Areas de Trabajo

Areas de Trabajo (171)

Cuando mi jefe me confirmó que viajaba a Cartagena, lo primero en que pensé fue en la desigualdad tan marcada que vive la ciudad. Por esos días, había leído una nota en un medio nacional en la que se evidenciaba la gran cantidad de proyectos de inversión que tiene la ciudad, y sin embargo, las comunidades más pobres no se beneficiaban en nada. “Cada diez días inversionistas nacionales y extranjeros lanzan un proyecto de construcción en Cartagena” iniciaba el artículo. “Cartagena es la segunda ciudad de Colombia con el mayor número de pobres” enunciaba más adelante. Así inicié una búsqueda de contexto que me permitiera hacer mi trabajo  en el  segundo seminario regional de educación intercultural que desarrollaba el Cinep/PPP en la costa Caribe.

Una vez inició el seminario, estaba en medio de varias decenas de profesores de la región.  De La Guajira, de Valledupar, de Cartagena, de la Sierra Nevada de Santa Marta. El primer panel de esa mañana fue una presentación de varias experiencias significativas en educación que involucran marcados procesos de interculturalidad en la pedagogía.

En la tarde estaba programado un recorrido por Bocachica, uno de los cuatro pueblos de Tierra Bomba, para conocer el trabajo del consejo comunitario. Para llegar allí, debimos caminar hacia el muelle de la bodeguita, frente al Centro de Convenciones donde se firmó el acuerdo de paz. Caminamos por el centro histórico y más turístico de Cartagena. Pasamos la torre del reloj, el centro de convenciones y el museo de arte moderno, claro, justo al lado la muralla. Esta era la ciudad que había visto en fotos, en videos y la que todo turista conoce, pero estábamos a punto de partir hacia otra cara de Cartagena.

 Contrastan los lujosos yates cerca a Cartagena con las conoas y lanchas rumbo a Bocachica

El trayecto duró unos 50 minutos, que incluyó una parada para recoger algo de mercancía y en el que nos cruzamos con pequeñas lanchas de motor y otras balsas que se movían al ritmo de los remos.  “Eso que se ve allá al fondo, eso es Bocachica” dijo un joven que venía en la lancha y que toda su vida ha vivido en este pueblo. “Hay mucha movilidad de la gente de Bocachica porque no tenemos muchas opciones de trabajo, por eso hay que ir a Cartagena” añadió.

Al llegar, la primera imagen es la de varios hombres sentados en una canoa. Dos de ellos arreglando una red, otros sentados y varios niños jugando alrededor. Todos nos miran con bastante curiosidad al ver tantos visitantes. En total, tres lanchas. A medida que íbamos avanzando no paraban los saludos. “buenas tardes, ¿cómo están?, bienvenidos”, se escuchaba desde las puertas de las casas. Varias veces tuvimos que pedir indicaciones para llegar a la casa de la cultura. Esas calles que andamos eran muy diferentes a las que habíamos caminado una hora antes. Allí no estaban pavimentadas, eran de piedra y polvo. Una que otra tenía lozas de cemento pero no por más de tres cuadras seguidas. Se veía claramente las varillas que en algún momento sostendrán los andenes. Este es un pueblo en construcción.

Una vez adentro de la casa de la cultura, todo el salón se llenó. Tanto así que algunos profesores decidieron almorzar afuera, a la sombra de un árbol para estar más cómodos. Fui hacia el salón habilitado como cocina y había diez personas para servir y repartir el almuerzo de todas las que esperaban afuera. Se distribuyeron funciones, unos el arroz, otros el patacón, otros la ensalada y otros el pescado. A mí me correspondió el jugo. Durante todo el tiempo que estuvimos allí, no paraba la conversación, los chistes y uno que otro ánimo para acelerar el proceso. Esta no era la “alta cocina” de los lujosos restaurantes del barrio Getsemaní.  Allí la comida se acomodaba con los dedos,  los platos pasaban de mano en mano y en mi caso, del mismo afán, los vasos quedaban untados de jugo por fuera. A pesar de habernos visto apenas medio día, ya había un ambiente de confianza. “Vamo´migue, sirve el jugo que la gente tiene sed” me decían con cierta picardía.

Al terminar el almuerzo nos dividimos en tres grupos, cada uno tenía un líder que se encargaría de hacer el recorrido guiado. Yo salí en el último que era guiado por Pedro, un habitante de unos 27 años que nos iba contando la historia reciente del pueblo.  “Estas playas eran las más apetecidas por los turistas hace años, pero a las Islas Rosario y a Barú les metieron más plata y ahora se llevan casi todo el turismo” dijo. También relató los procesos organizativos que han tenido para exigir sus derechos. “Aquí han venido grandes poseedores a comprarle la tierra a nuestra gente. El problema es que la compran a precio de huevo, y como aquí mucha gente no sabe, terminan vendiéndola para megaproyectos y grandes construcciones privadas”. Pedro relató las capacitaciones que han dado a las comunidades para que no vendan sus predios y para que no se aprovechen de su desconocimiento. “A veces es difícil porque la gente no es consciente de que vivimos en un paraíso”

El calzado de Pedro durante el rrecorrido

Son muy marcadas las diferencias de condiciones que viven los isleños. En Bocachica el agua no es un derecho fundamental. “El agua la trae una lancha cada tres o cuatro días y cuesta $900 el galón. Sólo para lavar la ropa y la loza se pueden gastar 9 galones semanales” dijo Pedro ante la mirada del grupo. El servicio de energía eléctrica no es muy diferente.  “Son muy continuos los cortes de corriente, a veces se puede ir la luz dos o tres días hasta que vienen de Cartagena a arreglar el daño”.  Toda la conversación sucedía sobre el mayor atractivo turístico del pueblo. El fuerte de San Fernando de Bocachica, un fuerte militar que sirvió también de cárcel en la época colonial y que fue muy importante en la estrategia militar, pues era paso obligado de las embarcaciones para entrar a Cartagena.

Desde las costas de Bocachica se ven los grandes barcos de carga y los lujosos cruceros que llegan a Cartagena

El fuerte es muy similar al Castillo de San Felipe, solo que más pequeño y sin muralla que bordea la costa. Pedro hablaba de los túneles que interconectaban la parte alta del fuerte con la costa. Fue tanta la curiosidad que un par de niños de unos 9 o 10 años nos invitaron a recorrerlo. Entré con Jenny, la coordinadora del seminario y otros dos profesores. A la entrada los niños nos advirtieron que no había ninguna iluminación y que debíamos ser cuidadosos con las cabezas. No pasaron muchos metros cuando descubrimos la razón. Los túneles son de piedra, pero les han puesto unos refuerzos de madera que disminuyen el tamaño de los corredores. Debíamos pasar agachados para no golpearnos. Los túneles son realmente oscuros. No entra ni un rayo de luz, ni hay iluminación artificial. Como pudimos, andamos alumbrado con los celulares. En algunos puntos el aire era muy denso y con poco oxígeno, hasta que llegábamos a los respiraderos. “Estos son nuevos. Cuando los españoles esto no existía” dijo uno de los niños mirando hacia arriba, al respiradero.

Aunque había alguna desconfianza por seguir avanzando, los niños iban completamente seguros de donde estaban. Conocían estos túneles de arriba abajo. En un punto decidimos salir para no perder el grupo, pero ya se habían ido. Fue entonces cuando nos encontramos con Leister. Un isleño que sobrepasaba los 30 años y que ayudó a llevar las ollas a la casa de la cultura. Con él seguimos el  recorrido.

Mientras nos contaba historias del pueblo también nos hablaba de su vida. Tiene dos hijas y vive de eso, de dar recorridos a los turistas por el pueblo. “El trabajo no es fácil. Hay semanas en que llegan muy pocos turistas y somos varias personas las que nos dedicamos a esto” dijo.  Repitió lo que nos había dicho Pedro antes, el fortalecimiento de Barú y las Islas Rosario como destino turístico, los había afectado.  Mientras atravesábamos el pueblo, se repitió la escena de varias personas sentadas alrededor de una mesa jugando cartas o dominó.  Algunas de las cartas que apenas se veían los números y figuras de tanto uso.

Cuando llegamos a la costa parecía que llevábamos un letrero gigante que decía turistas. Al momento se acercaron muchas personas a ofrecernos sus productos. Manillas, cocadas, collares, mochilas, caracoles, figuras de cerámica nos ofrecieron con mucha insistencia. Por fin terminó el largo recorrido y quedaban unos minutos, mientras llegaba la lancha, para descansar. Sin pensarlo fui a la playa y por primera vez en mi vida me metí al mar. La primera sensación fue refrescar el fuerte calor que hacía. Y fue extraño sentir el sabor salado del agua. Fueron unos pocos minutos que de verdad calmaron el calor y dieron descanso, a los pies sobre todo.

La economía de la isla se basa en productos a los turistas, pues la pesca ya no es tan rentable

“Muy bacana tu gorra, donde la compraste” me dijo Leister, “En Bogotá” le respondí, “si la quiere es suya” le dije. Sin dudarlo la recibió e inmediatamente se la puso, dejando en su mano la descolorida y rota que traía. “Esto es para que te acuerdes de nosotros y vuelvas por aquí” me dijo mientras me entregaba una manilla hecha de semillas y pedazos de madera. Nos despedimos y retornamos a Cartagena, La heroica, esa construida por esclavos. La amurallada, que en sus túneles batallaron los más pobres. Esa misma que en su centro histórico desplazó a las comunidades afro y palenqueras para dar paso a los restaurantes, los hoteles y las tiendas, como explicaba uno de los profesores. Frente a este panorama de diversas culturas conviviendo, diferentes clases sociales, dinámicas sociales tan contradictorias, nacía la reflexión de cómo educar a los niños y prepararlos para la ciudadanía responsable y de convivencia que enfrenta a las dos Cartagenas. Este tema  se desarrolló durante los dos siguientes días en el seminario. Próximamente en nuestro canal de Youtube publicaremos los videos en que algunos docentes intentan responder a estas preguntas.

 

Miguel Martínez

Equipo de Comunicaciones

 

Luz Elena Patarroyo, investigadora del Cinep/Programa por la Paz fue una de las representantes de las organizaciones sociales invitada a compartir su trabajo en la audiencia pública sobre educación rural que se llevó a cabo el 11 de mayo en el Congreso de la República. Vea aquí el balance que hace la investigadora sobre esta jornada:

 

A esta audiencia asistieron diversos miembros de la Mesa Nacional de Educación Rural, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, Colciencias y el Sena, entre otros. Estas fueron algunas de las conclusiones de esta jornada:

  • La necesidad de construir un proceso intersectorial entre estado, organizaciones y privados para la elaboración de un Plan Especial de Educación Rural y posterior a este, una política pública de Educación Rural.
  • Una educación rural tiene que estar adecuadamente financiada.
  • Esta política deberá reconocer la pluralidad que compone nuestro país, deberá tener un enfoque étnico, de género, de inclusión, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios.
  • La reconstrucción del tejido social y económico a partir de los objetivos de la economía solidaria, buscando llegar a una educación liberadora, con calidad, donde se vincule en lo rural los proyectos productivos que aporten a la construcción de innovación tecnológica. Que sean las mismas comunidades que lideren estas reflexiones sobre el conocimiento. 
  • Reconocer cuáles fueron las razones y los efectos de la guerra en la ruralidad. 
  • La educación rural tiene la potencialidad de transformar las condiciones de vida en los territorios, mejorando las condiciones existenciales de la población rural y cerrando brechas de desigualdad entre el campo y la ciudad. 
  • La educación rural puede ser una forma de transformar los saberes desde las dinámicas culturales de las comunidades.
  • Las condiciones de opresión de la mujer en las zonas rurales son mayores que en las urbanas. 

Aquí, la ponencia presentada en la audiencia pública:

 
 
Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicaciones Cinep/PPP

 

 

 

Actualmente 108 familias campesinas reclaman a través de la política de Restitución de Tierras –Ley 1448- los predios de Chimborazo, Ceibones, Nigrinis y Cantagallar en el municipio de Puebloviejo, corregimiento de Tierra Nueva (Magdalena). Desde 1999 las familias empezaron a ser hostigados por los grupos paramilitares que hacían presencia en la región. Por varios años fueron víctimas del robo de su producción, del dinero de sus ventas, de amenazas y las niñas, niños y mujeres fueron vícitimas de violencia sexual. Luego los hechos a los que fueron sometidos, varias familias abandonaron la región hasta que en 2010 se organizaron en la Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables –FUNDAPAD, con la que han adelantado acciones para el restablecimiento de sus derechos por medio de la ley de Justicia y Paz (Ley 975).

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a dicha tierra de estos campesinos en la que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aún están a la espera de la demanda que fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Santa Marta. 

 

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En el marco del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla, el pasado 4 y 5 de mayo se llevó a cabo  la mesa multiactor que discutió los riesgos en seguridad y protección a los que se enfrentan los líderes regionales reclamantes de tierras.

Durante el desarrollo de la mesa dialogaron diferentes actores relacionados con los procesos de reclamación y restitución, entre ellos líderes reclamantes, organizaciones sociales, organismos de control, instituciones estatales, organizaciones acompañantes  y comunidad internacional. Se presentaron 6 casos de procesos de reclamación de tierras en la zonas de Urabá (Antioquia), Bajo Atrato y Darién Caribe (Chocó).

La discusión se centró en los aspectos de seguridad y protección para las personas que lideran este tipo de procesos, pues siguen siendo víctimas de amenazas, atentados y asesinatos.  “En el posconflicto debe primar la protección colectiva a las comunidades, mucho más a nosotras las comunidades reclamantes de tierras porque actualmente seguimos en riesgo” afirmó uno de los asistentes.  Los riesgos fueron enumerados por los líderes de cada proceso y se encontraron seis características comunes en todos los casos. Estos son:

