Movilización, tierras y territorio

Movilización, tierras y territorio (64)

Mientras el mundo se levanta tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía, en Colombia, aunque no sea noticia, la resistencia del pueblo afro también ocurre. En esta nota le echamos una mirada a lo que pasa en nuestro país y la perspectiva del CINEP/PPP sobre movilización afrocolombiana y negra en Colombia, un país que también discrimina y asesina a su gente negra. Educar, protestar y organizarse han sido las más destacadas estrategias de movilización de los afro en Colombia, según el análisis de Datapaz*.

Las vidas negras importan es el lema de ciudadanos en todo el mundo que han llenado las calles de las ciudades norteamericanas y europeas, tras el asesinato de George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis. La ola ha llevado incluso al derribamiento de estatuas de personajes asociados al esclavismo y colonialismo como Cristóbal Colón y Edward Colston, en Inglaterra. Este momento también ha permitido hacer visibles las violencias y exclusión que día a día sufren hombres y mujeres afro en nuestro país y que, en Colombia, el pueblo afro y negro también ha sido ejemplo de movilización.

Este viernes 12 de junio en Puerto Tejada, Cauca, la comunidad exigió justicia por el asesinato de Janner García y Anderson Arboleda. El homicidio de Anderson ocurrió el 19 de mayo, tras recibir 3 golpes en la cabeza por parte de un uniformado; Janner García murió el 20 de abril por disparos, presuntamente de la Policía, en medio de un enfrentamiento con pandillas del que él no participaba. Sin embargo, no ha habido en nuestro país una movilización masiva de grandes proporciones en medio de la ola por el asesinato de Floyd, como sí en muchos lugares del mundo. 

Ana María Restrepo, investigadora de la línea Movilización del CINEP/PP, explica que aunque no hay muchos registros de protestas en el siglo XX por parte del movimiento social afrocolombiano y negro, sí tienen un repertorio amplio de manifestaciones en las calles de Colombia en los últimos años. El movimiento afro y negro emergió, según Restrepo, junto a los reclamos por la tierra de indígenas y campesinos en lo rural y en lo urbano, asociado a reivindicaciones de raza y lucha contra la discriminación; pero se vieron afectados por el conflicto y concentraron sus esfuerzos en formas de movilización distintas a la protesta en las calles. Sin embargo, tras el hastío por la opresión, en los últimos años se dieron grandes paros cívicos en Buenaventura y Chocó, logrando masivas protestas en las calles exigiendo sus derechos con algunas conquistas.

Por otro lado, Leidy Laura Perneth, investigadora de interculturalidad del CINEP/PPP,  analiza la situación en Estados Unidos como el levantamiento frente a un crimen de raza porque lo de Floyd da cuenta de que “las vidas negras ocupan una posición inferiorizada”. Perneth explica que durante la colonización se configuró una sociedad racializada que generó una distribución racista del trabajo: los sujetos negros fueron vinculados a la esclavitud, es decir, el trabajo gratuito que produce capital para los blancos. Para ella, es claro que esa idea se reproduce hasta nuestros días. “El sujeto negro es leído como alguien incapaz de acumular capital, entonces, el único modo que tiene ese sujeto de poseer es a partir de la criminalidad”, dice Leidy Laura, explicando el imaginario que criminaliza a los afro y que llevó a la Policía a neutralizarlo y asfixiarlo tras la llamada de un empleado de supermercado que se asustó ante su presencia.

‘Black Lives Matter’ también en Colombia

Contrario a las movilizaciones actuales en el mundo, las de Colombia no le han dado la vuelta al mundo. Ana María Restrepo hace historia y detalla que en nuestro país, algunos referentes del movimiento afrocolombiano y negro tienen sus orígenes en el Movimiento Cimarrón creado en 1982, o su cabildeo para ser reconocidos en la Carta Magna de 1991. Sus prácticas culturales, la fiesta, los bundes y festivales también pueden ser considerados elementos de la movilización del pueblo negro en Colombia, porque desde allí reivindican su reconocimiento, y realizan exigencias materiales para su vida.

Restrepo también recuerda que en los últimos años el sector negro, afro, raizal y palenquero (NARP) también se ha movilizado bajo la lógica de protestas en calle, y ha sacado adelante paros cívicos como los ya mencionados en Buenaventura y Quibdó ocurridos en 2017. También es de anotar el protagonismo de las mujeres. En 2014, ellas caminaron 600 kilómetros de Cauca a Bogotá, exigiendo el respeto de sus territorios y la autonomía de sus comunidades. La marcha fue encabezada por la lideresa Francia Márquez. Mientras, en Medellín, el 10 de junio pasado, las mujeres protestaron para que paren los afrofeminicidios, situación que se agravó durante cuarentena. Ana Mercedes Rivas fue asesinada en abril, en medio del confinamiento de su hogar, a manos de su propio esposo. 

Además, es de destacar el papel de la comunidad negra en la construcción paz. Como lo señala el informe Datapaz del CINEP/PPP en septiembre de 2019, las acciones colectivas por la paz realizadas por estos actores étnicos dan cuenta no solo de su resistencia a las violencias, sino de la reafirmación por su re-existencia frente a violencias estructurales, económicas, sociales y culturales que, aún hoy, le siguen disputando al centro y a las formas hegemónicas de desarrollo. 

Según Datapaz, las mayores estrategias de movilización de los afrocolombianos en las Acciones Colectivas por la Paz entre 1992-2019 fueron, en su orden, educar, protestar, actuar políticamente, organizar y resistir. A pesar de los contratiempos, las Comunidades Negras siguen apostando a la convivencia pacífica en la casa planetaria común.

 

Por: Juanjosé Gutiérrez

*Datapaz es una iniciativa de CINEP/PPP contiene información cualitativa y cuantitativa desde el año 1979 a la fecha, relacionada con lugares y territorios, actores, motivos, confrontación y duración de las acciones de paz.

 

 

Hablamos con Leidy Laura Perneth del CINEP/PPP sobre los peligros que enfrentan las mujeres por el confinamiento, los aumentos de las violencias durante la cuarentena, y las estrategias de respuesta que deberían tomarse.

La curva de la violencia contra las mujeres en cuarentena tampoco aplana. Según Sisma Mujer, durante este período, aproximadamente cada 25 horas fue denunciado un feminicidio; y cada 10 minutos se realizó una denuncia de violencia intrafamiliar.* Además, según Medicina Legal durante el primer trimestre de 2020 hubo más de 11.000 casos de violencia contra la mujer en Colombia.

Leidy Laura Perneth, investigadora de la línea de Interculturalidad del CINEP/PPP,  presenta un panorama de la difícil situación que viven las mujeres en Colombia durante la pandemia que las ha confinado con sus agresores. Perneth resalta el aumento de llamadas a la línea nacional 155 creada para denunciar este tipo de agresiones que recibió 2.209 llamadas, versus 964 del mismo periodo de 2019, según Sisma Mujer. Las llamadas provienen, principalmente, de Bogotá, Antioquia, Valle Del Cauca y Cundinamarca.

¿Es diferente el confinamiento para los hombres y las mujeres?

Definitivamente el confinamiento no tiene las mismas implicaciones para hombres y para mujeres. La coyuntura que enfrentamos por la pandemia del COVID-19 nos ha expuesto a la agudización de violencias estructurales e históricas. Los movimientos feministas han insistido en reconocer a la familia como una institución donde se reproducen relaciones de poder y de violencias que resultan en que no todas sean espacios armoniosos.

Esto es particularmente importante en la coyuntura porque la idea de la quedarse en casa no es necesariamente lo más seguro para nosotras. La mayoría de las mujeres son asesinadas por su pareja o ex pareja en su casa y el asunto se complica durante el aislamiento social preventivo porque hay más dificultades de acceder a la justicia y hay restricción en las denuncias presenciales. Habría que revisar la premisa de "quédate en casa", qué implicaciones tiene para y preguntarse: ¿Es la casa un lugar seguro cuando se trata de las vidas de las mujeres?

¿Cuáles son las principales formas de violencia contra las mujeres que se pueden presentar durante el confinamiento?

Son muchas. Hay un continuo de violencias físicas y psicológicas que siguen enfrentando las mujeres que conviven con sus agresores, esto se agrava porque hay un desestímulo hacia la denuncia con un sector amplio de mujeres que no disponen de los minutos para llamar ni de los medios para hacer denuncias virtuales. Es bueno anotar la situación de las trabajadoras domésticas, unas confinadas en las casas donde ofrecen servicios sin posibilidad de salir y otras que están siendo despedidas sin garantías por considerarlas cuerpos infecciosos y en ocasiones son expuestas a violencias raciales. Las mujeres además, según Sisma, dedican el doble del tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en sus casas (semanalmente dedican en promedio 50,6 horas, mientras que los hombres dedican 23,9). Durante el confinamiento hay un montón de factores como la virtualización de la educación, el abastecimiento y el cuidado de la salud que pasan a responsabilidad de ellas.

Por otro lado, las lideresas siguen siendo amenazadas y ahora cuentan con dificultades para desplazarse y protegerse, siendo fácilmente localizables si están confinadas. Algunas han manifestado que sienten falta de empatía cuando presentan las denuncias porque la atención está concentrada en el virus. Además, la falta de autonomía económica es un escenario que favorece la violencia porque hay muchas que dependen del trabajo informal que no pueden desarrollar durante la cuarentena. Otro escenario de violencia que es muy importante es la sexual, que resulta en que algunas mujeres queden en embarazo y tengan dificultades para acceder a su derecho a la interrupción voluntaria que no es prioridad en el sistema de salud y puede llevar a procedimientos inseguros o a maternidades no deseadas.

Foto: Consejería para la Estabilización.

El personal del sector salud también está altamente feminizado y por lo menos el 73% del personal que son mujeres que están hoy en la primera línea y que son altamente discriminadas en el transporte, espacios públicos y en sus casas por el miedo al contagio. Otro tipo de violencia es sin duda la que se está ejerciendo en los cuerpos de las personas trans, favorecida por medidas como el pico y género. Este clasifica los cuerpos en un orden binario en el que se exponen al peligro a los cuerpos ambiguos como ya sucedió en países como Perú.

¿Qué opina del aumento en la cantidad de denuncias por violencias contra la mujer y qué estrategias de respuesta recomendaría?  

Efectivamente ha habido un aumento en las denuncias durante este período. Un informe de Sisma Mujer, revela que en la línea 155 (línea nacional de orientación a las mujeres) hubo un aumento del 129,15% de llamadas. Durante este mismo período en el 2019 se recibieron 964 denuncias, y este año se recibieron 2.209. La Fiscalía ha revelado que se han presentado 19 feminicidios y ha recibido 3.069 denuncias por violencia intrafamiliar, entonces estamos notando los efectos del aislamiento en la vida de las mujeres.

Frente a las estrategias de respuesta, son importantes las sugerencias que ya han hecho organismos internacionales como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de las Mujeres que coinciden en la importancia de contar con datos desagregados por género, estrato, etnia y raza. Deben fortalecerse los programas que ya existen para atender a las mujeres y no reducirlos.

Adicionalmente, partir de las experiencias en los territorios, creo que es importante sugerir que la ruta de atención funcione efectivamente y que puedan emitirse medidas de protección que impliquen retirar al asesor de la vivienda y garantizar que estas medidas sean entregadas por actores institucionales. La ONU Mujeres ya ha alertado sobre la violencia contra las mujeres como una pandemia que está bajo la sombra. Es importante establecer redes comunitarias sororas que rodeen a la mujer y pensar en proyectos dirigidos para que las organizaciones de base se sigan consolidando sin obviar la responsabilidad absoluta del Estado.

