guatemala solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en su próximo período de sesiones que se desarrollará virtualmente del 21 de junio al 2 de julio. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH (Guatemala) y el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP / Programa por la Paz (Colombia), en alianza con otras ongs, dirigieron la solicitud a María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH en Washington, desde abril pasado. 

“En Guatemala y Colombia, la criminalización contra defensores/as de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente en contextos de transición como un fenómeno regional, es parte de un continuum de violencia que no terminó con la firma de los Acuerdos de Paz, sino que más bien mutó de manera considerable”, alertan los solicitantes de la audiencia que tiene por objeto  poner en conocimiento de la CIDH la grave situación de criminalización en contra de las personas defensoras de derechos al territorio, la tierra y el medio ambiente, en los países de Colombia y Guatemala, así como sus implicaciones en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. 

Las organizaciones buscan presentar casos concretos de las graves situaciones y vulneraciones de derechos humanos en ambos países, a través de patrones sistemáticos de los procesos de criminalización de líderes/as, dirigentes comunitarios, étnicos, campesinos y defensores/as de derechos humanos, que reclaman y reivindican el legítimo derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente en Guatemala y Colombia. Y para ellos, primero, expondrán la caracterización y delimitación del fenómeno de la criminalización contra comunidades campesinas y afrodescendientes, pueblos indígenas y defensores del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente y, su impacto en el marco de la pandemia generada por el Covid-19. Y en un segundo momento, mostrarán los principales patrones en los cuales se explica el aumento de la criminalización y su correlación con la vulneración de derechos fundamentales de las personas defensoras del derecho al territorio, la tierra y el medio ambiente

En la solicitud se alerta sobre la preocupación por la violación a los derechos fundamentales a la protesta social, la libre expresión, y la defensa de los Derechos Humanos en Colombia y Guatemala en el marco de estados de excepción ocasionados por la pandemia, así como la expansión sin precedentes de las actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la agricultura a gran escala, los monocultivos y la deforestación. 

Durante el año 2019 Colombia fue el país donde más se cometieron asesinatos contra defensores del medio ambiente en el mundo, y Guatemala el sexto, según informe de la ONG Global Witness de julio de 2020, señalan las ongs en la solicitud a la CIDH. 

A continuación la carta con la solicitud:

 

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

Por: Comunicaciones CINEP / PPP

Te invitamos al Seminario sobre “¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020”, publicación que estudia a esta guerrilla y cómo actúa en las regiones para tender puentes que permitan una salida negociada al conflicto. 

Seminario El ELN como configuración federada: una mirada desde los estudios regionales (abierto al público) 

Mayo 11

9:00 am: Fernán González S.J.

9:10 am: Henry Ortega (Catatumbo), Juan Diego Forero (sur de Bolívar), Andrés Aponte (Arauca), Daniel Amaya (Cauca-Nariño), Valentina González (Chocó), Andrés Aponte (panorama nacional), Fernán González (conclusiones generales).

10:20 am: Receso

10:30 am: Conversatorio con Socorro Ramírez, Alejo Vargas, Carlos Velandia, Angelika Rettberg y Fernán Gonzáles S.J., con la moderación de María Alejandra Villamizar. 

11:30 am: Preguntas 

Transmisión en vivo por https://youtu.be/1OR6rHcbRG4 y Facebook.com/CinepProgramaPorLaPaz.

Lanzamientos regionales del libro "¿Porqué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964 - 2020"(cerrado al público) 

Mayo 13

Lanzamiento regional en el sur de Bolívar*

Barrancabermeja, Santander.

Hora: 8:00 am. 

Mayo 28

Lanzamiento regional en Chocó*

Quibdó, Chocó.

*Evento presencial con invitación. Si desea asistir, envié un correo a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

El libro "¿Porqué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964 - 2020" de la colección Territorio, Poder y Conflicto, que fue lanzado el pasado 8 de abril: https://bit.ly/PorQueEsDificilNegociarELN 

Encuentre el lanzamiento acá: 

Por: Comunicaciones Cinep/PPP. 

Este 28 de abril Colombia volvió a las calles en rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Violencia y abuso policial también han sido constantes dejando heridos, muertos y detenciones arbitrarias, además de agresiones a defensores de derechos humanos y prensa.

Desde el miércoles 28 de abril, unas 50 ciudades y municipios de Colombia se movilizaron pacíficamente en horas de la mañana en contra de la reforma tributaria que el Gobierno radicó ante el Congreso y prevé el aumento en el IVA y renta para sectores medios de la población. Entre los reclamos también se encuentran algunos que datan del Paro Nacional de 2019 tales como el cumplimiento de los acuerdos establecidos con grupos étnicos, campesinos, estudiantiles y sindicales por parte del Estado, así como garantías para el respeto de la vida y la implementación del Acuerdo de Paz. 

El contraste entre la movilización y la respuesta de la Fuerza Pública 

El cierre del #28A estuvo marcado por actos de violencia y la agresión de la fuerza pública a manifestantes en Pasto, Bogotá, Medellín y Cali. En esta última ciudad 3 personas murieron resultado de los enfrentamientos entre civiles desarmados y Policía, mientras los registros de abuso policial contra mujeres jóvenes en Medellín y otros en diversas capitales se hacen virales. Temblores ONG denunció que tras las jornadas de manifestación del miércoles registraron 95 casos de violencia policial, que incluyen a 35 víctimas de violencia física por parte de la Policía y 3 víctimas de violencia homicida de parte de este cuerpo.

En Medellín, el Proceso Social de Garantías alertó sobre el uso de armas de fuego a manos de civiles este 29 de abril en el centro de la ciudad, mientras en Cali quedó registrado en video el asesinato de un joven. Aunque en dicha ciudad se han presentado hechos como asonadas y robo de tiendas, las organizaciones han señalado que estas situaciones no ocurrieron de parte de quienes se manifestaban. 

La Campaña Defender la Libertad, reportó que en Colombia hubo 49 personas heridas, 4 presuntamente fallecidas, 73 detenidas, 14 allanamientos, 10 agresiones a personas defensoras de DD.HH. y aproximadamente 78 denuncias de violencia policial el pasado #28A. 

Medidas para continuar con la protesta

La Comisión Colombiana de Juristas ha alertado ante la ausencia de garantías para quienes se manifiestan y son detenidos por la Fuerza Pública señalando que son “sometidos a retenciones ilegales e imputaciones de cargos sin la asistencia jurídica” que prestan organizaciones como las que integran la Campaña Defender la Libertad.

En ese sentido, han llamado la atención sobre la necesidad de no usar con arbitrariedad la figura del Traslado por Protección, los comparendos y judicializaciones contra quienes se manifiestan en los términos que lo señala la constitución. Igualmente, han llamado a la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación para que hagan las verificaciones sobre el actuar de la Fuerza Pública y se garantice el derecho a la protesta. 

Nuevos plantones, marchas y cacerolazos en el país y el extranjero son convocados desde entonces a diario, y se anuncian grandes movilizaciones para el 1 de mayo, día del trabajo. 

Por: Comunicaciones Cinep/PPP. 

SOS Cauca

La crisis social y humanitaria en Cauca aumentan tras el asesinato de la líder indígena Sandra Liliana Peña y el carro bomba en Corinto, el ataque a la Minga en La Laguna y operativos militares y combates que dejan muertes, víctimas de minas antipersonal, desplazados, miedo y zozobra. Comunidad caucana e internacional y defensores de derechos humanos claman por protección urgente al pueblo del Cauca.

El jueves 22 de abril, mientras se desarrollaba una Minga de control territorial en el resguardo indígena La Laguna-Siberia de Caldono, Cauca,  hombres armados dispararon causando heridas a por lo menos 31 comuneros. Entre los afectados se encuentra una autoridad que tuvo que ser trasladado junto a otras 2 personas a Cali.

La “Minga hacia adentro” fue convocada en respuesta al asesinato de Sandra Liliana Peña Chocué (autoridad del resguardo La Laguna-Siberia, el pasado 20 de abril mientras se dirigía a una reunión en Popayán) e incluyó actividades de retiro de cultivos de coca. En retaliación, un grupo ilegal abrió fuego. Después del ataque, la guardia indígena logró detener a 12 hombres armados este 22 de abril.  

Las 127 autoridades tradicionales integradas por los 10 pueblos pertenecientes al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se declararon en máxima alerta y asamblea permanente ante las amenazas y riesgos contra su vida, y rechazaron las declaraciones del comandante de la III división del Ejército, general Marco Mayorga Niño, quien aseguró que están en “coordinación con las autoridades para la erradicación de la hoja de coca que se encuentra en la zona” y que se buscaría “hacer un diálogo con la guardia indígena para coordinar actividades de seguridad en los territorios de los resguardos”. 

Las comunidades sostuvieron que la erradicación de cultivos de uso ilícito la realizan desde su autonomía y jurisdicción propia “porque vemos claramente el daño que nos generan estos cultivos” que son “base de la financiación de los actores armados”. Y rechazaron la coordinación que se espera lograr con la Guardia de parte del uniformado, afirmando que ellos son “un órgano civil, no armado, cuya dirección está en cabeza de las autoridades indígenas a las que ésta apoya en actividades relacionadas con la jurisdicción indígena”.

Cauca, en primer lugar de infracciones al DIHC y violencia política 

En la presentación de la revista Noche y Niebla No. 62, el Banco de Datos de DD.HH. y violencia política del Cinep alertó sobre la difícil situación en este departamento. En 2020, Cauca fue el lugar con más infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (232 victimizaciones)  y también el más afectado por hechos de violencia político social (300 victimizaciones).

Y en lo corrido de 2021 la situación  parece no estar mejorando: En este mes se registró un desplazamiento masivo de más de 250 personas en Argelia el pasado 17 de abril producto de enfrentamientos entre el Ejército y actores armados ilegales; ocurrió un atentado con artefacto explosivo contra  la subestación de Policía del corregimiento de Siberia, Caldono, el pasado 14 de abril; y se dio una masacre de 4 personas en el corregimiento de Mondomo, Santander de Quilichao, el pasado 8 de abril; además, el el comunero indígena Fernando Lozada Franco había sido asesinado el pasado 8 de abril en Caloto. 

A esta difícil situación se suman la explosión de un carro bomba el pasado viernes 26 de marzo frente a la alcaldía de Corinto, y el desplazamiento de más de 2 mil personas a la cabecera municipal de Argelia ocurrido ese mismo fin de semana tras combates.

Ante tales situaciones, las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creadas por el Acuerdo de Paz como la Comisión de la Verdad y organizaciones internacionales como Oxfam han rechazado la violencia llamando a proteger “la vida, el territorio y el ejercicio de gobierno propio de las comunidades indígenas del departamento del Cauca”. 

El Cinep/Programa por la Paz expresa su solidaridad con las comunidades Nasa del norte del Cauca y rechaza cualquier violación de derechos humanos y/o infracciones al derecho internacional humanitario consuetudinario que afecte a los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes. Así mismo, el Cinep/PPP insta al gobierno nacional, departamental y local para que asuma su responsabilidad legal y constitucional de garantizar la vida, integridad y libertad de los habitantes de los territorios afectados.

“El pueblo Nasa, las comunidades campesinas y afrodescendientes del Cauca merecen, exigen respeto y garantías de para el ejercicio de los derechos humanos colectivos y territoriales”, asegura el equipo de Cinep. Compartimos comunicado a continuación:

A continuación encontrará el comunicado:

 

Por Juanjosé Gutiérrez / Comunicaciones CINEP.

 

La Secretaria Técnica del Componente de Verificación Internacional -ST- compuesta por el CINEP y el CERAC, presenta el Quinto informe sobre el enfoque de Género en la implementación del Acuerdo Final -A.F.- en cumplimiento de los compromisos adquiridos con los Verificadores Internacionales, los expresidentes Felipe González y José Mujica y con el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el sostenimiento de la paz. Este informe cubre el período del 1º de septiembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Como en los informes anteriores, tiene una mirada crítica, constructiva y propositiva y se nutre de diversas fuentes: oficiales, de investigaciones previas, entrevistas, informes de organizaciones sociales y otras instancias previstas en el A.F., y análisis propios.  

 

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El presente informe es el Octavo que produce la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera corresponde a los 4 meses de la implementación del mismo comprendidos desde el 1o de agosto hasta el 30 de noviembre de 2020. Este informe se refiere a los seis puntos del Acuerdo y contiene, como valor agregado, el análisis del estado de la implementación en tres regiones PDET: Sur de Córdoba, Catatumbo y Pacífico Medio. 

Este es el segundo informe que produce la STCVI en el marco de la segunda fase de su funcionamiento que inició en abril de 2020. La primera, adelantada por 18 meses tras la firma del Acuerdo, se prolongó hasta mayo de 2019 y produjo los 6 informes anteriores los cuales pueden consultarse en:

https://cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html

Ambas fases de funcionamiento de la ST han sido posibles gracias al apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y se adelantan bajo el principio de neutralidad e independencia. Este Octavo Informe, publicado el 16 de febrero de 2020, es el producto de meses de investigación y análisis riguroso por parte de una docena de investigadores e investigadoras del CINEP/PPP y CERAC.


 

A continuación el documento sintético del Octavo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia:  


Información para prensa:

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+57 321 4590847