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Areas de Trabajo

Areas de Trabajo (171)

Durante un año diversas organizaciones acompañaron el proceso de Monitoreo y verificación del Cese al Fuego y de Hostilidades entre Gobierno y FARC-EP en Colombia. Este jueves 27 de julio, se encontrarán diversos actores para dialogar en torno a los resultados que arrojó este proceso. 

"La idea es tener un espacio de encuentro y diálogo para recalcar que el cese al fuego fue mucho más que un ejercicio militar y para que la ciudadanía pueda conocer lo que se vive en las zonas rurales y cómo se vivió este proceso en los territorios”

Lorena Carrillo González, quien es la Secretaría técnica del Comité de acompañamiento de la sociedad civil al mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo. Socióloga, magister en Estudios Rurales e investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular, amplía aspectos principales de este informe.

¿Cuál es el balance de los resultados del informe y los principales hitos en dicho proceso de acompañamiento?

Lorena Carillo: Lo primero es recalcar que el cese al fuego se cumplió, las dos partes cumplieron las reglas salvo 9 violaciones identificadas a lo largo del cese y la mayoría de afectaciones o incidentes fueron leves. Cuál es una de las principales situaciones que nosotros queremos remarcar allí, que si bien el cese se cumplió, el cese va mucho más allá del fuego, no se trató solamente de un ejercicio de separar fuerzas y verificar que las partes cumplieran las reglas a las que se comprometieron sino ver eso cómo llegó a afectar los territorios donde se llevaron a cabo estos procesos.

El proceso de cese al fuego ha sido una experiencia muy novedosa en el mundo. La ONU nunca había hecho parte de un proceso así como el que se constituyó con las FARC. Una herramienta novedosa de la que vale la pena aprender. El problema es que todas las cosas que se diseñaron en los protocolos fueron pensadas desde un ejercicio militar y no se tuvo en cuenta que estos territorios, al igual que sucedió en el transcurso de la guerra, no son territorios que están vacíos o que están aislados, ahí vive gente. Hubo un impacto en la cotidianidad de la gente, se está transformando y eso justamente es en lo que queremos llamar la atención.

¿Quiénes conformaron el comité de acompañamiento de la Sociedad Civil al Mecanismo de Monitoreo y Verificación?

L: El comité de acompañamiento surgió de una propuesta de 35 organizaciones que firmaron una carta dirigida a la mesa de negociaciones, la cual se envió a la mesa  de negociaciones de la Habana en febrero de 2016. A partir de la carta, la puesta en marcha fue liderada por 9 organizaciones a nivel nacional pero sobre todo por juntas de acción comunal y organizaciones regionales desde los territorios, es un espectro amplio de organizaciones que se unieron en torno al acompañamiento y que incluye organizaciones de iglesia, plataformas de derechos humanos, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales.

En el informe se menciona que “acompañar tal proceso desde la sociedad civil se convirtió en un reto adicional” ¿Por qué fue un reto?

L: Fue un reto porque justamente lo que era la mayor fortaleza se convertía en el mayor reto. Al tener tantas organizaciones con diversidad de agendas y apuestas encaminadas a lograr la implementación del acuerdo de paz; el reto era lograr ponernos de acuerdo en un punto para poder hacer ese acompañamiento.

A medida que pasaba el proceso iban cambiando las prioridades de las organizaciones porque había unas que estaban mucho más pendientes del asunto legislativo, otras de los procesos de reincorporación, otras de un ejercicio con las víctimas, entonces a medida que se iba implementando este acuerdo en su parte normativa y a medida que iban pasando los días en las zonas veredales las prioridades cambiaron y justamente cambian porque el cese funcionó.

La mayor tensión era pensar qué pasaba si el cese se rompía. Entonces hubo un momento en el que había mucha atención de organizaciones y plataformas, pero como funcionó esta parte dejó de ser prioritaria y pasaron a  ser prioritarios otros ejercicios como el fastrack que la Corte lo tumbó. Esas cosas fueron las que dificultaron los retos, sobre todo el tema de la comunicación desde los espacios locales a la articulación con los espacios nacionales; como la de Popayán que incluía zonas del Tolima y era imposible lograr que la gente se pudiera reunir en un mismo espacio.

¿Qué retos surgen a partir de los resultados de esta etapa?

L: Lo que queda es poder rescatar esta experiencia, potencializarla, aprender de los errores cometidos, ver de qué manera se puede mejorar porque creemos que esta es una experiencia que vale la pena tener en cuenta para futuros procesos; por ejemplo el cese bilateral que parece que va a iniciar pronto con el ELN, pero también para otros, no sólo en Colombia.

Ver cómo detrás de un ejercicio aparentemente militar también hay un componente social civil muy importante que debería ser incluido por lo menos en el diseño y en la primera fase de implementación. El tema de la pedagogía, el poder explicarle a la gente qué es lo que va a pasar en sus territorios, cómo lo pueden hacer de manera que no les afecte su vida cotidiana, es algo que queremos recalcar en este proceso.  

Este jueves tendrá lugar el encuentro que se ha propuesto para socializar esta experiencia de Acompañamiento y verificación ¿Cuáles serán los temas principales y quienes son los invitados al evento?

L: Vamos a presentar justamente el informe, es un informe preliminar de este proceso de acompañamiento que duró cerca de un año donde estuvimos involucradas organizaciones de nivel nacional, regional y local. Van a participar líderes de algunas de las zonas veredales para que sean ellos los que nos puedan contar desde su experiencia cotidiana lo que funcionó con el mecanismo y lo que debamos tener en cuenta para mejorar a futuro.

También, tendremos la presencia del Mecanismo de Monitoreo de los tres componentes, ellos nos van a hacer una retroalimentación a ese informe, vamos a contar con la participación de algunos representantes de instituciones estatales, de organizaciones no gubernamentales y también de la embajada de Suiza que apoyó este proceso desde el principio.

 

María Gabriela Novoa

Equipo de Comunicaciones

Dentro de las acciones del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla se realizó la segunda reunión de la Mesa de diálogo Multiactor de impulso a compromisos sobre seguridad y protección para reclamantes de tierras en Magdalena. En este espacio se discutieron los avances que han tenido las instituciones estatales en medidas para proteger la vida y la labor de los reclamantes.

En la mesa participaron líderes del Magdalena, instituciones estatales, organizaciones internacionales y organizaciones que acompañan los procesos de restitución de las comunidades de Diana María (Zona Bananera), Chimborazo (Puebloviejo) y Salaminita (Pivijay/Fundación). Para los participantes es importante trabajar en la protección a estas comunidades porque han registrado 142 hechos de violencia contra la población civil entre 2011 y 2016. De estos, dos casos son de homicidios y 109 amenazas directas y dos atentados.

Para las organizaciones convocantes hubo tres elementos que incrementaron la inseguridad a líderes de restitución. El primero es la reorganización de grupos paramilitares, algunos luego de cumplir condenas en Justicia y Paz. El segundo, el desprestigio a la política de restitución de tierras por parte del ex Procurador General Alejandro Ordoñez, ganaderos y terratenientes de la región, que estigmatizaron a los líderes reclamantes de tierras. Y el tercero que  continúan las amenazas a líderes por medio de panfletos y llamadas atribuidas a bandas criminales.

Franklin Ospina, presidente de la Asocarvirtmag, presentó sus preocupaciones por el desmonte de los equipos de seguridad de líderes de la región, llamado frente al que la representante de la Unidad Nacional de Protección afirmó que los estudios de seguridad se revisan constantemente y que se eliminan las medidas cuando los líderes no cumplen los requisitos expuestos en la ley, uno de ellos es la amenaza directa contra la persona.

Ospina también hizo un llamado a las entidades estatales para que las medidas de seguridad que se implementen sean colectivas y no personales, propuesta que fue respaldada por Leonardo Díaz, representante de Somos Defensores quien argumentó que las medidas personales de seguridad generan ruptura del tejido social en las comunidades y no solo legitiman las amenazas sino que no reducen el riesgo para las personas amenazadas.

La Policía Nacional afirmó tener registro de 6798 peticiones de proceso de restitución de tierras en el Magdalena. También alertó sobre la presencia de varios Grupos Armados Organizados entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pachenca y los Costeños a quienes se les atribuyen la aparición de 10 panfletos amenazantes contra la población civil y a quienes se les conoce en la región como los ejércitos anti restitución.

Finalmente se lograron algunos acuerdos con los representantes de las entidades participantes para gestionar reuniones, talleres con las comunidades, y construir propuestas conjuntas de prevención y protección que se articulen con las políticas públicas que surgen del acuerdo de paz y que permitan mejorar las garantías para los líderes de procesos de restitución en el departamento.

 
Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

Reseña del libro Hasta cuando soñemos: Extractivismo e interculturalidad en el sur de La Guajira, escrita por la profesora Joanne Rappaport publicada en la última edición del anuario colombiano de historia social y de la cultura

 

Joanne Rappaport

Antropóloga, PhD en Antropología Sociocultural, profesora de los Departamentos de Español y Portugués y de Antropología de la Universidad de Georgetown. Autora de los libros: Cumbe renaciente: Una historia etnográfica Andina (Bogotá, Editorial Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2005),  The Disappearing Mestizo: Configuring Difference in the Colonial New Kingdom of Granada (Duke University Press, 2014), Utopías interculturales: Intelectuales públicos, experimentos con la cultura y pluralismo étnico en Colombia (Bogotá, Editorial Universidad del Rosario; Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2008) y La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en Los Andes colombianos (Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2000).

