Areas de Trabajo

Areas de Trabajo (171)

Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, las regiones más golpeadas por el conflicto armado sufrieron grandes transformaciones territoriales, sociales, económicas y culturales. Tumaco es uno de los municipios del pacífico nariñense que ha vivido esta transición de la violencia al posconflicto, por un poco más de tres años. En la actualidad, vive uno de los panoramas más complejos, no solo por su economía cocalera sino por, paradójicamente, la agudización de la violencia y otras conflictividades después de que las FARC se desplazaran del territorio.


En el informe “Transformaciones del conflicto armado y conflictividades sociales en San Andrés de Tumaco”, elaborado por Cinep/PPP, el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Convivencia del Distrito de Tumaco y el Observatorio de Derechos Humanos de la Diócesis de Tumaco, en el marco del proyecto de “Identificación de prácticas adecuadas de respuesta institucional para promover la convivencia en los territorios” financiado por USAID, se analizan las dimensiones y se hace un balance de las transiciones que ha vivido el territorio y del conflicto armado.


En Tumaco, las FARC y los grupos paramilitares llegaron en los años 2000 victimizando a la población civil. Al finalizar la década, se dieron desmovilizaciones de los grupos paramilitares que las FARC aprovecharía para reclutar personas para que hicieran parte de este grupo armado. Actualmente, si bien con la firma de los Acuerdos hubo una disminución sustancial de la violencia en razón del conflicto armado, esta disminución no se refleja por otras acciones violentas del territorio. Se han creado nuevos grupos armados como “Los Contadores”, “Oliver Sinisterra” y “Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP)” que buscan recuperar las economías ilegales y las acciones de control que tenían las Farc en el territorio. Por otro lado, hay bandas criminales que operan en los barrios y que han incidido en el aumento y desborde de la violencia, “en la dinámica de su disputa territorial hay una clara intención por acudir a un tipo de violencia que los haga menos visibles y menos expuestos penalmente” se menciona en el informe.



Aunque estas bandas mantienen cierto control territorial, internamente no pasan su mejor momento, no tienen una organización definida, o ese ejercicio de control muchas veces es arbitrario dependiendo del mando, lo que evita un relacionamiento efectivo con las comunidades, aunque tengan el discurso de “protectores del barrio”. De esta manera, las presiones a comunidades afro e indígenas también aumentan, la violencia y las amenazas empiezan a dirigirse contra los liderazgos sociales. Otra de las consecuencias de la cohesión de estos grupos armados que funcionan en los barrios, es el desplazamiento, la extorsión, el microtráfico y el consumo de drogas.
La poca oferta laboral y académica que tiene Tumaco es aprovechada por los grupos armados para atraer población joven: ofrecen dineros y vida fácil a cambio de colaboraciones o total ingreso al grupo armado, en el informe se menciona que “poco menos del 5% de los tumaqueños que termina su bachillerato logra ingresar a una universidad”.



Así las cosas, en el territorio se van agudizando cada vez más las conflictividades sociales y la implementación de los Acuerdos de la Habana, como el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) uno de los más importantes en todo el municipio donde se encuentran inscritas más de 16.000 familias. Sin embargo, el programa enfrenta ciertas problemáticas e incumplimientos, lo que deja mucho que pensar en su impacto a largo plazo y la disminución sustancial de las hectáreas de coca. La comunidad vive un momento de incertidumbre frente al programa, con el cambio de gobierno ha crecido la desconfianza, por falta de voluntad política, hay retrasos en los pagos, desaceleración de la verificación de hectáreas, entre otras problemáticas.



Por otro lado, según las comunidades, la deforestación se ha ido expandiendo de forma significativa, hay tala de árboles indiscriminada, así como también una expansión palmera que ha reavivado el conflicto entre empresas y comunidades negras. Otra de las dificultades a las que se enfrentan, es el acceso al agua potable por problemas en la infraestructura de acueductos del municipio.
De esta manera, son muchas las crisis y problemáticas a las que se enfrentan, no solo la comunidad de Tumaco, sino, las regiones que se encuentran en posconflicto. Las transformaciones en los territorios son inevitables, pero desde el trabajo que realizamos en el Cinep/PPP creemos firmemente que no podemos permitir que las comunidades sigan siendo amedrentadas por medio de la violencia, el miedo, la amenaza, el desplazamiento, las desapariciones forzadas. Es necesario juntar esfuerzos de instituciones, organizaciones locales y nacionales para que se implemente una agenda de trabajo desde la política local que permita transformar esas dinámicas del conflicto que siguen golpeando a la comunidad de Tumaco.


Publicaciones

 

 

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Equipo de comunicaciones

Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Periodista asistente: María Fernanda Vera
Periodista asistente: Deivyd Manrique


Colombia y Latinoamérica atraviesan momentos tensos. Movilizaciones y acciones colectivas son el cotidiano de la población. Aunque sean diferentes los contextos y coyunturas de cada país, la responsabilidad para los medios de comunicación es la misma, pues su rol informativo debería ser capaz de abarcar las demandas, las exigencias y las posiciones de todos los actores, organizaciones y comunidades involucrados. En esta entrevista, Ana María Restrepo, investigadora del equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP, responde dudas acerca del rol y las responsabilidades de los medios de comunicación con respecto al cubrimiento de las protestas y las acciones colectivas. Además, hace un análisis del impacto, propósito y dificultades que tiene la protesta en el país y cómo esta se relaciona directamente con las formas en las que los medios informan estos hechos.

¿De qué manera el cubrimiento de los medios en las protestas sociales puede legitimar o deslegitimar los discursos?

Ana María Restrepo: Si el cubrimiento se reduce a registrar el disturbio o las afectaciones, por ejemplo en el caso de bloqueos de vías, no solo deslegitima sino que desinforma. En la mayoría de cubrimientos de los medios masivos de comunicación poco se habla de las demandas de las organizaciones y poco se escucha la voz de líderes y lideresas. En muchos casos, las movilizaciones no tienen que ver con movimientos que tienen una trayectoria sino también con reacciones de las comunidades a situaciones en las que otras vías no han servido para solucionar sus problemas. Por ejemplo, en las luchas sociales se recurre a los bloqueos de vías porque las otras formas de demandar soluciones no han sido escuchadas. Si los medios solo informan la coyuntura del bloqueo, la afectación, la marcha o el disturbio, no solo deslegitiman, sino que reducen la movilización social a una acción que en muchos casos puede ser violenta. Las comunidades dicen, “nosotros no salimos a marchar pensando en que haya violencia” y muchas veces esta violencia surge por la confrontación y la contención de la protesta de modo violento por parte del ESMAD, que finalmente atiende órdenes de los gobiernos locales o del Gobierno nacional.

Por otra parte, los medios alternativos y las mismas organizaciones han empezado a informar mucho mejor sobre sus demandas: producen información constante que muestra el proceso de la movilización, el avance en las negociaciones, de dónde vienen. En nuestra base de datos de luchas sociales, el principal motivo de movilización, actualmente, son los incumplimientos, por parte de gobiernos locales, departamentales o nacionales, de acuerdos que dieron fin a movilizaciones anteriores. Entonces, informar todo el proceso permitiría comprender el motivo de la movilización y permitiría legitimar a la movilización social como una forma de participación política.

La estigmatización, criminalización e invisibilización son características del cubrimiento de los medios en hechos de protesta social ¿cuál es el efecto de esto en la sociedad?

AMR: Esto tiene un efecto muy grave, y creo que en este momento lo estamos viviendo con más fuerza porque se construye un marco cultural en el que es negativo protestar y se concibe la posibilidad de encarcelar a los líderes, de negar el derecho a la protesta, hasta lo que estamos viendo como el asesinato de líderes y lideresas sociales. Lo anterior no es solo responsabilidad de los medios, también es del Gobierno nacional. En el Gobierno actual hemos escuchado a muchos funcionarios negando el derecho a la protesta o tergiversando las demandas y las acciones de las organizaciones.  Eso genera un panorama negativo en un país al que le falta mucho para comprender la importancia de que las organizaciones, las comunidades y la ciudadanía salgan a manifestar sus demandas, porque en muchos casos es la única forma de llamar a los gobiernos a que solucionen cuestiones como una vía dañada o un acueducto que no garantiza su derecho al agua.

¿Qué tipo de actor son los medios de comunicación a la luz de las acciones de protesta?

AMR: Los medios de comunicación deberían ser un actor que informe y que incluso facilite la resolución de los conflictos sociales, no solo dando voz, principalmente al que dice tener la solución, sino también tratando de entender compleja e históricamente la situación que llevó a esa organización o esa comunidad a manifestarse. Además, los medios no dan a conocer que las comunidades y las organizaciones no solo se quejan, también son propositivas e identifican a quien deben dirigir sus demandas; por eso reconocen un adversario que es aquel responsable del conflicto que los afecta o con el que se puede construir una solución. No se trata de la definición de un enemigo, sino de recurrir a las acciones colectivas contenciosas para poner en lo público una conversación o un debate sobre lo que les afecta.

Es importante diferenciar a los medios alternativos porque son un actor que se implica en la movilización. Los medios alternativos, las redes sociales y los medios de comunicación de las propias organizaciones han empezado a aportar eso. Un caso muy interesante es el paro agrario del 2013, en el que mientras los medios masivos solo estaban informando sobre las afectaciones al abastecimiento de alimentos en Bogotá, estos otros medios empezaron no solo a informar sobre las demandas sino también sobre las acciones de violencia por la contención de la protesta, lo que generó solidaridad urbana con ese campesino boyacense que se estaba manifestando, ese pequeño o mediano productor. Una solidaridad urbana, también, de los jóvenes que se vio a través de las redes sociales y eso obligó a que los medios masivos nacionales tuvieran que complejizar su forma de informar sobre esta movilización. A partir de ahí en la base de datos de luchas sociales de Cinep/PPP notamos que se empezaron a cubrir mejor algunas de las protestas.

En la base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP, que lleva 40 años haciéndole seguimiento a la protesta social. Creemos que para comprender bien una movilización es necesario identificar ¿quién la convoca?, ¿quiénes participan?, contra quien están dirigiendo sus demandas –eso habla de esta cuestión propositiva y además de la posibilidad de negociación–, ¿cuáles son esos motivos? en la voz misma de los manifestantes –eso es muy importante para entender no solo la razón de la lucha sino qué se entiende por la exigencia de ese derecho–. Otra cosa importante es que los medios deberían hacerle seguimiento a las protestas: ¿a qué acuerdos se llegaron? ¿Qué pasó después? Es una forma de veeduría. Todo esto ampliaría la compresión sobre la protesta en el sentido de que la ganancia de un derecho peleado por las organizaciones sociales es una ganancia para toda la sociedad.

 

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones

Los diversos movimientos sociales del país han convocado para mañana 21 de noviembre una jornada de paro nacional en contra de una serie de iniciativas gubernamentales, como los anuncios de reforma laboral y pensional y la renuencia sistemática a la implementación integral de los Acuerdos de Paz.

Como CINEP/Programa por la Paz asumimos la misión de apostar por la vida y trabajar por una sociedad justa, equitativa y en paz. En concordancia con dicho propósito saludamos esta movilización nacional e invitamos al conjunto de la sociedad colombiana a movilizarse masivamente.

Aunque el gobierno insiste en que no ha presentado los proyectos, los pronunciamientos de miembros del gabinete del presidente Duque respecto a las reformas pensional y laboral preocupan de sobre manera. En el caso de las pensiones, la iniciativa de marchitar Colpensiones para fortalecer los fondos privados de pensiones pretende resolver la crisis del actual sistema poniendo por encima del derecho a una pensión digna las ganancias de los dueños de los fondos. La experiencia internacional demuestra el fracaso de la privatización de las pensiones y la necesidad de concebir esta como un derecho, y no como un “ahorro individual” al margen de cualquier principio de generosidad y solidaridad intergeneracional.

Respecto a la reforma laboral, las pretensiones de permitir la contratación por horas, de reducir el salario mínimo para jóvenes menores de 25 años y de implementar salarios mínimos diferenciados por regiones implican la profundización de una política de reducción de costos laborales como herramienta para enfrentar el desempleo y la informalidad. Esta estrategia no ha dejado de fracasar en Colombia pues profundiza los males que pretende aliviar, así como la desigualdad social. Existen alternativas que pasan por concebir la protección y aumento del poder adquisitivo de las y los trabajadores como foco de la dinamización de nuestra economía.

Por otra parte, el gobierno nacional insiste en la implementación a paso de tortuga de los Acuerdos de Paz, renunciando del todo a su implementación integral y desfinanciando los programas e instituciones que de dicho acuerdo emanaron. Hoy vivimos las consecuencias nefastas de esa orientación gubernamental con la profundización de la violencia y la militarización de nuestros territorios, abundantes casos de ejecuciones extrajudiciales y el asesinato sistemático de líderes sociales.

Durante los días y semanas previos a la jornada de movilización, desde el gobierno y el partido de gobierno se ha pretendido instalar un ambiente de zozobra y pánico; se ha acudido a medidas como la militarización de ciudades y a allanamientos de hogares y sedes de promotores de la movilización, incluyendo colectivos artísticos y medios de comunicación.

Frente a estas iniciativas de talante autoritario, solo cabe recordar que el derecho a la protesta es esencial a una democracia, y es deseable y esperable en una sociedad como la nuestra, que se esfuerza por superar la violencia y por construir un orden social más justo y equitativo.

Según la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la cifra de refugiados y migrantes venezolanos superó los cuatro millones en 2019. Esto ejemplifica lo que Francisco Alfaro Pareja, doctor en Estudios de Paz y Conflicto, denominó una “crisis humanitaria, multidimensional y compleja” en el evento Diálogo y negociación en Venezuela organizado por Cinep/PPP y el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana.

La lectura actual de la crisis en Venezuela, normalmente, se remonta a la caída del petróleo en 2014, que dejó sin recursos al país, y más recientemente al debate político entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó; sin embargo, para Alfaro la crisis posee unas raíces más profundas en la historia del país. Según señala el académico se trata de “un conflicto político largo en el tiempo donde Venezuela pasó de ser una democracia liberal a un autoritarismo hegemónico y en medio de eso tuvo una dinámica de regímenes híbridos que le permitió transitar progresivamente e incluso utilizando la democracia mayoritaria o plebiscitaria para llegar a esa deriva”.       

Este paso entre estas formas de gobierno se ejemplificó en la interpretación y aplicación en la legislación. Entre 1983 y 1999, el país hacía uso de la Constitución de 1961. En 1999, Hugo Chávez propuso una nueva constitución que se aceptó por medio de elección popular, esta dividió al país en dos: los que estaban a favor de la constitución actual y los que apoyaban la anterior. No obstante, entre 2007 y 2017 se crearon unas nuevas políticas por fuera de la Constitución correspondientes al socialismo del siglo XXI e hicieron que se fuera perdiendo el carácter democrático del país.

Para Alfaro, “la democracia es también la convivencia con las minorías, respeto a las minorías, alternancia en el poder, pluralismo político, separación de poderes. (...) Todo eso se fue perdiendo en Venezuela progresivamente y derivamos en esto con un acento bastante marcado a partir del año 2015”. Este cambio, por supuesto, se relaciona con la migración de los venezolanos hacia el exterior: más del 75% de los migrantes salieron del país después de esos años, lo que se interpreta como “una relación directa entre la autocratización del régimen o del gobierno y el aumento de la migración, o sea, que lo político sí incide sobre la social y lo económico”.

El ELN en la frontera  

Esta crisis se ve agravada por la presencia de actores armados en la frontera colombo-venezolana quienes desean apropiarse de tráfico en la zona. María del Carmen Muñoz Sáenz, coordinadora e investigadora de la línea Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, afirma que “hoy, por los vacíos territoriales que no copó la guerrilla colombiana y por la fragilidad de la institucionalidad venezolana tenemos cerca de 17 actores armados, bien organizados”. Esta organización se representa en el uso de redes, inteligencia y discursos para sacar ganancia de la situación actual.

Uno de los grupos armados presentes es el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su presencia agrava la situación política del país a nivel internacional, así lo comenta Francisco Alfaro, “Venezuela se ha convertido de alguna manera en el problema político de la región con esa deriva autoritaria que de algún modo está actuando en convivencia y en aceptación del ELN dentro del territorio venezolano”. Este grupo que estaba operando en la zona suroccidental (Estado Táchira  y el Municipio Páez del Estado Apure) ahora se extendió a la Zona del Arco Minero (Estado Bolívar, Estado Amazonas y parte del Estado Delta Amacuro) donde se disputan el control de los recursos con militares que controlan empresas mineras, con grupos irregulares locales de Venezuela.

Alternativas para salir de la crisis

Ante esta situación Francisco Alfaro plantea cuatro posibles alternativas para salir de la crisis:

  • La primera, es la maduración del conflicto “ambas coaliciones (la de gobierno y la opositora), consideran que pueden vencer a la otra y cuando uno cree que puede derrotar al otro, ¿para qué negociar?, si estoy convencido de que al final le voy a ganar al otro; entonces es necesario que se entienda que por una vía impuesta no se va a solucionar el conflicto”.
  • Segunda, hay que seguir potenciando los mecanismos de diálogo y negociación. “En Venezuela hemos tenido cinco mecanismos desde el año 2002 y el que está en curso temporalmente suspendido es el Mecanismo de Oslo. Creo que ese mecanismo es el que hay que fortalecer porque ambas partes lo reconocen, al igual que la comunidad internacional y de los países de potencia, al menos tácito”.
  • Tercera, partir de los aprendizajes del pasado sobre la salida a la crisis. “Una salida electoral por sí sola, no garantiza una salida democrática sostenible en el tiempo; es decir, hay que pensar la salida electoral con otros elementos que acompañen esto” como el reconocimiento y trato a las minorías y la necesidad retomar el principio de independencia de los poderes y de pluralismo.
  • Y finalmente, la cuarta, es tener a las víctimas y el drama social como tema principal en la mesas de negociación. “Los que más sufren son los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que llegan caminando a Colombia sigue a pie hasta Ecuador, unas travesías impresionantes”. Debido a esto, para Alfaro es fundamental el equilibrar paz, estabilidad y democracia con justicia y reparación de las víctimas. De igual manera, no se puede hacer uso de la justicia tradicional debido a la necesidad de incorporación de los actores a la vida democrática. Desde su opinión, “la justicia transicional, que es un experimento que se está haciendo en Colombia, nos puede enseñar [a los venezolanos] mucho sobre salidas judiciales a los victimarios y en términos generales Colombia nos puede mostrar lo que implica un conflicto y sus consecuencias”. 

 

El impacto de la situación venezolana en la región

La crisis venezolana en la región, para Francisco Alfaro, mostró la falta de gobernanza hemisférica. Esta hace referencia a la manera de lograr acuerdos políticos, económicos y sociales que tengan un verdadero impacto en el continente. Esta crisis evidenció “que el sistema interamericano y sus organismos de alguna manera no lograron cumplir su rol mediador y preventivo”.

Aparecieron nuevos organismos como el Grupo de Lima, el Mecanismo de Montevideo y Grupo de Contacto Internacional para mediar en la crisis. Muchas organizaciones se trancaron como la Organización de los Estados Americanos (OEA); fracasaron, el caso de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA); murieron, Petrocaribe; se dividieron, Comunidad Andina o se crearon otras con el mismo enfoque, Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Por ello, dice Alfaro que es de esperar que “los países se empiecen a preguntar ¿qué es lo que estamos haciendo?, ¿hacia dónde debemos apuntar nuestra visión como continente? Hablamos mucho de integración de palabra, pero en los hechos es prácticamente nulo”.

En el marco de una iniciativa ciudadana

La Escuela de Paz y Cultura Ciudadana nace con el fin de construir un proyecto con las comunidades más afectadas por el conflicto armado colombiano a petición de la Conferencia Episcopal y la Provincia de los Jesuitas. En 2010, cuando por parte de los investigadores se había cumplido el ciclo del proyecto, la Conferencia Provincial para América Latina de los Jesuitas (CPAL) y la Conferencia Episcopal realizaron la petición de formar a la sociedad en ámbitos de civismo, institucionalidad, gobernanza en marco de la dignificación del ejercicio de la política y la ciudadanía. 

Así, en alianza con el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, se construyó una malla curricular en un diplomado que se orienta a fortalecer el tejido social, la participación ciudadana, la incidencia política y el empoderamiento. En paralelo a ello, el equipo estaba en misión en la frontera colombo-venezolana donde coincidió con que el obispo de Cúcuta, Monseñor Jaime Prieto, otros obispos y los jesuitas de Venezuela pensaban en un proceso pedagógico binacional de fortalecimiento de capacidades para la democracia, el desarrollo humano y el fortalecimiento del tejido social. 

Con ello se conformó una plataforma binacional con más de 43 organizaciones de ambos países en los tres ejes de la frontera: Guajiro, Llanero y Andino. Allí se continuó con los diplomados y se decidió hacer una investigación sobre los retos para la construcción de la paz territorial: la visión de territorio y de la paz en la frontera colombo-venezolana con el objetivo de identificar cuáles son las representaciones que tiene la gente en los territorios sobre la paz, territorio y territorio de paz. Ante la crisis en 2018, se creó un frente humanitario y se construyó la Convergencia Ciudadana Colombo-venezolana para contribuir a una salida negociada y democrática en Venezuela donde se enmarcar el evento de Francisco Alfaro con el fin de obtener otras miradas a esta problemática.

Transmisión del evento aquí

 

Lida Bocanegra
Equipo Comunicaciones

En el marco de la feria del libro de Bogotá, el Cinep/PPP lanzó el libro Cuando la copa se rebosa: Luchas sociales en Colombia 1975-2015. Este texto recoge información registrada durante 40 años en la Base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP y la analiza a profundidad en 5 capítulos.

Durante el conversatorio del lanzamiento, Camilo Borrero expresó su análisis de los capítulos del libro. “Yo divido este libro en dos partes: unos artículos convencionales, que es lo que se espera de un libro de tipo histórico; y otra más novedosa, que analiza la movilización social con nuevos conceptos que permiten otro tipo de análisis”, dijo.

Los capítulos convencionales de los que habla Borrero son el 1, 2 y 5 del libro. Los primeros dos ejes, escritos por Mauricio Archila, se centran en la trayectoria de las luchas sociales en Colombia y en la relación que han tenido con el Estado. Por su parte, en el quinto capítulo, Leonardo Parra explica las transformaciones del mundo laboral entre 1975 y 2015 y explica las razones de la baja sindicalización en el país y las pérdidas de las conquistas históricas de los trabajadores a partir del estudio del sector eléctrico.

Los análisis más novedosos que comentó Borrero son el 3 y 4 del libro. En estos, las autoras no solo hacen un análisis convencional de tipo histórico de las acciones sociales colectivas, sino que introducen nuevos elementos que complejizan las miradas sobre cada tema. Martha Cecilia García en su capítulo examina las diferentes visiones de desarrollo que han impulsado movilizaciones sociales en diferentes casos regionales. Además, Ana María Restrepo, complejiza la mirada de las luchas sociales a partir de su relación el espacio bajo los conceptos de espacio y región.

Con esta distinción, presentamos parte de la información recopilada en Cuando la copa se rebosa: Luchas sociales en Colombia 1975-2015

 

 

Baja sindicalización y flexibilidad laboral, ¿realidad del trabajador colombiano?

¿Cuáles han sido los cambios en el mundo laboral colombiano expresado en las luchas laborales? Leonardo Parra, investigador del Cinep/PPP, expone en Transformaciones del mundo laboral 1975-2015 como la subcontratación, la flexibilidad laboral y el bajo sindicalismo han configurado el mundo laboral colombiano. El investigador ejemplifica esta situación con el sector eléctrico debido a su aportación al Producto Interno Bruto, su privatización y que el 90% de los trabajadores están tercerizados.

Parra hace un recorrido histórico por el sector reconstruyendo las luchas laborales de los trabajadores en los años 70 al 90, la reconstrucción de los factores de la privatización y la incursión de las empresas extranjeras. Y concluye con la consecuencia que generó en el mundo del trabajo la privatización del sector eléctrico, que tiene que ver con la erosión de las condiciones laborales de los trabajadores como un plan estratégico de las nuevas empresas.                         

La apropiación del espacio en los movimientos sociales

La Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep/PPP (BDLS) da cuenta de la historia y la memoria de las movilizaciones en el país de 1975 a 2015, y ha registrado más de 23.000 protestas. Ana María Restrepo en el capítulo El espacio en movimiento. Cómo pensar la producción del espacio en cuarenta años de luchas sociales en Colombia se enfoca en entender la relación entre la protesta y el espacio, y propone una lectura espacial de estos datos históricos. 

A partir de las comprensiones de región, territorio y lugar, la autora se aproxima a diferentes posibilidades de lectura para entender el papel del espacio en la movilización social. Respecto al lugar, Restrepo indica que tiene un papel fundamental en la protesta social porque, por ejemplo, cuando se escoge como lugar una vía para un bloqueo, esto no solamente habla de la necesidad de hacerse oír, sino del ejercicio de organización colectiva y de la “marcación espacial para disputar, en últimas, el espacio social”. 

Sobre el territorio la autora analiza este como un espacio colectivo y personal donde incide el control y donde se desarrollan, cada vez más “protestas por motivos ambientales que reivindican la posibilidad de existencia en ese espacio”. Y en lo que respecta a la región su lectura permite revelar cómo esta dimensión define aspectos de la vida de las persona, presencias espaciales y, presenta el Catatumbo como ejemplo de un escenario de luchas por el desarrollo regional.  

Miradas del desarrollo en las luchas sociales

En 200 años de independencia, A Colombia se le ha categorizado como un país en “vía de desarrollo” que necesita seguir el modelo europeo para alcanzarlo. De ahí que la construcción de país se haya pensado en esta perspectiva.Pero, ¿qué efectos tiene esto para la vida económica, social y cultural de las comunidades y los pueblos?? Martha Cecilia García, investigadora del Cinep/PPP, analiza estas implicaciones en el capítulo Visiones de desarrollo en las luchas sociales 1975-2015, a través de la revisión de  distintas nociones de desarrollo expresadas en en 40 años de luchas sociales. 

En Colombia, ¿la salud es un acto de caridad o un derecho?, ¿es primordial el derecho de la gente a su tierra o la generación de energía?, ¿se crean municipios para reconocer territorios o disfrutar su independencia fiscal y las riquezas naturales que posee?, ¿qué es más importante, proteger los recursos naturales o su uso comercial?

La autora retoma seis eventos para responder a estas preguntas y ahondar en su estudio sobre las visiones de desarrollo: 1) la lucha por el derecho a la salud, 2) la construcción de hidros (hidroeléctricas y represas), 3) la creación de municipios como estrategia de ascenso en el ordenamiento territorial, 4) el dilema entre la ecología y el. progreso, 5) la ilusión del desarrollo regional y 6) el extractivismo minero energético. De cada uno García hace un recuento de diversos eventos contenciosos que, tal como lo señala, “dejan al descubierto las divergentes y opuestas nociones de desarrollo que se expresan” y evidencian las consecuencias de las nociones neoliberales que han contribuido a configurar las denominadas “víctimas del desarrollo”.  

Estado, ¿amigo o enemigo?: el control de las protestas

La relación entre el Estado y los movimientos sociales ha estado marcada por varias dinámicas: enfrentamiento, conflictividad y fortalecimiento mutuo, aunque esta última no se perciba así. En el capítulo Control de las protestas: una cara de la relación Estado y movimientos sociales, 1975-2015 Mauricio Archila, describe y analiza el control estatal de las protestas, enfocándose en el rol que cumple la Policía , por un lado, porque es un tema poco estudiado y, por otro, porque es un actor principal en el cumplimiento de esta función. Además, según el autor, este enfoque es clave para el rumbo de la participación ciudadana en el escenario del posconflicto. 

En el capítulo, Archila reconoce que la relación Estado y movimientos sociales tiene varias caras y da cuenta de dos de ellas: la represión y la negociación. Respecto a la primera se detiene a analizar choques violentos, acciones de presencia de la fuerza pública e ilegalización de las protestas; por su parte, sobre la segunda, se tuvieron en cuenta acuerdos o diálogos. 

El autor indica que hay que desvincularse de las visiones idealizadas que se tienen de ambas figuras: “los actores sociales como puros e incontaminados de violencia” y el Estado como “el rostro de la represión”.  Además, llama la atención sobre el discurso sobre la protesta en el que “no se concibe como un derecho ciudadano, sino en el mejor de los casos se asimila a un crimen”. 

Archila no solo realiza un recuento histórico de la represión policial, sino que demuestra con cifras los años en los que han sido más altos los actos de violencia estatal contra los manifestantes e indica que “la función reguladora estatal se atrofió mientras creció la coersión”. 

 

Descarga una muestra del libro aquí: Cuando la copa se rebosa, luchas sociales en Colombia 1975-2015

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodistas asistentes: 
María Fernanda Vera, Lida Bocanegra, Jenny Castellanos

Asesores temáticos:
Martha Cecilia García
Ana María Restrepo
Santiago Garcés

 

Grupos armados y construcción del orden social en la esquina sur del Tolima es un libro que gira en torno a las dinámicas de construcción y configuración territorial y social de la esquina sur del Tolima, dada tanto por actores armados, como por agentes estatales. La esquina sur, conformada por los municipios de Chaparral, Planadas, Ataco y Rioblanco se le asocia el nacimiento de las FARC en ese territorio. Por esta razón, históricamente se le vinculó como un ‘pequeño Caguán’ y como un escenario de constante guerra y violencia naturalizada por sus habitantes.

Andrés Aponte, autor del libro, describe como fue el proceso de construcción histórica de este territorio, para entender esas dinámicas y de qué manera a lo largo del libro desmiente algunos imaginarios a partir del relato de sus habitantes. Esto con ayuda de una metodología cualitativa y cuantitativa.

En esta entrevista, Aponte relata las metodologías usadas para ahondar en la investigación de la esquina sur del Tolima y su historia de orden social y político. Cuenta los enfoques y estrategias utilizadas para la recopilación de las voces que aparecen en el texto y finalmente la forma en como los imaginarios de esta comunidad se van desmintiendo, para reivindicar la lucha y persistencia de sus habitantes frente al conflicto armado que vivieron.

¿Cuál es la génesis de este libro?

Andrés Aponte: Este libro surge en el marco del proyecto de Educapaz, ahí se me encomendó hacer un trabajo investigativo en relación a como se había configurado el Estado en esta zona y cuál había sido su relación con el ámbito educativo. Resulta que cuando empecé a indagar y a buscar literatura existente sobre los temas en específico me encontré con que había un vacío impresionante sobre esta parte del país, que, si bien había sido muy estudiada la primera mitad del siglo XX también había una ausencia de literatura en todo sentido. Entonces, me propuse reconstruir una pequeña historia regional de la zona para así saber qué tipo de presencia del Estado había, cómo se había desarrollado en relación con el conflicto armado y con la educación.

¿Cómo es ese primer acercamiento con la comunidad?

A.A.: En el trabajo de campo nunca hay una guía ni unos parámetros específicos a seguir, siempre va surgiendo todo como al día a día, los ires y venires que trae un trabajo, de cierta manera, sin ruta. Mucho más guiado por el voz a voz, es decir, “¿a usted le interesa tal tema? vaya hable con fulanito que vive en tal zona y tiene experiencia sobre esto” y así me fui desplazando por las distintas localidades de la esquina sur. También, aproveché mucho los espacios de educación que se hicieron por parte de la Javeriana y del Cinep/PPP, en el cual contaron con asistencia de profesores y personas ligadas a los gremios productivos, ellos también fueron una fuente importante de información.

¿Ahí mismo se desarrollaron los talleres de cartografía descritos en el libro?

A.A.: Sí, ahí fue donde se desarrollaron, fue una idea que surgió inspirado en una autora estadounidense que trabaja eso para el caso salvadoreño y pensé que no se había hecho eso en el caso colombiano de ver cómo las personas propias de la comunidad percibían y representaban, no solamente, la manera en cómo se relacionaban con el actor armado, sino también la misma lógica de la violencia.

En cuanto a la cartografía social ¿Cómo evitó el sesgo de esa información?

A.A.: Muchas veces la corregí con información que ya tenía de otras entrevistas, con la lectura de algunas fuentes secundarias que, de cierta manera, refrendaban o falseaban lo que habían dicho. Muchas veces me corregían en fechas, lugares, etcétera. También, dependiendo de los momentos, porque no hay datos estadísticos para los años sesenta, setenta y ochenta, entonces esto me toco hacerlo muchas veces con prensa o con otras entrevistas. Para el presente si se pudo hacer con datos estadísticos, lo que permitió que muchos de los relatos y experiencias vivenciales particulares se pudieran elevar o falsear a la luz de esa información cuantitativa.

¿En qué momento usted encuentra el enfoque del libro?

A.A.: Hace más o menos un año, es decir, después de dos años de investigación, logro decantar todo el material que había encontrado y dilucidar el enfoque. Estuvo más abocado por una historia muy rica, en el sentido de que se empezaron a cuestionar, con los hallazgos que tuve, tres imaginarios relacionados con la esquina sur. El primero, era que siempre se había creído que esta era una zona de dominio completo de las FARC, de un dominio incontestado y prolongado desde su nacimiento hasta el presente; el segundo, fue que esta era una zona donde, precisamente, por esa presencia de las FARC, estaba relacionado como a un espacio de constante despliegue de la violencia, de alguna manera que las personas estaban acostumbradas a vivir al rugir de las balas y, el último, que consideraba que el sur del Tolima era como una extensión del Caguán en pleno corazón del país.

Con estos hallazgos pude interpelar esos lugares comunes para mostrar que las cosas eran mucho más complejas de lo que se tendía a asociar con esas tres representaciones que tiene el país integrado sobre esta zona.

¿De qué manera organizó las entrevistas individuales para que en el libro hubiera a partir de esas voces una construcción de la historia de la Esquina Sur del Tolima?

A.A.: Dividí las entrevistas por temas, es decir, si me hablaban de ámbitos de regulación del actor armado, de economías ilegales, de afectación del conflicto armado de las lógicas de violencia y por periodos de tiempo. Entonces, ese tema en particular de acuerdo a una fecha particular y esa fue la manera en que las fui organizando para construir un relato que parece al unísono, pero construido a partir de varias voces.

¿Cuáles fueron los actores que usted priorizó durante la investigación para narrar esa construcción de orden social?

A.A.: Los principales protagonistas son los actores locales, las personas de la zona; no obstante, para tratar de falsearlos, para elevar sus relatos o también para comprenderlos a la luz de las dinámicas regionales y nacionales también indagué con personas vinculadas al Estado regional, es decir, a la gobernación o autoridades locales, miembros de la fuerza pública e incluso a guerrilleros.

¿A lo largo de la investigación como cambian las expectativas de lo que iba a ser el libro?

A.A.: A medida que fui consolidando toda la información, me di cuenta que tenía el material suficiente para hacer el libro. Al inicio parecía un documento corto de avance de investigación o un pequeño artículo, pero dada la magnitud de información que tenía y la calidad en cuanto a la riqueza descriptiva de cómo se daban los procesos y cómo eran percibidos me di cuenta de que tenía el material suficiente para escribir un libro resultado de investigación.

¿Cuál era la visión que tenia de la esquina sur del Tolima antes de la reconstrucción que hace en esta investigación y cuál es la que tiene ahora?

A.A.:Es un lugar del cual estoy profundamente enamorado y vinculado en el sentido que siento profunda admiración por sus pobladores. Me enseñaron y me ayudaron a interpelar la literatura sobre el tema. Creo que los pobladores y los civiles moldean sus preferencias por la violencia, pero también pueden resistirla y van aprendiendo cómo resistirla. La esquina sur del Tolima es el mejor ejemplo de esto porque si bien no tenían las capacidades organizativas de otros lugares, no habían experimentado otros procesos o dificultades, tuvieron la capacidad de mantener a raya el actor armado cuando tenían que hacerlo.

  

 

Descarga aquí el libro: Grupos armados y construcción del orden social en la esquina sur del Tolima 

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones 

 

En el año 2018 se configuró una alianza entre el Cinep/PPP, la Fundación Gaia Amazonas y la Fundación Natura que, con apoyo de la Inter- American Foundation (IAF), orientó sus esfuerzos a fortalecer las estrategias participativas de construcción de paz en los pueblos indígenas de 13 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATI) del suroriente amazónico colombiano: Vaupés, Guainía y Amazonas.

Hablar de estrategias participativas de construcción de paz con enfoque territorial y colectivo, requiere establecer tres ejes analíticos: visión de la concepción de paz en el territorio, conflictividades desarrolladas en el mismo y las estrategias colectivas para la gestión pacífica de conflictos y la generación de alternativas sostenibles para la construcción de la paz.

Durante el desarrollo de este proceso de acompañamiento realizado por la Alianza con estas 13 AATI, se identificó que las autoridades de dichos territorios indígenas entienden el “vivir bien” como vivir en paz. Es decir, esa es su visión de paz territorial, caracterizada por el desarrollo de procesos de fortalecimiento del ejercicio de gobierno propio, a través del uso y manejo tradicional del territorio, y el respeto a sus estructuras sociopolíticas, económicas de sostenibilidad y de gobierno.

Sin embargo, este “vivir bien” se ha visto afectado históricamente por conflictividades asociadas a procesos económicos y socioculturales impuestos, y por visiones de desarrollo y ordenamiento territorial ajenas a la cosmovisión de los territorios indígenas amazónicos. En este sentido, en el marco de la alianza, se apoyó la construcción desde la voz de las autoridades indígenas, de una caracterización de 4 conflictividades identificadas por ellos, como aquellas que se mantienen en el tiempo, se transforman y tienen vocación de permanencia: colonización, minería, narcotráfico e imposición de la educación convencional.

A partir de lo anterior, se identificaron diversas iniciativas que se desarrollan en los territorios indígenas de estas 13 AATI, como formas de resiliencia y resistencia, que apuntan a la consolidación de su visión de paz a escala regional y local.

En este contexto, la alianza se reunió con las autoridades de las 13 AATI del 2 al 4 de septiembre en Bogotá, con el fin de consolidar estos resultados y generar un espacio de incidencia política con entidades de gobierno y otros actores aliados, propiciando un diálogo en torno a las conflictividades y estrategias participativas de construcción de paz en el suroriente amazónico.

Entender la paz como un derecho fundamental, es clave, en tanto se reconoce que se encuentra en el nivel de una política de Estado y no de una política de gobierno; sin embargo, visibilizar las realidades territoriales locales y regionales permite consolidar apuestas locales de paz, posibilitando la comprensión de esta desde una visión global e integral de la misma.

Amazonía, territorio de paz

Erika Parrado, investigadora de la línea de Iniciativas de Paz y una de las gestoras de este proyecto nos comparte cuáles fueron los aportes de Cinep/PPP en la participación de este convenio, los principales aprendizajes y las lecciones aprendidas de los intercambios de experiencias.

¿Cuáles fueron los aportes del Cinep/PPP a este proyecto?

Erika Parrado: Uno de los principales aportes fue complementar lo que GAIA y Natura venían trabajando en el tema del fortalecimiento a las organizaciones indígenas con una mirada desde la construcción de la paz.

Y el otro, en profundizar en metodologías situadas de manera que las investigaciones locales no solamente se seleccionaran de manera arbitraria, sino que respondieran a esa relación entre conflicto y paz. Desde Cinep/PPP propusimos una metodología de mapeo de conflictividades y mapeo de iniciativas de paz. Ya teniendo en cuenta ambos mapeos, surgen 5 investigaciones locales. La idea era que estas investigaciones dieran cuenta de estrategias de construcción de paz utilizadas para resolver alguna de esas conflictividades mapeadas. Ese es el aporte, en términos metodológicos y también en el camino que se genera para llegar a esas investigaciones.

¿Cuáles son los principales aprendizajes de las investigaciones?

Son muchos. En este caso, no era hacer investigación y acción participativa sino dar un paso más allá y explorar desde otras metodologías colaborativas. Lo colaborativo parte de un punto diferente porque ya no es solo la participación para la transformación de la realidad social, sino que es reconocer que el conocimiento que se genera ahí es igual de válido al conocimiento científico y académico.

Para nosotros fue un reto porque los talleres y los espacios de formación tenían que pensarse en función de unas metodologías que fueran atractivas y claras, no en lenguaje técnico, sino en un ir y venir entre las experiencias acumuladas por ellos y lo que nosotros podíamos brindar o facilitar. Entonces siempre salían ejercicios asociados al contexto, a la cotidianidad para poder luego dar el salto a las investigaciones. Así, ellos se daban cuenta que investigar no es algo que solo lo puede hacer quien tiene un título universitario, sino que ellos investigan todo el tiempo.

Por ejemplo, tener toda la experiencia en el manejo de plantas medicinales tradicionales es un gran ejercicio de investigación. Lo que pasa es que, su registro es un registro oral. Entonces otro aprendizaje es también explorar otros registros, reconocer que lo escrito no es la única forma de transmisión de conocimiento. Por ejemplo, el sonido, las imágenes, el video, incluso los ejercicios de memoria oral, son mucho más potentes y la escritura no tanto.

Uno de los aprendizajes es que no hay modelos únicos para la investigación, es decir, que no hay moldes, que no hay un “a,b,c” de la investigación, sino que ameritó hacer un trabajo particular con cada uno de los cinco grupos de investigación de manera que ellos mismos se dieran cuenta que el tema que ellos habían escogido lo habían escogido por algo y que ellos tenían herramientas para realizarlo pero que también esa misma información la tenían que hacer sencilla para poder regresarla a sus comunidades, pues ese era el sentido más importante de la investigación.

¿Cómo fue el proceso de intercambio de experiencias?

Al comienzo se planteó que se hiciera con 13 asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y estas en conjunto iban a escoger cuáles 5 se querían profundizar. Los criterios eran muchos, desde pensar en la carga de trabajo que ya tenían las organizaciones, como aquellos que no habían tenido la oportunidad de trabajar en investigaciones. Se seleccionaron cinco caso distintos y esta diversidad hacía que tratáramos de pensar las metodologías de los espacios como espacios de intercambio de experiencias. Primero, porque es muy difícil que ellos se puedan encontrar en territorio, también porque las distancias son muy grandes y los costos son muy altos y porque son de grupos étnicos distintos.

Entonces tener a jóvenes que se están formando en liderazgos políticos, también daba la posibilidad para que ellos mismos se dieran cuenta qué habilidades podían aprender de los demás. Y en conocimientos estaba la cuestión de aprender de otros temas. Por ejemplo, PANI, que tiene un proceso que está arrancando de mujeres, aprendía mucho de ATIZOT que ya llevaban un largo camino en este proceso de mujeres. ACURIS que tiene 2000 plantas medicinales catalogadas aprendió de unos jóvenes de cómo hacer un catálogo con lo que ellos tienen. Era muy enriquecedor ver que a través de estos espacios en común se construía una confianza entre ellos y comenzaban a preocuparse por las demás investigaciones y por las personas detrás de estos procesos.

Las comunidades indígenas del suroccidente amazónico construyen paz

Mujeres gestoras de vida, conocimientos y saberes - AATIZOT

La Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Zona de Tiquié (AATIZOT) documenta el proceso organizativo de las mujeres en el territorio como un aporte a la construcción de paz. 

 Gobernanza ambiental y construcción de paz para el pueblo Ñamepaco - ACURIS

La Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de las Comunidades Unidas del Río Isana y Surubi (ACURIS) documenta los tres sectores que fortalecen el Plan de Vida como un aporte a la construcción de paz.

 

La importancia del conocimiento ancestral para el buen vivir - AATIVA

Las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas del Eje Vaupés ATIVAM, AATIAM, ASOUDIC y ASATRAIYUVA, documentan la recuperación de prácticas culturales y el manejo sostenible de los bosques como un aporte a la construcción de paz. 

 

Pervivencia e identidad cultural del pueblo Miraña-Bora - PANI

 

La Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas PANI documenta los saberes y prácticas de la medicina tradicional como un aporte a la construcción de paz.

Construyendo la maloca del pensamiento etnoeducativo - AIZA 

La Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas AIZA documenta la implementación del modelo etnoeducativo propio como un aporte a la construcción de paz. 

 

 

Entrevista: Laura Inés Contreras Vásquez
Equipo Comunicaciones

El equipo de Derechos Humanos presentó hoy ante la opinión pública la revista Noche y Niebla n. 59º en donde se expuso el panorama de derechos humanos y violencia política para este primer semestre de 2019 enfocada en el departamento de Antioquia. En el evento participaron el director del Cinep/PPP, Luis Guillermo Guerrero; Winston Gallego y Carolina Moreno, de la Corporación Jurídica Libertad del Banco de Datos de Antioquia; Javier Giraldo, S.J., investigador de Derechos Humanos del Cinep/PPP y Alejandro Angulo, S.J., coordinador del equipo de Derechos Humanos del Cinep/PPP.

Los voceros hicieron un balance de las violaciones de derechos humanos y violencia política que recoge la revista a lo largo de sus páginas. Luis Guillermo Guerrero resaltó el propósito de la publicación, “reducir la vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento y la invisibilidad de lo que ocurre puede llegar a proteger y blindar a los victimarios y a encubrir la continuidad de estos crímenes”. Una de las miradas del balance de esta publicación es el fortalecimiento del paramilitarismo, la revista recogió 157 amenazas de muerte por parte del grupo armado entre enero y junio de 2019. Así mismo, las ejecuciones extrajudiciales fueron 19 para este mismo periodo. Las detenciones arbitrarias de la Policía Nacional suman 32 personas y hay testimonios de 6 ejecuciones, además de otras violaciones por parte del Ejército Nacional.

Javier Giraldo, S.J., destacó el nuevo enfoque para esta publicación, “mirar cómo se están realizando en la cotidianidad la persecución y exterminio del liderazgo social de base”. La revista recopiló 48 asesinatos de líderes sociales en todo el país entre enero y junio de este año, también se presentaron 37 atentados y 54 amenazas entre líderes, lideresas y comunidades que trabajan por la defensa de los derechos humanos, además 12 asesinatos de desmovilizados en su mayoría de las FARC. Una de las mayores problemáticas de estos casos es que se desconocen los victimarios, “hay un máximo nivel de clandestinidad, que hace imposible investigar y saber la identidad del victimario”.

Carolina Moreno se refirió a las relaciones que existen entre las violaciones de derechos humanos con el modelo de desarrollo del departamento de Antioquia, “estas visiones atienden a intereses particulares de grupos económicos y algunos políticos, que además hacen presencia en las diferentes regiones”. Según Carolina, megaobras y megaproyectos como el Túnel de Oriente, la hidroeléctrica Hidroituango, entre otros, son los causantes de desplazamientos, masacres y asesinatos. Por otro lado, el desempleo, la seguridad, la pobreza y la informalidad en Medellín han aumentado durante este año convirtiéndola en una de las ciudades más desiguales de América Latina.

Winston Gallego expuso el caso del Bajo Cauca antioqueño planteando, “es la región más pobre del departamento de Antioquia” y resaltó, “han asesinado 26 líderes sociales. La mayoría eran del PNIS(Plan Nacional Integral de Sustitución)”. Después de la desmovilización de las FARC, el Bajo Cauca vivió un incremento de la violencia por parte de otros grupos armados que llegaron a ocupar la zona como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparrapos, además de disidencias de las FARC. Según Winston, el incumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz impide que la situación del territorio mejore.

“La asociación y las comunidades de paz son las herramientas para combatir esa lucha contra el militarismo y el paramilitarismo en las comunidades que están cansadas de la guerra” fue el llamado que hizo Alejandro Angulo S.J.  De esta manera, Luis Guillermo Guerrero recalcó que Noche y Niebla no es una revista estadística sino para la memoria de las víctimas y que esta publicación se da en un contexto de nuevas salidas violentas y cuestionamientos alrededor de la implementación del Acuerdo de Paz.

Lee aquí el informe regional Antioquia, la guerra en desarrollo

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones 

 

 

De 1988 a 2018 el departamento de Caquetá vivió 355 episodios donde se denunciaban prácticas consideradas violaciones a los derechos humanos y violencia política, entre ellas estaban 199 casos de ejecución extrajudicial, 225 casos de tortura, 1440 desplazamientos forzados individuales, 177 heridos, muchos de estos perpetrados por los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) y 28 casos de desaparición forzada (Caso Tipo 15). Visibilizar casos como el de Caquetá es el objetivo de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política a la que pertenece el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP).

La idea de crear un banco de datos surgió a raíz de los altos niveles de violencia, los procesos de genocidio y el exterminio de fuerzas políticas como la Unión Patriótica; con el fin de denunciar y sistematizar la información sobre violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), además de hechos relacionados con el conflicto social ya que nadie realizaba esta labor. Desde 2005, se han conformado Bancos de Datos de Derechos Humanos en diferentes regiones del país con la ayuda y el trabajo del jesuita Javier Giraldo Moreno, movimientos de origen popular, investigativo e incluso religioso. De esta manera, se consolidó la Red Nacional de Bancos de Datos, como un proceso organizativo y colectivo integrado por organizaciones como la Corporación Caguán Vive, la Fundación Orlando Fals Borda, Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, entre muchos otros.

En su dedicación por reconocer los diferentes hechos violentos en Colombia, la Red redactó una guía pedagógica que ayuda a sistematizar la cruel realidad colombiana, expresada en sus manifestaciones de violencia política y social que han azotado a las regiones a través de la historia del país. El Marco Conceptual es el instrumento con el que las organizaciones aliadas configuran, caracterizan y leen los hechos violentos de sus territorios. Además, define las categorías de violencia con ayuda de diferentes convenios y protocolos internacionales, lo que permite la objetividad de los hechos. Es la pauta para empezar a construir la memoria de las víctimas.

A partir de la creación de este Marco Conceptual en 1996 y actualizado en 2018, se dio paso a la revista Noche y Niebla donde se publican y registran las múltiples violencias y violaciones a derechos humanos de estas regiones. “Noche que oculta la verdad y Niebla que disemina la responsabilidad”, es el sentido de la revista.  Noche y Niebla también publica informes especiales catalogados como Casos Tipo que recogen hechos en regiones específicas que, por su contexto histórico social, sus actores, el rol de los medios de comunicación, la respuesta a las víctimas por parte de las instituciones gubernamentales, el papel del Estado y otros factores, permiten identificar patrones especiales en lo ocurrido. Desde 2003 se han publicado 15 Casos Tipo, algunos alrededor de las historias de Bojayá, la comuna 13 de Medellín y San José de Apartadó.

La cobertura territorial que tiene la Red permite ofrecer un panorama nacional y su cercanía con las comunidades, brinda confianza y credibilidad sobre la información que recauda. No es simplemente registrar el hecho sino comprender las realidades, ayudar a escribir y construir la historia del país a través de la realidad regional. Como lo mencionó Jerry Garavito en el marco de la VI Asamblea de la Red “Documentar los hechos, las historias desde las víctimas y la presencia regional del Banco es lo que ayuda a visibilizar la situación”. Sin embargo, la visibilidad de los casos no es suficiente, la Red propende también a la reducción de esa vulnerabilidad de las comunidades y al desescalamiento de los hechos violentos.

La Red ha sobrepasado diferentes obstáculos en su lucha por defender y visibilizar los derechos humanos. Ha sido víctima de presiones en cuanto a su contexto de acción y algunos colaboradores de los Bancos de Datos se han tenido que enfrentar a montajes jurídicos de amenaza y señalamiento por su labor en defensa de los derechos humanos. Al tiempo que afronta estas acciones adversas la Red es ampliamente reconocida por sus labores y publicaciones, por ejemplo, en el último Informe Anual de Derechos Humanos en Colombia que elaboró la embajada de Estados Unidos, el trabajo de los Bancos de Datos fue referenciado cuatro veces en torno a temas de tortura y tratos crueles, y detenciones ilegales y abuso físico. Esto demuestra la importancia que hay alrededor de las investigaciones que se hacen conjuntamente con las organizaciones regionales, pues de esta manera es como se logra el posicionamiento de las víctimas, que son el eje central de la Red.

Además de ser un espacio que trabaja y se construye de manera permanente la Red Nacional del Bancos de Datos hace un ejercicio fundamental de construcción de memoria histórica. Alrededor de la compilación de los datos en las regiones se reivindica el relato de todo un territorio, sus dinámicas políticas, sociales, económicas, étnicas y mucho más. Esta labor permite reconocer la diversidad del país desde una mirada analítica y sobrecogedora que a la vez se convierte en un proyecto social de incidencia en las políticas actuales. Sus acciones de memoria no solo se basan en la recopilación de información histórica de las regiones, sino también en los actos simbólicos que se realizan para recordar los crímenes hacia líderes o comunidades. Ejemplo de ello es el caso de la peregrinación en Trujillo, Valle del Cauca, por el asesinato de más de 200 personas entre 1986 y 1994, además del asesinato del padre Tiberio Fernández, por denunciar la barbarie que ocurría en el territorio.

Actualmente, son muchos los casos de hechos violentos y violaciones a derechos humanos que se comenten en el país y un gran número de ellos están en las sombras, ocultos bajo la complicidad de sus diversos actores. Sin embargo, aún queda la memoria de las víctimas que sobreviven, los testigos que deciden denunciar, aún en el silencio de las voces que han callado hay algo por contar. El esfuerzo conjunto es la clave para reivindicar la historia de las comunidades y regiones que se resisten a vivir en un país violento, ausente e impune.

 

María Fernanda Vera*
Equipo de Comunicaciones 

 

*Este artículo fue publicado originalmente en la edición de Septiembre de la Revista Jesuitas Colombia

 

Colombia tiene una extensión territorial de 1 114 408 kilómetros cuadrados. Esta superficie también la podemos medir en hectáreas, que serían más de 111 millones, o en campos de fútbol, pues aquí se podrían construir más de 156 millones. El país puede medirse de muchas otras maneras, por ejemplo, con las 80 472 víctimas de desaparición forzada reportadas desde 1958 hasta el 2018, a lo largo y ancho del territorio por el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica. A esto se le pueden sumar los familiares de los desaparecidos, cientos de mujeres buscadoras y afines que han dedicado su vida y empezaron una lucha por el reencuentro con sus seres queridos. Los departamentos más golpeados por este delito, según el OMC, son Antioquia con 19 794 víctimas, Guaviare con 1794 víctimas, y Meta con 5280 desaparecidos.

La desaparición forzada en el país se ha dado como un método selectivo contra los que se consideran peligrosos tanto para el Estado como para los demás grupos armados, con el fin de deshumanizar y desaparecer completamente a sus víctimas. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional por los Desaparecidos, una fecha que pretende hacer memoria sobre las víctimas de este crimen atroz, que aún se comete y que muchas veces queda en la impunidad, recordar para que la historia no se repita, para que deje de ser un tema invisibilizado en el país y para darle voz a las víctimas que padecen día a día una búsqueda incansable.

Colombia estableció el delito de la desaparición forzada en el año 2000 con la Ley 599 en el artículo 165 del Código Penal: “El particular que someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión […]”.

Así mismo, se ha suscrito a las normas internacionales expedidas por las Naciones Unidas (ONU) y se comprometió a adecuar las normas internas a los estándares internacionales. Para la ONU, el siguiente es el concepto de desaparición forzada “[…] el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

El 16 de abril de 2019, la ONU consolidó y publicó los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas, en donde reafirman las diferentes obligaciones y acciones urgentes que deben realizarse durante la búsqueda de una persona. Así mismo, resalta el rol esencial que tienen los familiares y que su participación en la investigación es de vital importancia para establecer las diferentes circunstancias de desaparición y posible hallazgo del desaparecido. Algunos de los principios rectores más significativos se basan en que la búsqueda de una persona debe hacerse bajo la presunción de vida, debe tener un enfoque diferencial en cuanto género, vulnerabilidad, población LGBTI y primera infancia, y las instituciones y autoridades encargadas deben actuar en el momento que tuvieron conocimiento del caso y hacerlo de manera permanente. Según Carmen Rosa Villa, integrante del Comité de la ONU contra la desaparición forzada, está convención pretende que el Estado “haga una toma de decisiones concretas acerca de lo que hay que hacer, que genere empatía por parte de los funcionarios hacía los familiares”.

A pesar de toda la legislación, los protocolos y las recomendaciones internacionales, de los casos registrados de desaparición forzada en Colombia, la Fiscalía General de la Nación solo tiene 337 sentencias en firme para ejecución de penas. Además, existe una falta de compromiso y voluntad política por parte del Estado y sus instituciones.

Por otro lado, las organizaciones y fundaciones que apoyan las acciones de búsqueda de desaparición forzada en el país, son fundamentales para este largo proceso. Por medio de labores como complementar las investigaciones, articular grupos de trabajo de búsqueda, investigar razones por las cuáles se desaparecen, acompañar y dar participación a las víctimas, contribuyen a prevenir este delito.

El Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP), a través del Banco de Derechos Humanos y Violencia Política, lidera el proyecto “Guaviare y Boyacá, consolidando la participación de las víctimas” para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), en el cual se articula con tres organizaciones: el Colectivo Sociojurídico Fals Borda, la Corporación Vida-Paz del Guaviare y la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Humanitaria de Boyacá (COSPAC). El objetivo del proyecto es reconocer el contexto de cada departamento en función de la desaparición forzada y construir una metodología que permita realizar jornadas donde se convoca a los familiares buscadores de personas desaparecidas y a organizaciones estatales como el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas. De esta manera, se establece un puente entre las instituciones y los familiares, y a lo largo de las jornadas se hacen denuncias, toma de muestras de ADN para búsqueda y se comparten las funciones de cada institución. Lo anterior agiliza procesos de búsqueda, recolecta información acerca de posibles paraderos de los desaparecidos, presta atención inmediata a las víctimas y ayuda en la reconstrucción de contexto de estos territorios.

Sí bien la UBPD lleva solo diez meses en funcionamiento, ya está consolidando el diálogo con los familiares de desaparecidos para integrarlos a la búsqueda de sus seres queridos. Este es un paso importante en la historia del país, pues se les da un trato especial e importante a los familiares y se les hace parte de este proceso. Sin embargo, según Federico Andreu, asesor de la UBPD, la mayor problemática de la unidad en este momento es el presupuesto, pues el actual Gobierno no tiene una voluntad política total en los asuntos relacionados con la implementación de los Acuerdos de Paz.

Por otro lado, el país no solo lamenta el asesinato sistemático de líderes sociales, sino también las desapariciones de los mismos. La respuesta del Gobierno a estos hechos no ha sido muy alentadora, pues tilda estos crímenes como casos aislados al conflicto. Para Carmen Rosa, “el Estado debe luchar contra la impunidad, mostrarle a la ciudadanía un elemento fundamental: ‘vamos a investigar, vamos a encontrar a los responsables, los vamos a sancionar’. Que no que se convierta en que aquí no pasa nada y nadie es condenado, siempre sin dejar de buscar”.

Las otras víctimas

El 2 de octubre de 1984 la vida de Fabiola Lalinde cambió de manera radical. Su hijo Luis Fernando Lalinde, de 26 años, había desaparecido en Jardín, Antioquia. La búsqueda de Fabiola empezó el 4 de octubre de 1984 y no cesó sino hasta el 20 de mayo de 1992. Luis Fernando fue víctima de detención forzada, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición por parte del Ejército Nacional. En la búsqueda de su hijo, Fabiola se enteró de la detención y empezó su investigación en los batallones, brigadas, campamentos y cárceles de Manizales, Pereira y Riosucio. A su acción le dio el nombre de “Operación Cirirí”, por el pájaro Cirirí, sinónimo de insistencia, incomodidad y molestia. Eso significaba Fabiola para el Estado.

El 16 de septiembre de 1988, después de intensas búsquedas, denuncias nacionales e internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA falló a favor de Fabiola y condenó al Gobierno por el caso de Fernando. A causa de este resultado judicial, el 23 de octubre de 1988, la casa de Fabiola fue allanada por la Policía Militar mientras ella no estaba allí. Fue víctima de un montaje con cocaína y tildada de terrorista, subversiva y jefe de la narcoguerrilla de Antioquia en los medios de comunicación.

Fabiola fue liberada el 3 de noviembre del mismo año, pues se comprobó que la droga no era de ella y que era evidente el enfrentamiento entre las Fuerzas Militares y la familia Lalinde. El 14 de abril de 1992, Fabiola logró la exhumación de los restos de un N. N., alias “Jacinto”, quien hasta 1996 fue plenamente identificado, con ayuda internacional, como Fernando Lalinde Lalinde. Por fin, después de agotar todas las instancias, métodos y ayudas tanto jurídicas como humanitarias, Fabiola pudo darle una despedida digna a su hijo y llegar a la luz de los hechos y la verdad.

La lucha de Fabiola Lalinde es símbolo de las cientos de madres, hijas y esposas que no descansan en la búsqueda de sus seres queridos, y que son las principales protagonistas en las investigaciones de desaparición forzada en el país. Ellas se ven expuestas a malos tratos, a ser juzgadas y revictimizadas, principalmente por organismos estatales. Están envueltas en el dolor y la impunidad por largos periodos de tiempo e incluso algunas no alcanzan a esclarecer los hechos, ni a saber la verdad sobre sus seres amados. Casos como el de Fernando se repiten alrededor de todo el país, de América Latina y del mundo.

Mapear a Colombia es posible desde muchos ángulos. Las cicatrices de violencia, pobreza, desaparición e impunidad han ido marcando todo el territorio hasta dejar trazadas todas estas formas en las que se puede leer el país. El resultado de esta lectura genera desconsuelo y desilusión. Sin embargo, se pueden hacer nuevos trazos, heredar los viejos y construir a partir de esas heridas que aún no sanan, visibilizar lo invisibilizado, recordar a los que han sido olvidados, detectar en el mapa a los que han desaparecido y encontrar algo que nos aliente a continuar. Este es el objetivo principal.

 

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones