×

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 46

Areas de Trabajo

Areas de Trabajo (171)

 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/Programa por la Paz presentó a la opinión pública el Informe Tumaco, ¿víctima de quién?, donde se registraron los casos de violaciones a derechos humanos del primer semestre de 2017.

El Cinep/PPP y el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, en su apuesta por la vida manifiesta con preocupación los datos que representan la crisis que tiene el país en Derechos Humanos en la actual coyuntura y que se presentan junto con la Revista Noche y Niebla n° 55.  Comparado con el primer semestre de 2016, este periodo en 2017 registra un incremento de 26% respecto a victimizaciones cometidas por paramilitares y una leve disminución del 2% en cuanto a victimizaciones de autor no identificado.

Este balance, afirmó Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep/PPP, “nos da para decir que centenares de colombianos siguen siendo victimizados. Resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo o de los grupos armados que defienden intereses económicos y políticos privados a través de la amenaza y ejecución de ciudadanos y ciudadanas inocentes”.

Según el informe que presenta el Banco de Datos, en el primer semestre de 2017 se le atribuye a los paramilitares un total de 389 victimizaciones y a actores armados no identificados, 484 victimizaciones.

El director también hizo énfasis en el preocupante accionar del ESMAD y la Policía Nacional en el contexto de la protesta social durante este año en el país y en la crisis humanitaria y social que viven las comunidades afrocolombianas e indígenas de la costa pacífica nariñense.

El coordinador de Equipo de Derechos Humanos de Cinep/PPP, Alejandro Angulo S.J., se refirió al informe publicado por la Defensoría del Pueblo en marzo de este año, en donde se revela que entre 2016 y los primeros dos meses de 2017 se presentaron 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los autores de estos hechos se atribuyen a grupos posdesmovilización. Y afirmó: “La verdadera guerra colombiana no ha terminado. Tumaco, es una de las múltiples pruebas de ello.  La verdadera guerra colombiana, aquella que se adelanta con el fin de despojar de su tierra a las poblaciones que no pueden y no quieren armarse para defender sus territorios, no ha terminado”.

Así lo demuestran las cifras recolectadas por los investigadores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/PPP. Como violencia político-social se catalogan los crímenes cometidos contra personas con participación en procesos políticos, pero cuyos presuntos responsables se desconocen. En el primer semestre de 2017 se registraron un total de 482 victimizaciones de este tipo, de las cuales 83 ocurrieron el departamento de Nariño. De estas, 63 tuvieron lugar en el municipio de Tumaco.

 

DEPARTAMENTO

A

B

C

D

E

F

G

H

Total general

NARIÑO

4

55

1

11

7

1

4

 

83

CAUCA

45

17

3

4

 

 

3

1

73

NORTE DE SANTANDER

7

17

3

4

3

25

 

 

59

ANTIOQUIA

10

14

3

5

1

 

 

 

33

BOLÍVAR

 

6

 

2

1

22

1

 

32

HUILA

4

17

2

3

 

 

1

 

27

ARAUCA

2

10

 

2

5

1

1

 

21

SANTANDER

15

4

 

2

 

 

 

 

21

BOGOTÁ D.C.

6

4

1

8

1

 

 

 

20

VALLE DEL CAUCA

4

5

1

1

7

 

1

1

20

BOYACÁ

9

 

9

 

 

 

 

 

18

META

2

5

 

3

4

 

 

 

14

SUCRE

8

 

 

 

 

 

 

 

8

CAQUETÁ

 

5

 

1

1

 

 

 

7

CÓRDOBA

 

4

 

3

 

 

 

 

7

CESAR

1

4

1

 

 

 

 

 

6

CHOCÓ

2

2

 

2

 

 

 

 

6

CUNDINAMARCA

 

6

 

 

 

 

 

 

6

PUTUMAYO

 

3

 

2

 

 

 

 

5

VAUPÉS

 

 

 

 

 

5

 

 

5

CASANARE

3

 

 

 

 

 

 

 

3

GUAVIARE

 

1

 

 

 

1

 

 

2

RISARALDA

 

 

 

 

 

2

 

 

2

TOLIMA

1

1

 

 

 

 

 

 

2

CALDAS

 

 

 

1

 

 

 

 

1

MAGDALENA

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Total General

123

181

24

54

30

57

11

2

482

A: AMENAZA; B: ASESINATO; C: ATENTADO; D: LESIÓN FÍSICA; E:  RAPTO ; F: SECUESTRO ; G: TORTURA ; H: VIOLENCIA SEXUAL

 

Y así lo rectificó Arnulfo Mina Garcés, vicario de la Diócesis de Tumaco: “La deuda histórica que tiene el Gobierno nacional con toda la región del Pacífico ha facilitado ese cúmulo de necesidades insatisfechas en toda la costa pacífica” sumado al complejo problema del narcotráfico del que Tumaco es protagonista siendo uno de los primeros municipios productores de coca en el país.

“Si no hay un plan de prevención serio por parte del Gobierno nacional y regional, en cinco años Tumaco no solo será productor sino también consumidor de drogas”, afirmó el sacerdote Mina Garcés. Además, argumentó que si bien los Diálogos de La Habana le dieron una esperanza al pueblo de Tumaco, desafortunadamente la situación de los últimos meses muestra que la violencia se ha incrementado.

Para Javier Giraldo S.J., coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, la persistencia del paramilitarismo es evidente a pesar de que el gobierno siga negando su existencia, pues siguen siendo los mayores responsables de victimizaciones de violencia política. “No son bandas criminales ni delincuencia común, tienen una orientación muy concreta, en los mismos textos de las amenazas se puede comprobar eso. Están al lado de grandes proyectos económicos y tienen una ideología política”,  afirmó Giraldo S.J

Laura Contreras

Equipo de Comunicaciones

Dentro de la estrategia de la Compañía de Jesús de regionalización, la Conferencia de Provinciales de América Latina – CPAL viene desarrollando la articulación de experiencias locales de varios países y en torno a diferentes ejes temáticos. Uno de ellos es el de derechos humanos y ecología integral cuyo grupo de homólogos, de los diferentes centros sociales, se reunió en las instalaciones del Cinep/PPP para concretar un plan completo de acción frente a los dos temas.

“Lo que busca este grupo es articular procesos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos de personas y poblaciones, pero también integrado a los derechos de la naturaleza” explica Galo Reinaldo Bogarín – Coordinador de la red de centros sociales de la CPAL. Los grupos de homólogos son parte de la estrategia que tiene la red de centros sociales para unirse en temáticas de interés comunes a lo largo de Latinoamérica.

Dentro de las múltiples problemáticas sociales que comparten los países de América Latina, uno de gran impacto en las comunidades es precisamente el relacionado a temas de medio ambiente. Durante este encuentro los representantes de cada centro social denunciaban prácticas comunes como el desplazamiento de poblaciones por proyectos extractivos. “Tenemos la tercera parte del territorio concesionada para proyectos mineros. Tenemos 950 proyectos en negociación y 583 proyectos ya aprobados para minería metálica. Hay 123 proyectos de generación de energía hidroeléctrica, 35 proyectos de generación de energía solar.” Dijo Pedro Landa del Grupo de homólogos de derechos humanos y ecología ambiental de Honduras.

En El Salvador es situación es muy similar. “Solo el 3% de nuestro territorio tiene bosque, después de Haití, somos el país con el territorio más vulnerable a cualquier tipo de crisis medioambiental. Solo con que llueva 3 días seguidos se genera desplazamiento de comunidades por crecientes de ríos o deslave de montañas” Manuel Escalante – Instituto de derechos humanos de la Uca

Los riesgos no son solo para las comunidades, los defensores de derechos humanos en Latinoamérica están en alto riesgo. Según Global Witness, durante 2016 fueron asesinados 200 líderes defensores del medio ambiente, el 60% de ellos sucedieron en países latinoamericanos. “En Honduras, lamentablemente, somos catalogados como el país más peligroso para la defensa del medio ambiente, en los últimos 10 años han asesinado 123 defensores y defensoras del medio ambiente” dijo Pedro Landa.

En medio de este complejo panorama, el grupo de homólogos quiere incidir para mejorar las condiciones tanto de las comunidades como de los defensores del medio ambiente. “El tema de la justicia ambiental es importante para la compañía porque es importante para la humanidad. En el fondo lo que hacemos es promover la protección de los derechos humanos y también los derechos de la naturaleza para que tengamos una casa común habitable” afirmó Rafael Moreno, S.J. – Coordinador de CPAL para redes socio pastorales de américa latina. “Ha sido una decisión de la Compañía de Jesús a nivel mundial el que todas las obras nos articulemos para responder y tener incidencia ante las problemáticas de la globalización” añadió.

El objetivo de lograr esa articulación es fortalecer las experiencias locales de cada país, pero también sumar esfuerzos para lograr mayor incidencia. “La problemática no puede ser solo resuelta en escalas locales. Estas problemáticas son globales y regionales por lo tanto, al fortalecer los procesos en la región podemos tener un panorama mucho más amplio y podemos tener más impacto en las acciones” según Galo Bogarín.

Para el próximo años la red de homólogos desarrollará dos informes. Uno sobre democracia y derechos humanos en América Latina en el que intentarán caracterizar las problemáticas que se presentan en términos de niveles de democracia y esto relacionado a los derechos humanos. El segundo será sobre el extractivismo en esta misma región, situando las condiciones que se desarrollan, los vínculos entre empresa y Estado, la megaminería como proceso de relacionamiento fundamentalmente a procesos externos que vienen a la región.

 

Miguel Martínez
Equipo de comunicación

Entre el 25 y 30 de septiembre se llevó a cabo la jornada interinstitucional de atención a víctimas de desaparición forzada en el Guaviare. Funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal, Fiscalía General de La Nación, Defensoría del Pueblo y Unidad para las Víctimas atendieron a más de 200 familiares que están en el proceso de identificación de víctimas de este crimen en el departamento.

Este proceso comenzó el 21 de febrero con una reunión entre instituciones convocada por Cinep/Programa por la Paz y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Entre el 20 y el 22 de mayo, se realizó un taller de capacitación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación a líderes de organizaciones sociales y de víctimas y comunidad religiosa del Guaviare.

Se espera que este modelo piloto de atención a familiares que se realizó en el Guaviare, se replique en todos los municipios del país en donde se tengan registros o denuncias de desaparecidos con ocasión y en razón al conflicto armado interno. Actualmente, no hay una cifra consolidada que evidencie la cantidad total de desaparecidos en el departamento. Este es uno de los principales problemas existentes para llevar a cabo este proceso, pero se estima según el Registro único de víctimas que la cifra alcanza las 3.000 víctimas.

En esta jornada se recibieron 140 declaraciones de nuevos casos y se actualizaron datos de procesos anteriores. El proceso estuvo acompañado de un equipo psicosocial de la Unidad de Víctimas para atender a los asistentes a la convocatoria. Medicina Legal, realizó la toma de muestra a los familiares de casos por esclarecer para comprobar con posibles descubrimientos de fosas comunes o cadáveres sin identificar, para continuar con el proceso completo de entrega.

William Rozo, investigador del banco de datos de Cinep/PPP, organizador de esta jornada opina que el proceso de paz favoreció esta búsqueda. “Eso lo expresaron los familiares, pues hay mayor libertad para moverse en el territorio. Por eso el afán para que estas jornadas se realicen porque existe incertidumbre por la tensa calma que se vive en el Guaviare”

El Cinep/PPP apoyó la convocatoria a los familiares para que asistieran a la jornada y acompañó el desplazamiento de algunos de ellos, en especial, los que residían en veredas apartadas del territorio. El equipo del Banco de Datos de Derechos Humanos celebra la realización de este tipo de acciones conjuntas y articuladas entre las entidades que tienen la responsabilidad de la búsqueda, identificación y entrega de los desaparecidos en el país.

Este ejercicio, hace parte de una de las funciones que tendrá la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada con el Acuerdo de Paz de La Habana, que pretende esclarecer los casos de desaparición forzada, formulando el censo nacional de cementerios, adelantando la búsqueda en otros municipios, actualizando la información de casos y registrando nuevos. Según la Unidad para las Víctimas, actualmente hay 46.000 casos de desaparición forzada reportados a nivel nacional.

 

Laura Inés Contreras - Equipo de comunicaciones

Con el aporte de: William Rozo- Investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos

Líderes de organizaciones reclamantes de tierra de Chocó, Magdalena, Bolívar y Montes de María se reunirán este fin de semana para intercambiar experiencias sobre los procesos de restitución que han adelantado con el acompañamiento de Cinep/PPP, la Pontificia Universidad Javeriana y el apoyo de la Unión Europea con el proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla”.

A las afueras de Cartagena, los líderes de organizaciones sociales que representan aproximadamente a 18.000 reclamantes de tierras, que fueron despojados por causas del conflicto en las últimas décadas en Chocó, Magdalena, el sur de Bolívar y los Montes de María, se reunirán para intercambiar experiencias positivas y negativas en sus procesos de reclamación, restitución y retorno a sus tierras.

María Alejandra Grillo, investigadora jurídica y gestora de Cinep/PPP en estas comunidades conversó sobre el impacto ambiental en los territorios, un tema que ha sido denunciado por las comunidades desde hace unos años y ha empezado a ser observado con mayor atención y detalle:

 Se ha empezado a hablar del impacto ambiental que han dejado los desplazamientos por el conflicto.

Alejandra Grillo: Yo prefiero llamarlo despojo ambiental. En los territorios nos hemos dado cuenta de que hay que ampliar la mirada sobre el despojo de tierras para poder analizar el impacto integral en las personas, las comunidades, su cultura, tradiciones y su forma de vida. Cómo ha ido más allá de quitarles la tierra o desplazarlos. Esto no es una cuestión jurídica de un título de la tierra; el despojo ha afectado que se siga manteniendo la forma de vida campesina o afrodescendiente porque les han quitado las ciénagas, los bosques, los han despojado de sus tradiciones.

Uno podría hablar de un exterminio de la forma de vida afro y campesina, entendiendo que hay una relación estrecha entre la tierra y las culturas.

 ¿Si hay retorno y la gente está regresando, no se sigue manteniendo esa relación?

A.G.: Lo que se ha evidenciado en Chocó, Las Pavas y Magdalena es que la gente salió de sus territorios desplazada hace 20 años y están retornando hace poco. Quienes llevan las luchas por las tierras son los ancianos. Los jóvenes salieron tan temprano que no han creado esas costumbres y relaciones. Cuando les devuelven la tierra, los que regresan son los viejos, los jóvenes siguen en las ciudades, ya no quieren regresar.

Esas tierras van a pasar a manos de los grandes ganaderos y empresarios, que fueron quienes los desplazaron. Esa tierra va a volver a sus manos no con violencia, sino que los jóvenes están vendiendo porque no quieren regresar. El despojo ha sido tan sostenido en el tiempo, han arrancado tan profundo los lazos sobre la tierra que es difícil volver a crearlos. No es imposible, ese es uno de los retos de la restitución, hay que enamorar a la gente del campo y hacerle sentir que el campo es una oportunidad.

 ¿Realmente que tantas oportunidades hay al regresar?

A.G.: Al campo lo está sobre poblando la agroindustria. El Chocó está rodeado de banano, Magdalena de palma, el sur de Bolívar de banano y palma. El Gobierno ya no da tantos subsidios para los otros cultivos. Las políticas le apuestan a esas grandes industrias.

A las personas que han regresado, les prometen proyectos productivos con la restitución, pero son promesas no cumplidas por el gobierno, les dan proyectos no sostenibles, no les han devuelto la vida que tenían antes del desplazamiento. La posibilidad de la gente de acceder a créditos es cada vez más difícil, las economías regionales se han volcado hacia la agroindustria y los grandes cultivos. No hay un apoyo realmente comprometido de parte del Estado para que los campesinos puedan retornar y retomar el campo.

 ¿Y qué está haciendo entonces la gente que ha regresado a sus tierras?

A.G.: La gente que retorno sin acompañamiento del Estado está haciendo contratos de arrendamiento a personas que tienen la plata para cultivar. Finalmente, los campesinos no son autónomos en sus propias tierras o sus propios proyectos porque no tienen el músculo financiero. Quienes terminan beneficiándose de la tierra son personas ajenas al territorio. En Chocó, el inversor mecaniza la tierra y el cultivo, de esa manera paga el uso de la tierra, no paga el trabajo; le toca al campesino trabajar para otro y salir a vender para obtener dinero para el inversor y para él. Los campesinos están teniendo que recurrir a las mismas personas que los han despojado.

 ¿Qué acciones están tomando las comunidades al respecto?

A.G.: La gente hace mucho tiempo está denunciando porque en su cotidianidad evidencian el impacto, ese daño ambiental se ha convertido en enfermedades de la piel, del estómago por el mal estado del agua, no tienen comida, las comunidades siempre dicen que antes había abundancia de pesca, de animales de caza y ya no tienen ni para comer.

Están haciendo una denuncia muy fuerte porque sienten el impacto en su cuerpo. Pero no ha pasado más allá de la denuncia porque mitigar ese impacto implicaría sacar la palma, el ganado y a los empresarios que están allí.

Las comunidades están teniendo conciencia de, en la medida de las posibilidades, proteger el ambiente que tienen, han empezado por no talar árboles, pero es difícil porque la madera es una de las formas en las que reciben dinero. Los campesinos y afros no tienen la capacidad de hacer esa mitigación, teniendo en cuenta que quienes hacen el daño son los megaproyectos, una escala muy grande.

 ¿Cuál es el daño provocado por los megaproyectos y cultivos extensivos?

A.G.: Yo creo que esa apuesta de hablar de los recursos naturales implica que la tierra es solo una. Pero hablemos del agua y ese es un punto que hay que empezar a enfatizar. Estos megaproyectos han hecho un daño tremendo porque para cultivar banano, palma y ganado hay que hacer filtraciones, hay que cambiar el cauce de los ríos para que no se inunden las zonas de cultivo, hay que secar ciénagas para obtener terrenos para la palma, taponan los cauces.

Todo eso genera una afectación y daño tremendo, desde la perspectiva técnica ambiental sobre los ecosistemas. Pero el daño es grave también desde una mirada cultural, por ejemplo, si secas una ciénaga, que son el lugar de nacimiento de los peces, se acaba la pesca y sin pesca no hay pescadores, se tienen que ir también con sus historias y el paisaje tradicional que los acogía.

 ¿Cómo se pueden medir esos impactos y daños ambientales?

A.G.: Apenas se está empezando a documentar realmente. Entre los resultados del acompañamiento de Cinep/PPP y Javeriana en las cuatro regiones hay un diagnóstico sobre el despojo ambiental de cada caso y cómo se ha afectado la vida de la gente. Estamos poniendo el tema sobre la mesa también en términos de cómo investigar ese impacto. Sobre esto van a conversar los líderes en el intercambio, para entender qué problemáticas están compartiendo todas las regiones de manera transversal. Esto es un problema de país, no de un caso.

 ¿Qué medidas se pueden tomar para prevenir y reparar?

A.G.: Los daños ambientales terminan siendo delitos ambientales y podrían ser castigados. En Colombia apenas se ha empezado a hablar del tema y no hay suficiente voluntad política para que en realidad se puedan penalizar los daños. Desde 2004 se habla de daños ambientales en términos penales, de ahí para atrás no se pueden castigar esos daños.

Uno de los horizontes que nos hemos planteado en Cinep/PPP es que estamos evidenciando que hay unos daños ambientales y unos responsables de esos daños que se hicieron en los años 80, 90 e iniciando los 2000; pero es muy difícil perseguir a los responsables. Luego de 2004, no hay voluntad política, jurídica ni institucional para investigar efectivamente a esos daños. No se puede adjudicar una responsabilidad penal a las personas jurídicas, no puedes echar a la cárcel a una de esas empresas.

 

 

Astrid Toscano
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

Por: Andrés Aponte*

Sin duda alguna, la muerte de los seis campesinos cocaleros (según cuentas oficiales), ocurrida en el corregimiento de Llorente, San Andrés de Tumaco, en Nariño, deja varios aspectos a analizar, para el futuro cercano y mediato, sobre la viabilidad y correcta implementación del punto 4 de los acuerdos de paz de La Habana, es decir, el tema de drogas ilícitas.

En el caso de los campesinos cocaleros, es bien sabido que su relación con los cultivos ilícitos no responde al simple ánimo de lucro, pues este es un sector que ha sido condenado a la marginación económica, social y política en nuestro país. En efecto, como lo han señalado algunos investigadores, muchas veces esta economía representa la única posibilidad de sustento para familias enteras que carecen de condiciones de vida digna y sufren el reiterado fracaso de los distintos planes de sustitución.

En este orden, los acuerdos de La Habana se constituían en una ventana de oportunidad para estos sectores excluidos; primero, en términos de acceso a la formalización de la tierra, la asistencia técnica y los planes de desarrollo, entre otros asuntos; y, segundo, para dejar de ser blanco del aparato armado del Estado.

No obstante, los hechos recientes muestran que el espíritu adoptado en los acuerdos no solo se extravió sino que el Gobierno nacional y los aparatos de seguridad del Estado volvieron a ser prisioneros de las estadísticas, de una matriz ideológica que confunde o asocia la protesta social con una amenaza o alteración al orden público y de unas relaciones oscuras que tienen algunos segmentos de la fuerza pública con el narcotráfico, sobre todo luego del fenómeno de expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En este orden, ahondaré en cada uno de estos elementos a continuación.

Respecto a las estadísticas, es clave entender que, por un lado, el compromiso del gobierno de erradicar 100 000 hectáreas de coca ha provocado que los esfuerzos se centren en erradicar por erradicar. Esta estrategia no solo traiciona la idea de la sustitución voluntaria, sino que la erradicación “voluntariamente forzada” que se está llevando a cabo está replicando el error y el histórico mal proceder que decía enmendar el acuerdo de La Habana: “caerle” al sector más débil de la cadena, el cultivador. Por otro lado, está la coyuntura internacional, específicamente el hecho de que el Gobierno norteamericano tiene puestos sus ojos sobre el territorio nacional bajo la amenaza de descertificación, pues Trump está exigiendo resultados inmediatos sin importar los medios.

Sobre el tratamiento de la protesta, es bien sabido que la firma de los acuerdos con las FARC-EP (actualmente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) no implicarían una paz completa y positiva. ¿Por qué? Por un lado, porque quedan dos grupos insurgentes con alcances regionales y locales (ELN y EPL); al lado de las mal denominadas Bacrim y las disidencias farianas. Y, por el otro, debido a que emerge, y es cada vez más visible, una efervescencia social que el conflicto armado tenía encubierta o relegada a un segundo plano y para la cual el tratamiento por parte del Estado no solo es incorrecto, sino en extremo represivo. Lo anterior a pesar de que estas manifestaciones reflejan problemas estructurales y reivindicaciones históricas de regiones, sectores sociales o comunidades étnicas que han sido desatendidas o invisibilizadas por estar lidiando con la amenaza insurgente —basta con ver los casos de Chocó, Buenaventura o Catatumbo—.

Por último, me referiré a una cuestión que no se enmarca en los acuerdos de La Habana y ha pasado “de agache” tanto con los paramilitares como con el proceso de paz con las FARC-EP: las conexiones históricas que se han tejido entre narcotraficantes y sectores de la fuerza pública. Si bien estas datan de los tiempos de los grandes carteles, fue con los paramilitares cuando se dio la conexión entre coca y fuerza pública. Hay evidencia que demuestra que en muchas de las zonas de dominio paramilitar la fuerza pública se encargó de proveer seguridad, información sobre los puestos de control e incluso poner armas al servicio de estructuras mafiosas. Un ejemplo de ello es el caso del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca.

Así pues, lo que revela lo ocurrido en Tumaco es que, primero, no se está cumpliendo con una de las premisas básicas de la sustitución: su concertación con las comunidades y el carácter participativo de la llamada paz territorial. Segundo, que nuestra fuerza pública está lejos de saber tratar la protesta social, pues no solo está actuando de manera reactiva, sino que se le está dando un tratamiento criminal y punitivo a este tipo de expresión colectiva que se manifiesta ante al incumplimiento del Estado y su forma de intervenir. Y, tercero, que las conexiones ilegales que tienen ciertos sectores de la fuerza pública —y por paradójico que suene casi siempre son las unidades especializadas de antinarcóticos las que terminan poniendo sus armas al servicio de interés privados o relacionados con actividades ilegales— no solo impiden el desarrollo de los planes de sustitución, sino que minan la confianza de los colombianos en la institución que abandera los planes de la seguridad y la promoción de la convivencia en el posacuerdo: la Policía Nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior, el caso de Tumaco ya no es una campana de alerta, sino un “bombazo” al corazón de los acuerdos y a la credibilidad y legitimad de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues se está replicando la intervención represiva que ha caracterizado al Estado frente al sector más marginado y vulnerable de la cadena del narcotráfico: los campesinos cocaleros. En este sentido, los planes de sustitución no solo se pueden ver comprometidos en el municipio y zonas aledañas, sino también en otras latitudes del país como Catatumbo, Putumayo, Nudo de Paramillo, entre otros, que presentan algunas condiciones similares al caso tumaqueño.

De ahí que, buena parte de la legitimidad y credibilidad de los acuerdos de La Habana en estos territorios dependa del tipo de tratamiento que el Estado dé a la implementación, del esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado 5 de octubre en Tumaco y de los futuros consensos a los que se llegue respecto a la sustitución de cultivos. El país no tolera una sola ola de violencia más, y menos los pobladores de esta zona. Es imperativo dialogar y consensuar el intervencionismo estatal y no apegarse a las presiones internacionales para mostrar resultados que, a la larga, no son más que indicadores cosméticos, pues ya tenemos como marco de referencia el fracaso de la lucha contra las drogas del Plan Colombia.

 

*Investigador del equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo de Cinep/PPP

La garantía de los derechos de las mujeres rurales es uno de los pilares para el desarrollo sostenible y la construcción de una gobernanza responsable de la tierra y los recursos naturales. No obstante, el acceso a la tierra, la seguridad jurídica de la tenencia y su trabajo no es suficientemente reconocido a nivel económico y social. Las mujeres rurales tienen un rol clave en el trabajo de cuidado y productivo dentro de las comunidades para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos y mejorar los medios de subsistencia y el bienestar general en las zonas rurales.

En el ámbito de la participación política, las dificultades para el empoderamiento político de las mujeres rurales en Latinoamérica están determinadas por prácticas culturales, sistemas de tenencia de la tierra desiguales y también por una escasa apertura en los espacios de decisión. A pesar de estas brechas, la capacidad organizativa de las mujeres rurales es cada vez más fuerte frente a temas económicos, sociales, ambientales, culturales y políticos y existen muchos procesos organizativos que desarrollan acciones de incidencia para ampliar su participación y toma de decisiones y alcanzar una mayor garantía de sus derechos.

 En el día internacional de las mujeres rurales este especial está dedicado a sus derechos, sus estrategias de organización y resistencia y su situación en algunos países latinoamericanos.

 

Participaron en este video: Carolina Vásquez García, Mujeres en Acción con Palabra y Pensamiento Ayuujk (México); Enma Maldonado Cornelio y Hansy Ajanel, mujeres Mayas Kaqchikel, Comité Campesino del Altiplano (Guatemala); Ana Mejía, indígena Miskita (Costa Caribe de Nicaragua); Plácida Perdomo,  Zona de Reserva Campesina Cuenca del Rio Pato y Valle de Balsillas, y Luz Edilma Liberato, Red  Sembradoras de Identidad  de Usme (Colombia); Loyda Olivo Cheme,  Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA (Provincia de Esmeraldas, Ecuadore); Katia Penha, Quilombo do Divino Espírito Santo,  Coordinadora Nacional de Quilombos –CONAQ  y Elisa Urbano, líder indígena (Brasil); Gladis Caurasi, mujer líder Guaraní de la zona de Yaku Igüa, comunidad de Pananty APG (Gran Chaco, Tarija, Bolivia); Irma Guzmán, Mujeres Mejorando el Chaco, Nelly Alcaraz, MOCAFOR y Rosa Cordero, Mujeres Raíces (Argentina).


 

Hablan las mujeres rurales de América Latina

 Informes regionales

Los Informes/País sobre la situación de las mujeres rurales son una propuesta de la Iniciativa Basada en Compromisos  “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC).  Presentamos a continuación los informes de Perú, Nicaragua, Colombia y México, que aportan datos fundamentales para tener en cuenta en cualquier tipo de discusión, proyecto o iniciativa que implique a las mujeres rurales, a la vez que proponen  recomendaciones puntuales para la garantía de sus derechos.

Perú
La situación de las mujeres rurales en el Perú

Nicaragua
Mujeres rurales en Nicaragua: entre heterogeneidad continuidad y cambios

Colombia
Mujeres rurales en Colombia

México
Situación general de las mujeres rurales e indígenas en México


Comunicación e incidencia hecha por mujeres
 

Las siguientes herramientas de comunicación e incidencia son resultados de estrategias implementadas por grupos de mujeres que trabajan por la garantía de sus derechos, el reconocimiento de sus identidades y la participación en los espacios de toma de decisiones que afectan a las mujeres rurales en Latinoamérica.

Con estas herramientas queremos visibilizar experiencias exitosas e innovadoras de comunicación e incidencia pero también aportar a que otros procesos de organización dialoguen con estos aprendizajes o los repliquen. Por esto las fichas están construidas a dos columnas: en la izquierda se cuentan las memorias de los procesos que presentamos:  

Notimia (Agencia de Noticias producidas por mujeres indígenas de Nicaragua, México, Guatemala, Bolivia y Brasil)

Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas 

Alianza de Mujeres por el Acceso a la Tierra y Medios de Producción (Guatemala)

Cómic para la divulgación. Getulio Montaña Laguna, Quejulia Páramo Flores, Camina Mar y Cubio Montaña Piedra (Colombia)

Televisión comunitaria. Canal 22, voz e imagen de la autonomía (Nicaragua)

Red de radios comunitarias (Guatemala)

Alianza de mujeres por el acceso a la tierra y medios de producción (Guatemala)

 Mujeres y ruralidad en Bogotá

La vida de las mujeres rurales en los cerros orientales de Bogotá (Colombia), en veredas como Los Saches, el Verjón Bajo, Fátima o el barrio San Luis, es afectada por la presión inmobiliaria, los decretos de delimitación forestal dictados sin recorrer el territorio, la siembra de especies no nativas, e, incluso, por el desconocimiento de que existe vida campesina en una ciudad como Bogotá. Estos son ejemplos de las distintas formas de relación entre lo rural y lo urbano, que suelen afectar lo rural.

Esta crónica ilustrada es resultado de una visita de campo realizada por mujeres y hombres de organizaciones de Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Guatemala y Colombia en junio del 2017, en el marco del Encuentro Subregional Suramérica de la Iniciativa Basada en Compromisos “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC).

Luz Edilma Liberato, Gladys Mayordomo, Floralba Tiboche, Gladys Rico y Sara Cerón nos enseñan no solo los problemas que enfrentan las poblaciones rurales vecinas a las grandes ciudades, sino también, el papel fundamental de las mujeres en la defensa del derecho a la vida campesina.

La crónica busca visibilizar la vida y luchas de las mujeres rurales que habitan los cerros orientales de Bogotá. Por eso, ellas son las que hablan de sus trabajos por la defensa del agua, por la protección de los bordes de las quebradas, por la recuperación ambiental a través de la resiembra de especies nativas, de su apuesta por la soberanía alimentaria y de sus aprendizajes de la legislación para hacer frente a las múltiples amenazas de desterritorialización.


   

Documentos de interés

Recomendación general n.° 34 sobre los derechos de las mujeres rurales

Programa Rompecabezas (2016) : Mujer rural, trayectorias de lucha

Linea de tiempo (2016) : Mujer rural en Colombia

Género y políticas de tierras (2016)

Impactos de la minería en los derechos de las mujeres rurales (2013)

Mujeres rurales: retos para las políticas públicas (2012)

Mujer rural: sin tierras, sin derechos (2011)

 Mujer rural: derechos y perspectivas (2010)

 

Nota del editor

El presente especial es resultado del trabajo de la Iniciativa Basada en Compromisos Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC) América Latina y el Caribe. Con el apoyo de Cinep/Programa por la Paz como punto focal de esta iniciativa.

Esta es una estrategia de acción colectiva regional que tiene como objetivo aumentar el acceso y control de la tierra y otros recursos de las mujeres rurales, así como la mejora de su participación en las tomas de decisiones sobre tierra y desarrollo rural en la región. Se lleva a cabo a través de la generación de conocimiento sobre la situación de las mujeres rurales, el fortalecimiento de sus capacidades políticas y la incidencia en tomadores de decisión a nivel nacional y regional.

Las organizaciones que hacen parte de esta iniciativa son: Fundación Plurales, en Argentina; Fundación Tierra y Centro de Estudio Regionales de Tarija (Cerdet), en Bolivia; Espacio Feminista, en Brasil; Corporación de Desarrollo Solidario (CDS) y Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (CINEP/PPP), en Colombia; Centro de Mujeres Afrocostarricenses (CMA), en Costa Rica; Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (Sipae) y Corporación de Gestión y Derecho Ambiental (Ecolex), en Ecuador; Comité Campesino del Altiplano (CCDA), Comité de Desarrollo Campesino (Codeca); Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), en Guatemala; Unión de Mujeres Campesinas de Honduras (Umcah) y Unión de Trabajadores del Campo, Campesina e Indígena (UTC), en Honduras; Red Ambiental Juvenil de Yucatán (RAJY) - Ecomunnis, en México; Instituto de Investigación y Desarrollo (Nitlapan – UCA) y Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cadpi), en NIcaragua; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), en Perú; Red Centro Americana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (REDMURIC) y Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, a escala subregional; y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Trocaire, a escala internacional.

 _______

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón
Comunicador gráfico: Miguel Martínez

Equipo Movilización, territorio e interculturalidad
Investigadora: Ana María Restrepo

Ilustradora: Lizeth León, 'Cuharita de Palo'

Edición video: Leida Ortega 

Durante toda esta semana en la ciudad de Medellín se llevó a cabo el  XVIII Congreso Colombiano de Historia.  Esta versión del CCH rindió homenaje al fallecido historiador Jaime Jaramillo Uribe, formador de las primeras generaciones de historiadores en el país. Por esta razón y por su gran aporte al reconocimiento de la historia como una ciencia social, el CCH realizará diferentes eventos, entre los cuales se encuentra una Conferencia magistral que se enfocará en el reconocimiento a su obra.

El próximo 13 de octubre de  1:30 p.m. a 4:30 p.m. se llevará a cabo la mesa de trabajo Historia y movimientos sociales.  Esta mesa está coordinada por Mauricio Archila, investigador Cinep/PPP y de la Universidad Nacional, Alfonso Torres Carrillo de la Universidad Pedagógica y Jair Álvarez Torres de la Universidad de Medellín.

En el panel Lecturas de 40 años de luchas sociales se presentarán las ponencias de los investigadores del equipo de Movimientos Sociales:

  • Territorialidades en movimiento. Sentidos de las disputas por el espacio en las luchas sociales en Colombia (1975-2015) de Ana María Restrepo.
  • Visiones del desarrollo expresadas en las luchas sociales en Colombia (1975-2015) de Martha Cecilia García.
  • Transformaciones del mundo laboral en Colombia de Leonardo Parra Rojas.
  • Control estatal y policial de la protesta en Colombia (1975-2015) de Mauricio Archila Neira.

 Estas ponencias recogen algunas de las ideas principales que harán parte de una nueva publicación que saldrá en 2018 sobre 40 años de luchas sociales.

 

Ante a la participación del equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP en este congreso, Mauricio Archila habla sobre el evento académico y las apuestas que tienen en las ponencias.

¿Cuál es la importancia del Congreso Colombiano de Historia?

Los congresos de historia se vienen realizando desde el año 1977 que fue en la Universidad Nacional. Es importante porque es la reunión de historiadores, aunque en realidad no todos los que van son historiadores, y es de lo pocos encuentros profesionales que hay en Colombia y que tiene un carácter relativamente masivo. Creo que también se le trata de apuntar a un balance de las investigaciones, de las tendencias de la historia, y no solo pensando en lo que se enseña en las universidades sino también en lo que se mueve en la sociedad. Este año va a ser en honor a un historiador que ya murió, Jaime Jaramillo Uribe, que fue el que de alguna manera inició la llamada nueva historia en Colombia.

Al mirar las ponencias centrales, hay mucha reflexión sobre conflicto, violencia y procesos de paz y hay otros ejes temáticos. Uno de esos es el de movimientos sociales e izquierdas que yo coordino con Alfonso Torres, de la Universidad Pedagógica. Allí el Cinep/PPP va a tener un panel en el que el equipo de movimientos sociales presentaremos avances de una investigación que estamos haciendo que la hemos llamado 40 años de luchas sociales, y que tiene que ver con los 41 años que cumple la base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP.

¿Por qué es importante reconocer esa historia de los movimientos sociales en el país?

Yo creo que una expresión muy fuerte de la llamada sociedad civil son los movimientos sociales, sin ser lo único, porque también hay iglesias, hay gremios, hay universidad y otras formas de existencia. Pero una parte muy importante que expresa la vitalidad de una sociedad son los movimientos sociales, no necesariamente que acudan a la protesta, pero que se mueven y posicionan sus temas. En una sociedad como la colombiana que ha sufrido tanta violencia, y que la sigue viviendo, en la que la movilización social ha sido estigmatizada y criminalizada a lo que le apostamos desde Cinep/PPP y otras organizaciones es a despenalizar la protesta y dar una ley estatutaria de participación de ciudadana y de fortalecimiento de los movimientos sociales.

Dentro de esos 40 años de sistematizar los movimientos sociales ¿cuáles diría que son los hitos de la movilización social en Colombia?

Primero, insistiría en no quedarnos en los hitos porque eso puede dar una mirada a una historia épica, episódica, como una historia patria de los movimientos sociales que no es lo más propicio para que uno entienda procesos de más larga duración. Dicho eso, lo que nosotros encontramos es que hay una fuerte movilización durante el primer periodo de nuestro análisis, que es a finales del frente nacional y comienzos del gobierno de López Michelsen y allí encontramos un hito clásico que hace poco celebrábamos que es el paro cívico de 1977.

Luego disminuye un poco la movilización con el gobierno de Turbay y la aplicación del estatuto de seguridad. Hay un despertar de la movilización social a mediados de los 80 y allí hubo un as movilizaciones muy fuertes, sobre todo en el nororiente colombiano en el Magdalena Medio, Santanderes, Arauca en torno a unas organizaciones que había en esa época y que fueron prácticamente diezmadas, que se llamaban A luchar y la Unión Patriótica. Va a haber otros hitos hasta la movilización fuerte en el 2013, que ha sido el año de más luchas sociales que hemos registrado nosotros. Allí está la movilización campesina, y de mineros en el Catatumbo y de transportadores.

¿Cuál es la apuesta de este equipo de investigación al participar en el Congreso?

Este es un espacio en el que presentamos a la academia y a otros actores sociales, más que la base de datos y los resultados de nuestra investigación, algunas pesquisas e investigaciones que estamos haciendo en torno a diferentes temas. Ana María Restrepo está trabajando el tema de la noción del territorio para los movimientos sociales indígenas y campesinos e incluso para estudiantes o habitantes de barrios populares que ya empiezan a manejar ese término.

Marta Cecilia García va a presentar algo sobre las nociones de desarrollo, de vida buena en los movimientos sociales, que en algún momento le han apostado a planes de desarrollo pero últimamente todo este tema de la depredación de la naturaleza, de la necesidad de reconciliación con la madre tierra ha impactado mucho a los movimientos sociales. Leonardo Parra va a trabajar el tema de las transformaciones del mundo del trabajo, las transformaciones laborales, el desempleo, los independientes y la debilidad aparente del sindicalismo. Yo voy a hablar un poco de lo que llamo el control estatal de la protesta y la relación entre policía y protestatarios. Ese es el análisis desde el equipo. Todos mirando estos últimos 40 años de luchas y de la historia colombiana.

 

Laura Inés Contreras 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

Pocas experiencias lo marcan a uno tanto en la vida, como el viaje que hicimos a Vaupés.
Iniciamos el viaje en Mitú, en el puerto a eso de las 4 de la tarde, pues nos habían dicho que el viaje duraba 2 horas. Apenas a unos minutos de haber arrancado inició una lluvia que estuvo presente en la mayor parte del recorrido. No sé si nos mojaba más el agua que saltaba del rio, porque la voladora iba muy pesada, o la lluvia. Disfrutamos el paisaje y por supuesto, el atardecer. Sin embargo, después de las 6:30 ya estaba muy oscuro y como estaba nublado no teníamos ninguna fuente de luz.

De las cosas que más me impacto fue ver algunas luces que nos alumbraban a lo lejos, al preguntarle a X nos dijo que eran pescadores y que anunciaban que estaban ahí para que nuestra lancha pasara lejos de donde ellos estaban. Estas personas estaban allí, en medio del rio, en absoluta oscuridad, rodeados de selva, parados en canoas, pescando. Nos dijeron que podían estar ahí toda la noche, hasta que amaneciera y que muchos preferían esa hora porque era más fácil pescar.

No sé cómo, pero llegamos a las 8 a Mandí. La primera imagen fue varias mujeres lavando platos y ollas en la orilla del río, en completa oscuridad, cada una con una linterna que usan solo cuando caminan. El inspector de policía nos llevó hasta la casa cural y nos ayudó a instalar las hamacas. A los pocos minutos ya todos estábamos durmiendo.

Al día siguiente, a las 6 de la mañana, ya sonaban las campanas de la iglesia, que quedaba a unos metros de la casa cural. Fue la señal para levantarnos e ir al rio a bañarnos. Todas las personas que bajaban al río, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, bajaban con un balde y un jabón rey. Mientras se bañaban, lavaban la ropa que usaron el día anterior. Al llegar a la maloka nos recibieron con curiosidad y con el desayuno.

— Tenemos caldo de pescado con un poquito de picante — dijo el inspector

Si algo he aprendido es que no hay nada tan subjetivo como la medición del picante. Al instante de probarla nos dimos cuenta que era mucho más picante de lo que pensábamos. Aunque todos se tomaban el caldo sin inmutarse, algunos de nosotros estábamos tosiendo por lo fuerte que estaba. Solo pudimos comernos el pescado y la papa. Como si fuera poco, Maclau, uno de los líderes, se acercó a ofrecernos más ají.
Luego del desayuno nos presentamos uno a uno. Éramos más de 150, por lo que esta presentación duró más de dos horas. Luego nos dividimos en grupos e iniciaron los talleres. Con nosotros estaban los capitanes y las personas que más conocían la región. Cada uno contó la historia de su comunidad, que ha pasado de generación en generación por la tradición oral. Algunos remontaban el inicio de sus comunidades varios siglos atrás. Recordaron la persecución que sufrieron sus abuelos por las caucheras y la llegada de las campañas evangelizadoras que cambiaron su forma de vida.

— Con la llegada de los curas perdimos la mayoría de nuestras tradiciones, la vestimenta, nuestros ritos, y tuvimos que movernos de nuestros territorios. — Dijo uno de los capitanes.
Mandí es el poblado más grande del Vaupés medio porque es el punto central de las 21 comunidades indígenas que viven sobre el rio, la mayoría de ellas del pueblo Kubeo. Allí queda la inspección de policía, el colegio con bachillerato completo y la maloka más grande. Allí el abandono del Estado es absoluto. No hay puestos de salud, no hay antenas de comunicaciones, no hay electricidad, apenas llega la señal de la emisora del ejérctio. Aunque la mayoría prefiere que sea así.

— Por lo menos podemos mantener nuestras costumbres vivas por más tiempo — me dijo una de las profesoras del colegio al almuerzo. — ya hemos visto que los jóvenes sobre todo que se van a Mitú, empiezan a desechar nuestra cultura y eso es grave porque es lo que nos une como pueblo — añadió.

Es como si vivieran en otro país.

— Lo único que sabemos de los acuerdos de paz es que desde junio del año pasado dejamos de ver a las Farc por estos lados — dijo el inspector. — Nos han dicho que tienen un enfoque étnico que puede beneficiarnos, pero aquí nadie ha venido a explicarnos nada de eso — continuó.

Sin embargo, tenían preocupación de saber que hay unas disidencias que no se acogieron al acuerdo y que pueden estar por esa zona.

En mi tarea de hacer reportería gráfica me crucé con varios niños que me miran con mucha curiosidad por lo que estaba haciendo sin decir nada, aunque yo les preguntara. Para romper el hielo empecé a tomarles fotos y a mostrárselas a lo que respondían con una carcajada. De a poco entraron en confianza y ya hasta posaban para las fotos. Ellos fueron los que me llevaron por los diferentes lugares, la escuela, los cultivos de caña, al lago, y algunos de ellos a sus casas. Estos niños de menos de 10 años me contaban historias de sus familias, de las estrellas, de los dioses que protegían los lugares sagrados en el río, de cómo se prepara la chicha y de cuáles son los mejores lugares para pescar. Los niños no sabían de dibujos animados, ni de películas, pero están muy bien entrenados para sobrevivir en su entorno.

El cierre del encuentro fue una fiesta. Estaban celebrando que había representantes de la mayoría de comunidades del Vaupés medio y que de ahí iban a coordinar acciones de incidencia. Instalaron la planta eléctrica comunitaria y un parlante con música. Cuando estábamos todos en la Maloka nos hicieron ponernos de pie.

— Y ahora nuestro regalo para los invitados de la fundación Natura, el Cinep y los capitanes— dijo el animador de la fiesta.

En ese momento empezó a entrar una fila de mujeres, cada una con una olla en la mano. Cuando se acercaron a nosotros empezaron a sacar totumadas de chicha para que nosotros tomáramos. En la primera ronda conté 22 mujeres, por consiguiente, tomamos 22 totumadas algunas más grandes que otras y cada una con un sabor diferente. Luego nos sentamos y venía uno de los actos culturales más importantes, el baile del carrizo. Se levantaron 8 hombres, cada uno con un instrumento similar a la zampoña. Cada uno tocaba unos sonidos que se alternaban entre ellos, pero todos juntos hacían la melodía. Bailaban de un extremo de la maloka al otro hombro a hombro, luego en fila y después de varios minutos se unían las mujeres al lado de ellos. Cada baile duraba unos 8 minutos e hicieron uno por cada pueblo presente. Después de varias tandas del baile, venía la segunda ronda de chicha. Ya algunos se abstuvieron de participar. La celebración duró casi toda la noche.

Al día siguiente teníamos que volver a Mitú. Varias familias, el inspector, y el sacerdote salieron a despedirnos. El viaje de vuelta fue muy diferente, ya pudimos ver todo el recorrido y solo gastamos 2 horas y media. El choque cultural fue muy grande. Cada comunidad vive para sí misma. Es muy fuerte el sentido de lo comunitario y de distribución de labores. Los con los que jóvenes tenían la firme intención de estudiar alguna carrera y luego volver a su comunidad a fortalecer las organizaciones que los representan. Los mayores tienen la función de enseñar a los jóvenes su cultura, su cosmovisión y costumbres. Hay un interés de crear redes entre las comunidades para trabajar en acciones de incidencia ante las autoridades para mejorar sus condiciones.

Estas comunidades indígenas del medio Vaupés me enseñaron mucho, desde los más pequeños hasta los chamanes más experimentados. Es increíble la convicción que tienen y su sentido de comunidad, con la que incluso se opusieron a los actores armados que existieron alguna vez en su región. Esas experiencias de construcción de paz territorial las publicaremos próximamente en uno de los videos que sistematizan este tipo de experiencias y que podrán ver en nuestra página y redes sociales.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

Es necesario replantear los mecanismos de seguridad y protección para líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Esa fue la conclusión a la que llegaron todos los panelistas del foro ¿Por qué defender el territorio cuesta la vida?, realizado el pasado 18 de septiembre en instalaciones de la Universidad Javeriana. En este evento participaron como panelistas académicos, investigadores, defensores de derechos humanos, líderes sociales y organizaciones que acompañan a las comunidades.

Durante la discusión, que giró en tres paneles temáticos, las diversas voces plantearon los riesgos a los que están enfrentados los líderes de procesos asociados a la defensa del medio ambiente y del territorio. Los panelistas se refirieron a las dificultades de enfrentar la violencia cuando el sistema económico nacional tiene bases en el extractivismo. Mencionaron, además, el aumento de diferentes formas de violencia con la salida de las Farc y la disputa de dichos territorios por otros actores ilegales.

Si bien hubo diferencias frente a la sistematicidad de los ataques, para todos era claro que es necesario modificar el aparato estatal dirigido a proteger la vida de las comunidades que participan en la defensa de sus territorios y del medio ambiente.

A propósito de esta discusión, Silvia Pabón, investigadora del Cinep/PPP, y quien participó como moderadora de uno de los paneles, presenta estas reflexiones sobre el panorama actual de la seguridad para los líderes en la región de trabajo del equipo de Gestión del Territorio en el Pacífico y recomendaciones para mejorar los dispositivos de protección.

 
 

 

 

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU – exigimos que la Unidad de Restitución de Tierras se comprometa con nuestra defensa en el proceso de restitución de derechos territoriales.

 09 de septiembre. Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU queremos denunciar ante la opinión pública, el desconcierto y alto nivel de incertidumbre en el que nos encontramos actualmente ante el accionar dilatorio y poco garantista de la Unidad de Restitución de Tierras – URT – frente a su representación como abogados defensores de nuestro proceso.