 
 

Encuentra las memorias del lanzamiento del libro

 

Columna originalmente publicada en Razón Pública

El censo socioeconómico de los ex combatientes descubre una realidad de campesinos que se educaron en escuelas rurales, que desean seguir viviendo y trabajando en el campo, y que por tanto necesitan de la reforma rural integral que fue pactada.

Lorena Carrillo González*

Guerrilla de campesinos

El censo socioeconómico que llevó a cabo la Universidad Nacional sobre los integrantes de las FARC que se encuentran en las zonas veredales incluyó un total de 10.015 personas, y sus autores estiman que cerca de 1.000 integrantes más faltaron por incluirse.

El 81 por ciento de las y los ex combatientes tienen vínculos con zonas campesinas: 66 por ciento son de origen rural y 15 por ciento de origen rural-urbano. Estas cifras no son sorprendentes, porque las FARC tienen raíces en las regiones de colonización de Colombia.  

Por eso ya desde 1964 – sino desde mucho antes-, los guerrilleros habían venido demandando una reforma agraria, acceso a la tierra, formalización de la propiedad para colonos y campesinos, acceso a créditos y asistencia técnica para el campo.

Y en efecto: en el punto 1 del Acuerdo de la Habana se acordó formalizar la propiedad sobre siete millones de hectáreas y adjudicar tres millones más para campesinos y campesinas. El Acuerdo también incluye innovaciones en materia de asistencia técnica y desarrollo de líneas de créditos.

Sin embargo el camino hacia la “reforma rural integral” (RRI) allí esbozada es incierto y el panorama actual de la desigualdad en el campo colombiano no es muy alentador.

Aunque se trate de un hecho obvio, esta sencilla verdad  estuvo oculta a la opinión pública durante el largo tiempo de confrontación armada: las y los guerrilleros son seres humanos que, independientemente de sus deudas con la justicia, han habitado y labrado los campos. En medio de la guerra también sembraban cultivos de pancoger, criaban gallinas y cerdos. Gracias al censo y a algunos medios de comunicación, este hecho obvio es algo más visible hoy.  

¿Qué pasó con el campo?

Acostumbrados a narrar y a analizar el drama de la guerra y de sus víctimas, desde la academia también tenemos que vislumbrar, por ejemplo, las implicaciones que para los integrantes de las FARC tiene su reincorporación a un escenario rural más desigual y marginal que aquel que los llevó a las armas hace 53 años.

Los resultados del censo son más que desafiantes para un país centralizado y conservador, cuyas zonas rurales han estado marginadas desde siempre.

Según el informe de la OXFAM, la desigualdad en la distribución de la tierra ha aumentado durante las últimas décadas: “las explotaciones de más de 500 hectáreas se han mantenido en torno al 0,4%-0,5% del total. Sin embargo la superficie que ocupan se ha ampliado enormemente, pasando de 5 millones de hectáreas en 1970 (el 29% del área total censada) a 47 millones en 2014 (el 68%).”  El mismo estudio concluye que “el 1% de las explotaciones de mayor tamaño maneja más del 80% de la tierra”.

Bajo estas circunstancias, la desigualdad medida por el índice de Gini llegó a 0,897 en 2014, lo cual sitúa a Colombia como el país más desigual en América Latina.  En 1960 el índice de Gini era de 0,868, lo cual confirmaría que la desigualdad, en vez de disminuir, ha seguido agravándose. 

Pero por otra parte  hay que tener en cuenta que mientras en 1960 el 48 por ciento del total de la población colombiana vivía en el campo, en 2005 la proporción había disminuido al 25 por ciento.

Tanto la desigualdad como el cambio demográfico son factores importantes para tener en mente en el momento de adoptar decisiones relacionadas con políticas, programas y presupuesto para las zonas rurales de Colombia.  

¿Hay tierra pa’ tanta gente?

El 77 por ciento de los integrantes de las FARC no tienen una vivienda pero sí ganas de seguir viviendo en el campo (el 60 por ciento manifestó interés en actividades agropecuarias, un 37r por ciento en participar de los mercados campesinos, y otro 28 por ciento en acuicultura, entre otras alternativas).

Con una población cuya cultura es campesina y que le ha hecho saber al país que cree en un proceso de reincorporación colectiva, la opción de migrar hacia las ciudades, si bien no queda descartada, sí tiene muy bajas probabilidades de llevarse a cabo, y de hacerlo sería especialmente difícil en las ciudades intermedias.

Y a estos nuevos aspirantes a un pedazo de tierra en el campo hay que sumarle la elevada concentración de la propiedad, el derecho de las víctimas despojadas a la restitución, la adjudicación de tres millones de hectáreas a miles de campesinos, y las más de veintidós mil familias que habitan en áreas protegidas con riesgo de ser desplazadas, ademas de las que podrían quedar en el limbo con el proceso de delimitación de páramos

Escuela nueva

El 90 por ciento de los y las integrantes de las FARC manifestaron saber leer y escribir, pese a que apenas el 8 por ciento culminó sus estudios de educación básica o media vocacional.

Lo anterior debido, en parte por las propias escuelas de alfabetizacion de las FARC, y en parte porque la educación rural en Colombia sigue el método de “la escuela nueva”, una propuesta flexible para atender los problemas que enfrentan los niños y niñas en el campo (grandes distancias para llegar a clases, falta de infraestructura y de personal, falta de dotación básica).

La escuela nueva ha permitido grandes logros, en especial en el aumento de la cobertura de la educación primaria en zonas rurales. Con el apoyo de guías de aprendizaje. un solo docente se encarga de dar clase a todos los grados de la primaria. En las veredas es muy común encontrar escuelas donde conviven en un mismo salón de clases estudiantes de primero a quinto de primaria. El docente hace un esfuerzo por separarlos en esquinas, de modo que a un lado se encuentren los de quinto, al otro los de cuarto, y así sucesivamente. Los niños y niñas repasan las cartillas y el docente, aunque cuenta con pocas herramientas, se esfuerza por prestar atención a cada uno de los estudiantes; los niños por su parte memorizan el contenido de las cartillas, antes de aprender y reflexionar sobre el mismo.  

Bajo ese sistema educativo se formaron miles de guerrilleros antes de unirse a las filas de las FARC. Y bajo este sistema se siguen formando hoy en día miles de niños. No obstante, cuando esta población completa la primaria y no tiene la opción de continuar sus estudios de secundaria, busca alternativas como por ejemplo –y en el mejor de los casos- jornalear.

El informe del 2015 de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano del Departamento Nacional de Planeación alerta sobre el rezago existente en cuanto a  cobertura de la educación secundaria y media vocacional del sector rural frente al sector urbano. Estas brechas conllevan un aumento en los índices de pobreza y limitan la movilidad social en el campo colombiano.

La educación es sólo un ejemplo del difícil panorama que enfrentan las y los campesinos colombianos. Con baja cobertura e infraestructura para la básica secundaria, y la falta de opciones para adelantar estudios superiores, la reincorporación de los miles de campesinos ex combatientes es arte y parte del reto de remediar las brechas históricas en el ámbito rural.

 

Socióloga, magister en Estudios Rurales e investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)

 

Desde hace un año comenzaron en Cartagena y en el sur de la Guajira los talleres de formación política a comunidades de esos territorios. Hablamos con Jenny Ortiz y Luisa Fernanda Rodríguez, investigadoras del Cinep/Programa por la Paz que han estado al frente de este proyecto en representación de la organización. 

¿Cuál era el objetivo principal para la realización de estos talleres? 

Jenny Ortiz: Los talleres de formación política tienen la intención de aportar al proceso organizativo de las regiones en donde nosotros trabajamos. En este caso, Cartagena tenía un proceso anterior con la Escuela de Derechos Humanos y se decide seguir trabajando con la Mesa por la Defensa del Cerro de la Popa y construir colectivamente con ellos ocho talleres referentes a mecanismos de participación, derecho al territorio, género, diversos temas que le apuntan a fortalecer a la organización.

En la Guajira, se trabaja con organizaciones sociales y comunitarias y la idea es eso,  generar mecanismos de formación en procesos de participación política, en defensa de los derechos de los grupos  étnicos, en fortalecimiento de las propias organizaciones. Y los talleres tienen esta particularidad y es que se construyen colectivamente, surgen de las necesidades del contexto y de las necesidades de las organizaciones.

¿Cuál ha sido la importancia de trabajar en cada uno de estos territorios?

Luisa Rodríguez: En el sur de la Guajira, el proceso se lleva acabo con miembros de comunidades afro y de comunidades indígenas wayuu.  De las comunidades afro está Chancleta, Patilla, Roche, Tabaco, Las Casitas y de las comunidades indígenas wayuu las participantes invitadas por  Fuerza de Mujeres Wayuu, una de las organizaciones más fuertes en el sur de la Guajira y que ha trabajado el tema de los procesos organizativos frente a los impactos de la mega minería en los diferentes territorios y comunidades como El Rocío, la Horqueta y sobretodo el resguardo Lomamato.

Se trabaja con estas comunidades porque son las principales afectadas por la minería de Cerrejón, porque son las que conocen su territorio.  Además,  en el caso de las comunidades afro, están en proceso de inter reconocimiento como comunidades étnicas para ampliar las posibilidades de su territorio frente al Estado. Y ahí entra otro de los objetivos de este proceso de formación, frente a la ausencia del Estado en la Guajira pero además frente a la falta de reconocimiento como comunidades con derechos especiales, hace falta todo un proceso de formación en derechos étnicos, por eso se trabaja con estas comunidades y además todas coinciden que lo principal a defender es el territorio. 

J:  En ambos lugares coincide que es un proceso de formación política frente a un modelo de desarrollo. En el caso del sur de la Guajira, es el asunto del extractivismo. En el caso de  Cartagena, es el modelo de desarrollo turístico.

Las cuestiones diferenciales frente al sur de la Guajira son que  en Cartagena la mayoría de la población es afro y pobló el cerro de la Popa desplazada de Montes de María, de María la baja, del sur de Bolívar. Pero además al ser un sector urbano Cartagena, no hay reconocimiento de derechos territoriales. La esencia del territorio ahí no está amparada por un resguardo o un consejo comunitario como en el caso del sur de la Guajira sino que está amparada con procesos organizativos populares, juntas de acción comunal, trabajo organizativo de base. 

Esto se afronta con acciones jurídicas frente al despojo que ha habido en los asentamientos urbanos producto del modelo de desarrollo turístico. Y esto se convierte en un modelo de ciudad para el turista blanco, europeo, etc.  Por otro lado, se encuentran en un estado de vulneración de sus derechos. Viven en contextos urbanos pero sus necesidades básicas no están garantizadas, como el acceso al acueducto, al alcantarillado, a las basuras, la electricidad.   También ha sido muy fuerte la discusión de género,  hay muchas mujeres en condiciones de profunda vulneración de derechos y hay un proceso organizativo fuerte  desde la base y que pretende transformar las relaciones de género.

Otro componente transversal es la defensa del medio ambiente. Importante para ellos conocer cuáles son los proyectos de desarrollo que vienen para la región, y cómo se pueden articulan en defenderla, en conocerla y en saber cuáles son los impactos ambientales.

¿Cuál es el balance al cierre de los talleres de formación, cómo se ha visto ese progreso de las personas y las organizaciones?

L: En ese sentido, en la Guajira los temas tratados en los talleres fueron consulta previa, derecho al consentimiento, consulta autónoma, fundamento de los derechos étnicos, derecho al territorio, entender cuáles son los impactos del extractivismo en  las mujeres y por qué es diferente a lo que viven los hombres.

El tema de los reasentamientos que en el caso de la Guajira son 5 comunidades reasentadas parcialmente. Frente a toda esta variedad, el balance podría ser, que se aclara para ellos - para la diversidad de participantes que vienen de diferentes comunidades-  cómo organizarse de la mejor manera para defender algo común que es el territorio. Además de esto, poder analizar de manera crítica procesos que se creen que son positivos como la consulta previa, por ejemplo.  Y mirar todos los matices que tienen esos procesos al igual que en los procesos de reasentamiento. En términos generales es darles una serie de herramientas para que ellos puedan decidir frente a todo un proceso de interlocución y negociación que es totalmente desequilibrada con la empresa.

J: Podemos hacer un balance en dos sentidos; en el caso de Cartagena, hay dos factores que son interesantes y un reto que añadiría y es el proceso que han tenido los encuentros.  El primero fue en Barrancas y los líderes de las diferentes organizaciones presentaron al resto de los participantes sus problemáticas en el sur de la Guajira.  Y ahora que fueron a Cartagena,  los líderes de las organizaciones sociales dieron ese contexto de qué es lo que está pasando en Cartagena.  Fue muy interesante porque en  ambos nodos de formación empiezan a conocer qué es lo que está pasando en los otros territorios y al mismo tiempo comienzan a encontrarse, a sugerirse y a asesorarse.

Eso lleva al primer reto y es empezar a articular como región estas problemáticas.   Ir buscando las formas de tejer y de relacionar estos procesos y eso para nosotros es muy importante para comprender la región.

Y otro reto tiene que ver con la asesoría jurídica.  Son comunidades que han luchado y se han organizado y han aprendido políticamente en el camino, pero hay una alta exigencia de asesorías jurídicas. Es un reto muy significativo que hay que seguir trabajando porque entonces empieza también a dar unos niveles de exigencia.

Y un segundo asunto que justo es resultado de este último taller en la Guajira es el tema del género. Tanto en Cartagena como en la Guajira cuando se hace el taller de género las mujeres somos las interpeladas las que hablamos, las que nos empoderamos y por los hombres no pasa nada.  Y es un reto para el proyecto, empezar a construir y reflexionar sobre las masculinidades en estos contextos. Cómo se construyen estos hombres nuevos, cómo las concebimos en la reflexión porque atraviesan todas las cotidianidades, de las mujeres, de los hombres y de las comunidades.

L: Un balance positivo sería que este proceso de formación política es como una gran semilla para empezar a construir y fortalecer procesos en los que ellos se constituyan como sujetos y sujetas políticas de derechos frente a problemáticas territoriales, y conflictos territoriales que son comunes en la región y pues frente a eso encontrar estrategias tanto individuales como colectivas de defensa del territorio. Que el proceso de formación política que se dio acá ayuda a que los sujetos y sujetas tengan un proceso de construcción de defensa del territorio. 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

El pasado 7 de junio se conmemoraron 18 años del desplazamiento forzado que sufrió la comunidad de Salaminita en el departamento del Magdalena. Algunos de los testimonios narran lo ocurrido ese día, resaltan la importancia de la conmemoración y exigen mayores garantías para el retorno a su territorio.

Click aquí para ver línea de tiempo del proceso de lucha por el acceso a la tierra de los habitantes de Salaminita.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de Comunicaciones

El Cinep/ Programa por la Paz, el Instituto Popular de Capacitación, Foro Nacional por Colombia, la Escuela Nacional Sindical y la cooperativa Confiar presentan la edición más reciente de la revista Controversia dossier "Ciudadanía en movimiento".

El presente número, con sus cinco artículos y dos reseñas, se concentra en la complejidad de la ciudadanía como conquista, proceso, institución y concepto:

  • La ciudadanía es una conquista demasiado humana y, por ende, conflictiva.
  • Como proceso, la ciudadanía no es homogénea ni uniforme: está anclada en tiempos y contextos sociales específicos. 
  • Como institución, se debate entre el control y la resistencia.
  • Como concepto, fluctúa en la generalidad ambigua de la sociedad civil y las actuales luchas territorializadas de los movimientos sociales.

Esta edición de Controversia también cuestiona los alcances de nociones como ley, identidad, participación y derechos al poner en tensión dos dimensiones de la ciudadanía: su carácter de status, recibido en la relación contractual de los individuos con el Estado; su carácter pragmático, entendido como ejercicio de capacidades y uso de mecanismos de autogestión para incidir en lo público.

 Así, el status y el “uso” de la ciudadanía se muestran en tensión cuando ambas dimensiones cruzan los debates jurídicos, culturales y constitucionales de la identidad sexual, la ética animalista, el derecho a la salud, el derecho a la educación y la gestión comunal. Esto, a su vez, evidencia actores que encarnan expresiones distintas de la ciudadanía o “ciudadanías directas diferenciadas”.

Ciudadanía en movimiento

Presentación

Por Juan Carlos Merchán Zuleta, editor especial del número 204. Leer
 

Artículos del dossier

  • El giro judicial del movimiento animalista y el naciente derecho de los animales no humanos en las altas cortes colombianas. Leer
  • Movimientos sociales subalternos: análisis crítico del discurso del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social en Bogotá. Leer
  • “¿De qué reconocimiento hablamos en Colombia? Puede que seamos reconocidos por lo que no somos, pero no podemos reconocernos con lo que no sentimos”. Leer
  • Las organizaciones comunitarias como instituciones intermedias: las juntas de acción comunal en el municipio de Tenjo. Leer

Otro artículo

  • El invierno estudiantil chileno: ¿un Happy Ending? Leer

Reseñas

  • Scherer-Warren, I. (2012). Redes emancipatórias: nas lutas contra a exclusão e por direitos humanos. Curitiba: Appris. Leer

Hacia una teoría política anarquista. A propósito de: Gómez-Müller, Alfredo (Ed.). (2014). Anarquismo: Lo político y la antipolítica, Bogotá, Colombia: Desde Abajo. Leer

 

Edición impresa 
N.° de páginas: 203 | Tamaño: 16,5 x 21,5 cm | ISSN: 201-204165 | Costo: $32.000
Para adquirir esta publicación comunícate con nosotros a través de: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llamando al (57) (1) 2456181 ext. 759. 

Desde hace tres años se comenzó a construir el proyecto Educapaz. Hace un año, gracias a las diferentes alianzas entre organizaciones, esta apuesta por la educación rural en el país ha llegado a 4 municipios del Tolima y espera quedarse en las agendas educativas del departamento al menos por 10 años. Hablamos con Luz Elena Patarroyo y Juan Carlos Merchán, investigadores del Cinep/Programa por la Paz que han estado al frente de este proyecto en representación de la organización. 

¿Cómo nació Educapaz?

Luz Elena Patarroyo:

Esta es una propuesta que se creó inicialmente entre Fe y Alegría y Porticus a la que se fueron uniendo diversas entidades. Estas son entidades que de alguna manera han liderado estrategias y propuestas de educación que  tienen una experiencia reconocida en todo el país.

Todos los que conforman Educapaz son Cinep/PPP, Universidad Javeriana, Fundación Escuela Nueva, Convivencia productiva, Aulas en Paz, la Universidad de los Andes, Fe y Alegría, Fundación para la Reconciliación y hay tres aliados estratégicos uno que es Avina, la Redprodepaz y Clayss.

Todas estas entidades trabajan por la educación bajo el criterio de que una forma de trabajar por la paz, es trabajar por la educación.  Las estrategias que se quieren implementar son a largo plazo, por eso en principio Educapaz está pensado para 10 años y en esos 10 años se espera llegar como mínimo a tres regiones diferentes del país.

Educapaz ha hecho énfasis en el aspecto rural, entonces vamos a ir a las zonas rurales porque allí es donde incide profundamente el conflicto. La idea es desarrollar capacidades ciudadanas y humanas en donde el conflicto ha estado más fuerte. Esto con el propósito de incidir en la paz. Ambas cosas van fuertemente ligadas.

 

¿Cuál es la labor de Cinep/PPP en Educapaz?

L.E.P: Educapaz tiene tres líneas de acción: la línea de educación rural, la línea de capacidades para la reconciliación y la de comunicación, investigación e incidencia. Cinep/PPP hace parte de la línea uno, estamos desarrollando una acción conjunta entre cuatro entidades: Fe y Alegría, Universidad Javeriana de Cali, Fundación Escuela Nueva y nosotros.

Y nuestra tarea fundamentalmente es vincular el trabajo desde el apoyo en el aula de clase, ese sería el primer momento de la relación que es escuela, luego la relación comunidad que sería trabajar todos los planes educativos institucionales que es la relación escuela- comunidad y la parte del territorio es el énfasis que hace Cinep/PPP, entonces lo que hacemos allá es vincularnos con las otras entidades y desde ahí aportar en la constitución de las mesas educativas municipales y los planes educativos municipales.

Hemos diseñado un plan para que la gente pueda construir política pública educativa municipal y esto viene de un trabajo anterior que habíamos realizado en el Magdalena Medio. Ahí construimos la política pública de 17 municipios en donde hay toda una metodología un trabajo elaborado, por esta experiencia estamos en Educapaz.

 

¿Cómo se ha dado ese diálogo intersectorial y cuál ha sido la importancia de hacerlo así?

Juan Carlos Merchán: ¿Qué estamos haciendo ahora en los cuatro municipios del sur del Tolima? En Chaparral, Planadas, Río Blanco y Ataco, estamos conectándonos con una diversidad de actores en el territorio que nos parece que tienen que ver con lo educativo para que hagan parte de ese espacio que son las mesas educativas municipales.

En este momento tenemos participación del sector educativo ( docentes, estudiantes, rectores, padres de familia de zonas rurales), estamos teniendo participación de líderes sociales (líderes comunitarios,  de juntas de acción comunal, y también líderes de asociaciones productivas del territorio), ese sector productivo es fundamental porque nosotros no concebimos una educación rural sin una vida productiva.

Hace parte de estas mesas educativas otros sectores, por ejemplo está asistiendo la policía, está asistiendo el ejército, la alcaldía, concejales del consejo municipal, todo ese sector político, estatal, gubernamental, que con el sector educativo, el sector de líderes sociales y el sector productivo, son una buena representación de la diversidad de los actores de un territorio.

La idea es que al final del proceso de la mesa educativa - que va a llevar varios meses hasta inicios del próximo año- se dé en forma didáctica, de forma pedagógica y se vayan construyendo los planes educativos municipales. Esos planes deben tener un diagnóstico de los problemas educativos territoriales más importantes y luego unas líneas estratégicas de cómo resolver esos problemas. La idea es que el próximo año podamos llevar esos planes investigativos a los consejos municipales para que se vuelva un acuerdo municipal del consejo con la alcaldía y ahí se vuelva política pública, ojalá a doce años para que no dependa del gobernante de turno.

¿Cuál es la importancia de comenzar el proyecto en el departamento del Tolima?

J.C.M: Se decidió comenzar por el sur del Tolima por varias razones. Primero, encontramos unos aliados en el territorio, personas que hacen parte de la Secretaría de Educación de la Gobernación que hace varios años estaban interesados en estos temas de política educativa pero en el mundo político del departamento nadie les captaba esa iniciativa.  Nos dimos cuenta que con esta propuesta, encajábamos en ese territorio. Tiene un poder simbólico muy grande, en esta época de posacuerdo  justo en la zona donde nacieron las FARC, comenzáramos una propuesta de educación rural para la paz.

Nos hemos dado cuenta que consolidar el proceso de Educapaz en el Tolima ha requerido más tiempo de lo que se pensaba. Esperamos que estos 10 años podamos estar en dos o cuatro regiones, lo importante es quedarnos tres o cuatro años en cada región para que exista un proceso. Lo que más le ha generado confianza a las diferentes instituciones es la voluntad de nosotros de quedarnos varios años.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

Uno de los principales objetivos del Acuerdo de Paz producto de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP es “la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural”. Dicho horizonte es positivo, teniendo en cuenta la centralidad del problema de la tierra en el desarrollo del conflicto y la necesidad de generar cambios estructurales que mitiguen lo que se ha considerado como causas estructurales del conflicto: desigualdad en el acceso a la tierra, mínima garantía de derechos y escasa representación política de poblaciones rurales pobres, entre otros.

La Reforma Rural Integral del acuerdo –haciendo un resumen muy general–  contempla medidas vinculadas a la promoción del acceso a tierras a través de adjudicaciones y también de la constitución de figuras territoriales como las Zonas de Reserva Campesina; medidas para garantizar la caracterización de las tierras rurales en Colombia y las áreas de conservación y su protección; la elaboración de Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial en las zonas mayormente afectadas por el conflicto con una amplia participación de las comunidades; y la puesta en marcha de Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral dirigidos a mejorar la infraestructura, los servicios básicos para la población rural y el apoyo a la economía campesina, familiar y comunitaria.

Después de la firma, el tema inmediato está referido a cuáles son los cambios normativos e institucionales, así como los instrumentos de política pública necesarios para materializar los acuerdos. En efecto, en un primer momento se trata de los ajustes normativos por medio del procedimiento conocido como fast track, que implica un trámite más expedito al normal. En este marco, el debate ha sido profundo y refleja las dificultades para concertar arreglos entre los múltiples actores interesados en la tierra.

El Gobierno presentó un ambicioso Proyecto de Ley de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural que reformaba casi por completo la normatividad agraria y de tierras y que fue resistida por sectores sociales, económicos y políticos. En todo caso, estos reparos vienen de distintos sectores que no pueden ubicarse en un mismo lugar: por ejemplo, entre las diversas posturas, una de estas proviene de grupos políticos y gremios que se oponen radicalmente al acuerdo de paz y consideran, de acuerdo a sus declaraciones, que con este se pone en riesgo la propiedad privada y se afecta la productividad. Un segundo conjunto de críticas proviene de organizaciones sociales que han expresado que parte de las propuestas del gobierno atentan directamente contra el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

En medio de la discusión el Gobierno optó por desarrollar una normativa específica vía Decreto Ley presidencial que contempla la creación del Fondo de Tierras y los procesos de formalización y acceso a tierras que debe surtir el trámite de Consulta Previa con los grupos étnicos; mientras otro tipo de medidas de mayor alcance serán tramitadas en el Congreso de la República.

Un segundo aspecto relevante se refiere al mecanismo de desarrollo normativo: el 17 de mayo la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las disposiciones originales del fast track que contemplaba que los cambios realizados en el Congreso a los proyectos de ley debían contar con el aval del Gobierno Nacional y que además estos debían ser votados a favor o en contra en su totalidad.

Esto desde ya significa un reto importante para la implementación de los acuerdos de paz. Un primer asunto tiene que ver con los tiempos: pronto a vencer el periodo del fast track (prorrogable por seis meses más), a partir de ahora todo proyecto de ley surtirá una discusión pormenorizada artículo por artículo, corriéndose el riesgo de que los tiempos no den para desarrollar toda la normatividad necesaria, no solo en lo que respecta a Reforma Rural Integral. Un segundo riesgo tiene que ver con los cambios que los parlamentarios puedan hacer a las propuestas y que estos no sean coherentes con el Acuerdo de Paz.

Las discusiones en el Congreso de la República y la muy probable movilización social a favor de los acuerdos marcarán los ritmos del debate sobre las acciones de política pública necesarias para solucionar los problemas de la tierra en Colombia. Cómo convenir con distintos actores con intereses tan disímiles y diferentes apuestas sobre la tierra, el desarrollo rural y el ordenamiento territorial parece ser la pregunta en este momento. Y, en realidad, esta es la pregunta fundamental de todo proceso de construcción de gobernanza adecuada de la tierra y los recursos naturales. Para la ENI/Colombia este proceso debe partir por el reconocimiento y garantía de los derechos de las comunidades rurales como lo consigna el Acuerdo. Sin duda, de esto se trata la construcción de la paz.

 

Javier Lautaro Medina

Coordinador del Equipo Movilización, tierra y territorio.

Estrategia Colaborativa en Colombia por la Garantía de los Derechos a la Tierra y al Territorio – ENI/Colombia

Artículo publicado en http://www.landcoalition.org

La comunidad de Salaminita, en Pivijay - Magdalena,  sufrió dos procesos de desplazamiento por grupos paramilitares. Uno de ellos fue en el centro poblado donde, luego del asesinato público de varios líderes sociales, derrumbaron las casas que existían. Con amenazas desplazaron a los pobladores de área rural, comprando sus predios a precios muy bajos. Antes los atropellos de los actores ilegales formaron la asociación ASORENACER con la que han luchado el derecho a volver a sus predios.

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a la tierra de estos campesinos los que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aunque una orden judicial de restitución de tierras y reconstrucción del corregimiento arrasado, aún no se ha cumplido dicha orden judicial.

 

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