Areas de Trabajo

Areas de Trabajo (171)

Como parte de la iniciativa “La huella de los líderes” de Defendamos la Paz, CINEP/PPP comparte esta reseña en homenaje a Jorge Enrique Oramas, ambientalista asesinado en Cali en mayo pasado. Decimos #NoMás al exterminio de la vida. Y alzamos nuestras voces contra el olvido y la falta de garantías y protección a nuestros líderes sociales.

Michel Forst, Relator de Naciones Unidas sobre la situación de defensores de DD.HH., sostuvo en febrero de este año que Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos. De igual manera, el Programa no gubernamental de protección a defensores a Derechos humanos, Somos Defensores, reportó para el primer trimestre del año 2020 un aumento de 88% en las agresiones a las y los defensores y líderes sociales En relación con el mismo período del 2019, señalando en su más reciente boletín:

“No es una casualidad, por el contrario, genera alerta después de la alta cifra de amenazas que se registró el año anterior, lo que podría indicar que estas se están concretando a través del asesinato”.

De éstos, son 47 casos de asesinatos en el primer trimestre, superando por 22 casos en el mismo periodo del año anterior donde hubo 25 casos, incluso al 2018 con 41 casos. Así mismo, Somos Defensores señala que de éstos son 5 mujeres y 41 hombres. 

Sin embargo, las cifras solas no muestran la tragedia humana que hay detrás de cada caso. Por eso un grupo de columnistas, hemos querido recuperar los rostros y las vidas de algunos líderes asesinados, y contar la historia de ellos.

Jorge Enrique Oramas Vásquez tenía 70 años. Era un pedagogo, defensor de la vida, caminante de la palabra y sociólogo. Así sera recordado por vecinos, amigos y compañeros. Desde la práctica de la soberanía, autonomía y seguridad alimentaria, Jorge Enrique gestó en su círculo mas cercano, en su finca ubicada en la vereda La Candelaria, corregimiento de Villacarmelo, treinta minutos de Cali, el proyecto que denominó “Biocanto, un canto a la vida y la naturaleza”. El proyecto se dedicaba al cuidado del agua y de la tierra, al cultivo y comercialización de semillas nativas como la quinua y el amaranto, al igual que otros productos totalmente libres de agro-tóxicos. Como dijo una amiga cercana a Jorge:

“Su discurso crítico frente al consumismo propio del actual modelo neoliberal, instaba a quienes compartían con él a cambiar de hábitos alimenticios y a conectarse a la naturaleza para poder rescatar la vida (humana y no-humana), ya de por sí sumida en una grave crisis civilizatoria”.

Su voz cargada de crítica, interpelaba a las élites y al paradigma del crecimiento y ampliación de la riqueza material que degrada la vida, y a la vez promovía la consciencia de alimentos sin agrotóxicos y el rescate de las semillas nativas.

Asumió la defensa de uno de los  lugares de vida cercano a Cali, el Parque Nacional Natural Farallones que, con inmensa biodiversidad y abundante agua, está en la mira de los planes del mal llamado modelo de desarrollo y progreso devastador, que pretende convertir los lugares de vida y recursos naturales en sitios de recreación y turismo. Jorge Enrique Oramas Vásquez se había opuesto a las prácticas de explotación y extractivismo minero legal e ilegal que se realizan allí. Fue asesinado en la noche del pasado sábado 16 de mayo en su finca, a donde llegaron desconocidos y de un tiro de fusil en el abdomen le acabaron la vida convirtiéndose, según Indepaz, en el líder número cien asesinado durante el 2020. Sin saberse nada sobre los perpetradores del crimen, el guardián de los farallones de Cali fue despedido con dolor. Sobre su féretro el sombrero que recuerda las luchas campesinas simbolizó el sueño de los líderes sociales que están siendo enterrados por centenares cada año desde la firma del Acuerdo de Paz: la tierra, el alimento, la vida, la paz.

Por: Cristian Llanos. Investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP

Mientras el mundo se levanta tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía, en Colombia, aunque no sea noticia, la resistencia del pueblo afro también ocurre. En esta nota le echamos una mirada a lo que pasa en nuestro país y la perspectiva del CINEP/PPP sobre movilización afrocolombiana y negra en Colombia, un país que también discrimina y asesina a su gente negra. Educar, protestar y organizarse han sido las más destacadas estrategias de movilización de los afro en Colombia, según el análisis de Datapaz*.

Las vidas negras importan es el lema de ciudadanos en todo el mundo que han llenado las calles de las ciudades norteamericanas y europeas, tras el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis. La ola ha llevado incluso al derribamiento de estatuas de personajes asociados al esclavismo y colonialismo como Cristóbal Colón y Edward Colston, en Inglaterra. Este momento también ha permitido hacer visibles las violencias y exclusión que día a día sufren hombres y mujeres afro en nuestro país y que, en Colombia, el pueblo afro y negro también ha sido ejemplo de movilización.

Este viernes 12 de junio en Puerto Tejada, Cauca, la comunidad exigió justicia por el asesinato de Janner García y Anderson Arboleda. El homicidio de Anderson ocurrió el 19 de mayo, tras recibir 3 golpes en la cabeza por parte de un uniformado; Janner García murió el 20 de abril por disparos, presuntamente de la Policía, en medio de un enfrentamiento con pandillas del que él no participaba. Sin embargo, no ha habido en nuestro país una movilización masiva de grandes proporciones en medio de la ola por el asesinato de Floyd, como sí en muchos lugares del mundo. 

Ana María Restrepo, investigadora de la línea Movilización del CINEP/PP, explica que aunque no hay muchos registros de protestas en el siglo XX por parte del movimiento social afrocolombiano y negro, sí tienen un repertorio amplio de manifestaciones en las calles de Colombia en los últimos años. El movimiento afro y negro emergió, según Restrepo, junto a los reclamos por la tierra de indígenas y campesinos en lo rural y en lo urbano, asociado a reivindicaciones de raza y lucha contra la discriminación; pero se vieron afectados por el conflicto y concentraron sus esfuerzos en formas de movilización distintas a la protesta en las calles. Sin embargo, tras el hastío por la opresión, en los últimos años se dieron grandes paros cívicos en Buenaventura y Chocó, logrando masivas protestas en las calles exigiendo sus derechos con algunas conquistas.

Por otro lado, Leidy Laura Perneth, investigadora de interculturalidad del CINEP/PPP,  analiza la situación en Estados Unidos como el levantamiento frente a un crimen de raza porque lo de Floyd da cuenta de que “las vidas negras ocupan una posición inferiorizada”. Perneth explica que durante la colonización se configuró una sociedad racializada que generó una distribución racista del trabajo: los sujetos negros fueron vinculados a la esclavitud, es decir, el trabajo gratuito que produce capital para los blancos. Para ella, es claro que esa idea se reproduce hasta nuestros días. “El sujeto negro es leído como alguien incapaz de acumular capital, entonces, el único modo que tiene ese sujeto de poseer es a partir de la criminalidad”, dice Leidy Laura, explicando el imaginario que criminaliza a los afro y que llevó a la Policía a neutralizarlo y asfixiarlo tras la llamada de un empleado de supermercado que se asustó ante su presencia.

