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“No más militares en Catatumbo”, piden las organizaciones sociales de la región

Ante el crecimiento de la violencia en Catatumbo y Cúcuta, en días pasados el Gobierno nacional anunció el aumento de la militarización de la región, que ya cuenta con 12.000 soldados y 4.000 policías. Organizaciones de la zona se declararon altamente preocupadas por la medida, lo hicieron en la rueda de prensa del informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que elaboró Cinep/PPP.

“En una zona con 12.000 militares y 4.000 policías, que cuidan 48 pasos y trochas fronterizos, se han reactivado los tráficos ilegales, en especial el de personas hacia el interior de Colombia y el sur del continente; 49 líderes sociales fueron amenazados, 10 asesinados y 5 secuestrados; se registraron 350 casos de desaparición forzada, 70 de ellos en la frontera; 29 civiles han sido secuestrados, tres en los últimos once días. Todo ese pie de fuerza y seguridad y no hay información de quién está cometiendo los delitos y el 99% de las denuncias no tiene una sola respuesta”, explicó Wilfredo Cañizales, director de la Fundación Progresar.

La mayor preocupación de las organizaciones locales como la Fundación Progresar y el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) es la orden dada por el Gobierno nacional de aumentar la militarización de la zona, ya que el 20 de octubre se activaría una nueva fuerza de tarea rápida para la región. Esta medida ha sido implementada en ocasiones anteriores como en diciembre de 2017 cuando llegaron 6.000 hombres del Ejército a seis nuevos batallones, pero el empleó de dicha estrategia usualmente ha contraído altos picos de violencia.

¿Qué está pasando en Norte de Santander?

En el primer semestre de 2018, las cifras sobre violencia, tanto en Catatumbo como en Cúcuta, duplicaron los registros del mismo periodo en los años anteriores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, según el informe “Catatumbo: La guerra sin tregua” que Cinep/PPP presentó con la revista Noche y Niebla No. 57. De enero a junio de este año se registraron 599 víctimas y 656 casos de vulneración a derechos humanos y DIH en todo el país, 91 de ellos ocurrieron en Catatumbo.

El aumento de la violencia en Catatumbo se debe a enfrentamientos entre las guerrillas del ELN, el EPL y otros actores por el dominio de la zona, como parte del conflicto armado. Es decir, en Catatumbo hay un aumento en las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) como parte de las acciones en la guerra entre guerrillas, grupos armados ilegales y fuerza estatal.

En Cúcuta el panorama es diverso, pues los responsables de la violencia son grupos paramilitares, bandas criminales como los Rastrojos y las Águilas Negras, que controlan los tráficos y a la población. En el caso de Cúcuta, lo que se presenta es una permanente vulneración a los derechos humanos, en un escenario en el que no hay conflicto, pero sí violencia reiterativa.

La dinámica violenta se ve impulsada por la presencia de carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, que son los mayores compradores de la droga producida o transportada en la región. Esto sumado a la crisis de la migración venezolana que, como lo explicó Cañizalez, “ha facilitado que grupos paramilitares y Rastrojos sean integrados y recluten principalmente a menores venezolanos, además de que ha habido un aumento de desapariciones forzadas de venezolanos y que el tráfico de personas ahora sea de Venezuela hacia Colombia”.

El periodo revisado es el tercero más violento en Catatumbo desde 2010 y ha superado el promedio histórico semestral de casos. Los municipios más afectados hasta ahora han sido Tibú, Teorama y El Tarra.
  

A pesar de que para algunos la construcción de paz inició en el 2016, año en que se firmó el acuerdo con la guerrilla de las Farc, desde mucho tiempo atrás comunidades de todas las regiones del país se han enfrentado a la pobreza, el desplazamiento y la violencia en su diario vivir. Así, desde antes del fin del conflicto, las propias comunidades se han encargado de pacificar sus regiones demostrando una premisa: La paz no se da en el vacío.

En Montes de María y sus corregimientos Mampuján, Pichilín, Libertad y Alta Montaña, ubicados en el caribe colombiano, se desarrolló la investigación que realizaron Julián Barajas, Marcela Pardo, Laura Henao y Chucho Huertas sobre su resistencia ante el conflicto armado, los procesos de reconciliación, construcción de identidad y exigibilidad de derechos. El resultado de este texto muestra la importancia de narrar el trabajo que se realiza en estas comunidades y cómo desde las experiencias territoriales se construye paz.

En unión entre Cinep/PPP y el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación -CRAI de la sede Angélico de la Universidad Santo Tomás de Aquino, se realizará la segunda exposición “Aprendizajes de construcción de paz en Montes de María”, con una muestra gráfica y material del trabajo realizado por la comunidad.  La muestra estará disponible desde el día 16 de octubre y por un mes en el CRAI de la sede Angélico: Cra. 9 #72-90, piso 11. Para finalizar esta exposición, los autores tendrán un conversatorio que contará con la participación del profesor Miguel Zúñiga de la Universidad Santo Tomás. El conversatorio se llevará acabo el día 1 de noviembre de 4:00 P.M.a 6:00 P.M.

Nota: El primer montaje e idea original se llevó a cabo en el marco de la celebración de la Feria del Libro Cinep/PPP y la biblioteca Alfonso Borrero Cabal de la Pontificia Universidad Javeriana, realizada en el pasado mes de agosto.

Como parte de los Informes País Mujeres Rurales, la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Colaition, presentamos el informe Mujeres rurales en Colombia que presenta datos unificados para entender sus condiciones demográficas, los mecanismos institucionales con los que cuentan para la garantía de sus derechos, evidenciamos las múltiples violencias y otras formas de discriminación de las que son víctimas, y visibilizamos sus estrategias de resistencia. Además, ofrece un paquete de recomendaciones para gobiernos nacionales y locales, medios de comunicación y otros actores involucrados en garantizar el acceso a la tierra y otros derechos de las mujeres del mundo rural.

Click aquí para ver el informe Mujeres rurales en Colombia completo

No existen datos suficientes ni muy actualizados sobre la población rural femenina en América Latina y el Caribe, sin embargo, recientes informes (ONUMujeres 2018 y ALOP 2017) dan pistas sobre la continuación de brechas históricas en la garantía de los derechos de las mujeres a nivel global y para el caso específico del mundo rural. Por ejemplo, sólo el 13% de mujeres en el mundo son propietarias de tierras rurales (ONUMujeres, 2018); la población rural de Latinoamérica y el Caribe representaba en el 2015 el 21% de la región, de este porcentaje, la mitad era mujeres, de las cuales el 20% pertenecía a comunidades indígenas y afrodescendientes. En el año 2010, en Latinoamérica y el Caribe las mujeres rurales representaban el 20% de la fuerza de trabajo agrícola, “con diferentes formas de inserción en el mundo laboral; entre ellas, el trabajo por cuenta propia, el trabajo no remunerado y el trabajo asalariado en empresas y otras unidades productivas” (FAO 2017, p. 1).

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, la Iniciativa “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (ILC – Latinoamérica) presenta esta infografía con los datos encontrados en 9 países de Latinoamérica para aportar a la visibilización, desde las cifras, de la situación de las mujeres rurales en la región. 



Además, más allá de las recomendaciones usuales sobre la necesidad de contar con mecanismos, rutas institucionales y espacios de participación para que las mujeres rurales puedan defender sus derechos, estos informes aportan recomendaciones resultantes del trabajo a nivel local impulsado con las mujeres y desde las mujeres. Dichas recomendaciones son útiles y necesarias para distintos contextos e incluyen:
• Se requiere generar instancias de sensibilización en temas de género e interculturalidad en donde participen todos/as los/as funcionarios/as públicos.
• Urge considerar la importancia económica y social del trabajo doméstico, así como su reconocimiento y retribución. En este marco, se requiere que las políticas públicas estén orientadas tanto al fomento de la producción como a la redistribución del trabajo del cuidado.
• Se debe invertir en infraestructura comunicacional favorable a las mujeres rurales de todas las edades y etnias.
• Los medios de comunicación no sólo deben mostrar más la perspectiva de las mujeres, también deben incorporar términos como justicia de género y cuestionar ideas como “el jefe del hogar”.
• Las estadísticas oficiales deben ser situadas: dar cuenta de diferencias etarias, geográficas, de identidad, de estado civil y territoriales (urbanas y rurales).
• Un paso necesario para cambiar la estructura patriarcal del Estado es reconocer que, si bien la elaboración de normas y decretos es importante, es crucial avanzar con su implementación.
• En este escenario, es fundamental que se asignen recursos destinados específicamente a atender las necesidades de las mujeres rurales.

Los Informes País sobre la situación de las mujeres rurales aportan información clave a tener en cuenta en cualquier tipo de iniciativa que implique a las mujeres rurales, e incluyen recomendaciones puntuales para la garantía de sus derechos. Los Informes han sido desarrollados en el marco de la Iniciativa Basada en Compromisos “Mujer Rural y Derecho a la Tierra” que impulsa la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra - América Latina y el Caribe (ILC ALC).

A finales de los años 70 y comienzos de los 80, el Departamento –así se llamaban en esa época los equipos– de Trabajo Rural de Cinep, conformado por León Zamosc, quien lo coordinaba, Silvia Rivera, Diana Medrano y Cristina Escobar, se dio a la tarea de apoyar a la Anuc (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), especialmente a su ala más radical, la llamada Línea Sincelejo, que en ese momento mostraba signos de división y debilidad organizativa así como de reflujo en sus luchas. Además de actividades de acompañamiento y educación, el equipo rural emprendió una desafiante pesquisa sobre la historia de dicha organización.[1] En esa dirección recopilaron la documentación oficial emitida por el Estado y especialmente el Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria), así como la producida por los dirigentes de las distintas organizaciones campesinas, regionales y nacionales. Acudieron también al archivo de prensa del Cinep y del Incora. Y realizaron más de 150 entrevistas a lideres campesinos y funcionarios estatales. Los frutos de esa investigación fueron tres publicaciones y un rico archivo que recogía esas fuentes, que con el tiempo se conoció como el Archivo de luchas Campesinas.[2]

 Investigadores del área rural que reemplazaron a Zamosc y su equipo, guardaron celosamente este archivo no en la Biblioteca, sino en sus oficinas. Algunos tuvimos la oportunidad de revisarlo y así lo reconocimos en respectivas publicaciones.[3] Desafortunadamente la rotación de personal, cambios locativos y decisiones administrativas nada acertadas a mediados del decenio pasado hicieron que el archivo de luchas campesinas se perdiera.

 En 2017 León Zamosc, actualmente profesor de Sociología de la Universidad de California en San Diego, se enteró de esa pérdida y generosamente decidió reponerlo parcialmente entregando algunos de los documentos que guardaba en su “archivo de baúl”, según expresión Orlando Fals Borda. En efecto a comienzos de 2018 hizo entrega a la Biblioteca de Cinep de tres paquetes documentales que fueron rápidamente escaneados para preservarlos por medios virtuales.

 De esta forma el actual Archivo de Luchas Campesinas que presentamos consta de tres secciones: la primera “Documentos varios” contiene, como el nombre lo indica, algunos textos recopilados en la mencionada investigación sobre la Anuc en los años 70; la segunda guarda extractos de cerca de 150 entrevistas a líderes y dirigentes campesinos así como a funcionarios estatales de la época;[4] y la tercera abarca informes de talleres con organizaciones campesinas, hechos en 1983 por los continuadores del equipo rural con la idea de socializar dicha investigación. Esos son las fuentes originales que hoy ponemos a disposición del público, como fue el deseo de León Zamosc al donarlas.

 Mauricio Archila Neira

América Latina: auge de las luchas reivindicativas


Opiniones de algunos sectores de la Anuc-Línea Sincelejo


Entrevistas Base ANUC

________________

[1] Fernán González, “La experiencia del CINEP: una escuela de investigadores, en Fernán González, editor, Una opción y muchas búsquedas, Bogotá, Cinep, 1998, pp. 43-44.

[2] Los libros fueron: León Zamosc, Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años setenta, Bogotá, Cinep, 1982;Cristina Escobar, La trayectoria de la Anuc, Bogotá, Cinep, 1982; y

[3] Tal fue mi caso: Mauricio Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas, Bogotá, Cinep, 2003. Carlos Salgado y Esmeralda Prada también lo utilizaron en su libro Campesinado y protesta social en Colombia, 1980-1995, Bogotá, Cinep, 2000. El último investigador que pudo consultarlo fue Alexander Pereira para su tesis de pregrado sobre Orlando Fals Borda en la carrera de Historia de la Universidad Nacional en 2005.

[4] Allí se encuentran interesantes testimonios de dirigentes sociales y políticos de ese entonces; no deja de ser curioso que algunos de ellos hoy se ubiquen ideológicamente en las antípodas de lo que eran en ese momento.

La Base de Datos de Luchas Sociales de CINEP ha registrado desde 1975 la trayectoria de las luchas estudiantiles que se han dado en el país hasta nuestros días.

Este especial hace un reconocimiento a estas luchas, a los estudiantes que han sido asesinados en la defensa del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, a los maestros y trabajadores de las universidades e instituciones públicas que hacen parte de estas reivindicaciones y al movimiento estudiantil colombiano.

 

Una historia de luchas*

En esta línea de tiempo encontrarás los hitos más importantes de la movilización estudiantil. Desde 1910 a nuestros días, los estudiantes han sido uno de los actores activos de movilización más importantes en Colombia.

 

 

 Radiografía de las luchas estudiantiles : de las motivaciones a los retos.

¿Por qué es importante la movilización hoy?

Mauricio Archila, investigador del equipo de Movimientos sociales y profesor de la Universidad Nacional de Colombia reflexiona sobre algunos puntos importantes para entender la movilización estudiantil del 10 de octubre de 2018.

 

 

*Este especial fue elaborado con la información suministrada por el equipo de Movimientos sociales del Cinep/PPP

Equipo de Movimientos sociales

Mauricio Archila
Martha Cecilia García
Leonardo Parra

Equipo de comunicaciones 

Miguel Martínez
Mónica Osorio Aguiar
Laura Inés Contreras Vásquez

 

Bogotá, 16 de septiembre de 2018

Señor ministro:
En menos de mes y medio usted ha hecho dos pronunciamientos públicos sobre la protesta social. La primera vez, antes de su posesión como ministro de defensa, pidió que ésta fuera ordenada y que representara los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo. Quisiera contarle que la protesta es, ante todo, un acto disruptivo que se despliega en escenarios públicos, mediante el cual grupos diversos expresan demandas o reivindicaciones propias y particulares, motivo por el cual no puede representar los intereses de todos los colombianos. Las protestas son una forma de acción política no institucional que pone en evidencia precisamente las diferencias en el seno de la sociedad. Diferencias culturales, étnicas, de género, generacionales, religiosas, lingüísticas, de capitales políticos, económicos, de posibilidades de incidir en los asuntos que rigen la vida colectiva, entre otras.

Señor ministro: no le tema a la diferencia, es parte de este país rico en biodiversidad, es decir en formas de vidas distintas –humanas y no humanas–, capaces de interactuar. No pida la homogeneidad, nada más aburrido que ser idénticos, nada más patético y antidemocrático que el pensamiento único. No le tema a las multitudes en las calles y en las carreteras, más bien dispóngase al diálogo, a la escucha, a la mirada, al reconocimiento de las múltiples otredades que hacen este país.

La segunda vez que se refirió a la protesta –precisamente a un día de conmemorarse 41 años del Paro Cívico Nacional de 1977– la criminalizó al asegurar que es financiada con los dineros ilícitos de cinco grupos armados organizados. Con tan temeraria afirmación, usted resta la posibilidad de que múltiples y diversos grupos sociales tengan voz y visibilidad, niega la autonomía de grupos, organizaciones y movimientos sociales para expresar desacuerdos, necesidades, propuestas, ocluye la posibilidad del diálogo social al que tantas veces se ha referido el actual presidente y, lo que es peor, termina recordándonos las palabras del ministro Lemos Simonds y el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa en 1990.

Sus tesis en esta segunda intervención me suscitaron muchas preguntas y voy a plantearle algunas, recurriendo a las expresiones que en ella utilizó:
¿Sabe usted cuál de los grupos armados que “corrompen y financian la protesta social” costeó la marcha llevada a cabo en Pereira y Armenia el 13 de marzo de 1998, convocada por el comité intergremial, Fenalco, y la Iglesia Católica por el derecho a vivir, después de una oleada de actos delincuenciales y asesinatos ocurridos en estas dos capitales departamentales? ¿Cuál de esos grupos pagó la marcha convocada por la Cámara de Comercio de Caquetá el 13 de mayo de 2014, en la que participaron comerciantes y sus empleados, y ganaderos, bajo la consigna "Caquetá sí existe", para pedirle al gobierno poner más atención a la reactivación económica del departamento y atender las demandas de los paros para que no los afecte a ellos?

¿Cuáles son las mafias organizadas que siempre han estado detrás de las protestas convocadas por el Centro Democrático contra las Farc y el secuestro (por ejemplo, la del 4 de febrero de 2008) y en contra de las negociaciones de paz con las Farc y por la dignidad de las Fuerzas Armadas llevadas a cabo el 7 de agosto de 2015 y 2 de abril de 2016? ¿Esas mafias también empujaron al partido del presidente actual y a otros promotores del NO a encabezar una marcha para exigir a la mesa de negociaciones de La Habana que se respetara el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016 y se tuvieran en cuenta las propuestas que hicieron, y para mostrar su rechazo a la "ideología de género" del acuerdo? ¿Han continuado financiando al CD que el 1° de abril de 2017 lideró una marcha en Villavicencio, en contra del gobierno de Santos bajo la consigna: "No permitamos que Colombia se convierta en Venezuela"?

Y recurriendo a su buena memoria, sáqueme de una duda, señor ministro: ¿cuáles son las mafias de verdad que fomentaron aquella protesta incitada por militares del Batallón de Infantería No. 40 ‘Coronel Luciano D'elhuyar’, el 29 de marzo de 1992, en El Carmen de Chucurí, con la que se intentó impedir la detención del alcalde de ese municipio y de 26 personas más investigadas por la Fiscalía por presuntamente pertenecer y/o auxiliar a paramilitares? ¿Acaso son las mismas que sufragaron la marcha nacional del 6 de diciembre de 2011, convocada por el Ejército Nacional para exigir a la guerrilla de las Farc ponerle fin al secuestro y que, según dijo el propio presidente de la República, fue una manifestación de rechazo a la violencia?

Podría contarme a mí y a otros curiosos ¿cuáles son las mafias supranacionales que respaldaron al Obispo de Cúcuta cuando lideró una marcha el 11 de octubre de 1984, contra el desempleo, la desnutrición y el analfabetismo? ¿Son las mismas que prohijaron las marchas lideradas por la iglesia católica, en septiembre de 1992, para rechazar la abolición de la enseñanza religiosa en los colegios? ¿Existe alguna relación entre las mafias internacionales que apoyan a dicha iglesia y las que impulsan las protestas de grupos cristianos como las realizadas entre 2005 y 2006 en diversas regiones del país en contra de pérdida de valores, contra el aborto y el homosexualismo, y el “arrodillatón” del 16 y 17 de mayo de 2016 en contra de la decisión de un juez de suspender la práctica de la oración antes de iniciar las sesiones del Concejo Municipal de Cartagena, atendiendo el mandato constitucional de no imponer prácticas religiosas de manera obligatoria?

¿Cuál de los cinco grupos armados organizados que usted mencionó pagó las marchas contra el secuestro llevadas a cabo en diciembre de 1996, convocadas por Francisco Santos, actual embajador en Estados Unidos, y su Fundación País Libre? ¿Cuál mafia corrompió y financió la marcha global citada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el 1° de abril de 1998, contra las formas intolerables de trabajo infantil?
Como estos, hay miles de ejemplos de protestas sociales en la historia reciente del país en los cuales, como he querido mostrar, no se podrían hacer señalamientos como los que usted hizo, que terminan criminalizándolas.
Señor ministro: buena parte de los manifestantes saben que la protesta es un derecho consagrado constitucionalmente. Pero ello no basta. Por eso, lo que también se exige en las protestas es contar con garantías para ejercer este y el derecho a tener derechos como ciudadanos de este país.

Cordialmente,

Martha Cecilia García V.
Investigadora del Cinep

Los próximos 26 y 27 de septiembre en la Pontificia Universidad Javeriana y en el Cinep/Programa por la Paz se llevará a cabo el Seminario Paz 2018 que busca poner en diálogo los proyectos latinoamericanos de construcción e investigación de paz con una mirada decolonial.

Las teorías decoloniales han estudiado la raza, el género, la sexualidad, las fronteras, los movimientos sociales, la subalternidad, el feminismo, la representación y las epistemologías, entre otros temas. Es por esto que, este seminario busca poner en diálogo las teorías del norte global con las construcciones y miradas que se han tejido desde Latinoamérica.

A propósito de este Seminario Paz, hablamos con Erika Parrado, investigadora de la línea de Iniciativas de Paz que ha participado en la construcción de este espacio, en conjunto con la Maestría de Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana.

¿Cómo y por qué nació la idea de este seminario ?

Desde la línea de Iniciativas de Paz veníamos pensando cómo abordar la investigación para la paz desde enfoques que no se centraran únicamente en tomar como referencia los conceptos y los teóricos que tradicionalmente en la investigación para la paz se han utilizado. No porque no sean útiles, sino porque consideramos que su lugar de enunciación es ajeno a las dinámicas propias de los contextos de América Latina.

En ese orden de ideas, pensamos que era importante introducir nuevos enfoques y perspectivas que permitieran entender el porqué de ciertos fenómenos que se dan dentro de los procesos de construcción de paz, por ejemplo, por qué las mujeres utilizan ciertas estrategias en un contexto como el colombiano o por qué el movimiento afro o el movimiento indígena en América Latina ha tenido que enfrentarse a ciertos tipos de violencias que probablemente no ha vivido en otros lugares del mundo.

¿Qué es el enfoque decolonial?

La perspectiva decolonial surge como una apuesta de teoría crítica latinoamericana de muchos investigadores que comenzaron a pensar la forma en la que se estructura el poder y en la que ciertas violencias han incidido en la constitución de ciertos fenómenos políticos en América Latina.

Todo el enfoque decolonial tiene como pregunta principal: ¿qué pasa con el poder? Además,el poder no se puede entender como algo ajeno, como una estructura institucional, sino que el poder, al ser reticular y estar transversal, implica hacerse preguntas por las dinámicas patriarcales que se generan en el contexto latinoamericano por el colonialismo y el neocolonialismo como procesos históricos y políticos y el problema de la modernidad.

A partir de estos tres gruesos analíticos se desprenden una serie de propuestas que involucran temáticas asociadas, por ejemplo, a los feminismos indígenas, a los afrofeminismos, a teorías críticas que involucran el concepto de raza y de etnia y que también abordan de manera particular los fenómenos en términos de metodologías de investigación.  Una de las grandes apuestas de este enfoque es reconocer los saberes de los movimientos sociales, indígenas y campesinos nacidos en las luchas en América Latina, eso lo constituye en una propuesta contra hegemónica para responder a las dinámicas del patriarcado, del colonialismo y de la modernidad.

¿Cuál es la importancia de la investigación para la paz desde y para América Latina?

Tenemos la posibilidad de hablar desde un Centro que  ha pensado otras formas de hacer investigación, que reconoce los saberes que precisamente surgen en los procesos de reivindicación de derechos y, en ese sentido, no es que el tema se haya agotado con el abordaje de la perspectiva decolonial y los movimientos sociales, sino que implica también pensarnos las particularidades de las estrategias y los mecanismos de construcción de paz en lo territorial.

Es decir, cómo desde los procesos mismos de resistencia y de construcción de paz territorial se pueden entender esas otras formas de hacer paz o de construir paces que están atravesadas por la condición de género, por la raza, por la clase, pero también una serie de violencias simbólicas que aparecen y que normalmente no son reconocidas. Es distinto hablar de construcción de paz en Colombia que hablar de construcción de paz en África por fenómenos, contextos y procesos socio históricos distintos, pero también por el elemento cultural.

¿Cómo reelaborar los discursos y prácticas?

No tiene sentido asumir la categoría de investigador experto que llega con un aparataje teórico a intentar entender una realidad que desconoce, sino que sean las mismas personas que viven eso quienes asuman su papel como sujetos activos dentro del proceso de construcción del conocimiento. Eso es una apuesta, de una u otra manera, por volver más difusos los límites entre conocimiento académico y saber popular. 

Por eso es tan importante hacer ejercicios de sistematización de experiencias de construcción de paz que permitan a los propios procesos entender cuáles han sido sus apuestas como organización, como movimiento, como experiencia y qué han hecho ellos para dar respuesta a ciertos contextos violentos.

¿Por qué es importante un seminario como este donde van a converger diferentes movimientos sociales, la academia y organizaciones de la sociedad civil?

  1. Porque permite tejer puentes y establecer espacios de diálogo que permitan el intercambio entre la academia, los movimientos sociales, los movimientos indígenas, el movimiento afro, de mujeres y la sociedad civil en general porque desde allí es que, se pueden reconocer la diversidad de apuestas.
  2. Para entender cómo desde otros campos disciplinares, como los estudios culturales, se han hecho propuestas críticas que tienen mucha utilidad para el campo disciplinar de la investigación para la paz. Entonces, reflexionar sobre la importancia de sobrepasar las barrera del conocimiento en los estudios de paz y reconocer que mucha gente está apostándole a otras formas de investigar esas temáticas que, si bien, pueden nutrirse de los teóricos clásicos o de lo que ya muchos han venido trabajando, también puede entenderse en contextos particulares.
  3. Porque hasta hoy en Colombia ha habido muy pocos intentos por generar un espacio donde desde el enfoque decolonial se aborden temas de paz y es importante ya que la paz se ha entendido y leído con un enfoque muy institucional, muy cercano a la teoría liberal o en enfoques muy micro, que implican lo relacional, pero no necesariamente proponen esas visiones de integralidad de la paz que se ven transversalizadas con los elementos de raza, género y poder. Son pocas las personas que, en el país, intentan trabajarlo desde ese enfoque.

Consulta la agenda de los dos días de seminario aquí

En el siguiente enlace podrás hacer la inscripción para asistir al evento:  https://goo.gl/s3b1yD

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo Comunicaciones

 

Qué debería contener una Ley sobre el derecho a la protesta, y qué tan adecuado es el camino que ha sugerido el nuevo ministro de Defensa

Por: Mauricio Archila* y Martha Cecilia García**

De opositor a promotor

En días pasados, Guillermo Botero, —designado como Ministro de Defensa del gobierno e de Iván Duque— habló sobre la protesta social en la Cumbre Concordia Américas.

No deja de ser sorprendente que el nuevo ministro se refiriera a este tema, en lugar de  los asuntos álgidos, como la ola de violencia contra los líderes sociales, las amenazas a los periodistas, o incluso la persistencia de otras modalidades de la guerra en el campo. Pero aun así debemos reconocer que fue importante poner sobre la mesa el derecho a la protesta y expresar su interés en una Ley Estatutaria que lo reglamente.

Esto llama la atención porque de algún revive un proceso que se había estancado en el Congreso y que venía del Acuerdo de Paz: el proyecto de Ley Estatutaria sobre garantías para la movilización y la protesta que surgió del punto 2 del Acuerdo con las FARC, en cuya redacción participaron varias organizaciones sociales coordinadas por tres ONG (Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia y Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep), un proyecto que Santos había presentado  para trámite por la vía del “fast track”.  

Al parecer el Congreso se abstuvo de tramitar aquel proyecto debido a la resistencia de los gremios y de sectores de las Fuerzas Armadas. Es curioso que ahora sea Botero, el “eterno presidente” de la Federación Nacional de Comerciantes  (Fenalco) y el entrante ministro de Defensa, quien propone ocuparse del asunto.   Pero esta tardía coincidencia se disipa cuando Botero sugiere las líneas gruesas de la ley en cuestión: “En el ámbito social respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo…”

Está bien que se respete la protesta social, pues es un derecho fundamental consagrado en los artículos 37, 19, 20 y 40 de la Constitución, pero el resto de la sucinta de la declaración del ministro no puede ser aceptado por la ciudadanía en general ni -en especial- por los integrantes de movimientos sociales en Colombia. En este análisis  distinguiremos dos puntos polémicos: el ordenamiento de la protesta y los intereses que representa.

Al final propondremos algunas precisiones sobre las cifras de Cinep que el entrante ministro citó en su intervención, pues no se ajustan del todo a los de nuestra Base de Datos de Luchas Sociales.

Ordenamiento de la protesta

Aunque el ejercicio del derecho a la protesta necesita de una regulación u ordenamiento que lo garantice, también es cierto que con ese “ordenamiento” se corre el riesgo de anular ese derecho.

De nuestros estudios y análisis históricos se sigue que la protesta es una de las formas principales de participación ciudadana en Colombia, y que en la gran mayoría de los casos, ella transcurre de manera pacífica. La gente suele acudir a la protesta en situaciones o momentos límites, cuando se agotan otros canales de participación o expresión del descontento ante situaciones injustas o excluyentes.

Por eso mismo la protesta no siempre es planeada, menos aun cuando se trata de respuestas espontáneas ante actos de violencia, como cada vez con más frecuencia está sucediendo hoy con los líderes sociales.

El ideal es por supuesto notificar con anticipación a las autoridades, para que estas puedan acompañar a los manifestantes y efectuar los ajustes necesarios para la movilidad en las ciudades y regiones.

Pero no siempre es posible anunciar de antemano el lugar o la hora de una movilización, y en todo caso la ausencia de notificación no debe traducirse automáticamente en la ilegalización de la protesta. Poner un requisito perentorio de ese tipo sería cercenar el derecho a ejercer la protesta, pues, como dijimos, no siempre es planeada.

¿Qué intereses debe representar la protesta?

El entrante ministro de Defensa afirmó que la protesta no debe responder a los intereses de pequeños grupos sino al de todos los colombianos.

No entraremos en la exclusión gramatical del género femenino, pero ya hay un sesgo en la expresión “todos los colombianos”. Botero hace ese llamado apelando al interés general, que por demás es muy difícil de determinar, a menos que se suponga -como ha ocurrido a lo largo nuestra historia- que los gremios empresariales son quienes representan esos intereses.

Por otro lado, excluir los intereses particulares es anular la protesta. Precisamente, la protesta recoge la posibilidad de expresión de intereses particulares que, obviamente, deber ser debatidos y acordados en escenarios públicos más amplios.

No hablemos en abstracto, basta con pensar en la abundancia de casos de trabajadores a quienes no se le paga su salario a tiempo, de estudiantes a los que se les cae la escuela o les faltan maestros, de enfermos que no reciben atención en los hospitales porque están a punto de quebrar, de campesinos violentamente desterrados de sus tierras, de indígenas a quienes se les niega su cultura propia, o de afrodescendientes a quienes no se les reconocen sus territorios.

En fin, innumerables episodios cotidianos que muestran los pequeños y grandes desajustes de nuestra sociedad. ¿Cómo pedirles que atiendan a los intereses de “todos los colombianos”? ¿Quién determina esos intereses? Pedirlo es una forma más sutil, pero igualmente directa, de anular la protesta. Escondida tras el deseo loable de proteger los intereses generales,  la ciudadanía queda sumida en el silencio porque se ignoran sus reclamos particulares – tan particulares, en efecto,  como son los reclamos de los gremios en legítima defensa de sus propios asociados-.

Cifras sesgadas y lecturas convenientes

Ahora bien, para sustentar el proyecto de Ley sería bueno contar con una lectura acertada de las cifras de protesta que Botero ofreció en su breve presentación. Más que por purismo académico, lo sugerimos para evitar sesgos y lecturas descontextualizadas de las mismas.

El texto transcrito por los medios de comunicación dice que: “las protestas vienen en aumento: de acuerdo con las cifras del CINEP, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1.019”. Ante todo, debemos precisar que esas cifras no coinciden con nuestros datos que arrojan 827 protestas para 2010 y cerca de 760 para 2016.

Ahora, más que quedarnos en los números, nos preocupa el mensaje que está en el fondo de la frase citada. Podríamos preguntarnos por qué tomar una cifra supuestamente baja en 2010 para contrastarla con una pretendidamente alta en 2016.

O por qué no decir, por ejemplo, que en 2007 hubo 1.016 protestas, en su mayoría motivadas por los derechos humanos. Es cierto que las protestas han aumentado desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe, y que la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013, el año del “tal paro agrario”.

Pero no es cierto que bajo el gobierno Santos se hubiera producido un desborde inusitado de las protestas, como si en cambio su antecesor la hubiera tenido controlada y ordenada. Las cifras nunca son puras y menos su interpretación, pero en este caso el sesgo es más que evidente, ¿por qué? Claramente, para legitimar la intervención sobre un fenómeno que parece estar saliéndose del cauce.

Aunque esto tampoco es cierto, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Luchas Sociales en Colombia 1975-2016

 

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Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep

Por todo lo anterior nos preocupan las declaraciones del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero. Aunque compartimos la necesidad de una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía de la protesta, diferimos de los brochazos que lanzó en su propuesta en ese foro público.

Tendremos que esperar que esa propuesta se plasme en un proyecto de reforma que se pueda someter a examen más detallada. Por ahora, como va, no garantiza el derecho fundamental a la protesta sino que apunta a reprimirla y anularla.

Creemos que si el nuevo ministro de Defensa honestamente quiere promover una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía a la protesta, no sólo debe pensar en las objeciones que le formulamos sino comprometerse a consultar, de manera amplia, a las organizaciones sindicales y sociales para llegar a consensos para consolidar la democracia.

Así podrían superarse, como promete el nuevo presidente, las polarizaciones en el país. Entretanto, declaraciones como las comentadas, no son el camino para lograr esos acuerdos fundamentales.

 

*Ph. D. en Historia, Profesor titular de la Universidad Nacional e investigador del  Cinep/PPP.

**Socióloga con maestría en Urbanismo, investigadora del Cinep/PPP.

Artículo publicado en Razón Pública el 23 julio de 2018

 

En Tumaco, la sociedad civil le ha perdido el miedo a los violentos

Como una máquina de hacer banderas, unas diez mujeres están reunidas al atardecer en la Diócesis de Tumaco. Producen en masa y con rapidez los mensajes que utilizarán los tumaqueños que saldrán al otro día a las calles. Se ha declarado día cívico y el comité impulsor de la marcha Tumaco, unidos por la vida y la justicia espera que salga a las calles toda la población del municipio.

Los últimos dos años han sido complejos para la realidad de los habitantes de Tumaco y en especial para los que habitan la costa pacífica nariñense. El orden público se ha visto alterado por la inferencia de diferentes grupos armados, por el control que tienen en la zona los narcotraficantes, las amenazas, extorsiones, reclutamiento de jóvenes y recientemente, el asesinato en territorio fronterizo de los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio de Ecuador, adjudicado a alias ‘Guacho’.

Entre marzo y abril los grupos armados ilegales han derribado cinco torres de energía y dejaron 15 días sin servicio de electricidad a los 250.000 habitantes del municipio. En lo que va de 2018 el oleoducto Trasandino ha sido blanco de 11 atentados, el más reciente afectó las corrientes de la quebrada La India y el río Caunapí, en el corregimiento de la Guayacana a tan solo 40 minutos del municipio de Tumaco.

No es la primera movilización que se realiza en el municipio ni la última que veremos en este año. El comité de impulso, conformado por sectores del comercio, por varias organizaciones sociales y por la Diócesis de Tumaco planean seguir manifestándose en otras capitales del territorio nacional y si es necesario llegar a Bogotá con sus exigencias para el Gobierno nacional y el mensaje a los armados a que paren la violencia.

Las mujeres organizan los mensajes que cada una llevará a sus respectivos puntos en la marcha y poco a poco va quedando en silencio la Diócesis. Se escuchan a lo lejos los cantos de la misa de las seis de la tarde y las motos que pasan en la calle más cercana a la casa. Olga recoge el colbón, los recortes de papel, organiza las sillas y comienza a cerrar puertas y a apagar las luces. Su oficina es oscura y está llena de papeles y revistas. Hay un mapa grande de Nariño junto a su computador y en una biblioteca hay varios ejemplares de ¡Que nadie diga que no pasa nada! la revista que el Observatorio de Derechos Humanos de la Diócesis de Tumaco publica cada seis meses con las cifras de violencia política que, desde allí, Olga registra y compila.

Cuando le pregunto cómo se siente, me mira a los ojos y respira profundo. “Es frustrante porque le toca a uno registrar todos los casos. Yo llego a mi casa abrumada con dolor de cabeza registrando, analizando, escribiendo informes con una cosa y otra. Con ganas de saber que lo que estoy haciendo ayuda a que otras personas sepan lo que está pasando en el territorio. Que miren que, en Tumaco, a pesar de tener tantas cosas violentas, se realizan acciones que ayudan a reivindicar la vida en el territorio”.

Olga Rojas es una morena joven de sonrisa amplia. Además de su trabajo en la Diócesis, hace parte del grupo de Teatro por la Paz, que nació en la Comisión de Vida, Justicia y Paz en 2009. El grupo de teatro es la parte visible de los casos que registra la revista Noche y Niebla del Cinep/Programa por la Paz, me dice Olga. “¿Qué hace el grupo? Toma algunos casos, los más representativos de violencia que tiene el municipio y los representa por vía teatral. Utiliza el arte para visibilizar y sensibilizar lo que pasa en el territorio, en los nueve municipios. Toca temas de desplazamiento forzado, violaciones, feminicidios, todos esos temas sensibles para la comunidad y ayuda a que la comunidad sea consciente. Lo que pasa es que muchas personas han perdido esa sensibilidad”.

El trabajo de las mujeres en Tumaco es intenso. El movimiento por la vida, es abanderado por ellas. En las parroquias son ellas quienes lideran las campañas de prevención al reclutamiento y en la Pastoral Social, son mayoría. Olga afirma que “las mujeres en la historia de Tumaco, hemos tenido un rol especial. Somos las que estamos en los espacios de difusión, de discusión y las que abanderamos los procesos de movilización desde las parroquias, motivando para que la gente pueda asistir”. Sin embargo, ha sido difícil organizarse como sociedad civil en el municipio. El trabajo que están realizando actualmente les apunta a los jóvenes, pues son ellos quienes están sufriendo las consecuencias inmediatas del traslado de las dinámicas del conflicto a sus barrios y entornos más cercanos.

“Usted va a los barrios y los barrios están solos, la gente se encierra a las siete de la noche y ya no sale. En marzo hubo cuatro asesinatos por balas perdidas. Uno no sabe si su casa es segura a tal punto que una bala perdida la pueda alcanzar. Si una discoteca es segura porque puede estar una persona diferente y puede entrar a asesinarlo como ya pasó en una discoteca acá en Tumaco, si el andén de su casa es seguro. En el mes pasado, cuatro integrantes de un grupo armado que todavía no se han identificado, por toda la avenida férrea, empezaron a disparar a toda la gente que estaba afuera, entonces uno dice bueno, ¿en qué estamos?”.

Los jóvenes están desertando de las instituciones educativas y están ingresando a los grupos armados. Se parquean en las esquinas con armas afuera, haciendo vigilancia. Contrastes que, para ser la Región Perla del Pacífico, no se pueden normalizar, afirma Olga.

Al otro día, Olga se ve más tranquila que la noche anterior. Está atareada y sonriente. El Teatro por la Paz de Tumaco sube a la tarima y las actrices, algunas víctimas del conflicto armado, acompañadas de un niño y otros jóvenes, comienzan la puesta en escena. Cantos, alabaos y arrullos; máscaras, trajes coloridos y cuerpos que narran sus memorias y las de otros se presentan ante más de 2.000 personas que llenaron la vía principal del municipio.

No hay cámaras. A las 2:00 p.m. todo vuelve: el ruido de motos y la multitud vuelve a su rutina. Bogotá queda a 1.121 kilómetros de distancia. Del Estado se ven las botas militares en las calles y la Defensoría del Pueblo que acompañó a la marcha ese día.

En el avión, vuelvo a Olga quien decía: “En una reunión que tuvimos, me llamó mucho la atención que uno de los ponentes decía que la sociedad civil le ha perdido el miedo a los violentos. ¿Qué más puede uno entregar si ya hemos dado casi todo para que esto cambie?”. Y yo, ¿qué tanto he entregado? ¿Qué más puedo dar?

 

Miremos a Tumaco hoy*

Contrario a muchas regiones que han sido afectadas históricamente por el conflicto armado, Tumaco y gran parte de la costa pacífica se insertó de manera tardía al conflicto armado en el sentido en que fue más resultado contingente, no previsto, de las decisiones estratégicas del Estado nacional para combatir a la insurgencia y una respuesta o una adaptación de las guerrillas para evadir esas decisiones en materia de contrainsurgencia.

En ese sentido, cuáles son los dos elementos que caracterizan la situación actual: primero, una importante presencia de cultivos ilícitos como respuesta a las políticas estatales de erradicación de cultivos y con ellos fue una población colona que es migrante y flotante, que va detrás de esta economía ilegal. Segundo, que producto de esa estrategia contrainsurgente y su “éxito”, lo que se dio fue el agazapamiento, refugio e inserción de las guerrillas en esta zona. ¿Por qué? Si bien el gobierno de Álvaro Uribe fue exitoso en pacificar las zonas más integradas, fue todo un fracaso a la hora de derrotar las insurgencias en las zonas más marginales del país.

En este sentido, con el traslado de los cultivos y de las estructuras armadas, las guerrillas se volvieron, de cierta manera, garantes y controladores del orden social, porque, a diferencia de otras zonas del país marginales, Tumaco no era ni si quiera el margen o la frontera del país sino es lo que hemos llamado en las investigaciones, la frontera dentro de la frontera. En los años 90 estas zonas eran caracterizadas por ser un remanso de paz, donde no había muertes relacionadas con la violencia política o con las economías ilegales, pero producto de lo anterior, todo eso cambió.

Con la inserción de los cultivos ilícitos, con la llegada de la población flotante y con las anomalías que se produjeron social y culturalmente, los actores armados encontraron una posibilidad de volverse unos actores importantes en materia de control y regulación. Las FARC nunca habían recibido grandes golpes en esta zona, eran un ejercito fuertemente constituido con capacidades de control que si bien no tenian buenas conexiones con la población garantizaban una cierta estabilidad en el ordenamiento local y sobretodo en la zona de presencia de cultivos ilícitos.

Una vez se desmovilizan las FARC hay una serie de disidencias que emergen, bien por estar en desacuerdo o persiguiendo el lucro personal, ya que son los cuadros medios los que tienen capacidades de controlar no solamente a la población sino todos los eslabones asociados a la economía de la coca.

En ese sentido se ve que ellos están replicando lo que hacían las FARC en años pasados, es decir, mantener un control social en el sentido que no se produzca delincuencia común, dirimir tramites de la vida cotidiana de los pobladores (linderos, parejas, etc.), garantizarle a la población un minimo de subsistencia que viene de la coca y satisfacer esas aspiraciones de ascenso social que no se dan en estas regionales marginales porque no hay oportunidades para la mayoría de la población.

Al revisar más allá es claro, por ejemplo, que el mayor empleador de esta zona es el Estado colombiano y eso dice mucho de las condiciones económicas y sociales de esta parte del país. En este sentido, las disidencias no tuvieron que improvisar o innovar porque volvieron a replicar lo que estaban haciendo.

Dos cuestiones hacen del pacífico nariñense un territorio tan problemático:

  1. El proceso de victimización que han sufrido los procesos organizativos, sociales y comunitarios que también revelan un impedimento estructural de esas insurgencias: nunca se pudieron conectar con las demandas locales y las reivindicaciones afro. El marxismo no ‘pegaba’ con ese elemento de identificación y eso se evidencia en los altos niveles de violencia, que se han replicado en días pasados en contra de quienes cuestionan el orden armado de las disidencias, quienes se oponen o quienes se atreven a mantener un contacto con el Estado. El mejor caso es el asesinato de líderes que han estado a favor del proceso de restitución y sustitución.
  2. Sin duda alguna el pacífico nariñense no hubiera sido tan importante si alias ‘Guacho’ no hubiera tomado la decisión de asesinar a los periodistas y al conductor ecuatoriano, eso es lo que hace relevante el caso de Tumaco en este momento. A lo que se suma la intervención estatal para el tema del manejo de la protesta social sobre el que tuvimos un antecedente nefasto: la masacre que se produjo en la zona del Alto Mira y frontera en octubre de 2017. En ese sentido, en lo que nos encontramos ahora es que tenemos un área de frontera, que el Estado no puede copar el territorio ni garantizar ni regular ni controlar los aspectos cotidianos de la vida local.

En ese sentido las operaciones militares lo que muestran es lo inefectiva de la intervención estatal porque se supedita a intervenciones puntuales para ‘apagar incendios’, pero no para acabar con las posibilidades que tienen una oferta bienestarista de regulación de una economía ilegal como es la que se viene dando con las disidencias y la economía de la coca. Es decir, no se han creado círculos económicos virtuosos que abran una ventana de oportunidad para crear nuevas maneras de ascenso social. Mientras no se produzca eso, la coca y la vida en la guerra van a ser una oportunidad y una opción viable para los jóvenes en Tumaco.

Vivir en Tumaco

Tumaco es pequeño en el casco urbano, pero es el tercer municipio más grande del país. Habría que hacer diferencias. La vida militarizada en Tumaco no se refleja en algunas zonas que son más integradas a la vida nacional como la zona centro. Son barrios marginales que precisamente reproducen problemas estructurales de la sociedad colombiana, como, por ejemplo, la migración del ámbito rural hacia las zonas urbanas para huir de esa violencia. La respuesta o la inadecuada respuesta del Estado hace que se perpetuen y se puedan dar ofertas vinculatorias a economías ilegales y a los grupos armados.

Sin duda alguna, Tumaco se ha movido para integrarse al país desde los años 90 con, por ejemplo, la carretera que lo comunica con Pasto, la electricidad y otros servicios que anteriormente eran inimaginables que estuvieran, pero no es suficiente y en esto tiene una gran influencia el conflicto armado. Lo que se ve es que el accionar de estos grupos está afectando más a la vida general de la población con la voladura de torres electricas o de oleoductos, pero es algo contingente y de la vida local.

Qué dice la movilización social

El mensaje es al Estado exigiendo intervenciones estatales integrales y, por otro lado, es un mensaje a los armados en el que les dicen que sus métodos y formas de proceder están afectando la vida de la población y esto puede superar nuestro umbral de tolerancia frente a su orden y presencia.

 

*Texto elaborado con base en entrevista realizada a Andrés Aponte, coordinador del equipo de Estado, conflicto y desarrollo.

Laura Inés Contreras Vásquez 
Equipo Comunicaciones Cinep/PPP

 

En el mes de junio invitamos a celebrar, reconocer y luchar por los derechos del campesinado nacional, mujeres y hombres que buscan pervivir en el territorio conservando las semillas nativas y criollas como base para la soberanía alimentaria y la autonomía económica de las comunidades. Por lo anterior presentamos el documental: Los Colores del Maíz, que recoge el proceso de declaratoria del municipio de San Lorenzo, Nariño, como Territorio Libre de Transgénicos ¡Por las Semillas, el Territorio y la Vida!

Esta es una iniciativa liderada por la Red de Guardianes de Semillas de Vida en el marco del convenio Construyendo Paz con Equidad desde Nariño y en articulación con las organizaciones de mujeres, líderes y comunidades pertenecientes a la Red de Familias Lorenceñas Las Gaviotas, la Pastoral Social de la Tierra, entre otros.

La propuesta sigue caminando desde las comunidades, quienes avalaron con sus firmas el acuerdo, siguen con la recuperación de semillas criollas y vigilan el ingreso de nuevas semillas que vienen desde el exterior, además, le apuesta a nuevos Territorios Libres de Transgénicos en diferentes zonas del país buscando caminar hacia una Colombia libre de cultivos transgénicos. 

El Convenio de Cooperación para el Desarrollo: “Fortalecer y visibilizar a las mujeres, a través de sus organizaciones y redes, y apoyar sus iniciativas de desarrollo local y construcción de paz, en Colombia”, denominado “Construyendo Paz con Equidad desde Nariño”, código: 14-CO1-332, es ejecutado por el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP/PPP, quien es el socio local de la Fundación Humanismo y Democracia – H+D, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de ese país, cuyo trabajo se enfoca en las organizaciones pertenecientes al socio local como es Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano – FUNDESUMA, y aliados en territorio como Pastoral Social de la Tierra y Red de Guardianes de Semillas de Vida – RGSV.

 

Realización:

  • Lizeth Guerrero
  • Juan Carlos Revelo Piarpuzán
  • Jorge López Moreno
  • Alba Portillo

Musicalización:

  • Urku Nina

Compositores:

  • Pablo Tisoy
  • Diego Artemio Barrera
  • Juan Manuel Delgado
  • Agrupación Sihuar