¿Qué recomendaría que hiciera una mujer que se encuentra confinada en casa con su maltratador? 

Es un escenario complejo y es importante anotar que históricamente una de las estrategias de los agresores ha sido restringir, debilitar e incluso fracturar redes como las familiares, sociales y laborales, es decir, hacer sentir solas a las mujeres y eso puede agudizarse en el marco de esta crisis.

Una primera sugerencia es mantener esas redes por los medios de los que dispongamos para que ayuden a activar la ruta de denuncia y atención porque a veces la propia mujer no puede hacerlo. Debemos afirmar la consigna de que no están solas.

Otro punto es entender la escuela como un espacio que puede ayudar a activar esas rutas. Muchas docentes han sido claves en identificar casos de violencia sexual con sus estudiantes y violencias intrafamiliares. Sugiero también que las mujeres tengan las líneas que han dispuesto las organizaciones porque en ocasiones las líneas institucionales no atienden o están muy congestionadas.

Según su experiencia, ¿cuál es el panorama de esta situación en Cartagena? ¿Cómo se compara con el resto del país?

La situación de Cartagena es similar a la del resto del país, sin duda, hay un aumento en las llamadas a la línea 155 en Bolívar según Sisma Mujer. En el 2019 durante este mismo período hubo 15 llamadas y para este año aumentaron a 70. En Cartagena hay muchísimas dificultades, por ejemplo, las líneas de las comisarías permanentes no funcionan y al inicio hubo mucha desinformación sobre si la atención se prestaría presencial o no.

A eso se suma la dificultad de que aún hoy, a más de diez años de la Ley 1257, muchos funcionarios no tienen formación en el tema y ejercen violencias institucionales desde el cargo que ocupan. Esto es particularmente grave porque se re-victimiza, se desestimula la denuncia y hay un ejercicio patriarcal.

Además, en Cartagena viene operando un hogar de acogida para mujeres víctimas bajo la coordinación de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social y desde enero no concreta la contratación y ha resultado muy difícil para mujeres en riesgo en sus casas que necesitan salir, ser recibidas en este hogar. Hay una reacción tardía de la policía que además, tiene movilidad completa por la ciudad a diario y que es una institución patriarcal. A esto se suma que en Cartagena, que es una ciudad empobrecida en medio de la riqueza, se requieren con urgencia políticas de redistribución porque hay una brecha salarial por lo menos del 35% entre hombres y mujeres.

Foto: ONU mujeres.

¿Cómo pueden ayudar las organizaciones sociales o de mujeres durante esta cuarentena a quienes estén siendo violentadas?

Las organizaciones sociales deben mantener la comunicación con los procesos que se llevan en los territorios y deben indagar con las mujeres cómo la están pasando en la cuarentena. Muchas de estas mujeres han creado un vínculo cercano con las organizaciones y encuentran en ellas una posibilidad de alertar frente a situaciones de violencia.

También, en la medida de lo posible y si los recursos de las organizaciones lo permiten, deberían disponerse asistencias humanitarias sobre todo para las mujeres que dependen del día a día. De hecho desde el Cinep, en el proyecto específico de educación intercultural, gestionamos con Gobierno Vasco para poder destinar parte de los recursos del proyecto para apoyar a comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, el Sur de La Guajira y Cartagena porque trabajamos con sectores históricamente excluidos.

A nivel nacional, las organizaciones de mujeres nos hemos seguido coordinando para acompañar en organización jurídica, psicológica, en activar rutas para la atención cuando se presentan casos de violencia y proporcionando información importante. Producimos información cualitativa y cuantitativa sobre las situaciones a las que se están enfrentando las mujeres para presionar la toma de decisiones. Y tenemos que seguir insistiendo en demandas más profundas: en que tenemos que tumbar el sistema patriarcal que está vigente, en la redistribución del cuidado, en la renta básica para mujeres y leer las desigualdades que se han construido a partir de la generalización de los cuerpos.


*Datos con corte del 25 de marzo al 23 de abril de 2020.

 
Por: Paola Llinás Aragón.

El 1 de mayo es una conmemoración lograda con esfuerzo y dolor en muchas partes del mundo, explica Mauricio Archila. Entrevistamos al investigador del Cinep y profesor de la Universidad Nacional, a propósito de esta fecha que recuerda el valor del derecho al trabajo, especialmente aporreado en Colombia y el mundo en estos tiempos de pandemia.

 

¿Qué son los movimientos sociales? ¿Desde cuándo existe un movimiento de trabajadores en Colombia?

Los movimientos sociales los definimos como acciones colectivas de más de diez personas que enfrentan desigualdades, injusticias, desequilibrios en la sociedad y que tienden a permanecer en el tiempo. En eso se diferencian de las protestas que son una forma de hacer visible a los movimientos, pero que son más puntuales. En términos sociológicos e históricos se puede hablar de movimientos sociales con el desarrollo de instituciones modernas como el Estado y la democracia, es decir, desde la Revolución Francesa. 

En Colombia podríamos hablar de la aparición de movimientos sociales a finales del siglo XIX y comienzos del XX, aunque los hubo antes con las resistencias indígenas, los palenques negros, la revuelta de los comuneros, las guerras de independencia y muchas otras guerras civiles, entre ellas la de 1854 liderada por artesanos. Pero es con el movimiento obrero o de los trabajadores asalariados cuando se puede decir que arrancan propiamente estas expresiones organizativas de sectores de la sociedad civil. La aparición de ese movimiento va a ser notoria a partir de los años diez.

¿Cómo caracterizaría al movimiento de trabajadores en Colombia a lo largo de la historia?

El movimiento obrero le ha legado mucho a los otros movimientos sociales, aunque también hay que tener en cuenta otros movimientos que se hicieron visibles desde antes como el estudiantil, el campesino, el indígena, y otros más recientes como el feminista, el LGBTI y el ambientalista, entre otros. Con el movimiento obrero comparten muchas de sus tradiciones e incluso de sus repertorios de protesta como la huelga y la movilización, por ejemplo, la de los primeros de mayo que se logran conquistar con mucho esfuerzo y dolor en varias partes del mundo. Y en Colombia se celebran desde 1914.

El movimiento obrero pasó de una situación de ilegalidad y desconocimiento de parte del Estado oligárquico en Colombia que no entendía el fenómeno de los sindicatos y de las huelgas y lo consideraba pecado y subversivo.

Esa resistencia prolongada terminó, por ejemplo, en la Masacre de las Bananeras. Para ese entonces la respuesta fue conservadora hasta que en los años 30 y 40 los liberales tendrían una actitud que podría considerarse más moderna y apoyaron la creación de centrales sindicales, y la legalización de los sindicatos y las huelgas.

Gracias a ello los obreros van a tener una existencia menos azarosa porque antes la única manera en que el Estado les respondía era prácticamente con garrote o peor, con fusiles. Después existiría la legislación laboral que no establecía el paraíso para los obreros, pero fijaba mejores condiciones de existencia. 

Eso está acompañado de procesos de urbanización, de industrialización, de la creación de una economía interna con unas tibias reformas agrarias que, con la prédica de lo que se llama el Consenso de Washington o las políticas neoliberales se ha transformado.

La apertura neoliberal incluye debilidad del empleo formal, flexibilización del mundo del trabajo, largas jornadas, e incluso el no reconocimiento de horas extras y muy poco estímulo al sindicalismo.

En fin, desde los años 80 se trata del debilitamiento del mundo laboral que se había construido en el siglo XX. A ello se suma, en el caso colombiano, una violencia particular contra líderes sociales y sindicales, muchos de ellos asimilados a expresiones políticas de la oposición, pero también muchos otros que simplemente eran sindicalistas y buscaban solo obtener algunas demandas y reclamos. Por eso también hablamos de la violencia contra el sindicalismo que desafortunadamente no ha desaparecido y hace que el panorama sea bien complicado para el mundo del trabajo en el caso colombiano.

¿Qué pasó con el sindicalismo en el país en los últimos gobiernos?

Los últimos gobiernos se han caracterizado por un debilitamiento de lo que se llama el modelo fordista, un modelo con una cierta tolerancia hacia el sindicalismo y aceptación de su existencia controlada, acompañado de sindicatos fuertes en grandes industrias, con salarios y empleo estable. Luego vamos a tener la Constitución del 91, muy bonita en muchos aspectos, pero también en otros poco dispuesta a tener un Estado interventor, alentando privatizaciones y una serie de dinámicas que también se articulan con el neoliberalismo. Además llegaron la Ley 50 del 90 que dio posibilidad a muchas de estas aperturas y flexibilización del trabajo y la Ley 100 sobre salud que se ha debatido tanto con esta pandemia, más una serie de políticas que debilitan los logros laborales que fueron comunes en gran parte del siglo XX en el mundo y en Colombia.

Foto: CINEP/PPP.

Se debilitaron los sindicatos y el empleo formal, se tercerizó el mundo trabajo, todo ello fue acompañado de procesos de desindustrialización y de pérdida de dinámica agraria, tras un modelo muy orientado hacia el mercado externo y no a fortalecer un mercado interno fuerte. Todo ha ido acompañado por la violencia que se manifiesta desde los años 80 y que tuvo en los años 90 del siglo pasado momentos máximos en su expresión de masacres y asesinatos de líderes sindicales, entre otros.

Desde el inicio de este siglo hablamos de un cambio en el repertorio de violencia contra los y las sindicalistas en el que ya la masacre y el asesinato no son los mayores hechos de violencia, sino que son "reemplazados" por amenazas, desplazamientos, y otras formas de violencia estrictamente laborales. Se pasa de expresiones más letales a unas menos, pero igualmente impactantes para el mundo del trabajo y eso ocurre desde el doble mandato de Álvaro Uribe Vélez.

Con Juan Manuel Santos que, en materia económica no afectó el modelo, alcanzan a bajar un poco los indicadores de violencia política, pero actualmente han vuelto a revivir y no han parado en esta cuarentena. En los recientes gobiernos hay algunas inflexiones, algunas modificaciones, pero mantienen mucho la dinámica aperturista en términos laborales y de modelo de desarrollo neoliberal que vemos desde los años 90.

 

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

Santiago Garcés, investigador de la línea de movimientos sociales, tierra y territorio del CINEP/PPP, analizó el estado actual de los derechos laborales y las condiciones del acceso al trabajo en el país con la pandemia del COVID-19. A continuación, presentamos una entrevista en la que da luces de cómo deberían configurarse las propuestas económicas estatales para garantizar el sostenimiento de las poblaciones más vulnerables.

 

¿Cómo se está viendo afectado el derecho al trabajo en esta pandemia en el mundo? 

Primero es necesario decir que la situación precedente no era buena: un altísimo nivel de deuda pública y corporativa, un crecimiento económico débil desde la Gran Recesión de 2008, altísimos niveles de desigualdad social que implican poca demanda e impiden un jalonamiento de la economía, un parasitismo del sector financiero que asfixia la economía real, y la caída general de la tasa de ganancia en la gran mayoría de economías de los países desarrollados. La crisis económica y del trabajo ya era inminente por razones endógenas, más aún en las economías emergentes, donde muchos de los países ya estaban en recesión, o casi, como Argentina, México y Brasil.

La mayoría del trabajo que se ha creado en la recuperación desde la última gran recesión son trabajos de baja productividad con poca estabilidad laboral y con un tipo de ingreso que no garantiza la movilidad social. La subcontratación, en un sentido amplio, se ha erigido como una estrategia de acumulación del capital que ha derivado en una mayor flexibilización laboral y que se evidencia en el aumento generalizado de los contratos por prestación de servicios e incluso en la manera como se ocultan las relaciones laborales en la economía de las plataformas.

La situación no era buena y, de repente, llega el coronavirus que implica lo que la economía mainstream llamaría un “shock de oferta”: la gente no puede producir y tampoco puede comprar. Estamos hablando de que cerca de una cuarta parte de la población mundial está viviendo algún tipo de confinamiento y las estimaciones de diversos organismos multilaterales y de investigadores dicen que este va a ser el peor año de la economía global desde finales de la Segunda Guerra Mundial y probablemente tengamos un crecimiento negativo del PIB a nivel global.

La OIT ha hablado en sus estimaciones preliminares de un aumento entre 5,3 millones de desempleados o hasta 24,7 millones de desempleados y, por ejemplo, la cifra de desempleados en los años 2008 y 2009 aumentó 22 millones, por lo que estamos ante una situación bastante grave. Aún así, la pandemia no es algo que nos ataca “desde afuera”.

La manera en que nos afecta el virus es un producto histórico de la forma en que la humanidad se relaciona con la naturaleza.

Foto: Oxfam Internacional.

Diversas investigaciones han abordado cómo los grandes sistemas de producción de alimentos, presionados por el imperativo de la acumulación y la rentabilidad a toda costa, se han vuelto un caldo de cultivo para la evolución de patógenos que pueden afectar la vida humana. De igual manera, es la lógica depredadora del capital y la “escasez relativa” que esta produce la que ha empujado a millones de personas a mover la frontera agrícola, reduciendo la distancia entre virus que podrían estar en animales silvestres, y los humanos.

¿Y en Colombia en particular cómo se está vulnerando? 

La situación económica y laboral colombiana a la luz del contexto internacional y de su propia historia, ya de por sí era bastante difícil antes de la pandemia. Tenemos una informalidad laboral del 47%. El 80% de la gente que trabaja en el sector formal lo hace para pequeñas y medianas empresas que difícilmente pueden resistir el shock de la caída de la oferta y de la demanda.

También hay un contexto internacional en el frente externo bastante adverso que tiene que ver con la caída de los precios del petróleo y que implica una disminución de los ingresos del Estado. Ha habido también una fuga de capitales masiva del tercer mundo a refugios que los inversionistas consideran seguros como los bonos del tesoro estadounidense o la compra de oro y eso genera una volatilidad del tipo de cambio y una devaluación del peso.

El debate es cómo proteger a los sectores populares y a la inmensa mayoría de la sociedad en la crisis.

Y yo creo que aquí el gobierno se ha equivocado. Por ejemplo, el Decreto 488 permite a los trabajadores retirar parcialmente las cesantías, pero el asunto es que esto desnaturaliza el sentido de las cesantías que deberían invertirse en bienes durables como la educación o la vivienda. Para la economía popular y el resto que están por fuera del mercado formal de trabajo, ha habido un ingreso solidario que es absolutamente minúsculo y está excesivamente focalizado y no alcanza a cubrir ni de cerca a la población vulnerable por una crisis de esta magnitud.

Foto: Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).

Por otra parte, las medidas del gobierno han tendido a dotar de liquidez al sector financiero o intentar generar alivios que impliquen una disminución de costos para las empresas. Por ejemplo, la medida que plantea que el pago al sistema general de pensiones ya no se haga sobre el 12%, sino sobre el 3% del ingreso de los trabajadores para así disminuir los costos que implican tener contratadas a las personas. Y ha habido otras medidas como la creación de líneas de crédito para mantener a las nóminas contratadas, pero esto tiene varios problemas. Aparentemente es atractivo porque el Estado ha planteado servir de codeudor de hasta del 90% del crédito, pero por supuesto que esto genera que los intereses sean todavía más altos y además que es muy difícil que las pequeñas y medianas empresa accedan a estos créditos.

¿Cómo puede un trabajador hoy obtener garantías y protección si ocurren abusos? 

La pregunta es importante porque por supuesto que habrá situaciones donde una acción ágil de parte de los trabajadores pueda prevenir la terminación de un contrato o el abuso por parte del patrón. Pero yo sí quiero ser claro en que la crisis es muy grave y no hay manera en que esto no afecte la economía y al empleo. 

Lo principal debe ser presionar por una política fiscal activa y expansiva, por un gobierno que se ponga al servicio de la sociedad colombiana y no del sector financiero.

Ahora bien, hay cosas que pueden ocurrir entre patrones y trabajadores: se puede llegar a acuerdos. Los patrones pueden impulsar el trabajo en casa, una jornada laboral flexible, incluso, en casos extremos, unas vacaciones anuales anticipadas. También si por cuarentena tiene que acabarse la actividad, pues se pueden otorgar permisos remunerados o el salario sin la prestación de un servicio. Todo esto debe prevalecer frente a las peores opciones que son la disminución del salario, las licencias no remuneradas, la suspensión del contrato de trabajo o la terminación de la relación laboral.

El Ministerio del Trabajo ha dicho que va a estar atento a que este tipo de cosas no se presenten, pero soy escéptico. Los trabajadores informales y los contratistas, como los del Estado, pueden recurrir incluso a tutelas si sienten que se les está violando un derecho fundamental. Si los administradores de organismos estatales utilizan esta oportunidad para precarizar las condiciones de contratistas estarían cometiendo una sanción que puede ser denunciada y en la que podría intervenir la Procuraduría. No va a ser suficiente la acción individual de trabajadores y trabajadoras intentando hacer valer sus derechos, aunque eso hay que agotarlo y es fundamental.

¿Cuáles son las poblaciones o lugares más vulnerables?

En lo que refiere al trabajo, el sector más vulnerable es sin duda los y las trabajadoras de la economía popular, lo que se conoce como sector informal, porque por la cuarentena y el hecho de vivir al día, difícilmente pueden aguantar esta situación sin una acción pública coordinada del Estado. También las y los trabajadores de la salud que llevan décadas sufriendo la precarización de sus condiciones laborales y ahora la situación empeora porque, aunque seguramente se están haciendo esfuerzos coyunturales para fortalecer el sistema de salud de cara a la atención de la pandemia, lo cierto es que la deuda histórica es demasiado grande y tampoco hemos visto de parte del gobierno los esfuerzos fiscales que se han visto en otros países.

También las mujeres por múltiples razones. Es importante no dejar de notar que para las mujeres la cuarentena implica una intensificación del trabajo del cuidado y del trabajo doméstico, que nunca es remunerado en Colombia y ahora menos. Entonces hay una profundización de una situación de doble explotación. 

Foto: Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otra cosa que hay que tener en cuenta es la población rural dispersa que cuenta con un sistema de salud más precario, y un sector importantísimo que es el de las y los trabajadores que no paran por considerarse servicios públicos esenciales como la producción, provisión y distribución de alimentos.

En los medios de comunicación se ha fomentado mucho el discurso de volver héroes a los trabajadores que están en la "línea de batalla" y el heroísmo fomenta un ideal de que está bien el sacrificio por los demás, pero si esto no viene acompañado de una mejoría a las condiciones laborales, lo que hace es estilizar la muerte y la absoluta precariedad.

¿Qué recomendaciones tiene respecto a la garantía del derecho al trabajo para los empresarios, empleadores y el gobierno? 

Yo quiero insistir en que las medidas que ha tomado el gobierno son algunas francamente equivocadas como el Decreto 488, y otras absolutamente insuficientes. El enfoque de dotar de liquidez al sector financiero es absolutamente insuficiente, e incluso el esfuerzo fiscal del gobierno es paupérrimo comparado con otros países. En Colombia estamos hablando de que algo más de dos puntos del PIB se van a gastar para enfrentar esta crisis cuando en España es el 20% del PIB, en Perú el 12%, en Estados Unidos es cercano al 10%. Ha sido una respuesta excesivamente cauta.

En ese sentido la propuesta sería una política fiscal expansiva que tienda a proteger el empleo y los ingresos de las y los colombianos. El Estado debería entrar a subvencionar el pago de nómina de pequeñas y medianas empresas, debería plantear una renta básica de cuarentena, un ingreso mínimo que permita proteger la vida de las personas y llevar a cabo las medidas de distanciamiento social. También se necesita instaurar algún tipo de control de capitales que permita estabilizar la tasa de cambio, porque de lo contrario va aumentar el peso de la deuda soberana, ocurren presiones inflacionarias y también ve reducido el gobierno sus ingresos. 

Foto: Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por supuesto que sectores conservadores dirán que no hay plata para financiar esto, pero lo cierto es que sí hay alternativas si se decide que hay voluntad política y se quiere poner las instituciones a servicio de quienes lo necesitan y no de quienes ya tienen fortuna: crédito del Banco de la República, eliminación de exenciones de la pasada reforma tributaria, moratoria en el pago de la deuda externa, impuestos extraordinario a los ultra ricos, etc. Yo invito a las y los lectores a que consulten las propuestas que han elaborado el Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo o el Centro de Pensamiento de Política Fiscal de la Universidad Nacional y muchos otros que están proponiendo alternativas frente a una gestión ortodoxa de la crisis.

¿Cree que la situación de confinamiento puede llevar a manifestaciones o protestas por los derechos laborales?

Hemos visto el surgimiento de protestas espontáneas de gente que no está exigiendo trabajo, sino condiciones de vida. Por supuesto que creo que hay que luchar por el trabajo digno y sin duda estoy convencido de que en la crisis económica que se viene va a haber fuertes luchas laborales, pero lo que está pasando es algo más profundo, son pobladores urbanos que luchan por condiciones básicas de existencia, y que implícitamente se sintonizan con el horizonte político que han trazado propuestas radicales como la renta básica universal, que podría ser una de las respuestas a la insistencia del capital de eludir las relaciones laborales contractuales y el conjunto de protecciones sociales y derechos que estas implican.

Sin embargo, el trabajo ha sido siempre un espacio social donde se han construido identidades para la acción colectiva y eso puede pasar en la actual coyuntura.

En la medida en que se revalorizan una serie trabajos (de la salud, de cuidado, de transporte de productos a domicilio, de producción y provisión de alimentos, etc.) puede que este nuevo reconocimiento simbólico le dé a estos sectores nuevos bríos para constituirse como sujetos autónomos que luchen por mejores condiciones y relaciones laborales.

Por ejemplo, el sistema de salud colombiano desde la Ley 100 ha precarizado las condiciones laborales en el sector salud. Espero que después de la pandemia sea muy difícil para los gobiernos neoliberales insistir en dicho modelo privatizador sin una amplia resistencia social.

Por: Paola Llinás Aragón y Katalina Vásquez G.

 

 

 -Quinta entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

Entrevista
El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala

Por: Laura Inés Contreras Vásquez

En entrevista con Leiria Vay, integrante de la dirección política nacional del Comité de Desarrollo Campesino – Codeca, de Guatemala y coordinadora de la Iniciativa Protección de Defensores de la ILC ALC, quisimos reconstruir el panorama actual de la situación de riesgo que enfrentan las defensoras de la tierra y el territorio en Guatemala, además de establecer algunas recomendaciones para que los estados y las organizaciones sociales puedan enfrentar estos riesgos.

 

Leiria Vay, directora política del CODECA.
 

Los problemas que sufren las mujeres defensoras en América Latina son muchos y muy variados, aunque son comunes en la región. Las mujeres que habitan el campo están en una desventaja absoluta con respecto a las defensoras que habitan la ciudad, “nosotras las mujeres rurales no tenemos la experiencia ni oportunidades. Muchas veces desde las comunidades no se tiene la posibilidad de llegar a los medios de comunicación, no se documentan los casos de mujeres defensoras agredidas y mucho menos si son mujeres rurales. No tenemos acceso a los medios. Por toda esa situación de las comunidades, existe temor de hablar, da pena denunciar, en muchas ocasiones se opta por no decir nada o huir de la situación” afirma Leiria.

En el año 2018, asesinaron a seis integrantes del CODECA. Una de ellas era mujer. La defensora fue violada y torturada antes de ser asesinada. “A los hombres los mataron a balazos y machetazos, pero la mujer fue secuestrada, violada, torturada y luego asesinada”, comenta Leiria sobre este caso. En 2019, también asesinaron a 10 dirigentes que hacían parte de esta misma organización. Una de ellas, era una joven de 30 años y madre de dos hijos. Fue secuestrada, su cuerpo fue encontrado en una laguna, su cadáver apareció a los dos meses.

Leiria afirma que uno de los mecanismos de represión más fuertes contra la mujer es atacar a su dignidad, dañan la reputación e imagen de las defensoras. Es una estrategia para evitar que las mujeres se pongan al frente de sus luchas.

Esto explica que muchas mujeres por más que sufran acoso, abuso o violación, no lo denuncien. Y complementa: “cuando detienen a una defensora ¿qué sucede? tuvimos la experiencia de la compañera Blanca, hoy presidenta de Codeca. Cuando fue detenida y encarcelada, el policía le dijo: ´quítese la ropa, vamos a ver si no tiene algo´. Eso ya es una agresión directa. Y ella no lo dice, primero porque le da pena ante los hijos, ante el esposo. Tiene un impacto fuerte en su familia, en su condición de mujer porque atenta contra la dignidad de la persona”.

Uno de los grandes problemas que existen en la actualidad y que ha dado origen a varios conflictos en la región, es el problema de la tierra. En el caso de Guatemala, después de la firma del Acuerdo de Paz, se han implementado los proyectos más grandes de privatización de bienes y recursos, lo que ha generado cada vez más conflictos entre las comunidades, las empresas y los estados. En su mayoría, son proyectos extractivos y los gobiernos que han pasado no han respondido a las necesidades e intereses de los indígenas y campesinos. Por el contrario, han entregado territorios y hoy no se ha logrado que Guatemala respete el derecho a la consulta de los pueblos indígenas a pesar de haber ratificado el convenio 169 de la OIT.

Además del extractivismo, las comunidades en Guatemala están sufriendo a raíz de la expansión de monocultivos. Cada vez hay menos tierra aprovechable para que los campesinos e indígenas puedan trabajarla y están expropiando a comunidades y personas que han sido beneficiarias de la reforma agraria de 1944. Por otra parte, se están construyendo hidroeléctricas y las familias que viven aledañas a las zonas de influencia no solo son expropiadas sino que no se benefician de estos proyectos. Las razones sobran para organizarse: "de allí viene toda la represión contra las comunidades completas, contra personas que lideran los procesos de luchas, incluso se ha llegado al asesinato de líderes y lideresas. Esta represión ha seguido una ruta que inicia con la difamación, la estigmatización, y después si las comunidades siguen resistiendo en sus territorios, impidiendo la implementación del proyecto, inicia la criminalización, los procesos penales, los encarcelamientos y los asesinatos.”, afirma.

El saboteo a la protesta y a la organización en Guatemala se da no solo mediante los procesos penales o la criminalización sino que también en connivencia entre las alcaldías municipales y las empresas, pues han comenzado a quitar los servicios públicos para generar presión.

Las mujeres rurales no sólo son rurales por trabajar en el campo. También son mujeres sin tierra, que trabajan en fincas agrícolas y que sufren abuso, acoso y trabajo invisibilizado o semi esclavitud.

“En el caso de las mujeres, nosotras hicimos una investigación sobre condiciones laborales en el 2012 y allí se evidenció que hay un 57% de mujeres que hacen un trabajo pero que no reciben salario. Nosotros le decimos trabajo invisibilizado. Otro alto porcentaje de mujeres, es del 73%, que logran inscribirse como titular trabajadora en una finca, pero reciben menos de la mitad del salario mínimo”, comenta Leiria.

En el tema de abuso sexual en la ruralidad, Leiria cuenta un caso que conoció a través de su trabajo de campo realizando esta investigación sobre las condiciones laborales: “durante una conversación con una compañera, ella me dice: mire compañera, aquí la situación es difícil, ahí está mi hija, ella tiene 5 años y ella es fruto de una violación. Yo le dije: ¿y por qué no lo denuncia? ¿por qué sigue trabajando ahí? Ella respondió: lo que pasa es que yo tengo otro niño y si yo denuncio va a ver represalias contra mí, ya no voy a tener trabajo, me lo van a quitar. Las mujeres en el campo padecen este tipo de situaciones.

Recomendaciones para mitigar las situaciones de riesgo de defensoras de la tierra y el territorio

  • Implementación de estrategias de comunicación en las organizaciones sociales

La apuesta es por los medios comunitarios o alternativos para lograr impacto y visibilización en el campo. A través de redes sociales, por ejemplo, se puede llegar a más personas que ahora se están informando por ahí en vez de usar los medios tradicionales.

  • Fortalecimiento de las organizaciones

Lo ideal es que las organizaciones puedan fortalecerse para lograr una capacidad de denuncia y presión en los juzgados o instancias que toman las decisiones en el país, además de lograr que la denuncia llegue al plano internacional si es necesario.

  • Cooperación entre organizaciones que trabajan buscando los mismos objetivos

La cooperación para las acciones, sobre todo en temas de legislación y denuncia por parte de las organizaciones sociales, es muy importante. Con los esfuerzos que se juntan y evitan la fragmentación por diversos motivos, pueden obtenerse resultados favorables en las políticas públicas que buscan proteger los derechos de los y las defensoras de la tierra y el territorio.

  • Búsqueda de espacios de participación pública y de toma de decisiones

Resistir desde los territorios siempre será muy importante, pero el acceso a la participación en las instancias de decisión es primordial. La lucha por los derechos desde los espacios de toma de decisión puede abrir otras oportunidades para que el acceso a la tierra y la protección del territorio sean políticas de los Estados y no dependan de los gobiernos de turno.

 

Al cierre de este artículo y a tres días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, fue asesinada Dominga Ramos, defensora de derechos laborales de mujeres trabajadoras en fincas agrícolas del municipio Santo Domingo Suchitepéquez. Dominga se había vinculado a la campaña de Codeca de defensa del agua contra la desviación de ríos a causa de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana y era también la esposa de Miguel Ixcal, de la dirección política nacional de Codeca. 


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

 

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Segunda entrega: Argentina. Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Cuarta entrega: México. Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica.

 

 -Cuarta entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

México
Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica

Por: Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo por la Defensa de la Tierra y el Territorio

Dra. Lucila Bettina Cruz Velásquez, Defensora de Derechos Humanos.
 

La lucha vale la pena, dice Bettina Cruz, defensora zapoteca de la tierra y el territorio

Juchitán, Oaxaca, México. A 25 años de haberse instalado el primer aerogenerador en territorio mexicano en un plan piloto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al sur oeste del país, en específico en La Venta Juchitán Oaxaca (Comunidad indígena y rural de la etnia zapoteca) y a 20 años de que la Comisión Reguladora de Energía entregó el primer permiso eólico a la empresa Fuerza Eólica del Istmo, la vida de los habitantes de esta región no ha mejorado.

No hay empleo, los pueblos están divididos, opositores a los proyectos eólicos han sido asesinados, otros fueron perseguidos y presos. Hay deterioro ambiental, creció la delincuencia y en los campos, que ya no se cultivan, destacan miles de aerogeneradores que significan riqueza para los inversionistas extranjeros y para un reducido grupo de ejidatarios, líderes políticos y autoridades.

Desde la última década del siglo XX, empresas extranjeras apartaron terrenos y luego celebraron contratos que para la defensora de la tierra y el territorio Lucila Bettina Cruz Velásquez han significado “despojo, destrucción ambiental, ruptura del tejido social y muerte”, mientras para los arrendatarios significaba ingreso económico.

En diez años, de 1998 a 2008, el gobierno mexicano entregó, principalmente a empresas extranjeras, permisos para generar en el territorio nacional 4290 megawats de energía eólica en tierras indígenas sin el consentimiento previo, como marcan tratados internacionales a los que México está suscrito, lo que ayudó a que el país pasara, según datos de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), del lugar 26 en 2009 al 18 en 2018 en el ranking en países generadores de energía eólica, lo cual lo ubicó en el segundo lugar de América Latina.

En este lapso, las empresas eólicas han instalado en 12 estados de la República unos 49 parques con 4 mil 177 MW y están por incorporar siete más; entre ellos el de Eólica del Sur, (antes Mareña Renovables), en Juchitán, Oaxaca. En el Istmo (pacífico oaxaqueño) actualmente hay unas 14 empresas extranjeras operando 25 parques eólicos.

A principios de los 90, las empresas apartaron terrenos y políticos oportunistas acapararon tierras, que años después arrendaron a los inversionistas para proyectos eólicos. En 1994, CFE instaló en La Venta Juchitán la primera central eólica del país y el gobierno estatal y federal promocionaron el potencial eólico del Istmo mediante coloquios internacionales para atraer inversión privada.

A partir de 2006 llegaron Iberdrola y Gamesa y en 2007, la empresa Preneal inició el arrendamiento de tierras mediante contratos ventajosos para las inversionistas y en poco tiempo suscribieron 1500 contratos de arrendamiento de tierras del Istmo, según la AMDEE, sin importar que el régimen de tenencia fuera comunal; con apoyo del Registro Agrario Nacional (RAN) entregaron certificados parcelarios y gestionaron títulos de propiedad a los “propietarios” para dar certeza a los proyectos eólicos. Esos títulos y certificados eran el aval de las empresas para conseguir los créditos millonarios para sus proyectos.

Con el arranque de la construcción de obras, comenzó también la prohibición de paso a grupos de pescadores a sus zonas de pesca y a campesinos a sus parcelas y con ello iniciaron los conflictos; los campesinos no estaban enterados bien de lo que habían firmado.

Para cubrir el reclamo de una consulta previa, libre e informada antes de realizar cualquier proyecto de impacto en comunidades indígenas, como lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se realizó la primera Consulta Indígena en Juchitán sin cubrir los estándares internacionales y solo sirvió para dar legalidad a la instalación del proyecto más grande que se realiza en América Latina, el de Eólica del Sur con 396 MW en más de 5000 hectáreas.

La aparición de la Asamblea en Defensa del Territorio de Juchitán en 2007, que después se convirtió en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo por la Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), dio herramientas y argumentos legales para que las comunidades iniciaran una lucha jurídica y política en contra de las empresas que los habían sorprendido; desconocían el impacto de los proyectos.

Asimismo, esta Asamblea propició la formación de otras organizaciones locales de resistencia a proyectos eólicos y en defensa del territorio como la Asamblea del Pueblo de Gui´xhi Roo´(Álvaro Obregón) y la Asamblea Popular del Pueblo de San Dionisio del Mar que con respaldo de la APIIDTT logró cancelar el ambicioso proyecto de Barra Santa Teresa de Mareña Renovables y desconoció en 2012 al alcalde Miguel López Castellanos por recibir dinero a espaldas de la población.

También favoreció a la unidad en la lucha de los pueblos de la cultura ikoojts (huave) y binnizá (zapotecas) por una misma causa, cancelar los contratos de usufructo parcelario y frenar la imposición de proyectos que despojaban de su tierra y territorio a los pueblos indígenas.

Por su parte, las empresas eólicas iniciaron una lucha legal y exigieron a los gobiernos federal y estatal garantías para el desarrollo de sus proyectos de inversión. Inició entonces una larga historia de lucha de enfrentamientos, hostigamiento judicial, criminalización de la protesta, estigmatización de la lucha, agresiones físicas y verbales, cárcel, amenazas y asesinatos de defensores que obligaban a los líderes de la APIIDTT a abandonar el territorio defendido para preservar sus vidas.

En su más reciente informe de 29 de noviembre de 2018, denominado “Desde la memoria…la esperanza”, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos y todas TDT”, que agrupa a 87 organizaciones de 23 estados de la República Mexicana dio a conocer que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 161 defensores y defensoras de derechos humanos fueron asesinados en México, además de 40 periodistas y solo 3 por ciento de los asesinatos de defensoras de derechos humanos están judicializados. Este informe cuestionó que ante este fenómeno, el Estado Mexicano ha limitado su respuesta al Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hay que mencionar que 45 de las personas defensoras asesinadas pertenecen a algún pueblo indígena y entre los estados más peligros de México para la defensa de derechos humanos se encuentra Guerrero con 28 por ciento, Oaxaca con 20 por ciento y Chihuahua con 11 por ciento. El 40 por ciento de las personas asesinadas eran defensores comunitarios y ejercían su derecho a defender derechos en su comunidad principalmente de la tierra y el territorio, según el informe.

En la región del Istmo, integrantes de la APIIDT han sufrido acoso, agresión física y verbal, lesiones, amenazas, intimidación, violencia psicológica, criminalización de su lucha, cárcel e incluso el asesinato de algunos de sus integrantes y para salvar sus vidas, han tenido que salir de su territorio en varias ocasiones.

En los últimos ocho años se han documentado al menos tres asesinatos de miembros de alguna organización de resistencia contra megaproyectos en la región. En 2011 fue detenido Filiberto Vicente Aquino, integrante de la APIIDTT, acusado de robo de energía eléctrica; se negaba a pagar los recibos de la CFE.

En 2012, Bettina Cruz Velásquez fue detenida por la PGR cuando se encontraba en Santa María Xadani acusada de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional. Un año después se vio obligada a abandonar el territorio juchiteco junto con su familia tras sufrir un intento de asesinato después de su participación y apoyo a los comuneros de San Dionisio del Mar contra el proyecto de la empresa Mareña Renovable en la Barra de Santa Teresa en la Laguna Superior.

En 2013, policías estatales detuvieron, después de dos intentos, al líder de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón incorporada a la APIIDTT, el profesor Alejandro López López, quien salió libre por la intervención de la sección 22 del magisterio oaxaqueño.

En 2013 se propiciaron varios ataques contra las instalaciones de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) que también protesta contra la empresa Gas Natural Fenosa y su parque eólico Bii Hioxo en Juchitán. En un ataque a una barricada murió, por disparo de arma de fuego, Héctor Regalado Jiménez, habitante en resistencia, y la organización sufrió en dos ocasiones el incendio de una palapa mientras que desconocidos desmantelaron equipos de radio Totopo, estación comunitaria solidaria con la lucha contra las empresas eólicas.

En 2014, la APIIDTT denunció amenazas de muerte en contra de Alejandro López López de la Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón y ese mismo año se registraron tres ataques contra integrantes de la policía comunitaria de esa localidad en resistencia contra proyectos eólicos, intento de allanamiento de viviendas, agresiones, detenciones arbitrarias e intimidación.

Ese mismo año 2014, Bettina Cruz es agredida violentamente en la carretera panamericana después de una marcha silenciosa y plantón en la población de Unión Hidalgo contra los proyectos de Piedra Larga I y II de la Empresa Demex, donde presuntos miembros de una guardia blanca enviados por la empresa le apuntaron con una pistola durante la jornada de protesta.

En 2017, José Alberto Toledo Villalobos, miembro de la Red Nacional de Resistencia Civil, fue localizado en el tramo de la carretera Chahuites Tapanatepec, al oriente del Istmo, golpeado, semiinconsciente y, posteriormente, murió. Era defensor de la Tierra y Territorio contra la minería y las altas tarifas de energía eléctrica.

En 2018 fue asesinado en Juchitán, Rolando Crispín Sánchez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), expolicía comunitario de la Agencia Álvaro Obregón durante la resistencia contra la empresa Mareña Renovables.

El surgimiento de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo Oaxaqueño en Defensa de la Tierra y el Territorio se dio por la necesidad de los habitantes de contar con una organización que iniciara la defensa del territorio ante la amenaza de despojo que representaban los proyectos eólicos y los riesgos que vislumbraban para la permanencia de las formas de organización tradicional, costumbres y sus formas de subsistencia.

“Estaba haciendo mi tesis de doctorado cuando conocí la realidad de los contratos, vi que estaban mal y comencé con mi esposo Rodrigo Flores, a dar información casa por casa a campesinos y comuneros para advertir sobre los riesgos, junto con algunos comuneros luchadores e integrantes del Centro de Derechos Humanos Tepeyac. Se inició la asesoría, las reuniones y asambleas y fue creciendo la bolita”, explica la Doctora Bettina Cruz Velásquez.

Ya con información suficiente de riesgos y desventajas de los contratos firmados, algunos campesinos intentaron sin éxito cancelarlos y en 2007, ante la creciente demanda de asesoría y ayuda, los interesados pidieron conformar un organismo con nombre y un local donde entregar los contratos que eran analizados uno por uno.

Así nació la Asamblea en Defensa del Territorio de Juchitán que después se convertiría en la APIIDTT. “Cuando yo no estaba en casa, la gente entregaba los contratos a mi mamá Rosa Velásquez, en el patio de su casa se hicieron muchas reuniones, ella misma participaba, los motivaba pero también regañaba a los compañeros por haber aceptado los contratos, Na Rosa siempre fue una luchadora. Nos prestó primero un local que sirvió de oficina y al final terminó dejándolo para nuestras largas reuniones de trabajo”.

Bettina Cruz explica que:

En 2009 organizaron el Foro de Soberanía Energética que acercó a habitantes de muchas comunidades indígenas a conocer la problemática y “fue cuando vimos que esto era algo más grande, que iba más allá de la defensa de la tierra, que los proyectos impactaban sobre la vida de la gente, generaba conflictos y no había trabajo, había aumentado la violencia y decidimos conformar la Asamblea de Pueblos Indígenas por la Defensa de la Tierra y el Territorio APIIDTT, porque comenzaron a participar personas de otros pueblos vecinos”.

La primera acción de la APIIDTT fue buscar la cancelación de los contratos firmados por los comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios con las empresas eólicas por la vía legal y también con protestas pacíficas: conferencias, marchas, mítines, cabalgatas y plantones frente a CFE, entre otras. “Demandamos a Preneal, a Endesa, Eoliatec y Unión Fenosa por los contratos en Unión Hidalgo, Santa María Xadani y Juchitan y logramos -no por la vía civil sino por la presión directa- que se cancelaran los contratos; fuimos con compañeros y compañeras a la CdMx a decirle a las empresas que la gente no quería los contratos y logramos que se anularan muchos”.

Paralelo a esta lucha contra las empresas eólicas, Cruz Velásquez impulsó también la lucha contra las altas tarifas eléctricas que llevó a la resistencia y negativa de pago del servicio de habitantes de Álvaro Obregón, Agencia de Juchitán y Santa María Xadani y manifestaciones frente a oficinas de CFE, pero derivó en amenazas de muerte y su aprehensión, acusada de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y riqueza nacional. Salió libre bajo fianza y enfrentó un proceso que duró cuatro años hasta que fue absuelta por un juez federal.

La defensora de los derechos humanos y de la tierra y el territorio Bettina Cruz Velásquez vive en constante zozobra y ha tenido que abandonar su casa, su comunidad y permanecer refugiada en otros lugares ante el riesgo permanente de que atenten contra su vida.

“Vivimos de manera permanente con miedo a ser atacados mi marido y yo, mi familia. Nos han agredido físicamente, me han amenazado de muerte, me han hostigado, he sufrido intento de asesinato en varias ocasiones y he tenido que abandonar la región, porque casi nos matan”, dijo.

Bettina Cruz Velásquez tiene medidas cautelares desde 2012 por la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y está en el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y en 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también le dio medidas cautelares a ella, a su familia y algunos miembros de la comunidad.

Ella considera que las medidas cautelares del gobierno federal son insuficientes; solo son paliativos. “Estas prácticamente encarcelada en tu casa, sin poder ejercer tus derechos, te dan un botón de pánico y la misma policía que a veces te quiere encarcelar hace sus rondines para vigilar, por eso lo mejor es que tú tomes tus propias medidas de protección, con tu comunidad, con tu familia y con amigos y amigas”.

“El gobierno está obligado a protegernos, porque hacemos un trabajo que deberían hacer ellos, nosotros no tendríamos ni porqué existir (como organización de lucha) si el gobierno respetara nuestros derechos como pueblos”, afirma.

Bettina comenta que entre las acciones básicas de protección está evitar exponerse en público, no andar nunca sola, ni en lugares peligros ni horas avanzadas, quedarse en el lugar que se visita si se les hace tarde, siempre tener saldo y batería en el celular y andar siempre con el botón de pánico y si debe acudir a lugares de riesgo ir acompañada con gente del lugar, que conozca y sea reconocido, así nos cuidamos todos y todas”.

También reconoce en las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas mecanismos de protección con rituales ancestrales. “Las compañeras siempre están pidiendo por nosotros a los ancestros, hemos hecho rituales en la comunidades para protegernos. Pedir a los buenos espíritus la protección. Las compañeras me dan cosas que me protejan como amuletos, flores, cuarzos, piedras y eso es muy valioso para mí”, comenta.

“La participación de las mujeres es muy importante, porque sin las mujeres no podríamos avanzar, ellas son el pilar de los movimientos. Ellas participan en las guardias, en la elaboración de los alimentos, muchas veces se minimiza esa participación, pero si eso no se da, no hay movimiento. Participan así y además participan en las asambleas” dice Bettina Cruz Velásquez.

Explica que participar en la lucha es más difícil para las mujeres, porque “aparte de luchar contra todo lo que luchan los hombres como el Estado, el sistema y estos proyectos, las mujeres tenemos que luchar también contra los hombres, contra el estado patriarcal que pretende limitar a las mujeres y además se enfrenta a campañas misóginas”.

Agregó que encima de todo eso a diferencia de un hombre, cuando una mujer está en peligro de ser agredida, lo primero que piensa es “nos van a violar, porque es lo primero que hacen, dañar al cuerpo y eso es terrible, porque buscan dañarnos ahí, en nuestro ser mujer”.

No obstante, Bettina Cruz está convencida de seguir adelante y afirma que la lucha ha valido la pena, porque se frenó el proyecto de Mareña Renovables en la zona huave. Demostraron en Álvaro Obregón que no necesitan a los partidos políticos para organizarse, que las energías renovables no son buenas en sí mismas, sino por el uso que se les da, para qué y para quién y que ahora ya tienen el poder de hablar y ser escuchadas y su voz cuenta y pueden incidir. 

 

Fotos Interiores: Angélica Pineda-Silva


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Segunda entrega: Argentina. Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Quinta entrega: Entrevista. El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala.

 

 -Tercera entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

Guatemala
Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio

Por: Organización Comunitaria Tolan Juyu’ Taqaj’

Mujeres rurales en Guatemala. Foto: CICR
 

Dos generaciones después, las tierras regresan

A inicios del siglo XIX, las familias Mayas Sotz’iles de Domingo Xep, José Julajuj y Sebastián Baquin perdieron sus tierras a manos de un finquero ladino, originario de Sololá, quien falsificó el título de tierras para venderlos a ciudadanos australianos.

117 años después, los jóvenes tataranietos de los dueños legítimos de las tierras, hoy llamadas Tolan, se unieron para crear la Organización Comunitaria Tolan Juyu’ Taqaj’ (Montaña Valle Apacible), ubicada en el Caserío Buena Vista, Cantón Säq Siwan, Tz’oloj Ya’, Guatemala, y así luchar para recuperar parte del legado familiar, sus tierras.

Como una afortunada coincidencia de la vida, una de las bisabuelas encontró y entregó a los jóvenes un documento que resultó fundamental para que, entre 2008 y 2010, Marcelo Xep, Hortencia Xep y Santos Xep, bisnietos y tataranietos de los dueños originales, pudieran recuperar sus tierras a través de un diálogo con la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y ciudadanos australianos.

Regresar a sus terrenos, les costó décadas de desarraigo, años y años sin un lugar dónde sembrar y también trajo muerte. Dos años después de la recuperación de las tierras, algunos ex trabajadores de los “australianos” tomaron represalias y asesinaron a Marcelo Xep, uno de los ahora dueños legítimos de las tierras

 

De las tierras recuperadas regresa la esperanza

Mapa del proyecto en la Montaña Valle Tolan.

En 2011, como muestra de reivindicación, iniciaron los diálogos para reforestar el lugar y así apoyar la subsistencia de la subestación de riachuelos, colindante con el lago de Atitlán (sitio de abastecimiento para la agricultura y consumo de los hogares), resguardar la fauna y flora de la zona y priorizar la educación y recuperación de la identidad cultural en la comunidad para a largo plazo, generar un medio de sostenibilidad como el ecoturismo educativo comunitario.

A raíz de estas iniciativas surge la organización comunitaria Tolan, fundada por tataranietos de la familia Xep y mujeres voluntarias, estudiantes de la Licenciatura en Nutrición e Ingeniería Ambiental, quienes iniciaron un trabajo Ad honorem con las mujeres de la comunidad a través de la enseñanza de los derechos específicos y colectivos de las mujeres indígenas, así como el cuidado de la madre tierra.

En memoria de la defensa de los ancestros por la tierra, Tolan busca visibilizar y honrar la resistencia de los abuelos y recuperar la identidad cultural como pilar importante para la organización comunitaria, a través de cinco pilares:

1. Educación ambiental

a. Reforestación

b. Cuidado de la flora y fauna

c. Talleres desde las artes y educación popular

2. Rescate de la identidad cultural

a. Cosmovisión Maya

b. Educación lúdica

3. Soberanía alimentaria

a. Honrar el trabajo de las mujeres agricultoras

b. Cuidado de la madre tierra

c. Aprender a comer

d. Cultivos libres de químicos

e. Banco de semilla (a largo plazo)

 4. Deportes. Una forma de concientizar a niños y adolescentes, compartir con la naturaleza y generar convivencia.

5. Turismo educativo comunitario

a. Avistamiento de aves

b. Sendero ecológico

c. Visita a tres altares mayas (Oxlajuj Iq’ B’alam, Jun Tijax, Lajuj Toj) El Altar Oxlajuj Iq’ B’alam es en memoria de las abuelas y abuelos que resistieron y que dieron sus vidas para las nuevas generaciones.

d. Campamentos, forma de introducir a la juventud sobre la relación con la madre tierra.

e. Fogatas

f. Alquiler de sitio para vuelo libre en Parapente Guatemala (Forma de generar un ingreso económico para las actividades y mantenimiento del terreno)

Recuperar la tierra genera nuevos retos

Tras recuperar sus tierras, la familia comunitaria (mujeres, jóvenes y hombres, agricultores analfabetos y algunos estudiantes) enfrenta una segunda amenaza: El Proyecto PET-1-2009 de la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica (TRECSA), que consiste en la construcción de 866 kilómetros de líneas de transmisión, 11 subestaciones nuevas y la ampliación de 12 subestaciones.

El proyecto contempla ubicar en la zona de Tolan tres torres eléctricas para la subestación de energía. Cada servidumbre o torre abarca 30 metros en un área en donde no se puede construir ni sembrar árboles de altura y con alto impacto negativo para la agricultura

El proyecto constituye una amenaza para 30 familias, la mayoría conformadas por mujeres, dueñas legítimas de estas tierras, agricultoras, tejedoras y analfabetas, entre ellas viudas que sobreviven de sus siembras y tejidos para sostener a la familia.

De continuar con el proyecto, tal y como está contemplado, las familias podrían enfrentarse al desplazamiento de sus hijos e hijas, además verse en una posición que favorece la intimidación para facilitar ceder sus tierras. También podrían perder parte del terreno destinado para el cultivo y la sobrevivencia. Como impacto para todo el país, se podría llegar a generar procesos de deforestación y pérdida de biodiversidad.

Defender la casa ante el riesgo

Reunión comunitaria socializar estrategias de diálogos con las autoridades locales ante la propuesta de Trecsa.

La comunidad ha desarrollado una serie de estrategias para evitar un impacto tan fuerte del proyecto sobre la zona. Los jóvenes fundadores de la organización Tolan, lideran los procesos de defensa de tierras acompañados por las mujeres, ancianas y ancianos de las 30 familias comunitarias, han adelantado las siguientes acciones:

  • Acercamiento y diálogos con líderes de las autoridades comunitarias: Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural, Alcaldía Indígena, Gobernación Municipal y el Gobierno Municipal.
  • Diálogos con los representantes de la Empresa Trecsa. La comunidad afirma que en reuniones previas, la empresa ha variado la información y no ha dado solución a la solicitud de protección de sus tierras. Además, informan que han sido ignorados en dos ocasiones. Personal de Trecsa ingresaron a las tierras para evaluar el terreno sin la autorización ni el consentimiento de los dueños legítimos.
  • Uso de la tecnología para informar. La comunidad realizó un documental, con el apoyo voluntario de dos cineastas argentinos, para poner en conocimiento del mundo entero la situación. El documental es posible verlo en los siguientes enlaces:

https://vimeo.com/261358257

https://vimeo.com/265845906

https://vimeo.com/tolan

  • Mensualmente, la comunidad se reúne para informar a las 30 familias sobre los resultados de los diálogos con las autoridades locales y el seguimiento del plan de la empresa de Trecsa.
  • Se realiza un taller mensual para informar y concientizar a las 30 familias sobre la importancia de hacer valer sus derechos como pueblos originarios, así como los derechos de la madre tierra. En los talleres también se realiza un proceso de reivindicación de los conocimientos ancestrales como lucha estratégica de la sobrevivencia de los pueblos.

Tras dos años de solicitud, los gobiernos locales no han asumido un diálogo concreto con los comunitarios para acompañarlos y respaldar la defensa de sus tierras. Para las familias, esta situación abre la duda sobre los negocios de las grandes empresas con las autoridades locales.

 

Foto: Fundación Libertad y Desarrollo de Guatemala.


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Segunda entrega: Argentina. Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Cuarta entrega: México. Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica.

Quinta entrega: Entrevista. El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala.

 

 -Segunda entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

Argentina
Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta

Por: Unión y Progreso / Coordinadora de Tierras de Salta

Marcha a la capital de Salta.
 

En las últimas décadas, el modelo extractivista se ha profundizado en América Latina lo que genera una mayor expulsión de comunidades campesinas e indígenas de sus tierras, donde las mujeres son quienes más sufren las consecuencias, porque deben afrontar solas las mayores cargas del sostenimiento familiar.

En Argentina, cada año aumentan los conflictos sociales vinculados a desalojos por avance de la frontera agropecuaria, contaminación de agua por agroquímicos y por acciones de la megamineria y desmontes.

Ante esta situación, el gobierno nacional y los provinciales no dan respuesta a las demandas de los perjudicados por estas actividades, al contrario, no cumple la legislación actual o, en los últimos años se han modificado leyes que agudizan aún más la situación descrita.

Ejemplo de lo anterior es la Ley 26.737 o “Ley de Extranjerización de Tierras”, promulgada en 2011, la cual establecía que las tierras rurales en manos extranjeras no podían superar el 15 por ciento del total. En 2016, el gobierno nacional lanzó el decreto presidencial 820/16 que modificaba el artículo 17 de la Ley 26.737 y actualizó la reglamentación del Código Civil y Comercial para flexibilizar la venta de campos y grandes extensiones con el fin de dinamizar la inversión extranjera productiva. Este decreto es impugnable por inconstitucional; un decreto no puede modificar una ley que tiene mayor jerarquía. Actualmente, su pedido de nulidad se tramita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5.

Cabe mencionar que del total de 7.490.265,42 hectáreas (cultivables) en todo el país declaradas en manos extranjeras, el 89,36 por ciento corresponde a personas jurídicas, de las cuales solo el 7 por ciento están inscritas como extranjeras, mientras que el 93 por ciento están registradas como nacionales, pero con capitales extranjeros.

Sobre 596 grandes transacciones de tierras cargadas en Land Matrix para América Latina y el Caribe se observa que la principal intención de las transacciones de tierras ya concluidas está en la agricultura. Un 48 por ciento de la superficie se destina a cultivos de soja, maíz y caña de azúcar. Los inversores no latinos con mayor superficie de transacciones de tierras en la región son Estados Unidos, Holanda y China.

El estado nacional no cumple plenamente con el artículo 75 de la Constitución Nacional y las provincias dictan leyes que tampoco hacen cumplir o demoran su aplicación.

En Jujuy, los tribunales ordinarios no aplican la Ley 26.160 prorrogada por Ley 27.400 de emergencia en materia de posesión de comunidades indígenas, que frena los desalojos y despojos a comunidades. En ese sentido, la Comunidad Las Capillas del Pueblo Ocloya presentó en febrero de 2018 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja que tramita con el expediente CSJN- 00115/18 por desalojo en un proceso penal a miembros de la Comunidad Las Capillas. En la Justicia provincial existe demora en la tramitación de las causas y falta de aplicación de los derechos indígenas y ambientales, también exclusión y discriminación a las comunidades indígenas a través de Acordada del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy 69/2012 que las excluye de la adhesión a las Reglas de Brasilia de acceso a la Justicia a las personas en situación de vulnerabilidad.

En su informe “Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”, la ONG OXFAM da cuenta de que en Argentina, el 1 por ciento de la población concentra el 36 por ciento de la tierra. La situación descrita agudiza los conflictos ya existentes y trae nuevas dificultades a campesinas e indígenas para el acceso a la tierra.

Así, se producen numerosos conflictos por la tierra y los agricultores familiares deben ejercer presión y desarrollar luchas en defensa de su derecho de acceso a la tierra, como por ejemplo por la prórroga del artículo 9 de la Ley provincial 7658 de Salta, que frena los desalojos a familias campesinas.

Organización y defensoras ambientales

Presentación de la problemática y debate en diferentes foros.

En relación con el conflicto mencionado, quien estuvo al frente de numerosas luchas fue la organización Unión y Progreso, perteneciente a la Coordinadora Zonal de Tierras de la Ruta 81 de Salta y, en particular, la presidenta de dicha organización Lucía Ruiz, quien junto a compañeras de distintas organizaciones en 2012 fueron a frenar un desmonte en defensa del ambiente y el derecho a la tierra de varias familias campesinas. Se pararon frente a las máquinas y expulsaron a los trabajadores del terrateniente Vidizzoni con quien desde 2009 estaban en conflicto.

A partir de ese momento comenzó la persecución a Lucía Ruiz y hasta el día de hoy continúa procesada. Actualmente, después de 6 años de iniciada la causa legal por la que le realizaron tres allanamientos a su casa, Lucía no se escondió, levantó los brazos y fue a luchar por la prórroga del artículo 9 de la Ley 7658 para frenar el desalojo de familias campesinas.

Es importante destacar que durante el año 2019 el empresario Vidizzoni pidió al juez una condena excarcelable para las otras personas involucradas en el conflicto pero no para Lucia Ruiz, que ella siguiera en las mismas condiciones y fuera encarcelada. Esto se entiende únicamente por el carácter de dirigenta de Lucia a quien quieren frenar de cualquier forma.

María Tolaba, perteneciente a la organización Mujeres mejorando el Chaco, dice: “Luchamos por nuestros derechos resistiendo las distintas medidas judiciales como desalojos, resistimos organizando guardias en las casas y acompañando a las distintas familias que se encontraban más complicadas. Es así que en una asamblea con técnicos y abogados que actuaban, y hoy siguen acompañando a las organizaciones, entendimos que debíamos visualizar nuestra situación y conseguir algún amparo legal como es la prórroga del artículo 9 de la ley 7658 que frena los desalojos y cualquier causa o juicio iniciado en relación y perjuicio de las familias poseedoras”.

La principal estrategia en defensa de la tierra fue siempre la visibilización de estas luchas a través de movilizaciones a la capital provincia, permanecer junto a las referentes de las organizaciones, convocar a campesinas y campesinos a formar barreras para evitar los desalojos o la represión ante el avance de las fuerzas de seguridad.

Desde la Fundación Plurales venimos acompañando procesos organizativos y de apoyo a organizaciones de defensoras ambientales. Durante 2015 y hasta 2017 se desarrolló el Proyecto de Defensoras Ambientales financiado por la Unión Europea y ejecutado junto al Fondo Mujeres del Sur (de Argentina y Paraguay) y Cimcatt (Bolivia). Este proceso se articuló con las organizaciones de mujeres miembros del Colectivo del Chaco Trinacional y apostó fuertemente a apoyar acciones, fortalecer las organizaciones y visibilizar el papel que juegan las mujeres del territorio en la defensa de los derechos ambientales, en la lucha por la tierra, el acceso al agua, la disputas por la contaminación que actores empresariales con complicidades gubernamentales llevan adelante y, en síntesis, en la defensa de la vida en el territorio.

María Tolaba afirma que:

“Como estrategia de comunicación nos incorporamos a la red de radios rurales y mantenemos constante asesoramiento de la mesa de comunicación de Salta y Jujuy, porque tenemos la radio campesina en el predio de las organizaciones que es la herramienta de difusión más importante para unificar luchas y mantener informada a las familias del campo que solo tienen la radio para conectarse a los sucesos nacionales, provinciales y municipales, además de ser nuestro medio de convocatoria para las asambleas y en casos de urgencia para concurrir a apoyar a alguna compañera o compañero en situación de riesgo”.

“Se convoca a las organizaciones por la radio y se organiza ir al lugar para acompañar e impedir el desalojo, se para las máquinas o se hace corte de camino para que no lleguen a la casa o campo de quien es objeto de posible desalojo. Además de hacer presencia y rotar en el lugar para que siempre esté acompañada la familia mientras se hacen las denuncias y trámite a legales con abogados y se hace mucha difusión mediática. Se busca ayudar de la mejor manera dando contención a la familia y buscando los recursos para ayudar a la compañera o compañero. Se brinda seguridad a quien es amenazada, lo hacen desde la mismas organizaciones, es decir son las mismos compañeras que hacen de seguridad”.

“Nosotras siempre estamos buscando recursos de algún proyecto para poder cubrir gastos de abogados y recursos para poder sostener el lucha el tiempo que sea necesario. Hay abogados que lo hacen desde la militancia, pero siempre se necesita recursos movilidad, gestionar, dar visibilidad a la problemática. Otro problema es que si bien tenemos abogados que nos asesoran, pero no pueden litigar, ejemplo el caso de Lucía Ruiz, la causa está en juzgado de Tartagal y los abogados que nos ayudan son de Salta y no pueden litigar por tema de jurisdicción”.

María destaca también el rol de la mujer: “Desde el 2011 que se funda la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta 81 solo existían dos mujeres en la mesa en las reuniones, una era Lucía y la otra María Tolaba, actualmente de las 10 organizaciones campesinas siete son dirigidas por mujeres, es decir, que son mujeres la presidenta de cada organización, de ser minoría pasamos a ser mayoría y la cara representativa de la lucha campesina por la tierra el agua y el medio ambiente tiene rostro de mujer”.

Prórroga de la Ley 7658

La luchas por la prórroga de esta ley cuyo artículo 9 impedía el desalojo de las familias campesinas de sus tierras tuvo varias instancias que llevaron adelante las organizaciones campesinas, fundamentalmente las mujeres de esas organizaciones. Desde grandes movilizaciones del campo a la capital de la provincia de Salta, asentamientos frente a la legislatura provincial, hasta buscar el apoyo de legisladores, difundir por los medios de comunicación esta situación, hablar con funcionarios públicos y hacer charlas y debates en universidades y foros campesinos. Estas acciones tuvieron lugar durante 2017; en diciembre de ese año vencía la anterior prórroga de la Ley. El 15 de noviembre se logró la prórroga en la Cámara de Diputados y pasó a senadores. Al 30 de noviembre todavía no había dictamen de esta Cámara y desde las organizaciones campesinas se realizó el siguiente comunicado:

“Tras una reunión realizada en la zona norte, las asociaciones campesinas que integran la Coordinadora Zonal de Tierra de la Ruta Nacional 81 se decidió comunicar al actual ministro de Gobierno y Derechos Humanos de la provincia, Marcelo López Arias, para informarle que tienen previsto realizar una vigilia en la Legislatura desde el próximo 6 de diciembre hasta conseguir la media sanción que debe dar el Senado a la ley.

Asamblea de las organizaciones campesinas para definir acciones en defensa de las tierras.

Esta coordinadora representa a más de 800 familias campesinas que a su vez son miembros del Foro Provincial de Agricultura Familiar y decidió avisar a López Arias, al ministro de Seguridad, Carlos Oliver, y a la Policía de la Provincia, a fin de informar la protesta que se hará de manera "pacífica" a fin de evitar conflictos con las fuerzas de seguridad. Es así que en la nota indicaron que descuentan que "las autoridades garantizarán nuestro derecho a movilizarnos y a peticionar", a través de este tipo de protesta. Recordaron que esta será la segunda vigilia (en caso de concretarse), dado que en 2010, cuando se trató por primera vez la Ley 7658, realizaron la primera vigilia a la espera de la sanción de la normativa”

Finalmente, el primero de diciembre, la Cámara de Senadores aprobó la ley que evita el desalojo de las familias campesinas por un año.

A modo de conclusión, se puede decir que:

La protección de las defensoras ambientales requiere tres acciones fundamentales: apoyar y fortalecer las personas, en este caso las mujeres y sus cuerpos como territorios de estas acciones de atropello. En segunda instancia consolidar las acciones de incidencia y mayor difusión de acciones empresariales y gubernamentales que puedan resultar en amenazas (como el caso de las marchas y concentraciones). La tercera instancia es trabajar en abordar las causas fundamentales. Esta es la acción más eficaz e implica alcances de mediano y largo plazo (como por ejemplo Leyes de No Desalojo como la implementada en Salta).

Estos niveles de acción posibles permiten realizar un plan de acciones integrales y que generen una articulación regional. 

Foto: Tomada de (http://www.plurales.org/recursos-naturales/recursos-naturales-genero/)


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

Primera entrega: Colombia. Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Cuarta entrega: México. Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica.

Quinta entrega: Entrevista. El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala.

Situación de riesgo y estrategias de autoprotección. Defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en América Latina

 -Primera entrega-

La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra presenta este especial sobre la situación de las mujeres defensoras de la tierra y el territorio en América Latina, a propósito del #8M y en homenaje a las mujeres que han sido asesinadas o están en riesgo por sus luchas. 

Colombia 

Conflicto armado y múltiples violencias contra las mujeres negras y afrocolombianas

Por: Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí

Fotografías: Red Kambirí.
“Resulta que en la comunidad casi no sacamos fotos, cuando uno va en los botes es que toma la foto; cuando ya uno llega no toma fotos porque por todos lados usted ya sabe...”
 

Así comenzó la Red Kambirí

En 1990 un grupo de mujeres afrocolombianas conformó una asociación que estaba encaminada a visibilizar y enaltecer los aportes de las mujeres negras en la construcción nacional. Fue hasta el año 2000 en que se da la primera Asamblea Nacional de Mujeres Afrocolombianas y se conforma la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí, que desde sus objetivos principales se ha planteado en trabajar en pro de la eliminación del racismo y las diferentes formas de discriminación a las que están sometidas no solo las mujeres afro sino la población en general.

Kambirí, palabra que en dialecto africano significa “permítame entrar a esta familia”, reúne a mujeres desplazadas, amas de casa, trabajadoras sociales, psicólogas, docentes, cantaoras, poetas y lideresas de comunidades en 17 departamentos del país. Esta red, que inició con 170 mujeres promueve la organización, la participación y el desarrollo de las capacidades de las afrocolombianas a través de la comunicación, la difusión y la defensa de sus derechos.

Los riesgos de ser mujer en Colombia

Fotografías: Red Kambirí.

 

A pesar de que Colombia es un país pluriétnico y multicultural y que en su Constitución existen artículos que protegen los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y rom, y se ha avanzado en materia legislativa por preservar y defender cada vez más sus derechos, la realidad es otra. La vida de las mujeres afro está en un riesgo de amenaza latente por diversas razones.

Las mujeres negras que habitan algunos territorios en Colombia padecen todo tipo de violencias. Esto, sumado al hecho de habitar lugares en donde el conflicto armado aún hoy permanece, o donde se están desarrollando conflictos ambientales o por la tierra y el territorio. Han sido víctimas directas de estos conflictos y han sufrido en su individualidad y en sus comunidades profundas violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, por parte de todos los actores armados legales e ilegales.

Ese es el caso de una mujer de Auro Buey, un corregimiento del medio atrato en el departamento del Chocó. “Ella relata que les cocinaba a los miembros de la antigua FARC, mientras eso sucedía, el que llegaba a supervisar su labor se encargaba de violarla varias veces hasta dejarla tirada en el piso. Luego, la obligaban a levantarse y a continuar con esta tarea de alimentarlos. Cuenta que a veces quedaba tan temblorosa que se le regaba la olla y la obligaban a recoger todo, lavar y continuar con este oficio. Según ellos, esto era un castigo por tener varios hijos en el ejército. La amenazaban además con que, si les contaba a ellos, los matarían.” Comenta Ana Berta Panesso, lideresa de la Red Kambirí.

La vulneración a las mujeres no queda ahí. En la mayoría de los casos hay consecuencias psicológicas y físicas que les impiden continuar la vida en dignidad. Son situaciones comunes que se ven en los territorios, donde además de sufrir las violencias derivadas del conflicto armado, las mujeres sufren violencia doméstica muchas veces ejercida por sus mismos esposos, presentando además de las afectaciones psicológicas, enfermedades de transmisión sexual o enfermedades uterinas complejas, sin mucha atención.

A pesar de que aún no se ha realizado un trabajo serio que demuestre las cifras de las violencias basadas en género en este territorio, la organización a la que pertenece Ana Berta sí sabe que existe violencia: patrimonial, psicológica, económica, sexual y feminicidios.

Hasta ahora las mujeres están comenzando a reconocerlas y a comunicarlas con mucha timidez pues en algunos casos son re victimizadas. “Las defensoras de derechos humanos vivimos en alto riesgo de ser objetivo militar de grupos armados y también en riesgo de ser re victimizadas, nos sentimos abandonadas por el estado” afirma Ana Berta.

 Es por esto que dice que:

Los riesgos más altos contra las mujeres se dan en violencia sexual y en reclutamiento infantil contra sus hijos.

Estos riesgos no solo afectan a las mujeres sino a sus núcleos familiares y a la red de la comunidad, pues la presencia de actores armados, en el peor de los casos no garantiza la permanencia en los territorios y muchas familias pueden llegar a sufrir de desplazamiento forzado.

 Ana Berta Panesso pertenece a la Comunidad de la Manza en el municipio del Medio Atrato en el departamento del Chocó. Es una comunidad habitada por 250 familias, de estas, 150 son mujeres. Su organización, perteneciente a la red Kambirí, nace en 2016 con el objetivo de superar las múltiples violencias a las que están sometidas las mujeres en su territorio. Además de poder lograr empoderarlas para que conozcan y asuman la defensa de sus derechos dentro y fuera del hogar, superar las múltiples vulneraciones y lograr tener una vida digna.

 La Asociación de Mujeres Emprendedoras del Medio Atrato es una organización sin ánimo de lucro y pretende para 2022 que se les de el estatus de mujeres víctimas a las mujeres que están participando de este proceso.

El sueño de Ana Berta es que “las mujeres puedan recorrer sus lugares ancestrales sin miedo, libres y en paz, pero sobretodo que puedan desarrollar los temas de empoderamiento económico, que aún no se trabajan”.

 La organización que lidera Ana Berta Panesso, actualmente está acompañada de la Red de Defensoras, de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas y de la Red de Mujeres Afrocolombianas Kambirí. Esta alianza está trabajando para incidir en el empoderamiento de las mujeres, niños y niñas de la comunidad

Kambirí, una red que une a las mujeres afrocolombianas

Una de las estrategias de la Red ha estado orientada al empoderamiento de las lideresas defensoras de derechos humanos, desde un trabajo participativo de las mujeres afro en su autocuidado y protección, mediante talleres y encuentros colectivos en diversos espacios del territorio colombiano que permita avanzar en enfoques y medidas diferentes a las que proporcionan las instituciones públicas en los casos de amenazas e intimidaciones en contra de las lideresas. Para la Red ha sido muy importante afianzar el trabajo colectivo para poder potenciar su accionar frente a la identificación de riesgos y fortalecer la participación y la incidencia de las mujeres afrodescendientes en todos los espacios, desde los más locales hasta los de nivel nacional.

Para las mujeres de la Red Kambirí la parte de su ancestralidad y espiritualidad es muy importante. Porque desde ahí, es donde se han construido las prácticas de cuidado y autocuidado de la comunidad afrodescendiente en el país. Desde la forma de hablar y comportarse, hasta su modo de pensar y reflexionar en comunidad hacen parte de esa sabiduría ancestral. Además de rituales de protección han consolidado el trabajo en algunos territorios de las Guardias Cimarronas, con estas estrategias las mujeres han podido construir e incorporar sus propios mapas de riesgo para actuar y protegerse en comunidad. 

Por esta y muchas razones más, el aporte a la construcción de paz a partir del reconocimiento de las mujeres afrodescendientes es lo que ha llevado a la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí a continuar con su labor como defensoras de los Derechos Humanos en Colombia.

 


La Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la International Land Coalition (ILC) articula a 23 organizaciones rurales, académicas y no gubernamentales de 13 países de América Latina y el Caribe. El Cinep - PPP es hoy el punto focal de esta Iniciativa.

Este texto hace parte del Especial #8M producido por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de ILC. Te invitamos a conocer las demás entregas:

Segunda entrega: Argentina: Defensoras ambientales frente a desalojos en Salta.

Tercera entrega: Guatemala. Recuperación de tierras ancestrales y permanencia en el territorio.

Cuarta entrega: México. Defensa del territorio y resistencia a megaproyectos de energía eólica.

Quinta entrega: Entrevista. El trabajo invisible y los riesgos por ser mujer defensora de la tierra en Guatemala.

Colombia y Latinoamérica atraviesan momentos tensos. Movilizaciones y acciones colectivas son el cotidiano de la población. Aunque sean diferentes los contextos y coyunturas de cada país, la responsabilidad para los medios de comunicación es la misma, pues su rol informativo debería ser capaz de abarcar las demandas, las exigencias y las posiciones de todos los actores, organizaciones y comunidades involucrados. En esta entrevista, Ana María Restrepo, investigadora del equipo de Movimientos Sociales del Cinep/PPP, responde dudas acerca del rol y las responsabilidades de los medios de comunicación con respecto al cubrimiento de las protestas y las acciones colectivas. Además, hace un análisis del impacto, propósito y dificultades que tiene la protesta en el país y cómo esta se relaciona directamente con las formas en las que los medios informan estos hechos.

¿De qué manera el cubrimiento de los medios en las protestas sociales puede legitimar o deslegitimar los discursos?

Ana María Restrepo: Si el cubrimiento se reduce a registrar el disturbio o las afectaciones, por ejemplo en el caso de bloqueos de vías, no solo deslegitima sino que desinforma. En la mayoría de cubrimientos de los medios masivos de comunicación poco se habla de las demandas de las organizaciones y poco se escucha la voz de líderes y lideresas. En muchos casos, las movilizaciones no tienen que ver con movimientos que tienen una trayectoria sino también con reacciones de las comunidades a situaciones en las que otras vías no han servido para solucionar sus problemas. Por ejemplo, en las luchas sociales se recurre a los bloqueos de vías porque las otras formas de demandar soluciones no han sido escuchadas. Si los medios solo informan la coyuntura del bloqueo, la afectación, la marcha o el disturbio, no solo deslegitiman, sino que reducen la movilización social a una acción que en muchos casos puede ser violenta. Las comunidades dicen, “nosotros no salimos a marchar pensando en que haya violencia” y muchas veces esta violencia surge por la confrontación y la contención de la protesta de modo violento por parte del ESMAD, que finalmente atiende órdenes de los gobiernos locales o del Gobierno nacional.

Por otra parte, los medios alternativos y las mismas organizaciones han empezado a informar mucho mejor sobre sus demandas: producen información constante que muestra el proceso de la movilización, el avance en las negociaciones, de dónde vienen. En nuestra base de datos de luchas sociales, el principal motivo de movilización, actualmente, son los incumplimientos, por parte de gobiernos locales, departamentales o nacionales, de acuerdos que dieron fin a movilizaciones anteriores. Entonces, informar todo el proceso permitiría comprender el motivo de la movilización y permitiría legitimar a la movilización social como una forma de participación política.

La estigmatización, criminalización e invisibilización son características del cubrimiento de los medios en hechos de protesta social ¿cuál es el efecto de esto en la sociedad?

AMR: Esto tiene un efecto muy grave, y creo que en este momento lo estamos viviendo con más fuerza porque se construye un marco cultural en el que es negativo protestar y se concibe la posibilidad de encarcelar a los líderes, de negar el derecho a la protesta, hasta lo que estamos viendo como el asesinato de líderes y lideresas sociales. Lo anterior no es solo responsabilidad de los medios, también es del Gobierno nacional. En el Gobierno actual hemos escuchado a muchos funcionarios negando el derecho a la protesta o tergiversando las demandas y las acciones de las organizaciones.  Eso genera un panorama negativo en un país al que le falta mucho para comprender la importancia de que las organizaciones, las comunidades y la ciudadanía salgan a manifestar sus demandas, porque en muchos casos es la única forma de llamar a los gobiernos a que solucionen cuestiones como una vía dañada o un acueducto que no garantiza su derecho al agua.

¿Qué tipo de actor son los medios de comunicación a la luz de las acciones de protesta?

AMR: Los medios de comunicación deberían ser un actor que informe y que incluso facilite la resolución de los conflictos sociales, no solo dando voz, principalmente al que dice tener la solución, sino también tratando de entender compleja e históricamente la situación que llevó a esa organización o esa comunidad a manifestarse. Además, los medios no dan a conocer que las comunidades y las organizaciones no solo se quejan, también son propositivas e identifican a quien deben dirigir sus demandas; por eso reconocen un adversario que es aquel responsable del conflicto que los afecta o con el que se puede construir una solución. No se trata de la definición de un enemigo, sino de recurrir a las acciones colectivas contenciosas para poner en lo público una conversación o un debate sobre lo que les afecta.

Es importante diferenciar a los medios alternativos porque son un actor que se implica en la movilización. Los medios alternativos, las redes sociales y los medios de comunicación de las propias organizaciones han empezado a aportar eso. Un caso muy interesante es el paro agrario del 2013, en el que mientras los medios masivos solo estaban informando sobre las afectaciones al abastecimiento de alimentos en Bogotá, estos otros medios empezaron no solo a informar sobre las demandas sino también sobre las acciones de violencia por la contención de la protesta, lo que generó solidaridad urbana con ese campesino boyacense que se estaba manifestando, ese pequeño o mediano productor. Una solidaridad urbana, también, de los jóvenes que se vio a través de las redes sociales y eso obligó a que los medios masivos nacionales tuvieran que complejizar su forma de informar sobre esta movilización. A partir de ahí en la base de datos de luchas sociales de Cinep/PPP notamos que se empezaron a cubrir mejor algunas de las protestas.

En la base de datos de luchas sociales del Cinep/PPP, que lleva 40 años haciéndole seguimiento a la protesta social. Creemos que para comprender bien una movilización es necesario identificar ¿quién la convoca?, ¿quiénes participan?, contra quien están dirigiendo sus demandas –eso habla de esta cuestión propositiva y además de la posibilidad de negociación–, ¿cuáles son esos motivos? en la voz misma de los manifestantes –eso es muy importante para entender no solo la razón de la lucha sino qué se entiende por la exigencia de ese derecho–. Otra cosa importante es que los medios deberían hacerle seguimiento a las protestas: ¿a qué acuerdos se llegaron? ¿Qué pasó después? Es una forma de veeduría. Todo esto ampliaría la compresión sobre la protesta en el sentido de que la ganancia de un derecho peleado por las organizaciones sociales es una ganancia para toda la sociedad.

 

María Fernanda Vera
Equipo de Comunicaciones