‘Black Lives Matter’ también en Colombia

Contrario a las movilizaciones actuales en el mundo, las de Colombia no le han dado la vuelta al mundo. Ana María Restrepo hace historia y detalla que en nuestro país, algunos referentes del movimiento afrocolombiano y negro tienen sus orígenes en el Movimiento Cimarrón creado en 1982, o su cabildeo para ser reconocidos en la Carta Magna de 1991. Sus prácticas culturales, la fiesta, los bundes y festivales también pueden ser considerados elementos de la movilización del pueblo negro en Colombia, porque desde allí reivindican su reconocimiento, y realizan exigencias materiales para su vida.

Restrepo también recuerda que en los últimos años el sector negro, afro, raizal y palenquero (NARP) también se ha movilizado bajo la lógica de protestas en calle, y ha sacado adelante paros cívicos como los ya mencionados en Buenaventura y Quibdó ocurridos en 2017. También es de anotar el protagonismo de las mujeres. En 2014, ellas caminaron 600 kilómetros de Cauca a Bogotá, exigiendo el respeto de sus territorios y la autonomía de sus comunidades. La marcha fue encabezada por la lideresa Francia Márquez. Mientras, en Medellín, el 10 de junio pasado, las mujeres protestaron para que paren los afrofeminicidios, situación que se agravó durante cuarentena. Ana Mercedes Rivas fue asesinada en abril, en medio del confinamiento de su hogar, a manos de su propio esposo. 

Además, es de destacar el papel de la comunidad negra en la construcción paz. Como lo señala el informe Datapaz del CINEP/PPP en septiembre de 2019, las acciones colectivas por la paz realizadas por estos actores étnicos dan cuenta no solo de su resistencia a las violencias, sino de la reafirmación por su re-existencia frente a violencias estructurales, económicas, sociales y culturales que, aún hoy, le siguen disputando al centro y a las formas hegemónicas de desarrollo. 

Según Datapaz, las mayores estrategias de movilización de los afrocolombianos en las Acciones Colectivas por la Paz entre 1992-2019 fueron, en su orden, educar, protestar, actuar políticamente, organizar y resistir. A pesar de los contratiempos, las Comunidades Negras siguen apostando a la convivencia pacífica en la casa planetaria común.

 

Por: Juanjosé Gutiérrez

*Datapaz es una iniciativa de CINEP/PPP contiene información cualitativa y cuantitativa desde el año 1979 a la fecha, relacionada con lugares y territorios, actores, motivos, confrontación y duración de las acciones de paz.

 

 

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, Dihc y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. Así lo revela el Informe de Ddhh del Banco de Datos del CINEP / PPP presentado hoy en el conversatorio y rueda de prensa 'El Oro y las balas' con Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Colombia sigue en noche y niebla. El Informe de Derechos Humanos y Violencia Política que realiza el Banco de Datos del Cinep y fue presentado este 27 de mayo, da cuenta del dolor y victimización que viven los campesinos, indígenas, obreros, personal LGBTIQ, defensores del medio ambiente, y en general las comunidades olvidadas y aporreadas históricamente. Hoy las víctimas más numerosas son personas y organizaciones con menos visibilidad. Ya no son las cabezas de fila de grandes sindicatos, movimientos nacionales campesinos o estudiantiles o fuerzas de izquierda alternativa.

Así se dio a conocer en el conversatorio y rueda de prensa “El Oro y las balas” que dio cuenta del panorama nacional de derechos humanos, desde la mirada del Banco de Datos, así como de la difícil situación que sobrellevan los campesinos en Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, quienes están más vulnerables en medio del confinamiento. La conversación, citada en YouTube precisamente debido a la cuarentena, comienza con la noticia del asesinato de Edwin Acosta en Tuquisio, Sur de Bolívar, líder minero de la zona que, como los voceros que dieron su testimonio en la rueda de prensa, trabajaba en defensa del agua, la tierra y la vida. En la conversación participaron Vanessa Álvarez (Antioquia) y Narciso Beleño (Sur Bolívar), y Luis Guillermo Guerrero y Alejandro Angulo (CINEP/PPP).

Los líderes sociales denunciaron que las grandes multinacionales ejercen la explotación minera y violan los derechos humanos en sus territorios y comunidades. El bajo Cauca y Nordeste Antioqueño sufren dicha explotación desde hace más de 30 años. Allí, según narró Narciso Beleño en vivo con la presencia de medios de comunicación y más de 500 personas conectadas, el pequeño minero artesanal es tratado legalmente como las grandes multinacionales que explotan el oro y es catalogado como ladrón y testaferro de este mineral.

El Bajo Cauca antioqueño sigue siendo territorio de grupos paramilitares, quienes todo el tiempo se disputan el territorio, afectando a sus habitantes por medio de asesinatos, amenazas y desapariciones. Según lo hablado en el conversatorio, hay una plena relación entre el oro y las balas en el sur de Bolívar, que enfrentó el exterminio del paramilitarismo para beneficiar a multinacionales como la Anglo Gold Ashanti.

El gobierno nacional tiene en total abandono a estas subregiones del país y apoya a las grandes multinacionales extractivistas.

Además, miembros del Ejército Nacional se encuentran involucrados en varios asesinatos de campesinos de la región. Hacen operativos sin asumir las consecuencias de estos hechos, tal como se señaló en el conversatorio relatando los casos de asesinato de Ariolfo Sánchez; campesino en Anorí, Antioquia, y otros tres heridos el 26 de mayo en río Guayabero, ambos casos en operativos de sustitución forzosa de cultivos de uso ilícito.

En el espacio se detalló que los líderes sociales siguen siendo blanco de ejecuciones, amenazas y atentados en un porcentaje importante. Según el Informe que presentan las revistas Noche y Niebla No 59 y No 60, correspondiente al período entre el día 01 de enero y 31 de diciembre del año 2019, los líderes ejecutados ascendieron a 82, los amenazados fueron 102 y los que sufrieron algún tipo de atentado suman 57.

En 2019 se presentaron 1.414 violaciones a ddhh, al derecho internacional humanitario y hechos de violencia político social en Colombia siendo los grupos paramilitares, Policía y Ejército los mayores responsables. La fuerza pública fue el principal represor de las protestas sociales y de la exigibilidad de derechos. Además, 522 personas perdieron la vida por medio de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos u homicidios en el año 2019, y se dieron 7 “falsos positivos” por parte del Ejército.

Alejandro Angulo, sacerdote jesuita e investigador del Banco de Datos, señaló que el paramilitarismo ha matado a más gente en dos meses que la pandemia del COVID-19. Y que el narcotráfico, la ganadería extensiva y la agroindustria son los principales abusadores de las comunidades, provocando graves violaciones de derechos humanos.

“No existe en Colombia un sistema judicial que garantice la vida de las personas. Por el contrario es garante de la impunidad en un gran porcentaje”, explicó Angulo.

Por otro lado, Luis Guillermo Guerrero, director del CINEP/PPP, se preguntó qué acciones pueden permitir que la presencia del Estado en las regiones no se manifiesten únicamente con la fuerza o la acción represiva. Para Guerrero, se necesitan transformaciones políticas y de fondo relacionadas con la economía y la participación. Manifestó además que el informe de Noche y Niebla "es un esfuerzo por hacer visible la crítica situación de violación de derechos y reducir la vulnerabilidad de las víctimas, porque cuando esto no se conoce, se cubre y se blinda a los victimarios y se motiva la continuidad de los crímenes".

Otro sector que ha sido victimizado de manera ascendente es el conformado por desmovilizados de la insurgencia que se acogieron al proceso de paz. En el año 2019 fueron asesinados 25 desmovilizados, mientras que 11 de ellos fueron víctimas de atentados o amenazas contra su vida

¿Esto es un país de buenos muchachos o una guarida de asesinos constitucionalmente asentados?, se preguntó Angulo. Las pérdidas humanas no se recuperan de ninguna manera pero nadie hace ningún esfuerzo por evitar que sus habitantes sean exterminados, agregó.

Vanessa Álvarez, de la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, señaló que las regiones del sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño se encuentran en una crisis humanitaria en este momento debido al desplazamiento, amenaza y asesinato de sus pobladores. El fenómeno paramilitar en alianza con Fuerza Pública es algo que afecta directamente a los líderes y lideresas sociales de la región. Es más rentable el oro que la cocaína para las mafias que controlan la economía de la región.

Más de 500 hombres pertenecientes a la fuerza pública se encuentran en esta región del país y esto ha incrementado los asesinatos y desplazamientos del sur de Bolívar, Bajo Cauca antioqueño y nordeste antioqueño.

Además, los daños ambientales por el uso de mercurio en la explotación de oro en la región del sur de Bolívar, son incalculables diariamente.

Preocupa que la dinámica actual de la violencia político social conduce a la impunidad. La estrategia de ocultamiento de la verdad nos muestra que las víctimas más numerosas están ahora en personas u organizaciones con menos visibilidad. "La clave para evitar la continuidad del genocidio es la solidaridad, para ganar el proyecto del bien común", dijo el padre Alejandro Angulo.

Las víctimas más numerosas están ahora en campesinos de veredas humildes, en integrantes de resguardos indígenas, en personas LGBTIQ, en obreros, en marginados, en reclamantes de tierra, en integrantes de mesas de víctimas, en miembros de comités defensores del medio ambiente, de opositores a mega proyectos depredadores o a empresas de minería o hidrocarburos que usurpan y envenenan las fuentes de agua.

En este enlace encuentra el conversatorio completo: https://youtu.be/__YJ1255AuA

En el siguiente enlace encuentra la Revista Noche y Niebla 60 con el Informe de Ddhh 2019: https://www.nocheyniebla.org/?p=1552

 

Por: Alejandro Burgos y Katalina Vásquez G.

Hablamos con Leidy Laura Perneth del CINEP/PPP sobre los peligros que enfrentan las mujeres por el confinamiento, los aumentos de las violencias durante la cuarentena, y las estrategias de respuesta que deberían tomarse.

La curva de la violencia contra las mujeres en cuarentena tampoco aplana. Según Sisma Mujer, durante este período, aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio; y cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar.* Además, según Medicina Legal durante el primer trimestre de 2020 hubo más de 11.000 casos de violencia contra la mujer en Colombia.

Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de Interculturalidad del CINEP/PPP,  presenta un panorama de la difícil situación que viven las mujeres en Colombia durante la pandemia que las ha confinado con sus agresores. Perneth resalta el aumento de llamadas a la línea nacional 155 creada para denunciar este tipo de agresiones que recibió 2.209 llamadas, versus 964 del mismo periodo de 2019, según Sisma Mujer. Las llamadas provienen, principalmente, de Bogotá, Antioquia, Valle Del Cauca y Cundinamarca.

¿Es diferente el confinamiento para los hombres y las mujeres?

Definitivamente el confinamiento no tiene las mismas implicaciones para hombres y para mujeres. La coyuntura que enfrentamos por la pandemia del COVID-19 nos ha expuesto a la agudización de violencias estructurales e históricas. Los movimientos feministas han insistido en reconocer a la familia como una institución donde se reproducen relaciones de poder y de violencias que resultan en que no todas sean espacios armoniosos.

Esto es particularmente importante en la coyuntura porque la idea de la quedarse en casa no es necesariamente lo más seguro para nosotras. La mayoría de las mujeres son asesinadas por su pareja o ex pareja en su casa y el asunto se complica durante el aislamiento social preventivo porque hay más dificultades de acceder a la justicia y hay restricción en las denuncias presenciales. Habría que revisar la premisa de "quédate en casa", qué implicaciones tiene para y preguntarse: ¿Es la casa un lugar seguro cuando se trata de las vidas de las mujeres?

¿Cuáles son las principales formas de violencia contra las mujeres que se pueden presentar durante el confinamiento?

Son muchas. Hay un continuo de violencias físicas y psicológicas que siguen enfrentando las mujeres que conviven con sus agresores, esto se agrava porque hay un desestímulo hacia la denuncia con un sector amplio de mujeres que no disponen de los minutos para llamar ni de los medios para hacer denuncias virtuales. Es bueno anotar la situación de las trabajadoras domésticas, unas confinadas en las casas donde ofrecen servicios sin posibilidad de salir y otras que están siendo despedidas sin garantías por considerarlas cuerpos infecciosos y en ocasiones son expuestas a violencias raciales. Las mujeres además, según Sisma, dedican el doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus casas (semanalmente dedican en promedio 50,6 horas, mientras que los hombres dedican 23,9). Durante el confinamiento hay un montón de factores como la virtualización de la educación, el abastecimiento y el cuidado de la salud que pasan a responsabilidad de ellas.

Por otro lado, las lideresas siguen siendo amenazadas y ahora cuentan con dificultades para desplazarse y protegerse, siendo fácilmente localizables si están confinadas. Algunas han manifestado que sienten falta de empatía cuando presentan las denuncias porque la atención está concentrada en el virus. Además, la falta de autonomía económica es un escenario que favorece la violencia porque hay muchas que dependen del trabajo informal que no pueden desarrollar durante la cuarentena. Otro escenario de violencia que es muy importante es la sexual, que resulta en que algunas mujeres queden en embarazo y tengan dificultades para acceder a su derecho a la interrupción voluntaria que no es prioridad en el sistema de salud y puede llevar a procedimientos inseguros o a maternidades no deseadas.

Foto: Consejería para la Estabilización.

El personal del sector salud también está altamente feminizado y por lo menos el 73% del personal que son mujeres que están hoy en la primera línea y que son altamente discriminadas en el transporte, espacios públicos y en sus casas por el miedo al contagio. Otro tipo de violencia es sin duda la que se está ejerciendo en los cuerpos de las personas trans, favorecida por medidas como el pico y género. Este clasifica los cuerpos en un orden binario en el que se exponen al peligro a los cuerpos ambiguos como ya sucedió en países como Perú.

¿Qué opina del aumento en la cantidad de denuncias por violencias contra la mujer y qué estrategias de respuesta recomendaría?  

Efectivamente ha habido un aumento en las denuncias durante este período. Un informe de Sisma Mujer, revela que en la línea 155 (línea nacional de orientación a las mujeres) hubo un aumento del 129,15% de llamadas. Durante este mismo período en el 2019 se recibieron 964 denuncias, y este año se recibieron 2.209. La Fiscalía ha revelado que se han presentado 19 feminicidios y ha recibido 3.069 denuncias por violencia intrafamiliar, entonces estamos notando los efectos del aislamiento en la vida de las mujeres.

Frente a las estrategias de respuesta, son importantes las sugerencias que ya han hecho organismos internacionales como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de las Mujeres que coinciden en la importancia de contar con datos desagregados por género, estrato, etnia y raza. Deben fortalecerse los programas que ya existen para atender a las mujeres y no reducirlos.

Adicionalmente, partir de las experiencias en los territorios, creo que es importante sugerir que la ruta de atención funcione efectivamente y que puedan emitirse medidas de protección que impliquen retirar al asesor de la vivienda y garantizar que estas medidas sean entregadas por actores institucionales. La ONU Mujeres ya ha alertado sobre la violencia contra las mujeres como una pandemia que está bajo la sombra. Es importante establecer redes comunitarias sororas que rodeen a la mujer y pensar en proyectos dirigidos para que las organizaciones de base se sigan consolidando sin obviar la responsabilidad absoluta del Estado.