  1. Presencia de actores armados ilegales en los municipios
  2. Convivencia entre grandes ocupantes, actores armados y actores estatales en la región
  3. Criminalización de los líderes y de los procesos de reclamación de tierras
  4. Hechos de violencia contra reclamantes (Amenazas, atentados)
  5. Afectaciones socio ambientales – Minería ilegal, contaminación de fuentes de agua, deforestación
  6. Desarticulación institucional – Vacíos en medidas de protección a reclamantes y colectivas
  7. Poca eficacia en procesos judiciales frente a las redes de despojo

El punto central, y en el que todos estaban de acuerdo, fue que no es suficiente con la entrega de los títulos a las comunidades reclamantes, se requieren otro tipo de medidas y acompañamientos que les permitan a dichas comunidades seguir viviendo en los predios que les devuelvan. “No basta solo con la entrega de títulos, la prevención  y acompañamiento debe ser integral para las comunidades en sus procesos” expuso el representante de Somos Defensores.

Los líderes de procesos de restitución reclamaron a las instituciones por la falta de garantías de seguridad, tanto individual como colectiva, que viven en sus municipios. Si bien algunos de ellos cuentan con escoltas, camionetas, chalecos antibalas y celulares satelitales, la mayoría de las comunidades no tienen protección. “Por nuestras casas pasan hombres con camuflado y fusiles amenazándonos para que abandonemos los procesos de restitución de tierras que nos fueron quitadas o compradas a muy bajo precio y que hoy son propiedad de grandes poseedores” afirma uno de los líderes. “Sabemos que las amenazas no son contra nosotros como personas, sino contra el proceso en sí. Siempre buscan atentar contra el líder más visible para que las demás personas se intimiden y dejen de luchar” agrega otro líder.

Frente a este tipo de intimidaciones, preocupó a los asistentes una de las declaraciones del representare de la Unidad Nacional de Protección quien dijo que anualmente se priorizan 15 casos de protección colectiva y que para poder acceder a esta modalidad, deben postularse para el próximo año. “Nos preocupa la seguridad de nuestras comunidades. Yo puedo tener camioneta y escolta, pero ni mi familia ni los demás integrantes de la comunidad los tienen y eso puede determinar la continuidad de algunos de ellos en el proceso” dijo uno de los asistentes.

Finalmente se lograron algunos acuerdos para dirigir el trabajo a futuro. Estos acuerdos fueron acordados por la mayoría de instituciones presentes entre ellas la Unidad de víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Fiscalía regional, Ministerio del Interior, la Consejería  Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección, la Unión Europea, Acnur, Somos Defensores, el IPC, Pastoral Social, Ascoba y el Cinep/PPP, ente otros. Los acuerdos fueron:

  • Creación de una Mesa de seguimiento y monitoreo de compromisos
  • Audiencias de seguimiento a los casos priorizados - Socialización del estado de los procesos
  • Mapeo de predios de grandes ocupantes a nivel regional
  • Consolidación de cifras de distintas instituciones y organizaciones sobre actos de violencia a nivel regional
  • Prueba piloto de reparación colectiva para casos campesinos - Conceptualización del campesinado como sujeto colectivo de reparación colectiva
  • Informe sobre el papel de actores empresariales en los procesos de despojo en Urabá – En conjunto con la Comisión de Verdad.
  • Unidades de seguridad y protección. Buscar medidas de prevención, no de reacción.

Los líderes presentes manifestaron su complacencia por los acuerdos a los que se comprometieron las instituciones estatales y las organizaciones acompañantes de los procesos y esperan que estas medidas brinden más garantías a las comunidades en sus procesos de restitución de tierras. Algunos otros fueron un más escépticos, pero con la firme convicción de continuar los procesos. “El buen luchador muere en la lucha y si algunos mueren aún con dolor, debemos seguir adelante con la lucha por nuestras tierras” finalizó uno de los líderes.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/Programa por la Paz presentó a la opinión pública su informe anual de 2016, el cual se tituló El paramilitarismo sí existe.  

El Cinep/Programa por la Paz y el Banco de Derechos Humanos y Violencia Política ven con preocupación el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales, campesinos y organizaciones de derechos humanos.El análisis de los últimos 8 números de la revista Noche y Niebla  deja ver una disminución global de las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, aumentan los casos de violencia por razones políticas”, afirmó Alejandro Angulo, S.J. 

Durante la presentación del informe se atribuyeron 550 victimizaciones a grupos paramilitares y 833 a actores armados no identificados, por lo que se puede afirmar que se trata de violencia política. "Preocupa el incremento de las amenazas y asesinatos por parte de grupos paramilitares en contra de líderes sociales", señaló Luis Guillermo Guerrero Guevara, director de Cinep/Programa por la Paz.

Otro de los datos que llamó la atención de los investigadores del Banco de Datos es que las violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Nacional, especialmente del ESMAD, son muy similares a las de los paramilitares: 548 victimizaciones durante el 2016.

PRESUNTOS RESPONSABLES

A

B

C

D

E

F

G

H

Total

PARAMILITARES

395

7

9

 

83

44

12

 

550

POLICÍA NACIONAL

58

 

 

196

17

256

12

9

548

EJÉRCITO NACIONAL

44

 

 

30

8

6

 

1

89

ARMADA NACIONAL

10

 

 

5

1

4

1

 

21

INPEC

4

 

 

 

5

5

4

2

20

FISCALÍA GENERAL

5

 

 

5

 

 

 

 

10

CTI

 

 

 

6

 

 

 

 

6

FUERZA PÚBLICA

 

 

 

3

 

 

 

 

3

GAULA

 

 

 

 

1

1

 

 

2

FUERZA AÉREA

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AMENAZA; B ATENTADO; C DESAPARICIÓN; D DETENCIÓN ARBITRARIA; E EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL;  F HERIDO; G TORTURA; H VIOLENCIA SEXUAL

Fuente: Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep/PPP.

El caso regional que se presentó en esta ocasión fue el del Magdalena Medio, por lo que se contó con la colaboración de Santiago Camargo, del Observatorio de Paz Integral del Magdalena Medio (OPI). Según Camargo “entre 1985 y 2016 se han presentado 477.019 hechos victimizantes, de los cuales el 80% son atribuidos a grupos paramilitares”.

 A pesar de las inversiones, tanto del sector privado como estatal, en la región siguen ocurriendo altos índices de violaciones a los derechos humanos. Entre los años 2014 y 2016 se presentaron 439 agresiones en los 31 municipios que cubre el observatorio. Adicionalmente, el observatorio denuncia la presencia de más de 20 grupos paramilitares en la zona.

El padre Javier Giraldo S.J. hizo un llamado  frente a esta problemática al decir que “no se puede seguir negando la existencia ni el accionar de los grupos paramilitares en Colombia”. Por su parte, Alejandro Angulo S.J. cuestionó la capacidad de la justicia para investigar los crímenes contra campesinos y líderes sociales, en el escenario del posconflicto.

Para más información sobre los casos registrados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política el entre julio y diciembre de 2016, consultar la revista Noche y Niebla edición No. 54

Lea el informe completo aquí.

La narración del comienzo de los tiempos nos describe el primer fracaso en el intento de vivir juntos: Caín, por envidia, mató a su hermano Abel.  Y de ahí en adelante por miles los hermanos se hirieron, se maltrataron, se asesinaron. Evidentemente habría que recolectar las historias de hermanos que lograron convivir en pacíficas relaciones.

Dada esa dolorosa y sangrienta historia de desencuentros, abundaron las propuestas para organizarse y vivir juntos en paz. Y pusieron condiciones: que sea a partir de permitir el acceso a lo indispensable para vivir con dignidad. 

Se fueron identificando las razones por las cuales se quebraba la convivencia: desde luego la envidia: ese “pesar del bien ajeno”. Fue el motivo del asesinato de Abel. Luego que a la hora de distribuir lo necesario para la vida hubo algunos que optaron por acapararlo todo y dejar por fuera a los más débiles. Cosas, dinero, tierras, fueron motivos de violencia. 

En la historia de los esfuerzos para quitar de en medio los motivos que derrumbaban los esfuerzos para la convivencia hay un relato particularmente llamativo. Se trata de un tal Jesús, que después de observar ese desencuentro tan permanente y habiendo descubierto que las posibilidades de reconciliación, justicia y paz estaban presentes en la vida de víctimas y victimarios, salió a contar a su contemporáneos que la oportunidad estaba ahí: en el interior.

 La gran noticia que ese tal Jesús anunció es que cada mujer y cada hombre tenían instalada en su interior una gran capacidad de humanidad. Así que la búsqueda de soluciones no comenzaba afuera. Esa capacidad tenía una poderosa fuerza gracias a la cual se podían transformar los impulsos destructores que estaban arrasando con la vida y la dignidad de millones de buscadores de vida con dignidad. Esa gran fuerza era el amor.

 El amor era poderoso por su capacidad de tomarse a la persona y cambiarle su mirada sobre los demás, sobre las riquezas, sobre el poder y las relaciones puesto que transformaba a hombres y mujeres, dando como resultado que sus comportamientos los mostrara como pacientes, afables, sin envidia, sin grosería, sin egoísmo, desinteresados. Los que lo tomaban y lo cultivaban no buscaban lo suyo, no se exasperaban, no llevaban cuentas del mal, simpatizaban con la justicia, con la verdad, disculpaban siempre, esperaban siempre.

 Más aún: el amor cuidaba con delicadeza la lengua para que se respetaran, para que no se insultaran, no se pusieran nombres despreciales, para que no juzgaran a nadie ni se sintieran poseedores de la verdad absoluta y rechazaran toda violencia y crueldad. Se comprometían con poner como condición a toda regla que pretendiera organizar la vida común que siempre la persona estuviera por encima del dinero.

 Bueno… eso ocurrió hace más de dos mil años. Quizás tendríamos que volver a los tiempos de Diógenes, el griego, que vivió cuatrocientos años antes de Cristo. Dicen que vivía en una tinaja y que de día caminaba por las calles con una lámpara encendida diciendo que buscaba hombres honestos. Lo encontraríamos por Colombia con su lámpara encendida con la misma búsqueda. Seguro que encontrará a muchos hombres y mujeres dispuestos a hacer este país vivible con justicia y en paz.

 

Jorge Julio Mejía M., S.J.

 

En enero del 2016, el Congreso de la República promulgó la ley 1776 de 2016 por medio de la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social ZIDRES. En marzo del mismo año la ley fue demandada en varios de sus artículos. El pasado 8 de febrero la Corte Constitucional emitió la siguiente Sentencia sobre aquella demanda.
 
 

 

 

A propósito de la conmemoración del día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas, William Rozo, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política habla de la importancia de esta conmemoración y del lugar de las víctimas en la implementación de los acuerdos.

El 9 de abril se conmemora el día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas. ¿Cuál es la importancia de esta fecha?

William Rozo

Cualquier proceso de reconciliación, de tránsito de la guerra a la paz, las víctimas juegan un papel sumamente importante y uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de las víctimas. Yo creo que en Colombia se ha avanzado bastante en ese campo, comparado con otros procesos en el mundo. Ya hay un reconocimiento de las víctimas, hay avances desde 2010 con la ley de víctimas, la ley 1448 de 2011 y con todos los problemas que pueda tener esa ley, hay avances.

Sin embargo, estamos preocupados un poco porque el mayor número de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia son cometidas por grupos paramilitares y agentes del Estado. En este escenario de reconciliación nos preocupa que el reconocimiento de esas víctimas no es el mejor.

Hay que reconocer que la ley de víctimas por lo menos dejó un día para recordar a las víctimas con todas las críticas que pueda tener, pero es que antes del 2011 no había, ni siquiera se reconocía que había víctimas. Esta fecha del 9 de abril tiene esa importancia de reconocer a las víctimas.

¿Qué consecuencias podría traer ese poco reconocimiento?

Ese escenario es muy grave, porque lo que puede ocurrir es que estas víctimas no se sientan a gusto y empiecen a demandar cuanta norma exista y sobre todo a recurrir a instrumentos internacionales. Ahí habría que hacer una llamado para que todas las víctimas tengan el mismo estatus, el mismo tratamiento, las mismas garantías en el proceso de transición, el mismo nivel de reparación y de reconocimiento.  

Para citar un ejemplo, el pasado 5 de abril se firmó los decretos ley que dan vía a la Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En ese espacio el presidente Santos invitó a seis víctimas, pero ninguna de ellas era víctima de crímenes de Estado. Ese tipo de acciones nos preocupa y yo creo que instituciones como el Cinep/PPP deben hacer un llamado para que las víctimas sean reconocidas en su conjunto pero completas y en igualdad de condiciones y garantías.

Para las víctimas ¿por qué es importante que se creen este tipo de mecanismos como Comisión de la Verdad  y el de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Son muy importantes porque en todos los procesos de transición prima la verdad sobre la justicia y la memoria sobre los procesos de sanción. O sea, es más importante que las futuras generaciones sepan qué pasó y que los hechos tengan mucha visibilidad para que no se vuelvan a repetir los mismos errores del pasado a que existan sanciones penales. Es un poco lo que pasa en los procesos de memoria en Alemania o en Argentina, que las nuevas generaciones se den cuenta que no es bueno resolver los problemas por la vía armada. Por eso es tan importante el Museo Nacional de la Memoria y todos los ejercicios de memoria que se están haciendo en el país. Ese es el sentido  y la importancia de la memoria, que nos ayude a mantener un pasado que conectado con un proceso de reconciliación, sea un pasado que nos ayude a solucionar los conflictos de otra manera. La reconciliación y el perdón es poder recordar sin lastimarnos, sin agredirnos. A ese nivel tenemos que llegar, pero eso tarda mucho tiempo y requiere mucho trabajo porque este conflicto dejó y sigue dejando muchas víctimas y mucho dolor.

¿Cómo lograr el reconocimiento de las víctimas de Estado si muchas de estas iniciativas surgen desde las instituciones estatales?

Ese es un desafío. Yo creo que hay de fortalecer mucho las organizaciones de la sociedad civil y que estas ayuden a poner sus recursos y sus esfuerzos para que las víctimas más débiles puedan estar al nivel de las otras en términos de reconocimiento. No es que unas sean más importantes que otras, es que unas están más marginadas que otras. ¿Cómo podemos hacer esa tarea las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento de derechos humanos? Ayudando a organizarlas, fortaleciéndolas, aportando desde nuestros trabajos de investigación para que puedan tener herramientas y puedan empoderarse y tengan más argumentos en sus procesos.

¿Qué beneficios tiene el acuerdo con las Farc para las víctimas?

El acuerdo es un acuerdo político de carácter no vinculante. Este trae unos puntos muy favorables para las víctimas pero lo que es vinculante es la legislación que se hace a partir de la implementación de ese acuerdo.  Por ejemplo, el acto legislativo que modificó la constitución para incorporar ese acuerdo dentro de la jurisdicción colombiana no se corresponde con lo que dice el acuerdo, desconoció completamente a las víctimas. El espíritu del acuerdo no está en el acto legislativo y las víctimas quedaron muy lejos, sin voz ni participación. Lo que hay no nos gusta mucho, pero eso es mejor que nada.

¿A qué se refiere cuando habla de participación?

Por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz no hay manera de que las víctimas tengan acceso a los procesos como sujeto procesal y eso es un derecho fundamental. Cuando hay una agresión obviamente la víctima debe tener representación como sujeto procesal dentro del proceso, ese no es el caso dentro de la nueva legislación. Yo siento que tanto las Farc como loa agentes del Estado le tienen miedo a la voz de las víctimas. Y nuestro deber como organizaciones acompañantes de la sociedad civil es ayudar a que esa voz esté.

¿Cómo será el trabajo del Banco de Datos hacia el futuro?

Nosotros hacemos un proceso de memoria, de salvaguarda de la información de violación a los derechos humanos y devolvemos ese producto como un insumo para que las víctimas lo puedan utilizar como herramienta en su trabajo de reivindicación de derechos. Para el trabajo hacia futuro, el equipo se va a reunir en estos días para reflexionarlo. Nosotros creemos que sí vamos a incidir en la Comisión de la Verdad. Todavía no sabemos cómo porque no se sabe cómo funcionará esta comisión, pero creemos que si estaremos orientados a incidir allí. Otros estamos trabajando en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, desarrollando investigaciones y documentos. Por ahora seguiremos trabajando en la revista Noche y Niebla porque aún las cifras de victimización son alarmantes.

 

Miguel Martínez

Equipo de Comunicaciones

Para avanzar en la mesa de negociaciones es indispensable generar confianzas y pertinente el desescalamiento del conflicto. Luego del inicio de la fase pública de la negociación aún persisten los hechos violentos tanto de parte del Ejército Nacional como del ELN. Desde el Cinep/PPP hemos recopilado algunas noticias que evidencian el aumento de las incursiones y el escaso compromiso de las partes para llevar a buen término las conversaciones.

Para Víctor Barrera, investigador del Cinep/ PPP, "el ELN no le quiere dar la importancia que se merece al tema del desescalamiento, lo que quiere es participación. Para el Gobierno los dos temas son fundamentales, no puede haber participación en estas condiciones de inseguridad”. Según el investigador existe un desacuerdo  en cuanto a la valoración que se hace respecto al desescalamiento y al tema de participación. Eso sumado a  la dificultad de desescalar de manera rápida, dice. Barrera afirma que la naturaleza federada del ELN impide tener certeza sobre  qué tan consistente pueda ser un cese unilateral.  “Hay dudas acerca de si lo que diga el Comando Central va a ser acatado por todos sus frentes y bloques teniendo en cuenta esas variaciones territoriales. La mesa está atrapada en un equilibrio pernicioso para ambas partes, precisamente porque cada una asume que la otra no tiene compromiso real", indica el investigador de Cinep/PPP.

 

Jennipher Corredor
Equipo de Comunicaciones

 

 

 

El pasado 3 de marzo culminó el diplomado Formación política, ciudadana y ambiental que el Cinep/PPP y el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá desarrollaron en Dibulla, La Guajira. María del Carmen Muñoz, coordinadora del proyecto Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana y del diplomado, habla de la importancia de estos contenidos dentro de la coyuntura que vive la región.

Hace algunos días finalizaron un diplomado en La Guajira. ¿De qué trataba?

Desde el 2002 tenemos un diplomado titulado Formación política, ciudadana y ambiental que hemos venido adaptando a las coyunturas específicas del país. En este momento estamos dedicados a generar condiciones en los territorios para la compresión de la transición hacia la paz. Estamos empeñados en generar reflexiones profundas en los territorios, en este caso en La Guajira, en sus 15 municipios, y también con la gente de la frontera con Venezuela.

Hemos trabajado con las obras de la Compañía de Jesús, organizaciones sociales, consejos comunales y universidades juntos reflexionando el tema de paz en Colombia. Nosotros estamos convencidos que si no hacemos esa reflexión conjunta, entre colombianos y venezolanos, difícilmente vamos a generar equilibrio y armonía en ese tratamiento de paz, porque todo lo que pasa en un país, directa y proporcionalmente afecta al otro.

¿Qué tanto conocimiento tienen las personas que viven en la frontera del proceso de paz?

Según un paneo que hicimos, no se percibe simetría en la manera en que la gente reacciona frente al tema de paz. En La Guajira ganó el Sí en el plebiscito, pero incluso entre las mesas de víctimas que se inclinaron por el No. Mi percepción personal es que hay un desconocimiento profundo y mucha emocionalidad sobre el proceso. Yo creo que es peligroso poner una decisión de este tipo en las personas, cuando no sabe cómo tomarla. Buena parte de los debates que tuvimos durante el diplomado, calaron hondo en algunos participantes en tratar de comprender el acuerdo. Muchos otros cuando conocieron los contenidos, se reafirmaron en el No. Esa es una postura legítima para ambas partes. Decidieron cómo votar pero conociendo lo que estaban votando.

Hay un punto que nos preocupa mucho a nosotros como proyecto político y es la abstención. No es posible que haya problemas de hambre, muerte de niños, corrupción, falta de agua y de seguridad ambiental, y que la gente se quede en la casa sin tomar partido y solo quejándose de lo que se vive allá.

¿Cuáles han sido los pilares de formación política que el equipo ha trabajado allí?

El primero es hace un reconocimiento por parte de los sujetos políticos y ciudadanos de ese territorio de los problemas asociados al conflicto armado. A partir de allí identificar las dinámicas sociales, culturales y económicas que causan los problemas.

El segundo es el tema de lo público y lo privado. Allí identificamos qué es el bien común, hasta donde llega lo público y lo privado, en dónde está la responsabilidad de un ciudadano cuando tiene que cuidar lo colectivo, cuando tiene que generar un control social a la gestión pública. Este punto es el que le pone freno a la corrupción.

El tercer pilar tiene que ver con la ciudadanía en la frontera. Este es importante porque es muy distinto ser un ciudadano en la capital, en una ciudad intermedia  y el que vive en la frontera que maneja unas dinámicas que los otros no, como la diplomacia, los límites y la soberanía. Para nosotros fue una sorpresa que la gente no se consideraba ciudadanos de frontera, sino que lo aprendieron en este proceso.

Este último año hemos incluido el tema ambiental porque no se pueden generar asimetrías o equilibrios cuando los recursos naturales, que es un bien escaso, se tienen que redistribuir para tanta gente y hay unos que tienen  el monopolio de ello y otros que no quieren asumirse como ciudadanos ambiental.

¿Cómo manejaron las relaciones tensas que viven Colombia y Venezuela en los últimos meses?

De los 2219 km que comparten de frontera ambos países, hay cinco ámbitos o regiones. Nosotros hemos funcionado en tres de ellos. Cada uno de ellos tiene su especificidad y las relaciones no son homogéneas.

Es una relación muy tensa porque estamos hablando de dos países con proyectos políticos y económicos muy distintos. El socialismo revolucionario, con su muy mala ejecución, no se armoniza de ninguna manera con un neoliberalismo colombiano.  Gran parte de los problemas que se viven en la frontera provienen de la falta de armonía entre los proyectos de los dos países.

¿Cuáles esperan que sean los resultados de estos diplomados?

Lo que pasa en este proceso es que nosotros calificamos gente para que genere acciones colectivas dentro de sus organizaciones y grupos más ampliados. También los dejamos conectados entre ellos para que reconozcan su propio territorio. Hay contradicciones muy fuertes, como gente que nunca va a la alcaldía porque odia al alcalde, pero allá se toman las decisiones que lo afectan directamente. Entonces nosotros  pretendemos transformar la manera de pensar, desarrollar mucha masa crítica,  competencias de trabajo en equipo, habilidades comunicativas y, sobre todo, competencias conativas que son la que dan capacidad de perseverar y resiliar para que el trabajo sea de largo plazo.

Nosotros hemos construido un tejido social binacional. Unas personas que están más allá de la politiquería, que generan compresiones de un territorio en el cual tienen que aprender a funcionar y tienen que cooperar para que se genere esa simetría.

¿Cómo han pensado trabajar hacia el futuro?

En este momento hay un  tema que hay que tocar y que vamos a trabajar específicamente en Conejo, donde está una de las zonas de concentración, porque no hay nadie que esté trabajando el tema de las circunscripciones especiales de paz. La gente cree que son unas curules que se les va a entregar a los guerrilleros. Vamos a trabajar muy fuerte ese tema con personas cercanas a las juntas de acción comunal, de las asambleas y organizaciones para hacer la reflexión de lo que significa este tema en términos de participación política. Hay que afinar también los temas de víctimas y el tema de reforma rural integral.

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones