Areas de Trabajo

Areas de Trabajo (171)

 Los próximos 19 y 20 de abril, líderes y lideresas de varias zonas del Caribe se encontrarán por primera vez para revisar los procesos de construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, que se adelantan en 40 municipios del Caribe Colombiano.

 
 

 

 

 

 

Hace 20 años, las comunidades de los Montes de María tuvieron que dejar sus tierras tras recibir amenazas de paramilitares y ver a algunos de sus compañeros y vecinos morir a causa de la violencia con la que estos grupos armados ilegales azotaron la región. En 2012, acogidos por la ley de víctimas y la restitución de tierras, iniciaron el proceso de restitución de sus predios, pero hasta el momento no han recibido sus parcelas.

Para revisar los avances de los procesos de restitución, posibles soluciones a los inconvenientes y analizar el impacto de la no restitución sobre la implementación del proceso de paz, el viernes 17 de noviembre de 2017 se realizó la Mesa de Diálogo: Derechos de las Víctimas, Restitución y Desarrollo Territorial, organizada en el marco del proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla” que desarrollan el Centro de Investigación Nacional de Educación Popular – Programa Por la Paz (Cinep-PPP) y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana, con el apoyo de la Unión Europea. 

El profesor investigador de la Universidad Javeriana, Juan Guillermo Ferro, uno de los acompañantes de las comunidades de Montes de María, conversó con nosotros sobre las conclusiones a las que llegaron en el encuentro:

¿Cuál es la principal conclusión sobre los procesos de restitución en Montes de María?

Juan Guillermo Ferro: Una primera conclusión es que las políticas de restitución de tierras y de reparación colectiva tienen como elemento común la lentitud y las trabas de distinta índole para poderse llevar a cabo. En el caso de la restitución hay una serie de impedimentos fruto de los criterios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para rechazar a los solicitantes.

Hay problemas de tipo más político en el sentido que el Estado está muy interesado en un modelo de desarrollo mucho más centrado en la agroindustria exportadora de monocultivo que en apoyar economías campesinas. Entonces no hay una prioridad en restituir y reparar. En las comunidades ya empieza a haber un escepticismo.

¿Por qué se han demorado tanto los procesos de restitución?

J.G.F: Son procesos que incluso pueden ser un poco perversos, en la medida en que la política no está parada, sino que está funcionando a un ritmo paquidérmico. Eso lo que genera es que la gente no se radicaliza en movilizaciones o en acciones colectivas más confrontacionistas (sic) para reclamar. Cada dos meses aparece algún dato, a los tres meses se hace una visita o aceptan un documento, le dicen a la gente que ya está en trámite. La gente no protesta más porque dice que ahí va la cosa, que aceptaron unas solicitudes y que ya volvieron a meter la demanda. Ese es el efecto perverso que tiene esa lentitud.

¿Y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?

J.G.F: Es la última política que se está empezando a implementar en el territorio. La gente realmente está desmotivada y desconfiada, porque como dicen algunos campesinos: si a mí no me han restituido la tierra, no me han reparado, cuál es la planificación que voy a hacer o sobre qué territorio voy a planear.

Los PDET están manejando unos esquemas y tiempos excesivamente rápidos, en mayo ya tienen que estar listos, que hacen muy difícil la participación. No se están haciendo convocatorias abiertas a la comunidad, sino que están seleccionando ciertas personas. Están quedando unos planes como listas de mercado, que realmente no estarían configurando las bases y planes de desarrollos muchos más estructurados.

Son los líderes de las organizaciones los que tienen que representar a las comunidades en los planes y escenarios de discusión, ¿no?

J.G.F: Las organizaciones en Montes de María están muy debilitadas porque fueron las que más sufrieron con las masacres, con las incursiones paramilitares, los asesinatos selectivos, el exilio… Hubo un movimiento fuertísimo en los años 70 u 80, que ahora es un movimiento tremendamente fracturado y debilitado.

Pese a la asiduidad de talleres, capacitaciones, escuelas de ciudadanía, toda la cantidad de cosas que hemos hecho las organizaciones acompañantes, desde que paró supuestamente la guerra por ahí en el 2008, las comunidades siguen débiles. Siendo autocríticos, tenemos que reconocer que tal vez no estamos haciendo bien las cosas o que la debilidad del movimiento es tal que es muy poquito lo que se ha hecho.

¿Las políticas de víctimas, reparación y restitución no han fortalecido las organizaciones comunitarias?

J.G.F: El Estado ha sacado un montón de políticas públicas y todo el mundo se desgasta en ellas para que funcionen, pero lo que ha provocado es que las organizaciones dejen de lado su propia agenda y sus propias propuestas. Ahí es donde hay otro elemento que podríamos llamar perverso, poner a la gente a desgastarse, organizarse, reunirse, criticar o aportar a la política pública, pero esa política nunca se desarrolla totalmente o no cumple sus objetivos.

Hay una distracción del movimiento social en atender la política pública y nosotros como agentes acompañantes podemos haber estado cayendo en la trampa de hacer este juego y más bien deberíamos estar acompañando agendas propias, sin perder el ojo avizor de lo que el Estado hace porque nadie le puede quitar la importancia a lo que el Estado hace, pero no centrar toda la actividad en eso.

Pero esas políticas públicas han sido construidas para responderle a las necesidades de las regiones y las víctimas, en el marco de un escenario de paz, posconflicto y posacuerdo.

J.G.F: Si no hay restitución, si no hay reparación, si no funciona la planeación participativa, pues entonces no habrá paz ni duradera ni estable, como se definió en los acuerdos de las FARC y el Gobierno. Si no hay estas bases, ¿de qué estabilidad estamos hablando? Aquí podemos estar hablando de una paz inestable y efímera, porque no hay manera de avanzar si no se resuelve el tema del acceso a la tierra, si no se repara a las víctimas, si no se le apuesta a la economía campesina. En Colombia no tenemos una política que le dé a la economía campesina un verdadero fortalecimiento, no se cree en sus bondades; se cree que los campesinos son atrasados, pobres, brutos, que no saben producir ni comercializar, y eso marca las dinámicas en los territorios y las políticas públicas.

¿Qué ha funcionado hasta el momento?

J.G.F: Las organizaciones se mantienen, tienen algunas iniciativas. La gente de la alta montaña, que son los del centro de Montes de María, los del Carmen de Bolívar, se han movilizado fuertemente contra el abandono de sus territorios; los de Playón en Marialabaja contra el acaparamiento del agua; este último es un grupo pequeño, pero muy interesante que ha bloqueado varias veces el distrito de riego diciendo que si no hay agua para ellos, no hay agua para la palma, porque el agua está privatizada y es usada más para la palma que para el consumo de la gente.

Los campesinos han hecho mucha resistencia a los cultivos de palma.

J.G.F: Sí, no sólo a la palma, a los monocultivos de gran extensión para la exportación. Eso es una cosa muy reciente, unos quince años, se desarrolló precisamente después de la arremetida paramilitar. A los palmeros no les gusta que se les diga eso, pero es cierto. El desarrollo de estas propuestas vino después del desplazamiento, del abandono de tierras y la compra oportunista y de mala fe que muchos empresarios, a través de testaferros, fueron haciendo. Los campesinos muestran que ellos muchas veces no tenían otra salida que vender y vender mal.

¿Qué podrían sembrar los campesinos al regresar a sus tierras?

J.G.F: Hay otro problema y es que el retorno ha sido muy lento y sin recursos. Hay algunas instituciones que le dicen al campesino, listo, ya puede volver a su tierra, pero el campesino no tiene los apoyos, el crédito, la infraestructura para reiniciar su proyecto y entonces termina vendiendo la tierra que le restituyeron. No se está haciendo algo para restituir una cultura, una sociedad, una economía, ni la vocación campesina.

Muchos de los reclamantes son mayores de 50 años de edad, lo que podría dificultar el retorno de la vida campesina. ¿La región se está quedando sin campesinos?

J.G.F: Los pocos a los que les han restituido muchas veces no tienen el apoyo de sus hijos porque ya pasaron 20 años desde que fueron desplazados; entonces estos muchachos, que eran niños en el momento del desplazamiento, han ido ocupando otras actividades, algunas legales y otras ilegales: microtráfico, delincuencia común, mototaxismo, comercio, el rebusque. La gente ha perdido la relación directa con el campo.

¿Y sobre el tema de la contaminación medioambiental?

J.G.F: Los ecólogos del equipo nos han dicho que una de las cosas que no mira la restitución es todo el despojo que se dio en materia de recursos naturales, de acceso al agua, de bosques y de contaminación por aguas industriales. La restitución mira solo el predio, mira mucho la tierra, el impacto físico, pero no mira todas las relaciones que los campesinos tenían con la tierra, con la represa, el arroyo, el bosque, todas estas conexiones socioambientales de las comunidades. El despojo no solamente fue de tierras sino también de acceso a los recursos naturales con los que los campesinos contaban anteriormente.

¿Cómo ve el panorama para el año entrante con las elecciones presidenciales?

J.G.F: Muy complejo, puede llegar un gobierno que diga que hay que hacer trizas el Acuerdo de Paz y hay estaríamos peor.

 

Astrid Toscano Villán
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

 

Una de las riquezas de Colombia es su enorme diversidad cultural. Dentro de una región, relativamente pequeña, puede existir una amplia variedad cultural en las comunidades. Un claro ejemplo de esta situación se da en la región Caribe. Allí confluyen múltiples grupos étnico raciales que se diferencian en muchos aspectos, pero que comparten un territorio. Frente a este panorama desde hace varios años, el equipo de Interculturalidad del Cinep/PPP viene acompañando a algunas de estas comunidades en procesos de fortalecimiento organizativo tanto al interior como en articulación con otros grupos poblacionales de la región.

Así surgió el proyecto en educación intercultural por la defensa de los derechos de los grupos étnicos. Funcionó en tres nodos territoriales: Cartagena, Sierra Nevada y sur de La Guajira y se trabajó con distintos grupos étnicos: indígenas Wayuú, Wiwa, afro Cartagena, afro Guajira, población palenquera y mestizos. Durante el proceso participaron líderes de organizaciones sociales, jóvenes investigadores y docentes de instituciones educativas.

El proyecto se organizó en tres grandes acciones: primero, un proceso de formación en educación intercultural, investigación local participativa y ejercicios de exigibilidad de derechos; segundo, producción de saberes y contenidos de conocimiento; y, tercero, ejercicios de sensibilización e incidencia política. Estas acciones, que se dieron a partir del proyecto, estuvieron encaminadas a generar encuentros entre las comunidades que permitieran diálogos desde los saberes de cada población. “Empezar a encontrarse, no solo es la posibilidad de tejer redes de articulación sino de contrastar constantemente visiones, perspectivas, sensibilizarse de lo que les ocurre a los otros”, afirmó Jenny Ortiz, investigadora del Cinep/PPP del equipo Territorio, Movilización e Interculturalidad y coordinadora del proyecto.

Uno de los objetivos y puntos clave de este proceso fue construir una mirada en conjunto de la región. Para esto se promovió el diálogo de saberes a través del cual las diversas comunidades discutieron y trabajaron juntas en la problematización de sus contextos en distintas escalas. Así lo explicó Ortíz: “Empezamos a salir del problema muy local y conectarlo con lo que está pasando en la región. Esto, en términos de megaproyectos, del modelo económico, de la violación de derechos. Se trata de una articulación de demandas pero sobre todo de la articulación de ejercicios de resistencia ante las múltiples problemáticas”.

Juventud y género, las miradas diferenciales del proceso 

Durante el proceso se abordaron varios enfoques diferenciales. Uno de ellos fue el de los jóvenes y su rol dentro de sus comunidades. Para Jenny Ortiz el trabajo con los jóvenes es un ejercicio muy preliminar desde la educación popular y busca empezar a transformar la idea de que son los expertos los que tienen el conocimiento. Los líderes de organizaciones sociales son jóvenes que se hacen preguntas sobre su contexto y es importante vincular al joven en la acción política.

Para lograrlo una de las estrategias fue brindar  herramientas metodológicas a los jóvenes para trabajar con sus comunidades, así se reconoció desde cómo hacer una entrevista y una cartografía, hasta un mapa de actores y una encuesta. Luego ellos realizaron un proceso de acompañamiento para aplicar las herramientas en la problematización de los diferentes contextos.

Otro de los enfoques diferenciales importantes del proceso fue el de género, una apuesta problemática considerando las características culturales de las comunidades de la región. En este sentido, primero se abordó el tema del rol de la mujer dentro de los grupos. En estas discusiones salieron a flote muchas historias de abuso sexual intrafamiliar, violencia, acoso yabuso en medio del conflicto armado. El momento no solo sirvió para conocer una realidad que nos suele difundirse, sino paraque las mujeres pudieran sanar un poco esas heridas. El trabajo dentro del proyecto aportó a la construcción de miradas de género desde los distintos contextos, así “que los Wiwa comiencen a preguntarse sobre las Sagas, que son mujeres de sabiduría ancestral. Que los afro comiencen a interpelarse por otras construcciones de género”, son algunos de los resultados que resalta Jenny Ortiz.

Dentro de las metodologías implementadas en el proyecto se incluyeron tres seminarios regionales que reunían a las poblaciones. El primero de ellos se hizo en Barrancas, sur de La Guajira; el segundo, en Cartagena, y, el tercero, fue en la Sierra Nevada de Santa Marta. “En los seminarios quisimos darle este giro de no llevar solo a los expertos a que le enseñen al otro sino que los sujetos se empoderaran un poco y fueran los gestores de lo que ya habían hecho”, explica Ortiz. Con esta premisa, durante estos encuentros se oyeron las voces de la academia, el liderazgo social, la docencia y la juventud cada uno aportando a los debates desde su propia experiencia y experticia.

Docentes de la zona caribe hablan sobre la importancia de la interculturalidad en la educación escolar.


Un cierre en el territorio sagrado, Achintukua. Para el cierre del proyecto se concertó con las organizaciones sociales y las comunidades hacer el seminario en Achintukua, capital del pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este lugar fue elegido por su importancia intercultural, pues muy cerca de allí, se dio la evangelización de la comunidad indígena por parte de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Este procedimiento llevó a la pérdida de la cultura propia de los Wiwa por mucho tiempo. “El vestido ya no se estaba usando, el idioma ya algunos lo han olvidado. La música propia ya los niños no la bailan como se bailaba, solo hay unos mayores que la bailan”, comenta  Otilio Chimusquera, docente Wiwa, y añade “ya más reciente nosotros le hemos propuesto que nosotros tenemos que reconocer nuestra identidad y por eso entre nuestra comunidad ya hay poquita evangelización, pero podemos vivir con otras comunidades de esas religiones sin ningún problema”.

Dada la importancia espiritual que tiene este pueblo para los Wiwas, desde un mes antes a la realización del seminario, se inició un  trabajo espiritual con el Mamo Chelo, máxima autoridad de Achintukua. Él inició un trabajo para que el territorio acogiera a todos los visitantes, teniendo en consideración que eran de distintas partes de la región y del país, que hubiera una armonización y que además hubiera una protección espiritual.

Terminado el proceso del diplomado, varios de sus participantes enuncian sus aprendizajes más importantes.

 

 

 La represa del Cercado, el monstruo de cemento en el corazón del territorio ancestral Wiwa

Para entender la problemática que generó la construcción de la represa del Cercado en el territorio hay que hacer una revisión en retrospectiva. En 1934 se autorizan las primeras concesiones de uso del agua a través del drenaje. Luego se arrancan las obras para hacer distritos de riego. A inicios de la década de los 2000, se empieza a ejecutar la obra de la represa. La intención original del proyecto era construir el distrito de riego, llevar agua a los municipios del sur de La Guajira y construir la represa para la generación de energía. El primer impacto para el pueblo Wiwa fue que uno de los tres lugares culturales más importantes para la comunidad donde se desarrolla el ejercicio de gobernabilidad quedaba ubicado justo en medio de la represa.

Seguido a esto vino un momento crítico para la situación de los derechos humanos del pueblo Wiwa: en el sector conocido como La Llegua – Yacanal, en la parte baja de la cuenca del río, asesinan al primer dirigente del pueblo Wiwa. En la parte alta, el pueblo Wiwa sufre la persecución de la guerrilla y desaparecen varios de sus líderes. “En el 2005 inicia la construcción de la represa, lo que generó desestabilidad política, cultural y organizativa para el pueblo Wiwa por la acción de los grupos armados que operaban en la cuenca del río”, relata Pedro Loperena, encargado de la comisión de derechos humanos de la comunidad. “En ese tiempo fue imposible reaccionar por la forma como se atacó al pueblo Wiwa por los diferentes actores en confrontación: grupos paramilitares, autodefensas, guerrilla y hasta las mismas fuerzas militares”, agrega Loperana.

El 4 de febrero de 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga las medidas cautelares ante la crisis humanitaria del pueblo Wiwa, allí establece que el Estado debe tomar todas las medidas necesarias para cesar los hechos de violencia en contra de la dirigencia del pueblo Wiwa. Además, ante la construcción del muro que retiene las aguas del río Ranchería, las cuatro comunidades indígenas que viven en la Sierra Nevada afirman no haber sido consultadas y luego de las pocas acciones de protesta que realizaron asesinaron a varios de sus líderes: “Casi 30 ejecuciones extrajudiciales en la cuenca del río nos hace pensar que el conflicto estaba ligado a la construcción de la represa”, dice el líder indígena.

Sin poder frenar la construcción de la represa, un fallo judicial en su contra manifiesta que no interpusieron los recursos legales a tiempo, pero sus líderes argumentan que no tenían el conocimiento y la amenaza armada no los dejaba actuar. “Ante la violencia que vivimos nos tocó consolarnos a nosotros mismos. Nos tocó recoger a nuestros muertos y hacer nuestros trabajos espirituales. Nosotros mismos nos tuvimos que llenar de valentía para poder afrontar esa situación y defender nuestros derechos. El proceso organizativo nos tocó reconstruirlo a nosotros mismos”, declara Loperena. 

Tras ocho años de su inauguración, y casi 15 desde el inicio de su construcción, las comunidades manifiestan no sentirse a gusto con la obra. Informes de los órganos de control demuestran que la represa no cumple con los cuatro objetivos con los que fue construida. Versión que fue ratificada por una de las funcionarias del consorcio que administra la obra al afirmar que en la actualidad solo sirve para evitar las inundaciones y surtir los acueductos de algunos municipios cercanos.

“Actualmente estamos buscando documentación porque sabemos que viene una segunda fase de la represa”, afirma Loperena. Y aunque el daño espiritual y material a la comunidad ya está hecho, se apoyan en organizaciones nacionales y extranjeras para evitar daños mayores en la segunda etapa del macroproyecto.

Producción editorial

Resultado de los proyectos de investigación de los participantes del diplomado, se elaboraron tres cartillas, en los que se desarrollan las investigaciones y problematizaciones de la educación intercultural en cada región. En estas se sistematizan las investigaciones en los temas priorizados en cada zona. A demás, se publicaron cartillas elaboradas por los jóvenes investigadores con formatos que se adaptan a las necesidades de sus comunidades.

Caminos interculturales en la región Caribe I 

Es una agrupación de experiencias de maestros, donde se plantean preguntas comunes sobre identidad y diferencia en la escuela, con el objetivo de transformar las prácticas pedagógicas.

Caminos interculturales en la región Caribe II 

Se enfoca en el reconocimiento del territorio y de los impacto del modelo de desarrollo minero-energético, por parte de los estudiantes de instituciones educativas de La Guajira y el espacio turístico de Cartagena.

 

Caminos interculturales en la región Caribe III 

Presenta los talleres realizados en el aula de clase por parte de los maestros de La Guajira y Cartagena para reconstruir las historias de los territorios y de las comunidades, con el objetivo de que éstos valoren y practiquen las tradiciones culturales que se están transformando o perdiendo en los territorios.

Identidad Cultural y memoria. Investigaciones participativas de jóvenes wiwas de la Sierra nevada de Santa Marta

Investigación de los jóvenes de la comunidad Wiwa, ubicados en la Sierra nevada de Santa Marta. Se recoge información sobre las tradiciones y la cultura de esta comunidad indígena.

 
 

Memoria, territorio y participación. Una mirada de los y las jóvenes a Cerro de La Popa

Investigación que analiza los cambios en el territorio y cómo estos afectan a la comunidad que lo habita, por parte de los jóvenes de la comunidad en Cartagena.

Agua y mujer. Historias, cuentos y más sobre nosotras y Kasolü en el Resguardo Wayuu Lomamato

Jóvenes, mujeres, investigadoras expresan la importancia que tiene el agua para la comunidad Wayuu desde la memoria , la tradición y el reasentamiento.

 
 

Huellas del destierro: Memorias sobre la reducción del territorio de las comunidades afro en el Sur de La Guajira

Las comunidades del sur de La Guajira narran cómo su forma de vivir y relacionarse con el territorio se modificó debido al reasentamiento por la mina del Cerrejón.

Sabores y saberes de mi Tabaco

Recetas tradicionales de los pueblos reasentados hacen parte de este documento, que muestra las modificaciones que sufrió la cultura culinaria de dichas comunidades debido al cambio de territorio.

 

  

Galería

 

La interculturalidad, el centro de discusión en el Caribe colombiano 

 

 

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Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón - Ana María Castillo
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Asistente de publicaciones: Alejandra Mouthon

  • El martes 17 de abril, líderes de comunidades reclamantes de tierras de Chocó, Magdalena, Las Pavas, Montes de María, Valle del Cauca y Nariño se reunirán con representantes de las entidades del Estado para analizar los procesos de restitución de tierras y proponer alternativas de solución a los obstáculos que han tenido hasta el momento.
  • En el encuentro se conversará y presentarán cuatro temas cruciales en la restitución: seguridad y protección a los líderes, minería y agroindustria, mujer rural y étnica, y articulación inter e intra institucional.

En Colombia hay 111.593 solicitudes de restitución de tierras que corresponden a 99.155 predios, 58.291 trámites administrativos de los que 14.951 están ante jueces. Hasta el momento, se han tenido 3.761 sentencias que han resuelto 6.986 solicitudes (6%) y han dado la orden de restituir 5.598 predios (5,6%) con 290.842 hectáreas que benefician a 36.642 personas, según los datos de la Unidad de Restitución de Tierras.

Es decir, que en siete años de los procesos de restitución se ha dado respuesta al 6% de las solicitudes de las personas que fueron despojadas de sus tierras durante las últimas dos décadas y han pedido que se las regresen.

Las comunidades de reclamantes y las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan han analizado los procesos de restitución para identificar cuáles son los obstáculos estructurales de la política y los procedimientos, y qué soluciones pueden darse de tal manera que se beneficie al mayor número de reclamantes.

Son cuatro los temas que más han preocupado a las comunidades: la seguridad y protección de los líderes y lideresas, la minería y agroindustria, la mujer rural y étnica, y la articulación inter e intrainstitucional de las entidades responsables de la restitución. Estos mismos serán los temas que los líderes conversarán en el desayuno-conversatorio que se realizará el 17 de abril, a puerta cerrada, y al que ya confirmaron asistencia el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Agencia de Desarrollo Rural y delegados de varios países miembros de la Unión Europea.

En la tarde, a las 5:00 p.m., los líderes y las entidades acompañantes estarán conversando, a puerta abierta, sobre seguridad y protección, y acerca de la minería y la agroindustria en sus territorios. Este encuentro es de entrada gratuita y se realizará en el aula máxima del Cinep/PPP.

Inscripciones aquí

Astrid Toscano
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

El año 2017 fue el más crítico en los 8 años de mandato de Juan Manuel Santos, según el informe Piedra en el zapato que presenta la organización Somos Defensores. Según este informe, durante 2017 fueron agredidos 560 defensores de DD.HH dentro de los que se contabilizan 106 asesinatos, 370 amenazas, 0 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 9 judicializaciones y 2 hurtos de información sensible.

En este informe, se puede encontrar un análisis comparativo entre otros informes emitidos por otras organizaciones sociales y de DD.HH en 2017 sobre el tema de agresiones a defensores y defensoras en Colombia. Además de esto, el informe presenta una serie de propuestas que buscan construir salidas conjuntas a esta problemática y hace un llamado, en tiempos electorales, a los candidatos a la Presidencia, para que este sea un tema prioritario en sus gobiernos, en caso de ser elegidos. 

 
 

 

 

 

 

El Cinep/ Programa por la Paz, La Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la Escuela Nacional Sindical y la cooperativa Confiar presentan la edición más reciente de la revista Controversia dossier "Territorios y Construcción de paz".
El presente número, con sus siete artículos y tres reseñas, se concentra en la complejidad del momento coyuntural que atraviesa hoy el país en su reto de iniciar procesos de construcción de paz desde los territorios.

Dossier "Territorios y construcción de paz"

Presentación

Por Víctor Barrera.  Leer

 Artículos del Dossier 

  • ¿Gobernabilidades híbridas o gobernanza institucionalizada en Colombia? Elementos para pensar la paz territorial en un escenario de transición. Leer
  • “Ya no vamos a poder dejar las puertas abiertas”: experiencias territoriales de cara al actual proceso de paz en Colombia. Una mirada a la región de El Pato. Leer
  • Las Farc y las organizaciones comunitarias en San Andrés de Tumaco: desafíos territoriales ante una eventual implementación de los Acuerdos de La Habana. Leer
  • Las prácticas paramilitares en el Alto Nordeste Antioqueño. Leer
  • State Expansion, Insurgent Resistance, and Territorial Control in Arauca 2002-2010. Leer
  • Enfoques sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescente. Leer
  • Pensar la paz… solo cuando tenga la tierra. Leer

 Reseñas 

  • Archila, M. (coord.); Arboleda, Z.; Coronado, S. et al. (2015). “Hasta cuando soñemos”, Extractivismo e interculturalidad en el sur de La Guajira. Bogotá: Cinep. Leer
  • Gloria Isabel Ocampo, Poderes regionales, clientelismo y Estado: etnografías del poder y la política en Córdoba, Colombia, Bogotá, Colección Territorio, Poder y Conflicto. Leer
  • Vásquez Delgado, T. (2015). Territorios, Conflicto Armado y Política en el Caquetá: 1900-2010. Bogotá: Uniandes. Leer

  

Edición impresa 
N.° de páginas: 349 | Tamaño: 16,5 x 21,5 cm | ISSN: 0120-4165 
Para adquirir esta publicación comunícate con nosotros a través de: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llamando al (57) (1) 2456181 ext. 759. 

Para las más de 1.500 familias y 5.000 personas reclamantes de 107 mil hectáreas de tierras de las que fueron expulsadas y que hacen parte del Consejo Comunitario de los ríos de La Larga y Tumaradó (Cocolatu), es una noticia realmente importante: el juzgado primero civil del circuito especializado en tierras de Quibdó admitió la demanda de derechos territoriales.

La admisión de la demanda significa que se inicia la etapa judicial del proceso, que el juez aceptó los argumentos que muestran el despojo y que la contraparte, es decir los opositores al consejo comunitario, deberán demostrar que no fueron despojadores. Esta comunidad fue desplazada de manera sistemática, tras amenazas violentas contra su vida y bienestar, entre los años 1996 y 2000.

 

 

Actualmente, el 90% del área productiva reclamada por Cocolatu está en poder de nueve empresarios. A Cocolatu pertenecían Porfirio Jaramillo y Mario Castaño, asesinados en enero y octubre de 2017, tras recibir continuas amenazas, entre otras razones, por ser líderes reclamantes de este proceso y denunciar irregularidades contra la comunidad y el territorio.  

Además de la admisión de la demanda, esta semana se llevó a cabo en Apartadó  la Audiencia étnica de seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares en resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras en el Bajo Atrato y el Darién Caribe. En esta mesa multiactor participaron: el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría delegada para asuntos agrarios y restitución de tierras, la Policía Nacional, SIJIN y Defensoría del Pueblo y ACNUR.

Entre las organizaciones étnico territoriales que tienen medidas cautelares en el marco de restitución de derechos territoriales, se encuentraron: COCOMASUR, COCOLATU, COCOPEMA, Resguargo de Chidima Tolo y Pescadito y Resguargo de Urada Jiguamiandó.

Pablo López, representante legal de COCOLATU comparte las conclusiones de este encuentro

 

 

Lea también:

 

 

 

 

El Cinep/Programa por la Paz y Pensamiento y Acción Social - PAS convocaron a una reunión para presentar el informe de la situación de los defensores y defensoras de Derechos Humanos en el departamento de Córdoba. En esta reunión, hizo presencia el Grupo de Derechos Humanos de la Unión Europea, la Embajada de Francia, Cooperación para la Paz, Corporación para el Desarrollo Social y Comunitario CORSOC  y líderes campesinos e indígenas de Córdoba.

El siguiente informe presenta las diversas demandas, necesidades, hallazgos en torno al tema de seguridad que presentan los territorios que habitan líderes y lideresas de Córdoba además del avance de la implementación del Acuerdo de Paz en esa misma región.

 
 

 

 

 

 

Diferentes organizaciones defensoras de Derechos Humanos presentaron hoy el Informe Ejecutivo: Resultados de la Implementación de las medidas inmediatas humanitarias y la situación actual de los cementerios municipales. Este informe se le fue entregado a Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Así mismo a representantes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a la Procuraduría delegada para las Víctimas, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Fiscalía General de la Nación, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 
 
 

 

 

 

 

La frontera colombo venezolana es un territorio que comprende 2.219 kilómetros y que se caracteriza por poseer zonas altamente biodiversas y otras con grandes riquezas en recursos minero-energéticos.

La complejidad de sus problemas sociales - las consecuencias de las políticas migratorias de ambos países, la situación socio política en Venezuela y sus crisis económica, el conflicto armado interno en Colombia, el tráfico de todo tipo de bienes entre las dos fronteras,  la presencia de bandas criminales, entre otros- hace que el trabajo con las comunidades que habitan la frontera sea cada vez más urgente y retador.

Es por esto que, desde hace 8 años la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana desarrolla su trabajo en esta frontera. Este, es un proyecto pedagógico que hace parte del Equipo de Conflicto, Estado y Desarrollo del Cinep/Programa por la Paz.  La Escuela tiene a su cargo la misión de fortalecer sujetos políticos que sean capaces de generar desarrollo sostenible y sustentable en sus territorios.

En asocio con el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, la EPCC se ha pensado el territorio fronterizo como uno en el que confluyen diversas sinergias que hacen parte de una plataforma binacional. En esta plataforma se combinan tanto las estrategias pedagógicas como las estrategias políticas y la acción humanitaria.

La clave ha sido visualizar el territorio no como una línea divisoria sino como una región. De esta manera, la EPCC ha ido transformando la manera de comprender la frontera colombo venezolana desde los mismos sujetos que la habitan; es decir, que las personas, poblaciones y organizaciones que allí conviven se pregunten por el cómo ejercer una ciudadanía responsable dentro de este territorio que tienen en común.

María del Carmen Muñoz, coordinadora de este proyecto plantea una mirada reflexiva de lo que ha significado el trabajo de la EPCC en estos 8 años, los retos que se han puesto en este camino y las perspectivas de futuro.

¿Cómo ha sido el proceso de trabajar la acción humanitaria a través de la herramienta binacional en la Escuela de Paz y Convivencia ciudadana?

María del Carmen Muñoz: Uno no puede meterle contenidos a las personas cuando la  gente tiene la barriga vacía. Cuando hay necesidades que pasan porque tu estés cómoda o cómodo en lo mínimo hasta que eso no esté resuelto no puedes avanzar hacia otra cosa.

Así que en nuestra plataforma binacional, estamos en una campaña permanente en búsqueda de medicinas, de útiles de aseo, de alimentos, ayudando con la búsqueda de personas desaparecidas porque hay familias que se han desarticulado por toda la situación de Venezuela.

¿Cómo ha afectado a  la frontera la presencia de actores armados que siguen ejerciendo su poder en la frontera y  a su vez las dificultades que ha tenido la implementación de los acuerdos?

M.C.M: Con respecto al proceso de paz actual, nosotros sabemos que la FARC tienen excombatientes y ellos tienen sus grupos que están haciendo incidencia en la región de frontera para el proceso electoral. Ya no hablamos de las FARC armada sino de FARC como partido político.

Muchos de esos excombatientes han ido al territorio venezolano a contarle a la gente que son un partido político y que ahora se van a dedicar a hacer política sin armas. Al mismo tiempo, existen personas en Venezuela que los atacan porque no conocen el proceso de negociación y creen que todavía son guerrilleros. Ahí hay una tensión muy fuerte que nosotros estamos intentando contener desde los medios de comunicación, aclarando cuál es el proceso que lleva Colombia teniendo mucho cuidado con el lenguaje. Estamos intentando aprovechar los medios de comunicación como los de Fe y Alegría en Venezuela que son bastante reconocidos para tratar de generar precisiones alrededor de este tema de los acuerdos de paz.

Por otro lado, el motivo de negociación con el ELN ha abierto una discusión muy fuerte en la frontera y de mucha preocupación y esto es muy visible en departamentos como Arauca o en la zona del Catatumbo. Los habitantes de estos territorios, por la experiencia que tuvieron con las FARC, están asustados por el hecho de que va haber un copamiento de territorios. La frontera es un botín enorme que produce mucha renta para muchos grupos armados que están mejor organizados que el mismo estado.

¿Cómo ha sido el impacto social que ha tenido Colombia con respecto al flujo migratorio que está llegando al país? ¿Cómo ha sido mediar entre ambos territorios?

M.C.M: Esos flujos migratorios se han incrementado mucho más de lo que la estadística menciona. Por las trochas diariamente van y vienen personas y hay un subregistro que no da cuenta de las cifras reales. Hemos visto una situación diferenciada. Si hay cierto porcentaje de la población colombiana que encuentra que es legítimo que los venezolanos vengan a refugiarse acá, que es legítimo que les devolvamos lo que ellos hicieron por nosotros hace unos años a raíz del conflicto armado. Pero ha sido tan alto el flujo de estas personas que ha desestabilizado la política social y la política pública que ya había en ciertos departamentos.

Como EPCC ¿qué encontramos? que la mayor población se encuentra entre Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Antioquia y Bogotá. Y que la política nuestra y los recursos para atenderlos humanitariamente se agotaron. Está sucediendo que los oriundos de los territorios que también consideran que necesitan apoyo, ven que no la reciben y se comienza a generar una tensión con ese forastero. Eso comienza a generar problemas de orden social, violencias, rechazo.

¿Qué tratamos de hacer ante esta situación?, generar comprensiones entre la gente, hacerle entender que mediante la cooperación podemos ayudar a unos y a otros pero sin dejar de exigirle al Estado que cumpla con la política pública y con la política migratoria que tendrá que diseñar para resolver este tipo de problemas. Hay que asumir acciones distintas y paralelas porque el problema se puede agravar si el default se declara en Venezuela y se sigue profundizando en la crisis económica en ese territorio.

Nosotros intentamos pedagógicamente generar armonía, creamos lazos solidarios, tendemos puentes entre organizaciones, buscamos venezolanos que apoyen a otros venezolanos. Pero se necesitan muchas acciones conjuntas desde el estado, de la sociedad, de la política pública y de los colombianos para llamar la atención sobre la reciprocidad cuando nos atendieron a los colombianos en nuestra peor crisis.

¿Cómo ha sido el proceso de construcción de redes solidarias en toda esa región fronteriza?

M.C.M: Tenemos un modus operandi: tenemos unas redes virtuales y la gente a través de esas redes, demanda ciertas necesidades. Por ejemplo, pañales para las diferentes etapas de bebés. Buscamos quienes pueden dar eso y otras personas que las puedan transportar, nuestra ayuda humanitaria llega  hasta Caracas, Maracaibo, por ejemplo. Esta acción agota, porque cada vez los temas puede ir empeorando con el tiempo. Al organizarlos por ejes fronterizos se puede organizar mucho más esta dinámica de ayuda humanitaria. Las personas son muy solidarias.

¿Por qué seguir en la frontera?

M.C.M: Es un deber ético, como equipo no vamos a desistir. Vamos a seguir ahí y moralmente aportaremos en lo que falta porque tenemos la capacidad. Es un deber moral y social. Porque somos creíbles, somos una red de confianza y haberla generado en medio de la adversidad es difícil pero detrás de nosotros se han generado otras redes y tenemos mucho que aportar sumando  es un esfuerzo enorme.

¿Cómo luchar contra la visión de frontera que divide?

M.C.M: Hay dos herramientas vitales, la pedagógica y la política. Trascender planos individuales y pasarlos a los colectivos. Comenzamos con 10 organizaciones y hoy tenemos 53 a las que les hemos enseñado a pensar que trabajar por los bienes comunes y que realizar acciones colectivas  rinde más que hacer las cosas de manera individual. Ahí hay una clave política trascendental y la gente lo ve y se da cuenta que se a partir de ahí se logran cosas. El sentido amoroso también es importante. Escuchar a la gente, darle un abrazo, que sepan que ahí estamos, ‘pegante social’ lo que Francisco de Roux costantemente dice. Es el acumulado de confianza que necesitamos para construir ese tejido social.

¿Qué se viene para la EPCC en 2018?

M.C.M: Cada vez nos están financiando más proyectos para seguir y desde los diplomados hemos podido fortalecer la plataforma binacional que es una estrategia política de construcción colectiva y visiones conjuntas. Podremos generar un desarrollo de pensamiento crítico binacional, realizar foros, simposios, desarrollar investigación alrededor de temas como la frontera y el posconflicto.

 

**Todo el año, la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana está recibiendo productos de primera necesidad, para quienes deseen hacer sus donaciones. En especial es urgente: pañales de las primeras etapas de nacimiento, cuchillas de afeitar para hombres, productos de aseo para mujeres y hombres, leche en polvo para primeras etapas de infancia. Para realizarlo puede comunicarse mediante el correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de Comunicaciones