¿Qué recomendaría que hiciera una mujer que se encuentra confinada en casa con su maltratador? 

Es un escenario complejo y es importante anotar que históricamente una de las estrategias de los agresores ha sido restringir, debilitar e incluso fracturar redes como las familiares, sociales y laborales, es decir, hacer sentir solas a las mujeres y eso puede agudizarse en el marco de esta crisis.

Una primera sugerencia es mantener esas redes por los medios de los que dispongamos para que ayuden a activar la ruta de denuncia y atención porque a veces la propia mujer no puede hacerlo. Debemos afirmar la consigna de que no están solas.

Otro punto es entender la escuela como un espacio que puede ayudar a activar esas rutas. Muchas docentes han sido claves en identificar casos de violencia sexual con sus estudiantes y violencias intrafamiliares. Sugiero también que las mujeres tengan las líneas que han dispuesto las organizaciones porque en ocasiones las líneas institucionales no atienden o están muy congestionadas.

Según su experiencia, ¿cuál es el panorama de esta situación en Cartagena? ¿Cómo se compara con el resto del país?

La situación de Cartagena es similar a la del resto del país, sin duda, hay un aumento en las llamadas a la línea 155 en Bolívar según Sisma Mujer. En el 2019 durante este mismo período hubo 15 llamadas y para este año aumentaron a 70. En Cartagena hay muchísimas dificultades, por ejemplo, las líneas de las comisarías permanentes no funcionan y al inicio hubo mucha desinformación sobre si la atención se prestaría presencial o no.

A eso se suma la dificultad de que aún hoy, a más de diez años de la Ley 1257, muchos funcionarios no tienen formación en el tema y ejercen violencias institucionales desde el cargo que ocupan. Esto es particularmente grave porque se re-victimiza, se desestimula la denuncia y hay un ejercicio patriarcal.

Además, en Cartagena viene operando un hogar de acogida para mujeres víctimas bajo la coordinación de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y desde enero no concreta la contratación y ha resultado muy difícil para mujeres en riesgo en sus casas que necesitan salir, ser recibidas en este hogar. Hay una reacción tardía de la policía que además, tiene movilidad completa por la ciudad a diario y que es una institución patriarcal. A esto se suma que en Cartagena, que es una ciudad empobrecida en medio de la riqueza, se requieren con urgencia políticas de redistribución porque hay una brecha salarial por lo menos del 35% entre hombres y mujeres.

Foto: ONU mujeres.

¿Cómo pueden ayudar las organizaciones sociales o de mujeres durante esta cuarentena a quienes estén siendo violentadas?

Las organizaciones sociales deben mantener la comunicación con los procesos que se llevan en los territorios y deben indagar con las mujeres cómo la están pasando en la cuarentena. Muchas de estas mujeres han creado un vínculo cercano con las organizaciones y encuentran en ellas una posibilidad de alertar frente a situaciones de violencia.

También, en la medida de lo posible y si los recursos de las organizaciones lo permiten, deberían disponerse asistencias humanitarias sobre todo para las mujeres que dependen del día a día. De hecho desde el Cinep, en el proyecto específico de educación intercultural, gestionamos con Gobierno Vasco para poder destinar parte de los recursos del proyecto para apoyar a comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Sur de La Guajira y Cartagena porque trabajamos con sectores históricamente excluidos.

A nivel nacional, las organizaciones de mujeres nos hemos seguido coordinando para acompañar en organización jurídica, psicológica, en activar rutas para la atención cuando se presentan casos de violencia y proporcionando información importante. Producimos información cualitativa y cuantitativa sobre las situaciones a las que se están enfrentando las mujeres para presionar la toma de decisiones. Y tenemos que seguir insistiendo en demandas más profundas: en que tenemos que tumbar el sistema patriarcal que está vigente, en la redistribución del cuidado, en la renta básica para mujeres y leer las desigualdades que se han construido a partir de la generalización de los cuerpos.


*Datos con corte del 25 de marzo al 23 de abril de 2020.

 
Por: Paola Llinás Aragón.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) ha creado un curso virtual sobre el Acuerdo de Paz y su implementación en Colombia al que se puede acceder de manera abierta y gratuita.

 

“Diversos escenarios han advertido sobre incumplimientos por parte del Estado colombiano frente a los asuntos más sensibles del Acuerdo Final para garantizar condiciones para alcanzar la Paz estable y duradera”, así introduce el curso Proceso de paz e implementación del acuerdo final en Colombia ofrecido por CLACSO.

Un poco más de tres años después desde la firma del Acuerdo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales reunió a expertos y académicos para poner la lupa sobre su implementación en el país. Según el Consejo, para que esta sea efectiva deben generarse unas bases sólidas para desdibujar factores históricos relacionados con desequilibrios sociales y territoriales generados por el poder y la concentración de la tierra, dinámicas criminales que permean la acción del Estado y el discurso de la guerra.

El curso virtual ahonda en esas dinámicas para dar a conocer la trascendencia de que al día de hoy se presenten incumplimientos en la implementación tales como “la producción legislativa; la desfinanciación de planes y programas; la falta de garantías para la seguridad que ha tenido resultado en asesinatos sistemáticos; las precarias condiciones para robustecer la reincorporación; y las resistencias de la institucionalidad para acoger las reformas mínimas propuestas”.

A grandes rasgos, los temas en los que profundiza el curso son:

  • Balances de la implementación de puntos específicos del Acuerdo Final, en especial la Reforma Rural Integral, cultivos de uso ilícito y apertura democrática.
  • Relaciones y posibilidades entre las problemáticas agrarias colombianas y el Acuerdo Final.
  • Mujeres y Feminismo Insurgente.
  • Comparaciones con otros procesos de paz en temas de Desarme, Desmovilización y Reintegración, especialmente los llevados a cabo en Centroamérica.
  • Persistencia de la violencia en el país y su relación con la implementación del Acuerdo Final.
  • Reflexiones sobre las causas estructurales del conflicto.

Entre el equipo docente se encuentran Sergio de Zubiría de Universidad de Los Andes; Victoria Sandino, Senadora de la República; Consuelo Corredor, coordinadora del CINEP/PPP en la Secretaría Técnica de la CSIVI; y siete académicos más que comparten sus perspectivas y conocimientos a lo largo de 11 clases en video.

En este enlace se encuentra disponible el curso: https://repositorio.clacso.org/Proceso_de_paz_colombia.html 

Clase 1: Presentación general del curso: Proceso de paz en La Habana (2012-2016): Introducción

 

Clase 2: Condiciones históricas del proceso de paz

 

Clase 3: La integralidad del acuerdo de paz y el estado general de la implementación

Clase 4: La Reforma Rural Integral: una oportunidad para el cierre de brechas

 

Clase 5: Entre la ampliación democrática y la persistencia de la violencia política

 

Clase 6: El tránsito de las FARC-EP a la vida legal y el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común

 

Clase 7: La política fiscal y la construcción de paz: reflexiones desde el acuerdo final y los conflictos sociales

 

Clase 8: El sistema de implementación y verificación: entre la perfidia y la potencia transformadora

 

Clase 9: El sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición y la resistencia a la verdad

 

Clase 10: Entre la reincorporación integral y el modelo de desmovilización, desarme y reinserción (DDR)

 

Clase 11: Cierre y conclusiones provisorias

  

Con esa decisión aumenta a más de 35 mil las víctimas que podrán participar en etapas procesales del Caso 04 que adelanta el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ha acreditado como víctima colectiva al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). El consejo es integrado por 48 comunidades y 5.803 personas en el bajo Atrato (Chocó)

Para Reymir Valencia Gamboa, fiscal del Consejo Comunitario la Larga y Tumaradó (COCOLATU), la acreditación es de suma importancia porque “nos hace partícipes en el proceso 04 que adelanta la JEP donde podremos aportar y presentar elementos en la búsqueda de la reivindicación de nuestros derechos territoriales”.

El caso 04 de la JEP fue abierto el 11 de septiembre de 2018 y se enfoca en la situación territorial derivada de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá en los departamentos de Antioquia y Chocó. Los hechos, según la JEP, fueron presuntamente cometidos por miembros de las FARC y de la Fuerza Pública desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

Con la acreditación, que incluyó a más de 20 mil víctimas afrocolombianas, son un total de 35.174 las víctimas que podrán participar en calidad de intervinientes en todas las etapas procesales del caso 04 en el cual, a la fecha, han comparecido 17 miembros de la  fuerza pública y 11 de las FARC según la JEP. 

La Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta hechos como la desaparición forzada, homicidio, masacre y desplazamiento forzado que han sufrido las comunidades como parte de la vulneración de sus derechos fundamentales. También incluyó al Consejo Comunitario los Manatíes y al Consejo Comunitario Puerto Girón.

Para Julián Salazar Gallego, abogado de la línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP, “dicho reconocimiento le otorga al Consejo Comunitario la calidad de interviniente especial, lo cual lo faculta para ser representado por un abogado, tener acceso al expediente, asistir a las versiones voluntarias, aportar pruebas y participar en la formulación del proyecto restaurativo”.

Además, para Salazar la acreditación materializa tres fundamentos de la JEP: “el acceso efectivo a la justicia, la participación y la centralidad de las víctimas”. La línea de Gestión del Territorio en el Pacífico ha acompañado desde hace 11 años al Consejo Comunitario en la reivindicación de sus derechos étnico territoriales, con una “estrategia de recuperación integral del territorio que abarca procesos como el de la reparación colectiva y la protección a las comunidades que hacen parte del colectivo”, afirmó Salazar.

Por otro lado, Reymer Valencia considera que la la JEP es un apoyo importante para el proceso que adelantan junto con la Unidad de restitución de tierras y que les brindará “credibilidad de nuestros derechos como víctimas del conflicto armado por lo que agradecemos este acogimiento de la JEP dentro de nuestro objetivo de recuperar nuestro territorio”, manifestó.

Entre las múltiples afectaciones de las comunidades de los territorios del Bajo Atrato, según la JEP, la entrada ilegal de miembros de la AUC con presunta ayuda de la Fuerza Pública derivó en una ola de desplazamientos forzados y violaciones graves a los derechos humanos. Para Julián Salazar, “el Estado colombiano aún tiene una deuda enorme en la reivindicación de los derechos de las comunidades negras porque en el territorio persisten narrativas de un conflicto estructural que históricamente ha tenido como foco principal la lucha por la posesión y el uso y titulación de la tierra”.

Según Salazar, este es “apenas el primer peldaño al interior de la JEP y se abre la puerta para poder participar en todas las diligencias y procesos que se lleven a cabo al interior de las salas y el Tribunal”. 

Así, el Consejo Comunitario se acerca a lo que podrá ser un “retorno al territorio con toda la dignidad y sin perturbación de poseedores de mala fe”, en las palabras de Reymer Valencia.

Aquí puedes ver el comunicado emitido por la JEP:

 

Por: Paola Llinás Aragón.

 

 

El 1 de mayo es una conmemoración lograda con esfuerzo y dolor en muchas partes del mundo, explica Mauricio Archila. Entrevistamos al investigador del Cinep y profesor de la Universidad Nacional, a propósito de esta fecha que recuerda el valor del derecho al trabajo, especialmente aporreado en Colombia y el mundo en estos tiempos de pandemia.

 

¿Qué son los movimientos sociales? ¿Desde cuándo existe un movimiento de trabajadores en Colombia?

Los movimientos sociales los definimos como acciones colectivas de más de diez personas que enfrentan desigualdades, injusticias, desequilibrios en la sociedad y que tienden a permanecer en el tiempo. En eso se diferencian de las protestas que son una forma de hacer visible a los movimientos, pero que son más puntuales. En términos sociológicos e históricos se puede hablar de movimientos sociales con el desarrollo de instituciones modernas como el Estado y la democracia, es decir, desde la Revolución Francesa. 

En Colombia podríamos hablar de la aparición de movimientos sociales a finales del siglo XIX y comienzos del XX, aunque los hubo antes con las resistencias indígenas, los palenques negros, la revuelta de los comuneros, las guerras de independencia y muchas otras guerras civiles, entre ellas la de 1854 liderada por artesanos. Pero es con el movimiento obrero o de los trabajadores asalariados cuando se puede decir que arrancan propiamente estas expresiones organizativas de sectores de la sociedad civil. La aparición de ese movimiento va a ser notoria a partir de los años diez.

¿Cómo caracterizaría al movimiento de trabajadores en Colombia a lo largo de la historia?

El movimiento obrero le ha legado mucho a los otros movimientos sociales, aunque también hay que tener en cuenta otros movimientos que se hicieron visibles desde antes como el estudiantil, el campesino, el indígena, y otros más recientes como el feminista, el LGBTI y el ambientalista, entre otros. Con el movimiento obrero comparten muchas de sus tradiciones e incluso de sus repertorios de protesta como la huelga y la movilización, por ejemplo, la de los primeros de mayo que se logran conquistar con mucho esfuerzo y dolor en varias partes del mundo. Y en Colombia se celebran desde 1914.

El movimiento obrero pasó de una situación de ilegalidad y desconocimiento de parte del Estado oligárquico en Colombia que no entendía el fenómeno de los sindicatos y de las huelgas y lo consideraba pecado y subversivo.

Esa resistencia prolongada terminó, por ejemplo, en la Masacre de las Bananeras. Para ese entonces la respuesta fue conservadora hasta que en los años 30 y 40 los liberales tendrían una actitud que podría considerarse más moderna y apoyaron la creación de centrales sindicales, y la legalización de los sindicatos y las huelgas.

Gracias a ello los obreros van a tener una existencia menos azarosa porque antes la única manera en que el Estado les respondía era prácticamente con garrote o peor, con fusiles. Después existiría la legislación laboral que no establecía el paraíso para los obreros, pero fijaba mejores condiciones de existencia. 

Eso está acompañado de procesos de urbanización, de industrialización, de la creación de una economía interna con unas tibias reformas agrarias que, con la prédica de lo que se llama el Consenso de Washington o las políticas neoliberales se ha transformado.

La apertura neoliberal incluye debilidad del empleo formal, flexibilización del mundo del trabajo, largas jornadas, e incluso el no reconocimiento de horas extras y muy poco estímulo al sindicalismo.

En fin, desde los años 80 se trata del debilitamiento del mundo laboral que se había construido en el siglo XX. A ello se suma, en el caso colombiano, una violencia particular contra líderes sociales y sindicales, muchos de ellos asimilados a expresiones políticas de la oposición, pero también muchos otros que simplemente eran sindicalistas y buscaban solo obtener algunas demandas y reclamos. Por eso también hablamos de la violencia contra el sindicalismo que desafortunadamente no ha desaparecido y hace que el panorama sea bien complicado para el mundo del trabajo en el caso colombiano.

¿Qué pasó con el sindicalismo en el país en los últimos gobiernos?

Los últimos gobiernos se han caracterizado por un debilitamiento de lo que se llama el modelo fordista, un modelo con una cierta tolerancia hacia el sindicalismo y aceptación de su existencia controlada, acompañado de sindicatos fuertes en grandes industrias, con salarios y empleo estable. Luego vamos a tener la Constitución del 91, muy bonita en muchos aspectos, pero también en otros poco dispuesta a tener un Estado interventor, alentando privatizaciones y una serie de dinámicas que también se articulan con el neoliberalismo. Además llegaron la Ley 50 del 90 que dio posibilidad a muchas de estas aperturas y flexibilización del trabajo y la Ley 100 sobre salud que se ha debatido tanto con esta pandemia, más una serie de políticas que debilitan los logros laborales que fueron comunes en gran parte del siglo XX en el mundo y en Colombia.

Foto: CINEP/PPP.

Se debilitaron los sindicatos y el empleo formal, se tercerizó el mundo trabajo, todo ello fue acompañado de procesos de desindustrialización y de pérdida de dinámica agraria, tras un modelo muy orientado hacia el mercado externo y no a fortalecer un mercado interno fuerte. Todo ha ido acompañado por la violencia que se manifiesta desde los años 80 y que tuvo en los años 90 del siglo pasado momentos máximos en su expresión de masacres y asesinatos de líderes sindicales, entre otros.

Desde el inicio de este siglo hablamos de un cambio en el repertorio de violencia contra los y las sindicalistas en el que ya la masacre y el asesinato no son los mayores hechos de violencia, sino que son "reemplazados" por amenazas, desplazamientos, y otras formas de violencia estrictamente laborales. Se pasa de expresiones más letales a unas menos, pero igualmente impactantes para el mundo del trabajo y eso ocurre desde el doble mandato de Álvaro Uribe Vélez.

Con Juan Manuel Santos que, en materia económica no afectó el modelo, alcanzan a bajar un poco los indicadores de violencia política, pero actualmente han vuelto a revivir y no han parado en esta cuarentena. En los recientes gobiernos hay algunas inflexiones, algunas modificaciones, pero mantienen mucho la dinámica aperturista en términos laborales y de modelo de desarrollo neoliberal que vemos desde los años 90.

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

Santiago Garcés, investigador de la línea de movimientos sociales, tierra y territorio del CINEP/PPP, analizó el estado actual de los derechos laborales y las condiciones del acceso al trabajo en el país con la pandemia del COVID-19. A continuación, presentamos una entrevista en la que da luces de cómo deberían configurarse las propuestas económicas estatales para garantizar el sostenimiento de las poblaciones más vulnerables.

 

¿Cómo se está viendo afectado el derecho al trabajo en esta pandemia en el mundo? 

Primero es necesario decir que la situación precedente no era buena: un altísimo nivel de deuda pública y corporativa, un crecimiento económico débil desde la Gran Recesión de 2008, altísimos niveles de desigualdad social que implican poca demanda e impiden un jalonamiento de la economía, un parasitismo del sector financiero que asfixia la economía real, y la caída general de la tasa de ganancia en la gran mayoría de economías de los países desarrollados. La crisis económica y del trabajo ya era inminente por razones endógenas, más aún en las economías emergentes, donde muchos de los países ya estaban en recesión, o casi, como Argentina, México y Brasil.

La mayoría del trabajo que se ha creado en la recuperación desde la última gran recesión son trabajos de baja productividad con poca estabilidad laboral y con un tipo de ingreso que no garantiza la movilidad social. La subcontratación, en un sentido amplio, se ha erigido como una estrategia de acumulación del capital que ha derivado en una mayor flexibilización laboral y que se evidencia en el aumento generalizado de los contratos por prestación de servicios e incluso en la manera como se ocultan las relaciones laborales en la economía de las plataformas.

La situación no era buena y, de repente, llega el coronavirus que implica lo que la economía mainstream llamaría un “shock de oferta”: la gente no puede producir y tampoco puede comprar. Estamos hablando de que cerca de una cuarta parte de la población mundial está viviendo algún tipo de confinamiento y las estimaciones de diversos organismos multilaterales y de investigadores dicen que este va a ser el peor año de la economía global desde finales de la Segunda Guerra Mundial y probablemente tengamos un crecimiento negativo del PIB a nivel global.

La OIT ha hablado en sus estimaciones preliminares de un aumento entre 5,3 millones de desempleados o hasta 24,7 millones de desempleados y, por ejemplo, la cifra de desempleados en los años 2008 y 2009 aumentó 22 millones, por lo que estamos ante una situación bastante grave. Aún así, la pandemia no es algo que nos ataca “desde afuera”.

La manera en que nos afecta el virus es un producto histórico de la forma en que la humanidad se relaciona con la naturaleza.

Foto: Oxfam Internacional.

Diversas investigaciones han abordado cómo los grandes sistemas de producción de alimentos, presionados por el imperativo de la acumulación y la rentabilidad a toda costa, se han vuelto un caldo de cultivo para la evolución de patógenos que pueden afectar la vida humana. De igual manera, es la lógica depredadora del capital y la “escasez relativa” que esta produce la que ha empujado a millones de personas a mover la frontera agrícola, reduciendo la distancia entre virus que podrían estar en animales silvestres, y los humanos.

¿Y en Colombia en particular cómo se está vulnerando? 

La situación económica y laboral colombiana a la luz del contexto internacional y de su propia historia, ya de por sí era bastante difícil antes de la pandemia. Tenemos una informalidad laboral del 47%. El 80% de la gente que trabaja en el sector formal lo hace para pequeñas y medianas empresas que difícilmente pueden resistir el shock de la caída de la oferta y de la demanda.

También hay un contexto internacional en el frente externo bastante adverso que tiene que ver con la caída de los precios del petróleo y que implica una disminución de los ingresos del Estado. Ha habido también una fuga de capitales masiva del tercer mundo a refugios que los inversionistas consideran seguros como los bonos del tesoro estadounidense o la compra de oro y eso genera una volatilidad del tipo de cambio y una devaluación del peso.

El debate es cómo proteger a los sectores populares y a la inmensa mayoría de la sociedad en la crisis.

Y yo creo que aquí el gobierno se ha equivocado. Por ejemplo, el Decreto 488 permite a los trabajadores retirar parcialmente las cesantías, pero el asunto es que esto desnaturaliza el sentido de las cesantías que deberían invertirse en bienes durables como la educación o la vivienda. Para la economía popular y el resto que están por fuera del mercado formal de trabajo, ha habido un ingreso solidario que es absolutamente minúsculo y está excesivamente focalizado y no alcanza a cubrir ni de cerca a la población vulnerable por una crisis de esta magnitud.

Foto: Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).

Por otra parte, las medidas del gobierno han tendido a dotar de liquidez al sector financiero o intentar generar alivios que impliquen una disminución de costos para las empresas. Por ejemplo, la medida que plantea que el pago al sistema general de pensiones ya no se haga sobre el 12%, sino sobre el 3% del ingreso de los trabajadores para así disminuir los costos que implican tener contratadas a las personas. Y ha habido otras medidas como la creación de líneas de crédito para mantener a las nóminas contratadas, pero esto tiene varios problemas. Aparentemente es atractivo porque el Estado ha planteado servir de codeudor de hasta del 90% del crédito, pero por supuesto que esto genera que los intereses sean todavía más altos y además que es muy difícil que las pequeñas y medianas empresa accedan a estos créditos.

¿Cómo puede un trabajador hoy obtener garantías y protección si ocurren abusos? 

La pregunta es importante porque por supuesto que habrá situaciones donde una acción ágil de parte de los trabajadores pueda prevenir la terminación de un contrato o el abuso por parte del patrón. Pero yo sí quiero ser claro en que la crisis es muy grave y no hay manera en que esto no afecte la economía y al empleo. 

Lo principal debe ser presionar por una política fiscal activa y expansiva, por un gobierno que se ponga al servicio de la sociedad colombiana y no del sector financiero.

Ahora bien, hay cosas que pueden ocurrir entre patrones y trabajadores: se puede llegar a acuerdos. Los patrones pueden impulsar el trabajo en casa, una jornada laboral flexible, incluso, en casos extremos, unas vacaciones anuales anticipadas. También si por cuarentena tiene que acabarse la actividad, pues se pueden otorgar permisos remunerados o el salario sin la prestación de un servicio. Todo esto debe prevalecer frente a las peores opciones que son la disminución del salario, las licencias no remuneradas, la suspensión del contrato de trabajo o la terminación de la relación laboral.

El Ministerio del Trabajo ha dicho que va a estar atento a que este tipo de cosas no se presenten, pero soy escéptico. Los trabajadores informales y los contratistas, como los del Estado, pueden recurrir incluso a tutelas si sienten que se les está violando un derecho fundamental. Si los administradores de organismos estatales utilizan esta oportunidad para precarizar las condiciones de contratistas estarían cometiendo una sanción que puede ser denunciada y en la que podría intervenir la Procuraduría. No va a ser suficiente la acción individual de trabajadores y trabajadoras intentando hacer valer sus derechos, aunque eso hay que agotarlo y es fundamental.

¿Cuáles son las poblaciones o lugares más vulnerables?

En lo que refiere al trabajo, el sector más vulnerable es sin duda los y las trabajadoras de la economía popular, lo que se conoce como sector informal, porque por la cuarentena y el hecho de vivir al día, difícilmente pueden aguantar esta situación sin una acción pública coordinada del Estado. También las y los trabajadores de la salud que llevan décadas sufriendo la precarización de sus condiciones laborales y ahora la situación empeora porque, aunque seguramente se están haciendo esfuerzos coyunturales para fortalecer el sistema de salud de cara a la atención de la pandemia, lo cierto es que la deuda histórica es demasiado grande y tampoco hemos visto de parte del gobierno los esfuerzos fiscales que se han visto en otros países.

También las mujeres por múltiples razones. Es importante no dejar de notar que para las mujeres la cuarentena implica una intensificación del trabajo del cuidado y del trabajo doméstico, que nunca es remunerado en Colombia y ahora menos. Entonces hay una profundización de una situación de doble explotación. 

Foto: Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otra cosa que hay que tener en cuenta es la población rural dispersa que cuenta con un sistema de salud más precario, y un sector importantísimo que es el de las y los trabajadores que no paran por considerarse servicios públicos esenciales como la producción, provisión y distribución de alimentos.

En los medios de comunicación se ha fomentado mucho el discurso de volver héroes a los trabajadores que están en la "línea de batalla" y el heroísmo fomenta un ideal de que está bien el sacrificio por los demás, pero si esto no viene acompañado de una mejoría a las condiciones laborales, lo que hace es estilizar la muerte y la absoluta precariedad.

¿Qué recomendaciones tiene respecto a la garantía del derecho al trabajo para los empresarios, empleadores y el gobierno? 

Yo quiero insistir en que las medidas que ha tomado el gobierno son algunas francamente equivocadas como el Decreto 488, y otras absolutamente insuficientes. El enfoque de dotar de liquidez al sector financiero es absolutamente insuficiente, e incluso el esfuerzo fiscal del gobierno es paupérrimo comparado con otros países. En Colombia estamos hablando de que algo más de dos puntos del PIB se van a gastar para enfrentar esta crisis cuando en España es el 20% del PIB, en Perú el 12%, en Estados Unidos es cercano al 10%. Ha sido una respuesta excesivamente cauta.

En ese sentido la propuesta sería una política fiscal expansiva que tienda a proteger el empleo y los ingresos de las y los colombianos. El Estado debería entrar a subvencionar el pago de nómina de pequeñas y medianas empresas, debería plantear una renta básica de cuarentena, un ingreso mínimo que permita proteger la vida de las personas y llevar a cabo las medidas de distanciamiento social. También se necesita instaurar algún tipo de control de capitales que permita estabilizar la tasa de cambio, porque de lo contrario va aumentar el peso de la deuda soberana, ocurren presiones inflacionarias y también ve reducido el gobierno sus ingresos. 

Foto: Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por supuesto que sectores conservadores dirán que no hay plata para financiar esto, pero lo cierto es que sí hay alternativas si se decide que hay voluntad política y se quiere poner las instituciones a servicio de quienes lo necesitan y no de quienes ya tienen fortuna: crédito del Banco de la República, eliminación de exenciones de la pasada reforma tributaria, moratoria en el pago de la deuda externa, impuestos extraordinario a los ultra ricos, etc. Yo invito a las y los lectores a que consulten las propuestas que han elaborado el Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo o el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional y muchos otros que están proponiendo alternativas frente a una gestión ortodoxa de la crisis.

¿Cree que la situación de confinamiento puede llevar a manifestaciones o protestas por los derechos laborales?

Hemos visto el surgimiento de protestas espontáneas de gente que no está exigiendo trabajo, sino condiciones de vida. Por supuesto que creo que hay que luchar por el trabajo digno y sin duda estoy convencido de que en la crisis económica que se viene va a haber fuertes luchas laborales, pero lo que está pasando es algo más profundo, son pobladores urbanos que luchan por condiciones básicas de existencia, y que implícitamente se sintonizan con el horizonte político que han trazado propuestas radicales como la renta básica universal, que podría ser una de las respuestas a la insistencia del capital de eludir las relaciones laborales contractuales y el conjunto de protecciones sociales y derechos que estas implican.

Sin embargo, el trabajo ha sido siempre un espacio social donde se han construido identidades para la acción colectiva y eso puede pasar en la actual coyuntura.

En la medida en que se revalorizan una serie trabajos (de la salud, de cuidado, de transporte de productos a domicilio, de producción y provisión de alimentos, etc.) puede que este nuevo reconocimiento simbólico le dé a estos sectores nuevos bríos para constituirse como sujetos autónomos que luchen por mejores condiciones y relaciones laborales.

Por ejemplo, el sistema de salud colombiano desde la Ley 100 ha precarizado las condiciones laborales en el sector salud. Espero que después de la pandemia sea muy difícil para los gobiernos neoliberales insistir en dicho modelo privatizador sin una amplia resistencia social.

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

 

Hoy 1 de abril inicia el cese al fuego declarado por el ELN ante el #Covid19. El Cinep celebra esta decisión y está dispuesto a impulsar y tender puentes para restablecer el diálogo con esa guerrilla.

 

 

 

 -Quinta entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

Entrevista
El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala

Por: Laura Inés Contreras Vásquez

En entrevista con Leiria Vay, integrante de la dirección política nacional del Comité de Desarrollo Campesino – Codeca, de Guatemala y coordinadora de la Iniciativa Protección de Defensores de la ILC ALC, quisimos reconstruir el panorama actual de la situación de riesgo que enfrentan las defensoras de la tierra y el territorio en Guatemala, además de establecer algunas recomendaciones para que los estados y las organizaciones sociales puedan enfrentar estos riesgos.

 

Leiria Vay, directora política del CODECA.
 

Los problemas que sufren las mujeres defensoras en América Latina son muchos y muy variados, aunque son comunes en la región. Las mujeres que habitan el campo están en una desventaja absoluta con respecto a las defensoras que habitan la ciudad, “nosotras las mujeres rurales no tenemos la experiencia ni oportunidades. Muchas veces desde las comunidades no se tiene la posibilidad de llegar a los medios de comunicación, no se documentan los casos de mujeres defensoras agredidas y mucho menos si son mujeres rurales. No tenemos acceso a los medios. Por toda esa situación de las comunidades, existe temor de hablar, da pena denunciar, en muchas ocasiones se opta por no decir nada o huir de la situación” afirma Leiria.

En el año 2018, asesinaron a seis integrantes del CODECA. Una de ellas era mujer. La defensora fue violada y torturada antes de ser asesinada. “A los hombres los mataron a balazos y machetazos, pero la mujer fue secuestrada, violada, torturada y luego asesinada”, comenta Leiria sobre este caso. En 2019, también asesinaron a 10 dirigentes que hacían parte de esta misma organización. Una de ellas, era una joven de 30 años y madre de dos hijos. Fue secuestrada, su cuerpo fue encontrado en una laguna, su cadáver apareció a los dos meses.

Leiria afirma que uno de los mecanismos de represión más fuertes contra la mujer es atacar a su dignidad, dañan la reputación e imagen de las defensoras. Es una estrategia para evitar que las mujeres se pongan al frente de sus luchas.

Esto explica que muchas mujeres por más que sufran acoso, abuso o violación, no lo denuncien. Y complementa: “cuando detienen a una defensora ¿qué sucede? tuvimos la experiencia de la compañera Blanca, hoy presidenta de Codeca. Cuando fue detenida y encarcelada, el policía le dijo: ´quítese la ropa, vamos a ver si no tiene algo´. Eso ya es una agresión directa. Y ella no lo dice, primero porque le da pena ante los hijos, ante el esposo. Tiene un impacto fuerte en su familia, en su condición de mujer porque atenta contra la dignidad de la persona”.

Uno de los grandes problemas que existen en la actualidad y que ha dado origen a varios conflictos en la región, es el problema de la tierra. En el caso de Guatemala, después de la firma del Acuerdo de Paz, se han implementado los proyectos más grandes de privatización de bienes y recursos, lo que ha generado cada vez más conflictos entre las comunidades, las empresas y los estados. En su mayoría, son proyectos extractivos y los gobiernos que han pasado no han respondido a las necesidades e intereses de los indígenas y campesinos. Por el contrario, han entregado territorios y hoy no se ha logrado que Guatemala respete el derecho a la consulta de los pueblos indígenas a pesar de haber ratificado el convenio 169 de la OIT.

Además del extractivismo, las comunidades en Guatemala están sufriendo a raíz de la expansión de monocultivos. Cada vez hay menos tierra aprovechable para que los campesinos e indígenas puedan trabajarla y están expropiando a comunidades y personas que han sido beneficiarias de la reforma agraria de 1944. Por otra parte, se están construyendo hidroeléctricas y las familias que viven aledañas a las zonas de influencia no solo son expropiadas sino que no se benefician de estos proyectos. Las razones sobran para organizarse: "de allí viene toda la represión contra las comunidades completas, contra personas que lideran los procesos de luchas, incluso se ha llegado al asesinato de líderes y lideresas. Esta represión ha seguido una ruta que inicia con la difamación, la estigmatización, y después si las comunidades siguen resistiendo en sus territorios, impidiendo la implementación del proyecto, inicia la criminalización, los procesos penales, los encarcelamientos y los asesinatos.”, afirma.

El saboteo a la protesta y a la organización en Guatemala se da no solo mediante los procesos penales o la criminalización sino que también en connivencia entre las alcaldías municipales y las empresas, pues han comenzado a quitar los servicios públicos para generar presión.

Las mujeres rurales no sólo son rurales por trabajar en el campo. También son mujeres sin tierra, que trabajan en fincas agrícolas y que sufren abuso, acoso y trabajo invisibilizado o semi esclavitud.

“En el caso de las mujeres, nosotras hicimos una investigación sobre condiciones laborales en el 2012 y allí se evidenció que hay un 57% de mujeres que hacen un trabajo pero que no reciben salario. Nosotros le decimos trabajo invisibilizado. Otro alto porcentaje de mujeres, es del 73%, que logran inscribirse como titular trabajadora en una finca, pero reciben menos de la mitad del salario mínimo”, comenta Leiria.

En el tema de abuso sexual en la ruralidad, Leiria cuenta un caso que conoció a través de su trabajo de campo realizando esta investigación sobre las condiciones laborales: “durante una conversación con una compañera, ella me dice: mire compañera, aquí la situación es difícil, ahí está mi hija, ella tiene 5 años y ella es fruto de una violación. Yo le dije: ¿y por qué no lo denuncia? ¿por qué sigue trabajando ahí? Ella respondió: lo que pasa es que yo tengo otro niño y si yo denuncio va a ver represalias contra mí, ya no voy a tener trabajo, me lo van a quitar. Las mujeres en el campo padecen este tipo de situaciones.

Recomendaciones para mitigar las situaciones de riesgo de defensoras de la tierra y el territorio

  • Implementación de estrategias de comunicación en las organizaciones sociales

La apuesta es por los medios comunitarios o alternativos para lograr impacto y visibilización en el campo. A través de redes sociales, por ejemplo, se puede llegar a más personas que ahora se están informando por ahí en vez de usar los medios tradicionales.

  • Fortalecimiento de las organizaciones

Lo ideal es que las organizaciones puedan fortalecerse para lograr una capacidad de denuncia y presión en los juzgados o instancias que toman las decisiones en el país, además de lograr que la denuncia llegue al plano internacional si es necesario.

  • Cooperación entre organizaciones que trabajan buscando los mismos objetivos

La cooperación para las acciones, sobre todo en temas de legislación y denuncia por parte de las organizaciones sociales, es muy importante. Con los esfuerzos que se juntan y evitan la fragmentación por diversos motivos, pueden obtenerse resultados favorables en las políticas públicas que buscan proteger los derechos de los y las defensoras de la tierra y el territorio.

  • Búsqueda de espacios de participación pública y de toma de decisiones

Resistir desde los territorios siempre será muy importante, pero el acceso a la participación en las instancias de decisión es primordial. La lucha por los derechos desde los espacios de toma de decisión puede abrir otras oportunidades para que el acceso a la tierra y la protección del territorio sean políticas de los Estados y no dependan de los gobiernos de turno.

 

Al cierre de este artículo y a tres días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue asesinada Dominga Ramos, defensora de derechos laborales de mujeres trabajadoras en fincas agrícolas del municipio Santo Domingo Suchitepéquez. Dominga se había vinculado a la campaña de Codeca de defensa del agua contra la desviación de ríos a causa de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana y era también la esposa de Miguel Ixcal, de la dirección política nacional de Codeca. 


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

 

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Segunda entrega: Argentina. Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Cuarta entrega: México. Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica.