Areas de Trabajo

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El 4, 5 y 6 de abril se desarrollará en Bogotá el VIII Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias: “Lecturas críticas, voces diversas y horizontes políticos en el mundo contemporáneo”. Durante tres días un público variado y de diferentes lugares de América Latina reflexionará sobre la memoria y la historia oral, sus usos, metodologías, experiencias, procesos investigativos, en un ambiente lleno de contradicciones.

Este encuentro estará a cargo de las organizaciones miembro de la Red Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO), entidad académica de Latinoamérica y el Caribe para la articulación, intercambio y difusión de la investigación. Este año, Colombia celebrará el Bicentenario de su independencia por medio de ceremonias institucionales, oficiales y gubernamentales, lo que hace que este tipo de encuentros tengan una relevancia en un país como Colombia en donde se están dando actualmente varias tensiones y disputas por el tema de la memoria.

Como Colombia será país anfitrión, se darán a conocer nuevos trabajos sobre lo que distintas comunidades han expresado acerca de la violencia política por el incumplimiento de buena parte lo que se acordó con las Farc. Así, se reflexionará acerca de distintas investigaciones sobre el pasado reciente que se abordan desde la historia y la memoria con diferentes formatos comunicativos y artísticos como la danza, la literatura, la fotografía, los videos y el teatro.

Entre los invitados están:  Vera Carnovale, doctora en Historia, docente de la Universidad Nacional San Martín e investigadora Adjunta del CONICET; Raúl Zibechi, escritor, periodista y activista uruguayo que se ha dedicado al trabajo con movimientos sociales en América Latina; Pere Petit, presidente de la Asociación Brasilera de Historia Oral (ABHO) y Josefina Vásquez Awad, trabajadora Social de la Universidad Industrial de Santander, con maestrías en Antropología y Antropología Visual  de Universidad Católica de Lima, entre otros.

A propósito del contexto latinoamericano, investigadores sociales se están planteando preguntas sobre el modelo neoliberal en el continente, las crisis económicas que han tenido varios países y el aumento de propuestas políticas neoconservadoras que llegaron al poder y que no han temido en utilizar cualquier método para mantenerlo. Con estos cambios también han surgido transformaciones, como las pérdidas de las conquistas de los trabajadores a principios de siglo XX o el cambio del sueño americano a una pesadilla para millones de latinos. La Historia que se está escribiendo a partir de esos cambios pasará inevitablemente por la oralidad.

Muchos investigadores, comunidades, docentes, entidades, universidades y colectivos utilizan la historia oral en su amplia gama de posibilidades para realizar investigaciones. Es por eso que el VIII Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias será un espacio en el que se podrá fortalecer la construcción de redes de trabajo sobre estos temas, establecer un espacio para la divulgación de los aportes de la investigación y la enseñanza de historia oral y memorias y debatir los horizontes políticos de América Latina a la luz de las lecturas críticas sobre la historia en el mundo contemporáneo.

Para conocer más sobre el VIII Encuentro Internacional de Historia Oral y Memorias consulta: http://colectivohistoriaoral.org/

 

Laura Cristina Vásquez

Equipo de Comunicaciones

En Colombia la población total de jóvenes entre los 14 y 18 años ascendió a 12 millones de personas, de las cuales cerca del 22% corresponde a jóvenes rurales. Mujeres y hombres campesinos, indígenas y afrodescendientes que permanecen olvidados e invisibles. Este especial quiere mostrar la diversidad, pluralidad, riqueza y vitalidad de las juventudes rurales.

Más allá de ser mano de obra para el campo, las juventudes rurales son actores sociales capaces de comprender, opinar y participar. No obstante, existe una tendencia a invisibilizar sus apuestas y capacidades de acción como sujetos sociales y políticos. De ahí, la reducida oferta de servicios que se orienta a fortalecer su papel como productores potenciales.

Las juventudes rurales no son homogéneas. Existen diversidad de problemáticas, potencialidades, sueños y expectativas de los y las jóvenes en el campo. La marginalidad histórica que ha tenido el campesinado y el mundo rural en las agendas políticas ha hecho que se desconozca la diversidad cultural de las personas que habitan los territorios rurales en Colombia, entre esos, los más jóvenes. 

Esa diversidad debe ser entendida en su complejidad. Los jóvenes que habitan el campo tienen distintas opiniones, experiencias, valoraciones y expectativas que deben ser reconocidas.  Desconocemos cómo son percibidos y cómo se perciben las juventudes rurales, su valoración del campo y de la ciudad, sus propias ideas de desarrollo y bienestar. Este desconocimiento se expresa en la ausencia de políticas públicas que reconozcan el papel de los jóvenes como sujetos transformadores del campo y que promuevan su acceso a la tierra y condiciones dignas que permitan su permanencia en los territorios.

Este especial es una oportunidad para superar la ignorancia y evitar que se continúen imponiendo unos pocos caminos que parecen inexorables y que replican y potencian relaciones de dominación derivadas del mundo urbano, del mundo rural y del mundo adulto.

Los "ninis" del campo 

En Colombia la situación de los jóvenes del campo es alarmante. Las cifras del Censo Nacional Agropecuario de 2014 han puesto en evidencia el bajo acceso a la tierra por parte de los jóvenes rurales. La población joven productora y residente rural que manifestó tener tierra en cualquiera de sus formas constituyó solo el 0,3 % de la población censada y el 2,3 % de la población de jóvenes rurales del censo. La tasa de desempleo para las jóvenes es considerablemente superior: mientras el 8 % de los hombres jóvenes en el campo ni estudian ni trabajan (los llamados ninis), la proporción es cinco veces mayor para las mujeres, es decir del 42 %.  La situación de desigualdad laboral guarda relación con la maternidad temprana, pues una de cada cinco mujeres adolescentes, entre 15 y 19 años de edad, está embarazada (19,5 %) o tiene uno o más hijos. Todo esto sin mencionar el acceso a otros servicios como la educación, salud, infraestructura donde es posible establecer las carencias profundas que experimentan los jóvenes rurales.

 

Lo que debe saber sobre la política pública

Aunque significativos, todos los avances legislativos han sido insuficientes para incorporar a los jóvenes rurales en las agendas públicas. De hecho, todavía hoy no existe una estrategia integral de política pública para la juventud rural. La legislación existente oculta la diversidad de sus problemáticas, potencialidades y expectativas, a la vez que invisibiliza su riqueza cultural, étnica y campesina. A continuación, presentamos siete puntos que usted debe saber para entender en qué va la política pública para las juventudes rurales en Colombia.

 

Entre lo rural y lo urbano, así vivimos la ruralidad

En el Valle del Cauca la vida cotidiana de los jóvenes en el campo comprende la participación en las labores de la parcela familiar y el desarrollo de proyectos productivos propios, en permanente contacto con las cabeceras municipales y con otros municipios. Otra es la experiencia de los jóvenes que hacen parte de una generación que ya no habita el campo, debido a la migración de su familia, o porque su vida ha transcurrido en la cabecera de estos municipios. En estos casos, los vínculos con los territorios rurales se crean a través de las relaciones familiares, las memorias, y la tierra que aún hace parte del patrimonio familiar. Estas son juventudes rurales híbridas.


“Yo siempre he dicho que el departamento del Valle es como un Colombia chiquito, porque tiene desde Buenaventura que está al nivel del mar hasta Barragán que está ubicado en el municipio de Tuluá que es páramo” Deisy Rivillas oriunda de San Lorenzo en Tuluá es una de las jóvenes del Valle del Cauca que, a través de su propia voz, narra su vida y trayectoria como mujer campesina en esa región. Escucha aquí la diversidad de voces jóvenes que habitan el Valle del Cauca:

 

Entre el agua y la tierra, anfibios crecemos 

Las características de los paisajes ribereños marcan las experiencias de los jóvenes de Río Viejo, Norosí y Tiquisio. Los jóvenes resaltan las experiencias de tranquilidad y libertad del campo, y expresan preocupación por las amenazas de los procesos extractivos, especialmente la minería.

Norosí sobresale dentro de los tres municipios por la producción de oro, es el tercer productor de la región y ha ganado importancia la minería a gran escala. Los tres municipios están distantes de los centros urbanos más importantes de la región y sus pobladores enfrentan dificultades de transporte y conectividad para acceder a algunos servicios.

Para los jóvenes del Sur de Bolívar Las experiencias están marcadas por prácticas vinculadas a la tierra y al agua, donde la producción de alimentos y el componente ambiental son referentes en la relación que construyen con sus territorios. Estas son juventudes rurales anfibias. 

Jorge Noguera se dio cuenta de que su proyecto de vida está en el campo. Cuenta que hasta hace poco llegó la luz eléctrica a su comunidad y actualmente desarrolla un proyecto con gallinas ponedoras. Está convencido de que el estudio es la puerta para abrir nuevos caminos para los jóvenes que viven en el campo. ¿Cómo suenan los Jóvenes del Magdalena Medio? escúchalos aquí: 

 

 Soy de aquí y soy de allá, el intercambio nos mueve  

En Norte de Santander se presentan brechas y profundas desigualdades entre el campo y los centros urbanos, la guerra y las diversas y cambiantes expresiones de la violencia circunstancias derivadas de la condición de frontera, se manifiestan con gran intensidad, los municipios de Norte de Santander se enfrentan a procesos de reconfiguración territorial bastante complejos que están impulsados por motores como los cultivos ilícitos, la producción de palma de aceite e hidrocarburos.

Por otra parte, la condición de región fronteriza con Venezuela constituye un elemento de primer orden, Cúcuta es el centro urbano más importante en esta zona y Tibú, comparte el límite con el Estado venezolano de Zulia. Al tratarse de la frontera más extensa que posee cada país, el intercambio entre ambos es muy dinámico, situación que engendra una enorme fragilidad, pues las actividades económicas y posibilidades para sus habitantes, se alteran al vaivén de las relaciones entre los dos países y las condiciones que se viven en uno u otro lado.


La experiencia de los jóvenes que habitan el campo en Tibú y Cúcuta está marcada por la movilidad entre territorios rurales, urbanos y trasnacionales. La experiencia de los jóvenes que habitan la zona rural de estos municipios combina las prácticas construidas en el lugar que se habita con el intercambio que sucede a través de la frontera con Venezuela. Estas son juventudes rurales en movimiento. 

Nereyda está convencida que el campo es vida. Es estilista, madre cabeza de hogar y lidera algunos procesos comunitarios. Las marcas de la violencia atraviesan la historia de vida de sus seres queridos y de algunos compañeros jóvenes, como ella que solo sueñan con un campo en paz. Así como Nereyda, hay muchos jóvenes en Norte de Santander que hacen parte de los cambios que se están dando en sus comunidades. Escucha cómo están cambiando el campo los jóvenes de Norte de Santander:

 

Sonrisas, sueños, historias: el rostro joven del campo 

 

Tres libros clave para entender las juventudes del campo en Colombia 

Mapeo de identidades y expresiones juveniles rurales. ¿Quiénes y cómo son los jóvenes que habitan el campo?

Este documento contiene los resultados de un estudio de exploración de las identidades juveniles rurales realizado con jóvenes de diez municipios de los departamentos de Norte de Santander, Valle del Cauca y Sur de Bolívar. Aquí se presenta una aproximación a los intereses, experiencias y valoraciones de los jóvenes, así como las condiciones que agencian o demandan para permanecer en el campo.

Entre la recocha y el deber. Experiencias y valoraciones  de los jóvenes del campo

Poco sabemos sobre las experiencias, expectativas y deseos de las juventudes rurales. Comprender la pluralidad de sus historias y sueños, en medio de conflictos, pobreza y políticas fallidas, es el primer paso hacia su reconocimiento e inclusión, y hacia procesos de transformación y reconstrucción del campo colombiano.

 


Ser joven rural en Córdoba. Otras formas de sentir y pensar el territorio 

Preguntarse por la juventud rural es pensar en el presente y en el futuro de la ruralidad misma. Los jóvenes también tienen problemáticas, expectativas y apuestas de cambio para el campo colombiano y, en la medida en que existan condiciones para la permanencia en sus territorios, acceso suficiente a tierras, oportunidades laborales y de formación, entre otros, pueden convertirse en un actor importante para el fortalecimiento organizativo y comunitario, la producción de alimentos y la disminución de la pobreza e inequidad en sus territorios, en resumen, para la construcción de la paz territorial.

 

Lee también: 

Un campo para la juventud rural - Blog Cien Días vistos por Cinep/PPP en El Espectador.com 

Notas importantes:

  • La equidad de género en el lenguaje es una de las preocupaciones de las organizaciones que participan el presente proyecto. Sin embargo, con el fin de evitar la sobrecarga gráfica, en el documento optamos por utilizar en algunas ocasiones el masculino genérico en el entendido de que alude a hombres y mujeres jóvenes.
  • El contenido de este especial es responsabilidad exclusiva de IMCA, CINEP/PPP y SJR y en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Ana María Castillo
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes:
Laura Cristina Vásquez y Sergio Mahecha
Asistente de publicaciones: Natalia Católico

Las mujeres rurales en Colombia han sido históricamente una población invisibilizada y marginalizada. La débil presencia del Estado en sus territorios en cuanto a la garantía de derechos básicos, los roles de género tradicionales de las poblaciones asentadas en el campo y la situación de violencia generalizada producida por el conflicto armado interno han contribuido a agudizar las violencias basadas en género contra ellas. Este es un informe de carácter exploratorio que da a conocer un panorama general de los diferentes tipos de violencias basadas en género que afectan a las mujeres rurales en distintos escenarios. La información aquí presentada fue recopilada a través de datos de fuentes oficiales, hallazgos de investigaciones previas y entrevistas a integrantes de la Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas y la organización Sisma Mujer[1].

Lee aquí el informe completo: 

[1] Organización de carácter feminista que busca contribuir a la consolidación del movimiento de mujeres en Colombia. Desde 1998, Sisma Mujer trabaja desde un enfoque jurídico y de derechos humanos por la ampliación de la ciudadanía de las mujeres y por su empoderamiento individual y colectivo (Sisma Mujer, s.f.).

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El pueblo colombiano ha sufrido millones de crímenes puntuales e individuales, aunque miradas más escrutadores pueden descubrir conexidades que se multiplican y van revelando proyectos de exterminio o de neutralización más sistemáticos, que miran a modificar las fuerzas sociales y políticas en favor de intereses inconfesables.

Hay, sin embargo, casos mucho más explícitos de represión que no ocultan sus objetivos de exterminar grupos, comunidades u organizaciones enteras, o al menos reducirlas a una total impotencia, inacción o parálisis, sin ocultar los esfuerzos por cooptarlas; por transformar su naturaleza misma; por someterlas a otros parámetros de pensamiento y de acción; por forzarlas a ajustarse a las costumbres sociales y políticas del contexto; por reducirlas al statu quo.

Hace cerca de 22 años se configuró en el Urabá antioqueño una comunidad de campesinos cuyo distintivo central fue DECIRLE NO A LA GUERRA, no porque antes sus integrantes hubieran estado involucrados en ella consciente y libremente, sino porque vivían en un territorio donde imperaba el principio: “el que no está conmigo, está contra mí” y donde el campesino era forzado a colaborar con un bando o con otro o con ambos y era castigado e incluso asesinado si era descubierto en esas colaboraciones por el bando contrario. Una de las fuerzas allí implicadas era el mismo Estado, no sólo
a través de su fuerza pública sino también a través de las estructuras paramilitares, las cuales actuaban y aún hoy actúan, a la luz del día, en connivencia con las fuerzas estatales y utilizan los métodos más criminales.

La proclamación pública de la COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ realizada el 23 de marzo de 1997, trajo como reacción inmediata un despliegue atroz de violencia por parte del Estado y de sus estructuras paramilitares. También la guerrilla de las FARC reaccionó en un principio con violencia, si bien la inmensa mayoría de sus represalias fueron ejecutadas por un comandante de Compañía (alias ‘Samir’) quien actuó durante varios años como infiltrado del ejército, hasta su deserción de las FARC
en 2008. Desde la misma semana de su presentación pública (Semana Santa de 1997) la política de exterminio contra la Comunidad de Paz no ha cesado durante más de dos décadas transcurridas; por el contrario, se han ensayado todos los métodos conocidos de exterminio, los cuales se registran en esta publicación, siguiendo la diversidad metódica de las atrocidades y su secuencia cronológica.
De acuerdo con las categorías jurídicas mediante las cuales la comunidad internacional ha ido clasificando y graduando la gravedad de los crímenes de alcance universal, no queda duda alguna que este caso se inscribe en la modalidad de GENOCIDIO , pues toda la jurisprudencia internacional, antigua y reciente, autoriza a hacerlo. En un momento en que el Estado colombiano ha creado nuevos instrumentos de verdad y justicia y en que la comunidad internacional observa con atención la efectividad de esos instrumentos, se entrega este compendio concreto a la sociedad y
a la humanidad, conscientes como somos de que muchos episodios se escaparon del registro por múltiples razones. Al ofrecer este compendio, lo hacemos como un nuevo clamor de verdad, de justicia y de garantías de no repetición.

Javier Giraldo Moreno, S. J.
Bogotá, noviembre de 2018

Descarga el informe aquí

 

 

 

En el departamento de Boyacá se encuentra ubicada la Provincia de Lengupá, tierra colindante con el departamento de Casanare, el cual desde hace largos años se ha visto afectado por los distintos conflictos armados que han surgido en el país, dejando incontables víctimas en el territorio.

En esta ocasión, en la catorceava entrega de Caso Tipo, el equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP compiló las voces de algunas personas de la región como un ejercicio de recuperación de la memoria y de dignificar las voces de las víctimas que padecieron la violencia a lo largo de estos años. Los testimonios aquí presentados narran los hechos ocurridos desde los años cincuenta hasta el 2005.

 Algunos de los temas recurrentes de esta publicación giran en torno a la guerrilla conservadora de los Chulavitas y las agresiones que ejercieron sobre los habitantes de esta región y su expansión hacia el Casanare. También narra cómo Ecopetrol, a partir de 1969, con los hallazgos de los pozos de Cupiana y Cupiagua, propició la colonización del Casanare a través del boom del petróleo que se dio en esa región y la conformación de este como departamento.

A su vez en Miraflores, capital de la provincia, se desarrolló, como lo dicen las autoras del último capítulo del libro, “una gramática del sufrimiento” (Espinosa, 2007) ejercida por los paramilitares con actos violentos de desaparición, sufrimiento, secuestros y persecución política, etc.

Por último, vale la pena resaltar las aproximaciones a la violencia armada en esta provincia con algunos casos paradigmáticos, como por ejemplo el de Fernando Ortiz quien fue reclutado por los paramilitares y logró escapar. Esta narración fue tomada de La libre belgique y traducido del francés por Javier Giraldo M., S.J.  

Este documento es un ejercicio de aproximación a los hechos de violencia sucedidos y relatados por sus propios pobladores, entre ellos, quienes vivieron descarnadamente el horror perpetrado por organizaciones paramilitares: sobrevivientes, ex-alcaldes, ex personeros, líderes sociales y ciudadanos de a pie. El cuerpo del texto recoge, de manera relevante, los testimonios de las víctimas en un múltiple ejercicio, en el que se libera carga emocional, se sanan heridas, se recupera la confianza, se reconstruye el tejido social, se genera autonomía, se visibiliza el territorio ante el Estado- nación, y también se genera auto reconocimiento.

Consulta Hilando voces, tejiendo memorias. Tras las huellas de las violencias en Lengupá

Del 18 de febrero al 8 de marzo se llevarán a cabo las reuniones del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en Ginebra, Suiza. En esta ocasión el comité revisará el estado de los derechos de las mujeres en: Angola, Antigua y Barbuda, Botswana, Colombia, Etiopía, Serbia y el Reino Unido.

En Colombia fueron 70 las organizaciones sociales que se articularon para crear un informe alternativo que diera cuenta de la grave situación en términos de garantías de derechos que enfrentan las mujeres rurales y campesinas del país. Estas organizaciones realizaron la verificación a las observaciones finales de los informes periódicos 7º y 8º combinados de Colombia y al 9º informe periódico presentado por el gobierno colombiano ante el Comité CEDAW, entre otros documentos. Con estos insumos construyeron el primer “Informe Sombra” específico de mujeres rurales y campesinas de Colombia, que se presentó el 18 de febrero en la 72º Sesión del Comité CEDAW.

En este evento participó Diana Sauna de la Comunidad Wiwa de la Sierra Nevada y en su intervención alertó e hizo un recuento de los 7 casos de comunidades de mujeres rurales que en Colombia ejemplifican la violación de derechos a varios niveles y en diferentes partes del país por parte del Estado, las empresas y los actores armados.  Marlen Alfonso de la Plataforma de incidencia política de mujeres rurales colombianas también tuvo un espacio en donde se centró en cuatro puntos principales: La inequidad en la estructura económica pauperiza el trabajo de las mujeres rurales, el Sistema Estadístico Nacional no integra indicadores de género, el Estado colombiano restringe los mecanismos de participación de las mujeres rurales y campesinas, persiste una adopción de marcos legales regresivos en materia agraria y económica.

Después de las intervenciones de las organizaciones de la sociedad civil en Colombia, el CEDAW hizo preguntas específicas al Estado colombiano a partir de lo discutido el pasado 18 de febrero con las organizaciones. Se esperan las recomendaciones finales de parte del comité para todos los países, el lunes 11 de marzo.

Lee aquí el informe completo: 

El 11 de marzo el Comité Cedaw hizo públicas sus observaciones al Estado Colombiano. Destacan entre ellas la insistencia en la implementación del Acuerdo de Paz con miras a la garantía de los derechos de las mujeres rurales, la protección a las defensoras y la necesidad de avanzar en la formulación de indicadores desagregados y diferenciados geográficamente pues sólo a través de estos se podrán desarrollar políticas que realmente protejan a las mujeres. En el caso específico de las mujeres rurales y campesinas, el Comité llama la atención sobre la necesidad de estrategias para fortalecer la participación de estas mujeres en instancias de negociación, planeación y toma de decisiones, y de medidas para aumentar el acceso a tierras.

 

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El 29 de enero dos integrantes de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación de Malí y representantes de la organización Abogados sin Fronteras visitaron el Cinep/PPP para intercambiar experiencias sobre cómo se reconstruye la memoria de las víctimas.

Malí, ubicado en el noroccidente de África, fue escenario de un conflicto que inició en enero de 2012. Tuaregs y grupos armados islamistas del norte se aliaron y lograron tomar el control de toda la mitad norte del país. Declararon la independencia de la zona conquistada, lo que llevó a un golpe de Estado militar el 22 de marzo en la capital, Bamako, y al derrocamiento del presidente Amadou Toumani Touré. En el sur la fragilidad política era evidente y el norte quedó bajo control de dos bandos que entraron en conflicto: el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA) por parte de los Tuaregs, y tres grupos islamistas radicales: Ansar Eddin, el Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental (Mujao) y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

Este nuevo conflicto causó el desplazamiento de más de 400,000 personas al sur del país y a países vecinos como Burkina Faso, Argelia, Mauritania y Níger. El ejército, que había nombrado una junta militar provisional tras el golpe de Estado, realizó varios ataques en contra de la población civil en su lucha por frenar las acciones del MNLA. Fuerzas de seguridad torturaron arbitrariamente a quienes creían que pertenecían al grupo islamista y la junta militar detuvo a opositores políticos.

Los grupos armados aprisionaron, torturaron y asesinaron a decenas de soldados del ejército. Durante y después de la toma de poder en el norte, secuestraron a mujeres y niñas en campamentos militares donde luego fueron agredidas sexualmente. El grupo AQMI prohibió la enseñanza del francés y la educación conjunta entre niños y niñas, e incendió todos los colegios y bibliotecas de Kidal. La Comunidad Económica de Estados del África Occidental (Cedeao), con ayuda de la ONU y gobiernos como los de Francia y Estados Unidos, intervino militarmente para recuperar el norte, acción que generó más desplazamiento forzado y violaciones de derechos humanos.

En el 2014 se aprobó la creación de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación y un año después los grupos rebeldes del norte firmaron un acuerdo preliminar de paz con el Gobierno de Malí, conocido como el Acuerdo de Paz de Argel de 2015. Dos representantes de esa Comisión visitaron el Cinep/PPP junto a representantes de la organización Abogados sin Fronteras para intercambiar experiencias y metodologías de investigación y reconstrucción de la memoria de las víctimas en procesos de transición.

Cinep/PPP compartió algunos elementos del trabajo que adelanta el equipo de Derechos Humanos, especialmente, la metodología del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política que desde hace 30 años registra casos de violaciones a los derechos humanos, infracciones al DIH, intolerancia sociales y hechos de violencia política como: desapariciones, detenciones arbitrarias, amenazas, atentados, torturas y desplazamiento forzado, entre otros. 

Según los representantes de la Comisión de la Verdad de Malí, su trabajo consiste en investigar grandes violaciones de derechos humanos, hacer seguimiento a los hechos, sus presuntos autores y recoger las distintas versiones de las víctimas para integrar todas las voces al relato. Grupos armados, religiosos, mujeres y sectores políticos están representados en la Comisión de la Verdad, lo que le da legitimidad y credibilidad.

Los Comisionados indicaron en el diálogo con Cinep/PPP que la Comisión en Malí representa una esperanza para muchos pues de todos los mecanismos creados es uno de los que mejor ha funcionado; sin embargo, el mayor problema que enfrentan es que el conflicto sigue activo y existe mucha polarización. Según ellos, la sociedad espera de la Comisión un aporte a la reconciliación en un país en el que la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) registró el año pasado 252 casos de violaciones de derechos humanos con un total de 650 víctimas.

Colombia transita por un proceso de implementación de acuerdos en el que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es también una esperanza de reconciliación; sin embargo, es un reto colectivo romper la dinámica de la guerra y pensar en colectivo, en lo que nos hace iguales.

Tanto la situación de Malí como la de Colombia demuestran que en un escenario de transición debe existir esclarecimiento sobre lo ocurrido y su complejidad; se debe reconocer a las víctimas como personas a las que se les vulneraron sus derechos y como sujetos políticos para la reconciliación;  y se debe entender el territorio como un espacio social y político transformador. En el diálogo fue evidente que en ambos casos las Comisiones creadas son necesarias para reconstruir la memoria de las víctimas, garantizar las condiciones de convivencia entre todos los miembros de la sociedad, y crear las bases para la no repetición, la justicia, la reconciliación y la paz estable y duradera.

 

Laura Cristina Vásquez 

Equipo Comunicaciones

 

Por: Luz Elena Patarroyo López, Silvia Pabón Tobón y Luis Enrique Galeano Huepa*

Son alarmantes las cifras de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima sobre continuidad en el sistema educativo entre 2009 y 2018 en los municipios del sur del departamento. En Rioblanco, el 81 % de niños y niñas que estaban en 2° en 2009 no llegaron a 11º en 2018. Lo mismo sucedió en Ataco, donde la tasa de deserción escolar es del 78 %. En Planadas y Chaparral, el 75 % y el 71 % respectivamente no culminó la educación básica ni media.

Los tres niveles de la educación formal
• Inicial: Comprende mínimo 3 grados obligatorios (0, -1 y -2). El Ministerio de Educación (MEN) ha implementado el grado 0 en aproximadamente un 30 % de la cobertura nacional.
• Básica: Tiene una duración de 9 grados, 5 en primaria y 4 en secundaria.
• Media: Son 2 grados (10 y 11).

 

 

En medio del debate generado por la crisis en la educación superior y la masiva movilización social que lideran estudiantes y docentes, vale la pena dirigir la atención hacia la educación básica y media de las regiones. Aunque la discusión se ha centrado en la exigencia de garantías para una educación universitaria pública de calidad, es necesario instalar en la agenda los datos de deserción en municipios como los del sur del Tolima. Esto evidencia una realidad más compleja, en la que miles de jóvenes se quedan sin ingreso a instituciones de educación superior porque no culminan la media. Identificar las causas de deserción escolar en la educación secundaria y media puede orientar a la construcción de políticas públicas que garanticen el acceso y la permanencia. Presentamos cuatro posibles motivos de esta compleja realidad.

1. La precariedad de las condiciones socioeconómicas de las familias rurales obliga a que niños, niñas y adolescentes dejen sus estudios para trabajar. Al respecto, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para la subregión está muy por encima del promedio departamental y es casi el doble del promedio nacional. Rioblanco tiene el IPM más alto.

IPM del Sur del Tolima[1]

Fuente: Elaboración propia con cálculo del Departamento Nacional de Planeación, Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida (DNP-Spscv) con datos del Censo 2005.

 

2. El café, el cacao y otros productos agrícolas son el sustento económico de la mayoría de familias rurales en la subregión, por lo que su estancia en un lugar concreto depende de la cosecha. Los niños y niñas cambian de escuelas debido a esta situación, lo que genera atrasos o pérdida del interés por los estudios.

Otro punto: los jóvenes se inscriben en centros privados que les ofrecen terminar sus estudios a través de modelos de bajo costo semipresenciales y por semestres, generalmente de baja calidad. No tener acceso a procesos de aprendizaje actualizados y pertinentes produce frustración.

Municipio Porcentaje promedio de extraedad
Rioblanco 13%
Ataco 13%
Planadas 10%
Chaparral 9%

Fuente: SED Tolima, datos para el periodo 2009-2018.

No todos los factores de la deserción escolar están asociados al contexto familiar y socioeconómico. Algunos responden a insuficiencias del sistema educativo.

3. La más evidente es la precariedad de recursos destinados a educación rural. Las instituciones educativas públicas en zonas rurales no cuentan con infraestructura adecuada, vías, transporte escolar, alimentación de calidad, docentes ni recursos pedagógicos, entre otros, que garanticen el acceso y permanencia de niños, niñas y jóvenes del campo.

4. La incapacidad del sistema educativo de adaptar sus modelos de enseñanza al contexto rural.

Municipio Deserción rural en 10º y 11º Deserción en Media Rural
Ataco 20% 23%
Rioblanco 18% 21%
Planadas 19% 19%
Chaparral 12% 15%

Fuente: SED Tolima, datos para el periodo 2009-2018.

Por ejemplo: a pesar de que en los cuatro municipios se ha implementado el modelo de Educación Media Rural, en teoría el idóneo en el campo por su enfoque productivo, no ha tenido el suficiente impacto positivo para integrar a los jóvenes con sus proyectos de vida y contrarrestar la deserción. En algunos casos, el porcentaje promedio de deserción escolar bajo este modelo es mayor que el de deserción en general en 10° y 11°-incluyendo todos los modelos educativos-.

*Equipo del Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) - Artículo de opinión publicado por Semana Rural 

Este informe es un documento construido con base en los registros e información aportada por las organizaciones participantes en un ejercicio de aproximación a determinadas variables identificables referidas a las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y de defensoras y defensores de derechos humanos, así como, en algunos casos, a las de sus allegados y otras personas que rodean su labor. De ninguna manera pretende dar cuenta de la totalidad de casos ni abarcar de manera holística la integralidad de una realidad compleja que seguramente excede en lo cualitativo y en lo cuantitativo a lo expuesto en el texto; tan solo es una aproximación al fenómeno abordado teniendo en cuenta algunos elementos comunes identificados, con base en los registros de casos aportados por las organizaciones participantes, que resultan útiles en la identificación de patrones y de correlaciones entre variables concretas.

Lea aquí el informe completo. 

 

 

Boyacá es uno de los departamentos que ha silenciado la violencia vivida. Poco se sabe de las masacres allí perpetradas por los paramilitares y de las víctimas de este conflicto político social. En este departamento y, especialmente, en la provincia de Lengupá, la memoria del conflicto está por construirse.

Es por eso que desde hace cinco años cada 10 de diciembre la comunidad y varias organizaciones sociales vienen promoviendo una Peregrinación que tiene como objetivo “recordar para transformar el territorio”. El pasado lunes, Día Internacional de los Derechos Humanos se sumaron voces, memorias y caminantes en esta Provincia con la comunidad de los municipios de Miraflores, Zetaquira, Campohermoso, Berbeo, San Eduardo, Rondón y Páez para enaltecer la memoria de las víctimas del conflicto armado y para exigir al Estado que se reconozca en el conflicto armado la responsabilidad de los paramilitares y de la fuerza pública.

 Guillermo Cruz es habitante de la región y miembro de la Corporación Tejiendo de Miraflores, su voz y su memoria estuvieron presentes en el camino. “Viví y padecí el paramilitarismo, visible desde el 90 y hasta el 2005. La peregrinación es la forma de revivir los actos que ocurrieron para ayudar a esclarecer la verdad”. Según este testimonio en Lengupá se hizo creer a la comunidad que allí había guerrilla para justificar la incursión paramilitar, pero “aquí no hubo enfrentamientos sino fue un ataque de unos actores armados contra una población inerme, indefensa, ingenua (…) entonces asesinan a mucha gente que participó en actividades electorales relacionadas con la Constituyente del 91”.

Para Guillermo Cruz aún se viven los efectos del conflicto, pues la desconfianza reina en la región, “aquí se fraccionaron las familias, pues algunas personas se aproximaron a los paramilitares tratando de cuidarse, algunos fueron informantes, pero otros se negaron. En las mismas familias se encuentran víctimas y victimarios”.

 

Las voces de las víctimas de Lengupá se suman a otras voces que hoy claman justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. “En este proceso lo que se quiere es la verdad. Las víctimas no luchan porque les den un dinero sino por saber la verdad y saber qué pasó”, afirma Guillermo Cruz. En este mismo sentido se expresó Tatiana Triana, una de las caminantes de la Corporación Cospacc, al señalar que “es necesario enaltecer las vidas de las víctimas, sus memorias, sus historias y su legado. Estamos exigiendo verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición porque el perdón no significa renunciar a los derechos que tienen las víctimas”.

La Peregrinación se concibe como un espacio de encuentro en el que se teja nuevamente la confianza entre los habitantes del territorio, a partir del reconocimiento de las diferentes versiones de la verdad. Guillermo Cruz, indica que “con estas actividades se ha logrado explorar y contar qué pasó y cómo lo vimos. Al confrontar las versiones vamos encontramos un norte y lo importante es que en estos encuentros aparecen cada vez más personas y más verdades que motivan a explorar”.

Estos encuentros han favorecido el diálogo y el reconocimiento del otro y se han convertido en una forma para recordarle a la región lo que pasó y así afectarla, en el sentido de crear conciencia y reconstruir la memoria del territorio no desde la razón sino desde el corazón, desde lo humano que es el rostro del otro, así lo expresó Luis Orlando Pérez, S.J., integrante del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP, quién caminó junto a la comunidad y presidió los actos religiosos.

Según Pérez, “en este lugar asesinaron, ejecutaron y torturaron a muchas personas en medio del silencio y del anonimato sus gritos no se escucharon (…) Nuestra presencia lo que hace es solidarizarse con ese grito de ayuda que es escuchado el día de hoy y ese grito recibe justicia pues no se queda solo, está acompañado”. Así las voces, las memorias y los caminantes se encuentran no solo para recordar, sino para transformar sus relaciones con la comunidad y con el territorio y, como lo expresó Guillermo Cruz, lograr que la solidaridad derrote a los victimarios.

 

Mónica Osorio Aguiar

Equipo Comunicaciones