Areas de Trabajo

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Una de las mayores preocupaciones que mostraron los miembros de las FARC en la mesa de diálogos ante su desmovilización fue el fenómeno del paramilitarismo. El punto 3 del acuerdo Fin del conflicto incluye varias medidas que buscan erradicar estos grupos. Víctor Barrera, coordinador del equipo Conflicto,  Estado y Desarrollo, habla de los grupos paramilitares y de los riesgos que estos representan para la implementación de los acuerdos.

¿Cuál es el estado actual del paramilitarismo en el país?

Víctor Barrera

La discusión sobre el paramilitarismo ha sido muy coyuntural. Llevamos una década discutiendo si son bandas criminales, como las denomina el gobierno, o si son el paramilitarismo tal cual como se vivió en el país. Para no caer en esa discusión, uno podría denominar unas ofertas de seguridad privada atadas a agendas locales y a unos intereses muy concretos de mantener el statu quo. Esas son unas tendencias que se ven a lo largo de más de cuatro décadas de paramilitarismo en Colombia.

Hay muchas similitudes en la continuidad territorial, en algunos municipios se ha concentrado este fenómeno históricamente. Entre estos grupos de la actualidad existen ejercicios de la violencia, administración de mercado ilegales y un portafolio de criminalidad mucho más grande de lo que conocimos como paramilitarismo en años anteriores.

¿Cómo entender el tema de las Bacrim?

Dentro del Cinep/PPP no hay un consenso de cómo denominarlos. Yo prefiero denominarlos como grupos armados posdesmovilización, porque es escapar a esa discusión de si son o no paramilitares y entrar a analizar lo que hacen y por qué lo hacen.

En términos generales, después de la desmovilización de los paramilitares hubo un descenso en la violencia letal. Algunos sectores del gobierno interpretan estas cifras con un error que es confundir la estrategia de la violencia con la capacidad efectiva de estos grupos. Ese cambio en la dinámica de la violencia tiene que ver con un cambio estratégico en el posicionamiento. Años atrás estos grupos tenían fuertes alianzas con sectores estatales en la lucha contra la insurgencia pero luego de la desmovilización hay una política por mostrarlos como enemigos del Estado y se despliega toda una ofensiva para combatirlos. En ese contexto se entiende por qué la violencia letal no hace parte de un repertorio dominante de estos grupos sino que la amenaza es mucho más efectiva porque es menos costosa y tiene menos riesgos políticos y judiciales para ellos.

En el sentido estricto, estas organizaciones no son reincidencias del paramilitarismo. Aquí lo que hay es una capacidad de movilizar nuevo recurso humano que está formado, que tiene habilidades criminales y que sabe vender su fuerza de trabajo en un mercado ilegal.

¿Qué está pasando con los asesinatos y amenazas a líderes sociales?

No hay una gran organización detrás de estos hechos. Lo que hemos visto y que nos llama la atención es que tenemos un número de líderes sociales asesinados similar al que experimentó el país en 2002, solo que en ese año los índices de violencia eran muy altos. Es anormal que tengamos el mismo número de muertos en magnitudes de conflicto tan distintas.

Tenemos cifras de asesinatos de líderes sociales dramáticas en un contexto dónde la magnitud del conflicto armado ha disminuido a niveles históricos, por lo tanto, no es un efecto colateral ni aleatorio de la confrontación armada. Hay unas condiciones estructurales a nivel local y unos intereses muy concretos que permiten que se reproduzca la violencia contra líderes sociales. Es importante insistir en que las dinámicas de la violencia no letal a nivel de amenazas son dramáticas. A los líderes sociales ya no solo se les quieren eliminar sino también generar un ambiente de zozobra constante.

En lo que llaman las Bacrim hay un giro organizacional muy importante. Ya no son estructuras jerárquicas sino una serie de facciones que se van recomponiendo mucho más rápido. La violencia ejercida por estos grupos tiene un sentido de resolver disputas alrededor de mercado ilegales.

Son las agendas locales que en coyunturas específicas activan la violencia contra los líderes sociales. Por ejemplo, son diferentes las condiciones de los asesinatos de líderes que promueven la sustitución de cultivos en una zona como el nudo del paramillo, que es una zona de mercado histórica donde convergen el cultivo, el procesamiento y la exportación, con las condiciones que viven los líderes sociales de otras zonas como San Vicente del Caguán.

Hay gente que todavía está en el debate conceptual de si son o no paramilitares y si hay una gran estrategia para boicotear el proceso de paz, pero son las condiciones a nivel local que permiten la reproducción de la violencia contra los líderes sociales. Aparte, yo diría, en principio, que no existe esa gran estrategia porque las posibilidades de que todos estos grupos se coordinen son muy costosas.

¿Cuáles son los retos en la política pública de protección a desmovilizados y a líderes sociales?

Con la unidad de protección que existe hoy no hay cómo garantizar seguridad, así que  lo primero es crear una nueva institucionalidad en función de brindar esas garantías. Puede haber una iniciativa a nivel nacional, pero que prescinde del conocimiento local para poder hacerle frente a las posibles amenazas. Es necesario tener una fuerza mucho más especializada en la protección de los líderes en sus territorios.

A finales del año pasado el Ministerio de Defensa Nacional autorizó los bombardeos contra las bandas criminales. ¿Cómo modifica esa decisión la dinámica del conflicto?

Atender este fenómeno necesita tomar decisiones de mediano y largo plazo. Políticamente hay presión para dar resultados de corto plazo y esa ha sido la política de objetivos de alto valor:  considerar que capturando cabecillas, mandos medios y enlaces  claves en las áreas financieras de estas organizaciones, se van a desarticular. Es casi el mismo modelo que se usó con las FARC, solo que con la guerrilla había unas condiciones diferentes. En las FARC los combatientes rasos dependían de sus mandos medios y altos, pero en los grupos posdesmovilización, como no tienen estructuras jerárquicas, esas capturas no inciden mucho porque simplemente ponen a alguien más.  La estrategia militar de dar capturas o bajas a integrantes de esos grupos es muy rentable políticamente y en la opinión pública, pero no da resultados a mediano y largo plazo.

Desde el equipo estamos manejando una hipótesis de trabajo: en México se implementó una estrategia muy similar a la de objetivos de alto valor y mostró que aparte que no resuelven el problema principal, genera una violencia mayor en el área donde operan esos grupos.

¿Cómo se deben manejar la política de los mercados ilegales para que se adapten a lo acordado con las FARC?

Yo tengo una visión muy pragmática sobre este tema teniendo en cuenta que la dinámica de los mercados ilícitos no se va a resolver en dos años, pero sí se pueden tomar unas medidas encaminadas a la reducción de la violencia mientras se prepara el terreno para reemplazar los mercados ilegales. Lo primero que hay que tener en el contexto de la implementación son unos factores mínimos de seguridad tanto para los desmovilizados como para las comunidades que los van a recibir. La propuesta de desarrollo regional debe incluir ofertas económicas, educativas, familiares para que los desmovilizados no vuelvan a la ilegalidad y para que las propias comunidades no vean en los mercados ilegales una opción.

¿Qué hacer frente a estos grupos de cara a la implementación de los acuerdos de La Habana?

Hace falta una política orientada hacia la judicialización de la macrocriminalidad. Toda la estrategia se ha concentrado en la militarización pero no hay un componente de justicia que pueda atender el fenómeno. El Ministerio maneja cifras de cerca de 17.000 miembros de estas organizaciones que han sido capturados entre 2007 y 2015, pero no hay pruebas para judicializarlos y vuelven a las calles a delinquir.

Hay una estrategia pero es la más costosa tanto en términos económicos como políticos porque no muestra resultados a corto plazo y consiste en generar dinámicas de desarrollo que desactiven estos grupos. Cuando se genera una capacidad de desarrollo a nivel regional  se agotan las dinámicas de los mercados ilegales y quedan sin margen de manejo estos grupos.

Un tercer elemento está relacionado con lo que Isaac Beltrán ha denominado las carreras criminales. Hay personas que una vez se inician en el mundo criminal en delitos menores, generan una inercia y las posibilidades de sacarlas de esa carrera criminar son muy costosas o muy difíciles de implementar. En los territorios donde actúan estos grupos no hay una política concreta dirigida a la juventud rural o semiurbana que es el caldo de cultivo de las organizaciones ilegales.

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones
 

La vida sin armas

A tiempo con el cronograma acordado, con la entrega de 137 armas de guerrilleros que hacen parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación inicia dejación de armas de las Farc.

El monitoreo de la dejación de armas está a cargo de la Misión Naciones Unidas y comienza con el registro e identificación del armamento, de manera simultánea en todas las zonas y puntos transitorios, en la primera fase se entregarán el 30 % de las armas, en la segunda otro 30% y en la fase final el 40% restante. La recolección de armas concluiría el 29 de mayo.  

Según la Misión de Naciones Unidas “En la primera fase recibirá las armas de los guerrilleros miembros del Mecanismo de Monitoreo y Verificación en paralelo empezará el proceso de planeación y verificación de la destrucción del armamento inestable, como municiones, minas y explosivos”.

La Misión hace el registro del armamento para conocer la cantidad y el tipo, identificará  las características de cada arma y las depositará en contenedores cerrados con doble llave, posteriormente sacará el armamento de las zonas veredales. Al concluir el proceso de dejación se destruirá las armas para posteriormente construir tres monumentos en La Habana, Nueva York y Colombia.

Para Fernando Sarmiento, investigador del Cinep/PPP “hay un esfuerzo de las partes por dar cumplimiento al cronograma que quedó acordado, sin embargo hay que mirar en dos niveles: un nivel técnico de lo que significa el proceso que tiene que hacer Naciones Unidas en la recepción e identificación de las armas, inventariar, dar custodia y guardar para los efectos posteriores de construcción de monumentos. El otro aspecto que hay que mirar es más político, de lo que representa la entrega de armas, que las Farc hayan cumplido con la primera fecha de entrega de armamento es muy importante para dar confianza al proceso, demostrar que hay un compromiso y así también exigir cumplimiento por parte del Gobierno”.

“Todo lo que vaya sucediendo en términos de cumplimiento de acuerdos con las Farc va a repercutir en el proceso con el ELN, lo mejor que pueden hacer las partes es cumplir con lo acordado porque es el mejor mensaje para el proceso en curso con el ELN” concluyó Sarmiento.

Entrega o dejación

Es una diferencia política, porque no es lo mismo que un ejército que no ha sido vencido se enfrente a una negociación en esos términos, no pueden hablar de entrega de armas, porque la entrega de armas tiene la connotación de haber sido vencido y entregar al vencedor.

Las Farc plantearon el concepto de la dejación de las armas, que es un acto unilateral, en el marco de la negociación ellos deciden dejar las armas y no las van a entregar a su adversario histórico, las entregas simbólicamente a un ente de confianza que son las Naciones Unidas, se las depositan a ellos con un fin, crear un acto simbólico: la construcción de tres monumentos.

Hay una diferencia en la connotación de la dos palabras, pero que se refieren especialmente a lo que significa para las Farc hacer el proceso de transición a la vida política, no como un ejército vencido sino como un ejército que da el paso a la vida civil dejando las armas a un lado para hacer el ejercicio de la política, un acto simbólico de transición a la vida sin armas.

Jennipher Corredor
Equipo Comunicaciones

El segundo punto del acuerdo de La Habana, Participación política: apertura democrática para construir la paz, establece algunos parámetros que, según las delegaciones, amplían las posibilidades de los diferentes sectores sociales para  tener una participación más amplia y efectiva.

En uno de sus apartes, relacionado con la participación de la sociedad civil, plantea la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la república en el que se brinden garantías para esa participación. Dentro de este punto, se solicitó al Cinep/PPP y a otras dos organizaciones su apoyo para lograr que el proyecto que se presente sea acorde a las necesidades de las comunidades del país.  Magda López, investigadora del equipo de Iniciativas de paz y Marco Fidel Vargas, investigador de equipo de educación, hablan del trabajo que han desarrollado ante la solicitud de la mesa de negociaciones.

¿Por qué desde la mesa de La Habana se solicita al Cinep/PPP apoyar en este punto?

Magda López

Hay que señalar el trabajo en temas de investigación, educación, acompañamiento y presencia en los territorios que ha hecho el Cinep y el Programa por la Paz durante muchos años. Ese trabajo fue reconocido en la mesa de negociación en La Habana, tanto por la delegación de las Farc como la del gobierno. Nos reconocen como un actor de la sociedad civil que lidera, que impulsa, que denuncia. Y como un centro de pensamiento que acompaña a las víctimas y a las comunidades más afectadas por el conflicto. Resaltaron mucho el trabajo en derechos humanos y el registro que se lleva desde el banco de datos de las violaciones a estos en diferentes partes del país.

¿Cómo llega el Cinep/PPP a la mesa?

Nosotros llegamos a la mesa por diferentes trabajos veníamos desarrollando en los últimos años. Uno de ellos fue un consulta ciudadana organizada por Foro nacional por Colombia y por petición del Alto Comisionado para la Paz sobre reconciliación y convivencia. Nosotros hicimos la secretaría técnica y a partir de ese momento hicimos el contacto con estas organizaciones.

¿Cuál fue la solicitud que les hicieron?

Tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y Cinep/PPP) fueron llamadas a acompañar uno de las tareas que quedaban para la implementación. Esta quedó enmarcada en el punto 2 del acuerdo y tiene que ver con la creación de un proyecto de ley de garantías de la participación ciudadana, la movilización y la protesta social y otras actividades que pueden hacer las organizaciones sociales.

Según lo estableció la mesa de conversaciones de La Habana, había un llamado a las tres organizaciones para que diseñaran una metodología de cara a la convocatoria de un espacio nacional en el que se pudieran recoger diferentes insumos que dieran los lineamientos para este proyecto de ley.  Cada una de las organizaciones no hemos repartido la recolección de una serie de insumos temáticos de acuerdo a las experticias y experiencias de cada organización, que se discutirán en cada una de las mesas en el espacio nacional y en los espacios territoriales.

¿Cuál es la agenda o cronograma que tienen?

El consejo Nacional de Participación ha nombrado sus delegados. Con ellos, en estos días, estamos organizando los eventos regionales. Los resultados de estos eventos debemos presentarlos, a más tardar, el 31 de marzo. Es decir, los lineamientos para el proyecto de ley debemos entregarlos para esa fecha. El encargo de La Habana, para las tres organizaciones, termina con la entrega de ese documento que recoge los aportes de las organizaciones de la sociedad civil de las diferentes regiones del país.

 La participación ciudadana en Colombia

En 2015 se expidió la ley 1757 que busca promocionar y proteger el derecho a la participación ciudadana. Esta ley presenta las formas institucionales de participación, regula las iniciativas populares y los mecanismos de participación (referendo, plebiscito, consulta popular), sin embargo, no brinda garantías reales para el ejercicio de la participación pues no están explícitamente mencionadas. Esta ley reconoce que la participación ciudadana se expresa a partir de mecanismos institucionales, pero también la movilización social y la organización ciudadana hacen parte de la participación, y por lo tanto deben ser oídas por los mandatarios locales, regionales y nacionales.

Dentro de la normatividad estipulada en la ley, se crea el Consejo Nacional de Participación. Este se encarga de orientar al gobierno nacional en temas relacionados con la participación de diferentes sectores sociales. Esta instancia trabaja con las tres organizaciones designadas por la mesa de La Habana y su rol es el de liderar la convocatoria al espacio nacional y acompañar en los espacios regionales la discusión para tener claridad de las propuestas de las comunidades.

 En el punto 2.2.1. del acuerdo final, les solicitan organizar el espacio nacional. ¿Cuál es la metodología para estos espacios de debate?

Marco Fidel Vargas

Lo primero será dividir los nueve temas planteados en mesas por sectores. Allí se organizarán las organizaciones dependiendo el tipo de temática que trabajen. Luego se identificarán las fallas, falencias u obstáculos que tiene la sociedad civil y que no les propicia una participación efectiva. Una vez identificadas, las mismas organizaciones presentarán sus propuestas que les permitan superar esos obstáculos y poder tener garantías. De ahí en adelante  la tarea es de las tres organizaciones (Foro nacional por Colombia, Viva la ciudadanía y el Cinep/PPP) para sistematizar esas propuestas y presentarlas al espacio nacional categorizadas.

Dentro del acuerdo les piden los lineamientos para el proyecto de ley  que dé garantías a la participación ¿Cuáles deben ser esas garantías?

Esas garantías deben girar en torno a habilidades que tienen las comunidades en las regiones del país, al tipo de institucionalidad que debe asumirlas, que deben garantizar que existan las garantías, las condiciones para exigir los derechos cuando sean vulnerados, los instrumentos de protección para que constantemente las comunidades puedan exigir  y el acceso a la participación que deben tener todas las regiones de acuerdo a su propio contexto.

¿Cuál es el conducto para llevar las propuestas de las comunidades al proyecto de ley?

Vamos a convocar entre 4 y 6 espacios regionales donde las organizaciones de la sociedad civil van a llevar sus propuestas. De allí se elegirán representantes para el espacio nacional. El documento de sistematización de estos eventos se llevará a una comisión de diálogo en la que se redactará el primer borrador del proyecto de ley. Luego, ese borrador se entrega a las delegaciones de gobierno y de las Farc para que lo revisen. Allí se pueden hacer las correcciones necesarias y cuando ambas partes estén de acuerdo  entregan el documento al Ministerio del Interior para que radique el proyecto en el Congreso. Allí la discusión se hará por Fast track y una vez aprobada la ley, pasará a la Corte Constitucional que la dejará en firme.

Luego de entregar los lineamientos ¿el Cinep/PPP piensa hacer algo más?

El mandato de la mesa es entregar los lineamientos. Sin embargo, hay llamados desde diferentes sectores para que las tres organizaciones y el Consejo nacional de participación sigan haciendo el monitoreo y seguimiento al proyecto de ley. La gente en la experiencia sabe que muchas veces participan en los espacios de discusión, pero cuando la discusión llega al legislativo o a los entes de toma de decisiones, no hay fidelidad o no concuerda lo que la gente dijo con el texto final que aprueban. Estamos esperando si nos es posible participar en esa otra discusión.

 

 Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

 

 

 

Con motivo del lanzamiento del reporte Bajo la sombra del No: la paz en Colombia después del plebiscito del International Crisis Group, el pasado 23 de febrero se realizó en las instalaciones del Cinep/PPP un conversatorio que discutía las implicaciones que tiene para la región la situación política, económica y social que vive Venezuela en la actualidad.

Todos los panelistas coincidieron que Venezuela vive una situación de crisis en materia económica y política, y que estas dos llevan a que el ambiente social propicie fuertes tensiones en la vida cotidiana de los venezolanos. “En Venezuela hay un agravamiento progresivo a nivel económico, a nivel político, a nivel social y a nivel de la inseguridad ciudadana. Se están quemando opciones de salidas constitucional, posibilidades de diálogo, lo que es muy grave, porque los problemas se siguen agudizando y no hay tramitación de ellos”  Socorro Ramírez afirmó Socorro Ramírez, ex profesora de la Universidad Nacional y miembro de la Comisión de Conciliación Nacional

Para Phil Guson, Analista Senior para Venezuela de International Crisis Group y autor del reporte el mayor problema es de tipo político, pues las grandes diferencias entre oficialistas y opositores son las que no permiten conciliar salidas. “En Venezuela hay básicamente dos bandos políticos enfrentados que polarizan a la población. Que uno de los bandos quiera imponerse sobre el otro, no va a solucionar la crisis, simplemente la va a seguir reproduciendo. Por eso es fundamental la solución negociada de esa crisis.”

Gabriel Becerra, miembro de la Unión patriótica y panelista en el coversatorio, reconoció los problemas que afronta Venezuela en la actualidad. Sin embargo, también reconoció lo importante que fue para las clases populares la llegada del proyecto político de Chávez al poder. “No se pueden desconocer los beneficios que recibieron las comunidades que históricamente habían sido marginadas y que hoy en día, por lo menos pueden comer tres veces al día y estudiar”. Si bien hay diferencias de opiniones frente al tema, todos coincidieron en que la salida a la crisis está en el diálogo y la negociación entre las partes.

Colombia y Venezuela

Otro de los temas debatidos fue las implicaciones para Colombia de la situación que vive Venezuela. “Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 km. Esta frontera es muy activa y muy permeable, tanto para lo bueno como para lo malo. Es imposible que dos países que comparten tanto, no solo geográficamente sino histórica y culturalmente no se vean afectados mutuamente por situaciones internas.” dijo Phil Gunson.

Para Socorro Ramirez, experta en temas relacionados con la frontera colombo-venezolana, han sido muchos los impactos sobre el territorio y las comunidades colombianas a partir del agravamiento de la crisis en Venezuela. “La criminalidad ha aumentado y quita las perspectivas de desarrollo regional. La llegada masiva de venezolanos a ciudades colombianas está haciendo colapsar el precario sistema de salud, el desempleo ha crecido exponencialmente, la delincuencia local y está creciendo una especie de anti venezolanismo que hay que detener.” También evidenció la poca capacidad de respuesta de las instituciones colombianas frente a este proceso “El gobierno colombiano ha hecho intervenciones momentáneas pero no hay capacidad institucional de acompañar a los gobiernos de frontera. No hay ningún espacio de diálogo ni siquiera entre los gobiernos y se ha manejado con el cierre o la apertura unilateral de la frontera.” expuso Ramírez.

Otro de los puntos en común fue el del papel fundamental que debe jugar la comunidad internacional y los países vecinos en propiciar espacios de diálogo entre las partes. “Va a ser muy importante la presión internacional para mediar y para reestablecer la institucionalidad democrática, es decir, no solo que haya elecciones, sino que todas las instituciones que están en el papel existan, cumplan su papel y que sean autónomas.” Dijo Gunson. Mientras que para Socorro Ramirez “Debería haber una presión internacional por el diálogo y por la negociación colectiva de los organismos regionales de américa latina y del caribe. Esta parálisis le hace daño a Venezuela.”

 Incidencia del Cinep/PPP en la zona de frontera

Ante la tensa situación que se viven en las ciudades fronterizas, el Cinep/Programa por la Paz, viene desarrollando su proyecto de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana (EPCC) en algunas de esas ciudades. La EPCC ha trabajado durante seis años en tres frentes: procesos de formación política y ciudadana  con carácter de diplomado, avalados por el instituto Pensar de la Universidad Javeriana de Bogotá; La plataforma binacional fronteriza, que es la confluencia de organizaciones sociales y educativas de ambos países que preparan acciones de incidencia y actuación conjunta binacional; y trabajo con el proceso de regionalización de la Región Apostólica interprovincial Fronteriza (Raif) que es liderado por las provincias jesuitas de ambos países.

“Las acciones del Cinep/PPP en la frontera tienen como objetivo promover el sujeto social fronterizo y la formación y actuación ciudadana concertada articulada entre los habitantes de ambos lados de la frontera.” Explica Marco Andrés Acosta, investigador del Cinep/PPP.

Pese a la labor de organización y de incidencia que adelanta, no solo el Cinep/PPP sino diversas organizaciones sociales y religiosas en la frontera, la coyuntura de los últimos meses ha generado efectos negativos en las poblaciones de ambos países. “Después de un año de cierre fronterizo, que terminó el año pasado, apenas se ha hecho una apertura peatonal. Eso ha instalado un crecimiento de sentido discriminatorio mutuo que todavía existe en la región de frontera.” Afirma Acosta. Ese sentimiento de rechazo varía dependiendo del contexto en que se encuentren tanto Colombia como Venezuela “En años anteriores los venezolanos sentían que los colombianos querían aprovecharse del ámbito venezolano. Ahora que el venezolano busca nuevas oportunidades en Colombia, ha crecido un sentimiento de resistencia para no recibir y atender humanitariamente a los venezolanos que llegan al país.” Finaliza Acosta.

 
 
Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

Tras varios meses de tensión y de incertidumbre sobre el futuro de las conversaciones entre el gobierno nacional y el ELN, el pasado 2 de febrero se destrabó el inicio de los diálogos de paz. Julián Barajas, asistente de investigación del equipo de Iniciativas de Paz, habla de la instalación de la mesa y el inicio de la fase pública de la negociación.

 

Luego de la instalación oficial de la mesa ¿Cómo llegan ambas delegaciones a la negociación?

Julián Barajas Más que cómo llegan, es necesario analizar el proceso que se dio antes de la misma instalación. El año pasado, a pesar de casi tres años de conversaciones exploratorias, fue un año de congelamiento casi total del proceso. Sin embargo, y a pesar de la incertidumbre, se logró solventar ese impase y se instaló la mesa el 7 de febrero.  Si nos remitimos a los discursos tanto de Pablo Beltrán como de Juan Camilo Restrepo, pareciera que a pesar del congelamiento y de los grandes desencuentros que hubo en el 2016, cada delegación internamente reforzó su convicción de iniciar un diálogo con la otra parte. Había un pregunta en ambas delegaciones: ¿qué tanta voluntad de paz tiene la contraparte? Creo las dos nos demostraron el compromiso, tanto del gobierno con los indultos a los dos guerrilleros presos, como del ELN con la liberación de Odín Sánchez, y del soldado que tenían retenido en Arauca.

¿Cuál es su análisis de los discursos que presentó cada delegación en el acto de instalación de la mesa?

J.B. Como toda negociación, cada parte pone su agenda. El discurso de Juan Camilo Restrepo deja ver que al gobierno lo que le interesa es el desarme del ELN. En ese sentido va a abogar para que baje, no sé si la intensidad del conflicto, pero por lo menos la capacidad militar del ELN. Pablo Beltrán por su parte, posiciona lo que para el ELN es el punto crucial, que es la participación de la sociedad civil. Como ya tenemos un punto de comparación, al recordar el discurso de Iván Márquez en la instalación de la mesa con las Farc, a mí me parece que ese discurso de Márquez era mucho más, no sé si radical, pero por lo menos más ambicioso que el presentado por Beltrán el 7 de febrero.

¿Cómo espera ud que sea esa participación de la sociedad civil dentro del proceso?

J.B. Aquí hay una ventaja y es que ya hay una agenda que estipula una participación, y eso ya es un avance, porque parece que va a ser una participación más directa. Este es diferente al proceso con las Farc, porque a pesar de que hubo participación de las víctimas, ese modelo tuvo bastantes críticas, en el sentido que no fue una participación amplia y directa de la población. Frente a ese aspecto se aprendió que en un proceso como estos es necesario involucrar a la sociedad.

Yo aspiro que este sea un experimento para ampliar la participación democrática de la ciudadanía en Colombia. Hay una cierta precaución en el tema de participación y es que el proceso se puede alargar mucho. Eso es verdad, se necesita diseñar una metodología que logre encausarla y que no nos quedemos simplemente en debatir y no concretar nada. Esta es una oportunidad necesaria, y ojalá esta experiencia sea un acumulado para incentivar y motivar la participación de la ciudadanía.

Frente a la negativa de algunos comandantes del ELN de renunciar a la práctica del secuestro ¿Cómo puede afectar este tema a la negociación?

J.B. El secuestro es indefendible. Todo el congelamiento del año pasado fue bajo el argumento del secuestro.  Analizando el tema política y económicamente, las cifras de secuestrados que tiene actualmente el ELN no son significativas. Por lo tanto, el argumento de que el secuestro es una vía indispensable de financiación de la guerra, se cae por la poca cantidad de secuestrados que tienen.

El secuestro lo usan no solo como práctica de financiación sino también sino también como arma política y hoy en día no les funciona de esa forma. Entonces yo sí creo que el ELN debe renunciar al secuestro porque no les representa grandes capitales económicos y tampoco capitales políticos. Ese sería un gesto no solo con el gobierno sino con toda la sociedad colombiana y que además, le quitaría un argumento a los opositores del proceso de paz.

¿Cómo diferenciar el proceso de las Farc con el del ELN?

J.B. Juan Camilo Restrepo de antemano lo dijo en su discurso. El gobierno ha venido entendiendo con el tiempo que este es un proceso distinto al de las Farc en tanto que el ELN es una organización independiente y autónoma, con su propia naturaleza y su propia idiosincrasia. Sin embargo tampoco se pueden cerrar las puertas de interlocución. Claramente este proceso debe aprender y debe tener en cuenta la negociación y la implementación con las Farc. Lo peligroso es que pareciera, por parte del gobierno, que hay una iniciativa de no abrir más los temas de justicia y el tema de dejación de armas. Yo entiendo el argumento del gobierno de tener en cuenta la jurisdicción especial para la paz que se acordó en La Habana, pero el ELN también tiene un argumento muy fuerte y es que ellos no participaron en esa discusión. Yo creo que la vía es que el punto de partida para la discusión de la justicia y la dejación de armas con el ELN sea lo ya acordado con las Farc.

Teniendo en cuenta que el gobierno Santos tiene el tiempo limitado y que la agenda del ELN puede extenderse en su discusión ¿Cómo debe ser el manejo de la negociación?

J.B. En Colombia no va a haber paz si la paz es una política de gobierno y no una política de Estado. Si los colombianos queremos la paz tenemos que asumir que la paz no puede depender del gobierno de turno. La única salida ante este situación es que todos los sectores de la sociedad civil que estamos a favor de la solución política nos unamos para darle continuidad a este proceso independientemente de quien sea elegido como nuevo presidente. El problema no es que se acabe este gobierno. El problema es que hay opositores a la salida política y negociada al conflicto que tienen grandes probabilidades de ganar la presidencia y eso puede hacer que los pasos que hemos dado hacia la paz se pierdan.

 

En su último artículo en la Revista Cien días hacía un llamado a la sociedad civil para presionar a las partes para que instalaran la mesa. Ahora que inicia la negociación ¿cuál es el papel de la sociedad civil en acompañar pero también exigir resultados a la mesa?

J.B. Yo creo que el talón de Aquiles, no solo de la izquierda sino de sectores progresistas, es que nos cuesta trabajar juntos. Cada sector o facción quiere imponer su agenda propia. Ahora lo que necesitamos es una plataforma que reúna todos esos sectores y que abogue por la paz. Generalmente la gente se moviliza ante una injusticia, pero se moviliza mucho más cuando se siente parte o cuando se siente afectado. En ese sentido, este año será crucial para involucrar a la sociedad y lograr un interés nacional por participar políticamente.

Audiencia pública ante Congreso en el marco de la refrendación de los acuerdos. Sobre la necesidad de garantías de independencia administrativa en la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

Según cifras del censo general del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en 2005 el 25% de la población colombiana –11,2 millones– y el 62% de los municipios del país –692– son considerados rurales. Aunque son muchas las cifras en las que se evidencia la inequidad entre la población rural y la urbana, preocupa el tema de la educación. Un informe del Ministerio de Educación Nacional de 2013 demuestra que de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo en la zona rural, 48 culminan la educación media, mientras que en las áreas urbanas lo hacen 82 estudiantes.

Frente a este panorama, que ha sido constante desde hace décadas, diversas organizaciones, instituciones y maestros han creado procesos educativos con un enfoque diferencial que permiten cerrar las brechas en acceso, permanencia, calidad y, sobre todo, pertinencia  de la educación que reciben las comunidades rurales del país.

Colombia es un país con una gran diversidad. A lo largo del territorio confluyen diferentes culturas que tienen sus propias formas de entender, ver y vivir su realidad. Dadas estas condiciones, no es coherente tener un solo modelo educativo para la niñez y la juventud de todo el país.

“La misma educación que se le da a los niños y jóvenes, los hace querer salir del campo para vivir en la ciudad, porque enseña que la ciudad es progreso y bienestar y que en el campo está la ignorancia, la pobreza y el atraso”, afirma Jorge Iván Marín, educador de zonas rurales de Antioquia. El mismo Marín manifiesta que existe en el país un  sistema educativo que habla de ruralidad pero no marca mayores diferencias entre la pedagogía y la didáctica que emplea en el contexto urbano y el rural.

 

De ahí que sea importante que el sistema educativo reconozca la cultura propia de los pobladores rurales y busque mecanismos para responder a sus necesidades porque, tal como lo señala Ariel Rueda, de la Asociación campesina de Antioquia, “la educación que nos están llevando a nosotros los campesinos no es acorde a las necesidades del campo porque las personas que imparten esta educación desconocen las realidades del campo”.

  Instalación de la mesa

Como resultado de las negociaciones con la guerrilla de las Farc, quedó estipulado en el acuerdo final, en su punto 3.2.2.2., la creación del Plan Especial de Educación Rural. En este se dan los lineamientos generales de la política pública que reformará la educación que reciben los habitantes rurales del país.

Para reglamentar este punto del acuerdo, 72 organizaciones e instituciones dedicadas a la educación y al desarrollo del sector rural han designado a sus representantes a la Mesa Nacional de Educación Rural, que en los próximos meses discutirán con el Ministerio de Educación Nacional el texto que será incluido en el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos. Esta mesa fue instalada formalmente el pasado 9 de febrero en las instalaciones del Cinep/PPP con la presencia y representación de las organizaciones.

Estas organizaciones, instituciones, maestros y líderes de base coinciden en afirmar que parte de la enorme brecha de inequidad y la desigualdad en oportunidades y garantías que viven las poblaciones rurales del país son causa del sistema educativo que no está diseñado con enfoque diferenciado para las personas que viven y trabajan en el campo. Por eso han venido debatiendo las necesidades que tienen los pobladores rurales en los congresos Nacionales de Educación Rural, de donde salen las propuestas que se llevarán al Ministerio para su discusión.

Una de las propuestas es lograr que la educación que reciban los habitantes del campo no se reduzca a la básica, sino que la educación técnica, tecnológica e incluso la profesional tengan su espacio dentro del Plan nacional de educación. Tal como lo expresa Beatriz López, de la Corporación para la Investigación y el Desarrollo, “la educación como motor del desarrollo debe llegar a los campesinos en todos sus niveles. Es un reto que la educación superior llegue al campo y aún más, que los campesinos se queden y con esos conocimientos aporte al desarrollo integral de la ruralidad”.  

 

Otras propuestas en las que trabaja la mesa nacional están relacionadas con la adaptación de modelos educativos de diferentes culturas, contenidos pertinentes para cada región, infraestructura adecuada para la enseñanza, calidad educativa, permanencia,  educación en ciudadanía, desarrollo del campo y construcción de paz desde las regiones.

Durante los primeros meses del 2017 el Ministerio de Educación  deberá presentar los lineamientos de la política pública de educación rural para que pase al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio del Posconflicto para construir el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos, en el que se articulan las políticas que cada ministerio está construyendo a partir de lo acordado en La Habana. Una vez aprobadas, se asignarán presupuestos y se iniciará la implementación.  

 

Miguel Angel Martínez
Equipo de Comunicaciones

DENUNCIAMOS EL ASESINATO DEL LÍDER RECLAMANTE DE TIERRAS PORFIRIO JARAMILLO, COMUNIDAD DE GUACAMAYAS, CONSEJO COMUNITARIO DE LA LARGA Y TUMARADÓ (COCOLATU).

30 de enero. El consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) y el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP / Programa por la Paz lamentan y repudian el homicidio del líder reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Bogallo, miembro del consejo local de la comunidad de Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, sucedido en la madrugada del pasado domingo.

Consideramos que el asesinato del líder Porfirio Jaramillo no es un caso aislado, y que los hechos de violencia contra líderes y lideresas reclamantes de tierras constituyen una estrategia sistemática por parte de actores poderosos interesados en obstaculizar el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU.

Estos lamentables hechos evidencian que la restitución de los derechos territoriales étnicos no avanza. Pero si avanza el despojo y la persecución a líderes y lideresas, porque existen grandes intereses económicos detrás de estos territorios. Intereses que son sostenidos y facilitados por grupos armados ilegales, así como por estructuras políticas locales, regionales y nacionales.

HECHOS:

El pasado sábado 28 de enero en horas de la noche, cuatro (4) hombres armados vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública que se movilizaban en motocicleta, ingresaron a la vivienda del señor Porfirio Jaramillo Bogallo, ubicada en la comunidad Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, y procedieron a retenerlo en contra de su voluntad, siendo testigos del hecho familiares y miembros de la comunidad. Su cadáver fue encontrado en la madrugada del domingo 29 de enero, con heridas de arma blanca, en la zona de El Tigre, en la carretera que conduce de Nuevo Oriente a Chigorodó, a una distancia aproximada de 2 o 3 kms de su comunidad.

ANTECEDENTES:

El señor Porfirio Jaramillo Bocallo había retornado hace dos (2) años a la comunidad de Guacamayas, después de haber sido desplazado por los grupos paramilitares. Era un líder activo de la comunidad de Guacayamas, y de la organización de víctimas reclamantes de tierras “Tierra y Paz”.

El señor Jaramillo venía siendo víctima de amenazas en contra de su integridad personal, por lo que había solicitado un esquema de seguridad y protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin respuesta efectiva de este organismo.

Según “Tierra y Paz”, el señor Jaramillo "denunció intimidaciones de muerte por parte del actual poseedor del predio que él estaba reclamando, un hombre conocido como 'el cura', y de su administrador. Ambos le habrían dicho que lo harían matar de los paramilitares". La misma organización aseguró que hace cuatro (4) meses le llegó una comunicación al líder campesino en la que se le daba un plazo para abandonar su finca. Inmediatamente puso una denuncia ante la Policía y la Fiscalía, indicando que sospechaba de dónde venían estas intimidaciones.

EXIGIMOS:

A la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que garanticen una restitución y reparación integral, en condiciones de seguridad, a las víctimas de COCOLATU.

A las instituciones locales y regionales (Alcaldía de Turbo, Gobernación de Antioquia), que activen las medidas para garantizar la protección de los líderes y lideresas reclamantes de tierras de COCOLATU.

A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación y judicialización de los responsables del homicidio del líder Porfirio Jaramillo, y no dejen este crimen impune.

A la Unidad Nacional de Protección, que ponga en marcha la ruta de protección colectiva para las comunidades pertenecientes al consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, así como esquemas de protección individual contextualizados y oportunos.

A la Policía, Ejército y Ministerio de Defensa, que cumplan con su misión de garantizar la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta sistemática en contra de los reclamantes de tierras en toda la región de Uraba.

El presente comunicado es suscrito por:

  • El Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU).
  • La Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA).
  • El Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP).

Descargar comunicado

 

 

 

Durante los días 12 y 13 de diciembre se realizó en la ciudad de Pasto el 2° Foro Construyendo Paz con Equidad desde Nariño, retos para la paz territorial.

La primera jornada invitó a los asistentes a dialogar en torno a la realidad  del departamento, a través de las acciones y resultados concretos en los territorios. Con la exposición de las experiencias de agendas de paz adelantadas por las comunidades y organizaciones sociales en algunos municipios de Nariño, se conocieron las apuestas para la construcción de paz.

Las agendas de paz son propuestas que se generan directamente desde los territorios, iniciativas que surgen de las comunidades. Para Javier Dorado, miembro de la Minga por la Paz de Nariño “la importancia de estas iniciativas es que se socializan, se comparten y a su vez exigen al gobierno que los componentes de estas agendas de paz sean parte de las negociaciones”.

Actualmente la Minga por Paz de Nariño tiene siete propuestas, de las que se destaca el escenario que se está desarrollando en el municipio de Samaniego con la Universidad para la Paz, a través de la propuesta de educación alternativa, sin embargo la propuesta más significativa por el impacto que ha desarrollado es el lanzamiento del primer Territorio Campesino Agroalimentario en el municipio de San Pablo.

Durante la segunda jornada del Foro, se pusieron en mesas de discusión tres temas fundamentales para pensar la construcción de paz en Nariño: Acceso y uso de la tierra, participación política y sustitución de cultivos de uso ilícito. Frente al tema del acceso a la tierra se resalta el cuidado del agua y las afectaciones a las comunidades por el ingreso de megaproyectos a los territorios “La gran minería y agronegocios despojan de la tierra y el territorio a los campesinos de una alternativa de susbsistencia a largo plazo para sus familias”, afirmó Duby Ordónez, lideresa de San Pablo y representante de la Fundación Comité de Integración del Macizo Colombiano - CIMA. Con respecto a la sustitución de cultivos de usos ilícito los participantes identificaron los principales obstáculos presentes en el departamento para la implementación de programas para la sustitución de cultivos. Con respecto eje  de la participación política en el departamento de Nariño se hizo especial énfasis en las características del sistema político actual que impiden el ejercicio pleno de participación por parte de los ciudadanos, ciudadanas y sus comunidades.