Conflicto, estado y desarrollo

Conflicto, estado y desarrollo (26)

En el marco del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla, el pasado 4 y 5 de mayo se llevó a cabo  la mesa multiactor que discutió los riesgos en seguridad y protección a los que se enfrentan los líderes regionales reclamantes de tierras.

Durante el desarrollo de la mesa dialogaron diferentes actores relacionados con los procesos de reclamación y restitución, entre ellos líderes reclamantes, organizaciones sociales, organismos de control, instituciones estatales, organizaciones acompañantes  y comunidad internacional. Se presentaron 6 casos de procesos de reclamación de tierras en la zonas de Urabá (Antioquia), Bajo Atrato y Darién Caribe (Chocó).

La discusión se centró en los aspectos de seguridad y protección para las personas que lideran este tipo de procesos, pues siguen siendo víctimas de amenazas, atentados y asesinatos.  “En el posconflicto debe primar la protección colectiva a las comunidades, mucho más a nosotras las comunidades reclamantes de tierras porque actualmente seguimos en riesgo” afirmó uno de los asistentes.  Los riesgos fueron enumerados por los líderes de cada proceso y se encontraron seis características comunes en todos los casos. Estos son:

  1. Presencia de actores armados ilegales en los municipios
  2. Convivencia entre grandes ocupantes, actores armados y actores estatales en la región
  3. Criminalización de los líderes y de los procesos de reclamación de tierras
  4. Hechos de violencia contra reclamantes (Amenazas, atentados)
  5. Afectaciones socio ambientales – Minería ilegal, contaminación de fuentes de agua, deforestación
  6. Desarticulación institucional – Vacíos en medidas de protección a reclamantes y colectivas
  7. Poca eficacia en procesos judiciales frente a las redes de despojo

El punto central, y en el que todos estaban de acuerdo, fue que no es suficiente con la entrega de los títulos a las comunidades reclamantes, se requieren otro tipo de medidas y acompañamientos que les permitan a dichas comunidades seguir viviendo en los predios que les devuelvan. “No basta solo con la entrega de títulos, la prevención  y acompañamiento debe ser integral para las comunidades en sus procesos” expuso el representante de Somos Defensores.

Los líderes de procesos de restitución reclamaron a las instituciones por la falta de garantías de seguridad, tanto individual como colectiva, que viven en sus municipios. Si bien algunos de ellos cuentan con escoltas, camionetas, chalecos antibalas y celulares satelitales, la mayoría de las comunidades no tienen protección. “Por nuestras casas pasan hombres con camuflado y fusiles amenazándonos para que abandonemos los procesos de restitución de tierras que nos fueron quitadas o compradas a muy bajo precio y que hoy son propiedad de grandes poseedores” afirma uno de los líderes. “Sabemos que las amenazas no son contra nosotros como personas, sino contra el proceso en sí. Siempre buscan atentar contra el líder más visible para que las demás personas se intimiden y dejen de luchar” agrega otro líder.

Frente a este tipo de intimidaciones, preocupó a los asistentes una de las declaraciones del representare de la Unidad Nacional de Protección quien dijo que anualmente se priorizan 15 casos de protección colectiva y que para poder acceder a esta modalidad, deben postularse para el próximo año. “Nos preocupa la seguridad de nuestras comunidades. Yo puedo tener camioneta y escolta, pero ni mi familia ni los demás integrantes de la comunidad los tienen y eso puede determinar la continuidad de algunos de ellos en el proceso” dijo uno de los asistentes.

Finalmente se lograron algunos acuerdos para dirigir el trabajo a futuro. Estos acuerdos fueron acordados por la mayoría de instituciones presentes entre ellas la Unidad de víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Fiscalía regional, Ministerio del Interior, la Consejería  Presidencial para los Derechos Humanos, la Unidad Nacional de Protección, la Unión Europea, Acnur, Somos Defensores, el IPC, Pastoral Social, Ascoba y el Cinep/PPP, ente otros. Los acuerdos fueron:

  • Creación de una Mesa de seguimiento y monitoreo de compromisos
  • Audiencias de seguimiento a los casos priorizados - Socialización del estado de los procesos
  • Mapeo de predios de grandes ocupantes a nivel regional
  • Consolidación de cifras de distintas instituciones y organizaciones sobre actos de violencia a nivel regional
  • Prueba piloto de reparación colectiva para casos campesinos - Conceptualización del campesinado como sujeto colectivo de reparación colectiva
  • Informe sobre el papel de actores empresariales en los procesos de despojo en Urabá – En conjunto con la Comisión de Verdad.
  • Unidades de seguridad y protección. Buscar medidas de prevención, no de reacción.

Los líderes presentes manifestaron su complacencia por los acuerdos a los que se comprometieron las instituciones estatales y las organizaciones acompañantes de los procesos y esperan que estas medidas brinden más garantías a las comunidades en sus procesos de restitución de tierras. Algunos otros fueron un más escépticos, pero con la firme convicción de continuar los procesos. “El buen luchador muere en la lucha y si algunos mueren aún con dolor, debemos seguir adelante con la lucha por nuestras tierras” finalizó uno de los líderes.

 

Miguel Martínez

Equipo de comunicaciones

La narración del comienzo de los tiempos nos describe el primer fracaso en el intento de vivir juntos: Caín, por envidia, mató a su hermano Abel.  Y de ahí en adelante por miles los hermanos se hirieron, se maltrataron, se asesinaron. Evidentemente habría que recolectar las historias de hermanos que lograron convivir en pacíficas relaciones.

Dada esa dolorosa y sangrienta historia de desencuentros, abundaron las propuestas para organizarse y vivir juntos en paz. Y pusieron condiciones: que sea a partir de permitir el acceso a lo indispensable para vivir con dignidad. 

Se fueron identificando las razones por las cuales se quebraba la convivencia: desde luego la envidia: ese “pesar del bien ajeno”. Fue el motivo del asesinato de Abel. Luego que a la hora de distribuir lo necesario para la vida hubo algunos que optaron por acapararlo todo y dejar por fuera a los más débiles. Cosas, dinero, tierras, fueron motivos de violencia. 

En la historia de los esfuerzos para quitar de en medio los motivos que derrumbaban los esfuerzos para la convivencia hay un relato particularmente llamativo. Se trata de un tal Jesús, que después de observar ese desencuentro tan permanente y habiendo descubierto que las posibilidades de reconciliación, justicia y paz estaban presentes en la vida de víctimas y victimarios, salió a contar a su contemporáneos que la oportunidad estaba ahí: en el interior.

 La gran noticia que ese tal Jesús anunció es que cada mujer y cada hombre tenían instalada en su interior una gran capacidad de humanidad. Así que la búsqueda de soluciones no comenzaba afuera. Esa capacidad tenía una poderosa fuerza gracias a la cual se podían transformar los impulsos destructores que estaban arrasando con la vida y la dignidad de millones de buscadores de vida con dignidad. Esa gran fuerza era el amor.

 El amor era poderoso por su capacidad de tomarse a la persona y cambiarle su mirada sobre los demás, sobre las riquezas, sobre el poder y las relaciones puesto que transformaba a hombres y mujeres, dando como resultado que sus comportamientos los mostrara como pacientes, afables, sin envidia, sin grosería, sin egoísmo, desinteresados. Los que lo tomaban y lo cultivaban no buscaban lo suyo, no se exasperaban, no llevaban cuentas del mal, simpatizaban con la justicia, con la verdad, disculpaban siempre, esperaban siempre.

 Más aún: el amor cuidaba con delicadeza la lengua para que se respetaran, para que no se insultaran, no se pusieran nombres despreciales, para que no juzgaran a nadie ni se sintieran poseedores de la verdad absoluta y rechazaran toda violencia y crueldad. Se comprometían con poner como condición a toda regla que pretendiera organizar la vida común que siempre la persona estuviera por encima del dinero.

 Bueno… eso ocurrió hace más de dos mil años. Quizás tendríamos que volver a los tiempos de Diógenes, el griego, que vivió cuatrocientos años antes de Cristo. Dicen que vivía en una tinaja y que de día caminaba por las calles con una lámpara encendida diciendo que buscaba hombres honestos. Lo encontraríamos por Colombia con su lámpara encendida con la misma búsqueda. Seguro que encontrará a muchos hombres y mujeres dispuestos a hacer este país vivible con justicia y en paz.

 

Jorge Julio Mejía M., S.J.

 

Para avanzar en la mesa de negociaciones es indispensable generar confianzas y pertinente el desescalamiento del conflicto. Luego del inicio de la fase pública de la negociación aún persisten los hechos violentos tanto de parte del Ejército Nacional como del ELN. Desde el Cinep/PPP hemos recopilado algunas noticias que evidencian el aumento de las incursiones y el escaso compromiso de las partes para llevar a buen término las conversaciones.

Para Víctor Barrera, investigador del Cinep/ PPP, "el ELN no le quiere dar la importancia que se merece al tema del desescalamiento, lo que quiere es participación. Para el Gobierno los dos temas son fundamentales, no puede haber participación en estas condiciones de inseguridad”. Según el investigador existe un desacuerdo  en cuanto a la valoración que se hace respecto al desescalamiento y al tema de participación. Eso sumado a  la dificultad de desescalar de manera rápida, dice. Barrera afirma que la naturaleza federada del ELN impide tener certeza sobre  qué tan consistente pueda ser un cese unilateral.  “Hay dudas acerca de si lo que diga el Comando Central va a ser acatado por todos sus frentes y bloques teniendo en cuenta esas variaciones territoriales. La mesa está atrapada en un equilibrio pernicioso para ambas partes, precisamente porque cada una asume que la otra no tiene compromiso real", indica el investigador de Cinep/PPP.

 

Jennipher Corredor
Equipo de Comunicaciones

 

 

 

El pasado 3 de marzo culminó el diplomado Formación política, ciudadana y ambiental que el Cinep/PPP y el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá desarrollaron en Dibulla, La Guajira. María del Carmen Muñoz, coordinadora del proyecto Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana y del diplomado, habla de la importancia de estos contenidos dentro de la coyuntura que vive la región.

Hace algunos días finalizaron un diplomado en La Guajira. ¿De qué trataba?

Desde el 2002 tenemos un diplomado titulado Formación política, ciudadana y ambiental que hemos venido adaptando a las coyunturas específicas del país. En este momento estamos dedicados a generar condiciones en los territorios para la compresión de la transición hacia la paz. Estamos empeñados en generar reflexiones profundas en los territorios, en este caso en La Guajira, en sus 15 municipios, y también con la gente de la frontera con Venezuela.

Hemos trabajado con las obras de la Compañía de Jesús, organizaciones sociales, consejos comunales y universidades juntos reflexionando el tema de paz en Colombia. Nosotros estamos convencidos que si no hacemos esa reflexión conjunta, entre colombianos y venezolanos, difícilmente vamos a generar equilibrio y armonía en ese tratamiento de paz, porque todo lo que pasa en un país, directa y proporcionalmente afecta al otro.

¿Qué tanto conocimiento tienen las personas que viven en la frontera del proceso de paz?

Según un paneo que hicimos, no se percibe simetría en la manera en que la gente reacciona frente al tema de paz. En La Guajira ganó el Sí en el plebiscito, pero incluso entre las mesas de víctimas que se inclinaron por el No. Mi percepción personal es que hay un desconocimiento profundo y mucha emocionalidad sobre el proceso. Yo creo que es peligroso poner una decisión de este tipo en las personas, cuando no sabe cómo tomarla. Buena parte de los debates que tuvimos durante el diplomado, calaron hondo en algunos participantes en tratar de comprender el acuerdo. Muchos otros cuando conocieron los contenidos, se reafirmaron en el No. Esa es una postura legítima para ambas partes. Decidieron cómo votar pero conociendo lo que estaban votando.

Hay un punto que nos preocupa mucho a nosotros como proyecto político y es la abstención. No es posible que haya problemas de hambre, muerte de niños, corrupción, falta de agua y de seguridad ambiental, y que la gente se quede en la casa sin tomar partido y solo quejándose de lo que se vive allá.

¿Cuáles han sido los pilares de formación política que el equipo ha trabajado allí?

El primero es hace un reconocimiento por parte de los sujetos políticos y ciudadanos de ese territorio de los problemas asociados al conflicto armado. A partir de allí identificar las dinámicas sociales, culturales y económicas que causan los problemas.

El segundo es el tema de lo público y lo privado. Allí identificamos qué es el bien común, hasta donde llega lo público y lo privado, en dónde está la responsabilidad de un ciudadano cuando tiene que cuidar lo colectivo, cuando tiene que generar un control social a la gestión pública. Este punto es el que le pone freno a la corrupción.

El tercer pilar tiene que ver con la ciudadanía en la frontera. Este es importante porque es muy distinto ser un ciudadano en la capital, en una ciudad intermedia  y el que vive en la frontera que maneja unas dinámicas que los otros no, como la diplomacia, los límites y la soberanía. Para nosotros fue una sorpresa que la gente no se consideraba ciudadanos de frontera, sino que lo aprendieron en este proceso.

Este último año hemos incluido el tema ambiental porque no se pueden generar asimetrías o equilibrios cuando los recursos naturales, que es un bien escaso, se tienen que redistribuir para tanta gente y hay unos que tienen  el monopolio de ello y otros que no quieren asumirse como ciudadanos ambiental.

¿Cómo manejaron las relaciones tensas que viven Colombia y Venezuela en los últimos meses?

De los 2219 km que comparten de frontera ambos países, hay cinco ámbitos o regiones. Nosotros hemos funcionado en tres de ellos. Cada uno de ellos tiene su especificidad y las relaciones no son homogéneas.

Es una relación muy tensa porque estamos hablando de dos países con proyectos políticos y económicos muy distintos. El socialismo revolucionario, con su muy mala ejecución, no se armoniza de ninguna manera con un neoliberalismo colombiano.  Gran parte de los problemas que se viven en la frontera provienen de la falta de armonía entre los proyectos de los dos países.

¿Cuáles esperan que sean los resultados de estos diplomados?

Lo que pasa en este proceso es que nosotros calificamos gente para que genere acciones colectivas dentro de sus organizaciones y grupos más ampliados. También los dejamos conectados entre ellos para que reconozcan su propio territorio. Hay contradicciones muy fuertes, como gente que nunca va a la alcaldía porque odia al alcalde, pero allá se toman las decisiones que lo afectan directamente. Entonces nosotros  pretendemos transformar la manera de pensar, desarrollar mucha masa crítica,  competencias de trabajo en equipo, habilidades comunicativas y, sobre todo, competencias conativas que son la que dan capacidad de perseverar y resiliar para que el trabajo sea de largo plazo.

Nosotros hemos construido un tejido social binacional. Unas personas que están más allá de la politiquería, que generan compresiones de un territorio en el cual tienen que aprender a funcionar y tienen que cooperar para que se genere esa simetría.

¿Cómo han pensado trabajar hacia el futuro?

En este momento hay un  tema que hay que tocar y que vamos a trabajar específicamente en Conejo, donde está una de las zonas de concentración, porque no hay nadie que esté trabajando el tema de las circunscripciones especiales de paz. La gente cree que son unas curules que se les va a entregar a los guerrilleros. Vamos a trabajar muy fuerte ese tema con personas cercanas a las juntas de acción comunal, de las asambleas y organizaciones para hacer la reflexión de lo que significa este tema en términos de participación política. Hay que afinar también los temas de víctimas y el tema de reforma rural integral.

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

 

Una de las mayores preocupaciones que mostraron los miembros de las FARC en la mesa de diálogos ante su desmovilización fue el fenómeno del paramilitarismo. El punto 3 del acuerdo Fin del conflicto incluye varias medidas que buscan erradicar estos grupos. Víctor Barrera, coordinador del equipo Conflicto,  Estado y Desarrollo, habla de los grupos paramilitares y de los riesgos que estos representan para la implementación de los acuerdos.

¿Cuál es el estado actual del paramilitarismo en el país?

Víctor Barrera

La discusión sobre el paramilitarismo ha sido muy coyuntural. Llevamos una década discutiendo si son bandas criminales, como las denomina el gobierno, o si son el paramilitarismo tal cual como se vivió en el país. Para no caer en esa discusión, uno podría denominar unas ofertas de seguridad privada atadas a agendas locales y a unos intereses muy concretos de mantener el statu quo. Esas son unas tendencias que se ven a lo largo de más de cuatro décadas de paramilitarismo en Colombia.

Hay muchas similitudes en la continuidad territorial, en algunos municipios se ha concentrado este fenómeno históricamente. Entre estos grupos de la actualidad existen ejercicios de la violencia, administración de mercado ilegales y un portafolio de criminalidad mucho más grande de lo que conocimos como paramilitarismo en años anteriores.

¿Cómo entender el tema de las Bacrim?

Dentro del Cinep/PPP no hay un consenso de cómo denominarlos. Yo prefiero denominarlos como grupos armados posdesmovilización, porque es escapar a esa discusión de si son o no paramilitares y entrar a analizar lo que hacen y por qué lo hacen.

En términos generales, después de la desmovilización de los paramilitares hubo un descenso en la violencia letal. Algunos sectores del gobierno interpretan estas cifras con un error que es confundir la estrategia de la violencia con la capacidad efectiva de estos grupos. Ese cambio en la dinámica de la violencia tiene que ver con un cambio estratégico en el posicionamiento. Años atrás estos grupos tenían fuertes alianzas con sectores estatales en la lucha contra la insurgencia pero luego de la desmovilización hay una política por mostrarlos como enemigos del Estado y se despliega toda una ofensiva para combatirlos. En ese contexto se entiende por qué la violencia letal no hace parte de un repertorio dominante de estos grupos sino que la amenaza es mucho más efectiva porque es menos costosa y tiene menos riesgos políticos y judiciales para ellos.

En el sentido estricto, estas organizaciones no son reincidencias del paramilitarismo. Aquí lo que hay es una capacidad de movilizar nuevo recurso humano que está formado, que tiene habilidades criminales y que sabe vender su fuerza de trabajo en un mercado ilegal.

¿Qué está pasando con los asesinatos y amenazas a líderes sociales?

No hay una gran organización detrás de estos hechos. Lo que hemos visto y que nos llama la atención es que tenemos un número de líderes sociales asesinados similar al que experimentó el país en 2002, solo que en ese año los índices de violencia eran muy altos. Es anormal que tengamos el mismo número de muertos en magnitudes de conflicto tan distintas.

Tenemos cifras de asesinatos de líderes sociales dramáticas en un contexto dónde la magnitud del conflicto armado ha disminuido a niveles históricos, por lo tanto, no es un efecto colateral ni aleatorio de la confrontación armada. Hay unas condiciones estructurales a nivel local y unos intereses muy concretos que permiten que se reproduzca la violencia contra líderes sociales. Es importante insistir en que las dinámicas de la violencia no letal a nivel de amenazas son dramáticas. A los líderes sociales ya no solo se les quieren eliminar sino también generar un ambiente de zozobra constante.

En lo que llaman las Bacrim hay un giro organizacional muy importante. Ya no son estructuras jerárquicas sino una serie de facciones que se van recomponiendo mucho más rápido. La violencia ejercida por estos grupos tiene un sentido de resolver disputas alrededor de mercado ilegales.

Son las agendas locales que en coyunturas específicas activan la violencia contra los líderes sociales. Por ejemplo, son diferentes las condiciones de los asesinatos de líderes que promueven la sustitución de cultivos en una zona como el nudo del paramillo, que es una zona de mercado histórica donde convergen el cultivo, el procesamiento y la exportación, con las condiciones que viven los líderes sociales de otras zonas como San Vicente del Caguán.

Hay gente que todavía está en el debate conceptual de si son o no paramilitares y si hay una gran estrategia para boicotear el proceso de paz, pero son las condiciones a nivel local que permiten la reproducción de la violencia contra los líderes sociales. Aparte, yo diría, en principio, que no existe esa gran estrategia porque las posibilidades de que todos estos grupos se coordinen son muy costosas.

¿Cuáles son los retos en la política pública de protección a desmovilizados y a líderes sociales?

Con la unidad de protección que existe hoy no hay cómo garantizar seguridad, así que  lo primero es crear una nueva institucionalidad en función de brindar esas garantías. Puede haber una iniciativa a nivel nacional, pero que prescinde del conocimiento local para poder hacerle frente a las posibles amenazas. Es necesario tener una fuerza mucho más especializada en la protección de los líderes en sus territorios.

A finales del año pasado el Ministerio de Defensa Nacional autorizó los bombardeos contra las bandas criminales. ¿Cómo modifica esa decisión la dinámica del conflicto?

Atender este fenómeno necesita tomar decisiones de mediano y largo plazo. Políticamente hay presión para dar resultados de corto plazo y esa ha sido la política de objetivos de alto valor:  considerar que capturando cabecillas, mandos medios y enlaces  claves en las áreas financieras de estas organizaciones, se van a desarticular. Es casi el mismo modelo que se usó con las FARC, solo que con la guerrilla había unas condiciones diferentes. En las FARC los combatientes rasos dependían de sus mandos medios y altos, pero en los grupos posdesmovilización, como no tienen estructuras jerárquicas, esas capturas no inciden mucho porque simplemente ponen a alguien más.  La estrategia militar de dar capturas o bajas a integrantes de esos grupos es muy rentable políticamente y en la opinión pública, pero no da resultados a mediano y largo plazo.

Desde el equipo estamos manejando una hipótesis de trabajo: en México se implementó una estrategia muy similar a la de objetivos de alto valor y mostró que aparte que no resuelven el problema principal, genera una violencia mayor en el área donde operan esos grupos.

¿Cómo se deben manejar la política de los mercados ilegales para que se adapten a lo acordado con las FARC?

Yo tengo una visión muy pragmática sobre este tema teniendo en cuenta que la dinámica de los mercados ilícitos no se va a resolver en dos años, pero sí se pueden tomar unas medidas encaminadas a la reducción de la violencia mientras se prepara el terreno para reemplazar los mercados ilegales. Lo primero que hay que tener en el contexto de la implementación son unos factores mínimos de seguridad tanto para los desmovilizados como para las comunidades que los van a recibir. La propuesta de desarrollo regional debe incluir ofertas económicas, educativas, familiares para que los desmovilizados no vuelvan a la ilegalidad y para que las propias comunidades no vean en los mercados ilegales una opción.

¿Qué hacer frente a estos grupos de cara a la implementación de los acuerdos de La Habana?

Hace falta una política orientada hacia la judicialización de la macrocriminalidad. Toda la estrategia se ha concentrado en la militarización pero no hay un componente de justicia que pueda atender el fenómeno. El Ministerio maneja cifras de cerca de 17.000 miembros de estas organizaciones que han sido capturados entre 2007 y 2015, pero no hay pruebas para judicializarlos y vuelven a las calles a delinquir.

Hay una estrategia pero es la más costosa tanto en términos económicos como políticos porque no muestra resultados a corto plazo y consiste en generar dinámicas de desarrollo que desactiven estos grupos. Cuando se genera una capacidad de desarrollo a nivel regional  se agotan las dinámicas de los mercados ilegales y quedan sin margen de manejo estos grupos.

Un tercer elemento está relacionado con lo que Isaac Beltrán ha denominado las carreras criminales. Hay personas que una vez se inician en el mundo criminal en delitos menores, generan una inercia y las posibilidades de sacarlas de esa carrera criminar son muy costosas o muy difíciles de implementar. En los territorios donde actúan estos grupos no hay una política concreta dirigida a la juventud rural o semiurbana que es el caldo de cultivo de las organizaciones ilegales.

Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones
 

 

Con motivo del lanzamiento del reporte Bajo la sombra del No: la paz en Colombia después del plebiscito del International Crisis Group, el pasado 23 de febrero se realizó en las instalaciones del Cinep/PPP un conversatorio que discutía las implicaciones que tiene para la región la situación política, económica y social que vive Venezuela en la actualidad.

Todos los panelistas coincidieron que Venezuela vive una situación de crisis en materia económica y política, y que estas dos llevan a que el ambiente social propicie fuertes tensiones en la vida cotidiana de los venezolanos. “En Venezuela hay un agravamiento progresivo a nivel económico, a nivel político, a nivel social y a nivel de la inseguridad ciudadana. Se están quemando opciones de salidas constitucional, posibilidades de diálogo, lo que es muy grave, porque los problemas se siguen agudizando y no hay tramitación de ellos”  Socorro Ramírez afirmó Socorro Ramírez, ex profesora de la Universidad Nacional y miembro de la Comisión de Conciliación Nacional

Para Phil Guson, Analista Senior para Venezuela de International Crisis Group y autor del reporte el mayor problema es de tipo político, pues las grandes diferencias entre oficialistas y opositores son las que no permiten conciliar salidas. “En Venezuela hay básicamente dos bandos políticos enfrentados que polarizan a la población. Que uno de los bandos quiera imponerse sobre el otro, no va a solucionar la crisis, simplemente la va a seguir reproduciendo. Por eso es fundamental la solución negociada de esa crisis.”

Gabriel Becerra, miembro de la Unión patriótica y panelista en el coversatorio, reconoció los problemas que afronta Venezuela en la actualidad. Sin embargo, también reconoció lo importante que fue para las clases populares la llegada del proyecto político de Chávez al poder. “No se pueden desconocer los beneficios que recibieron las comunidades que históricamente habían sido marginadas y que hoy en día, por lo menos pueden comer tres veces al día y estudiar”. Si bien hay diferencias de opiniones frente al tema, todos coincidieron en que la salida a la crisis está en el diálogo y la negociación entre las partes.

Colombia y Venezuela

Otro de los temas debatidos fue las implicaciones para Colombia de la situación que vive Venezuela. “Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 km. Esta frontera es muy activa y muy permeable, tanto para lo bueno como para lo malo. Es imposible que dos países que comparten tanto, no solo geográficamente sino histórica y culturalmente no se vean afectados mutuamente por situaciones internas.” dijo Phil Gunson.

Para Socorro Ramirez, experta en temas relacionados con la frontera colombo-venezolana, han sido muchos los impactos sobre el territorio y las comunidades colombianas a partir del agravamiento de la crisis en Venezuela. “La criminalidad ha aumentado y quita las perspectivas de desarrollo regional. La llegada masiva de venezolanos a ciudades colombianas está haciendo colapsar el precario sistema de salud, el desempleo ha crecido exponencialmente, la delincuencia local y está creciendo una especie de anti venezolanismo que hay que detener.” También evidenció la poca capacidad de respuesta de las instituciones colombianas frente a este proceso “El gobierno colombiano ha hecho intervenciones momentáneas pero no hay capacidad institucional de acompañar a los gobiernos de frontera. No hay ningún espacio de diálogo ni siquiera entre los gobiernos y se ha manejado con el cierre o la apertura unilateral de la frontera.” expuso Ramírez.

Otro de los puntos en común fue el del papel fundamental que debe jugar la comunidad internacional y los países vecinos en propiciar espacios de diálogo entre las partes. “Va a ser muy importante la presión internacional para mediar y para reestablecer la institucionalidad democrática, es decir, no solo que haya elecciones, sino que todas las instituciones que están en el papel existan, cumplan su papel y que sean autónomas.” Dijo Gunson. Mientras que para Socorro Ramirez “Debería haber una presión internacional por el diálogo y por la negociación colectiva de los organismos regionales de américa latina y del caribe. Esta parálisis le hace daño a Venezuela.”

 Incidencia del Cinep/PPP en la zona de frontera

Ante la tensa situación que se viven en las ciudades fronterizas, el Cinep/Programa por la Paz, viene desarrollando su proyecto de la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana (EPCC) en algunas de esas ciudades. La EPCC ha trabajado durante seis años en tres frentes: procesos de formación política y ciudadana  con carácter de diplomado, avalados por el instituto Pensar de la Universidad Javeriana de Bogotá; La plataforma binacional fronteriza, que es la confluencia de organizaciones sociales y educativas de ambos países que preparan acciones de incidencia y actuación conjunta binacional; y trabajo con el proceso de regionalización de la Región Apostólica interprovincial Fronteriza (Raif) que es liderado por las provincias jesuitas de ambos países.

“Las acciones del Cinep/PPP en la frontera tienen como objetivo promover el sujeto social fronterizo y la formación y actuación ciudadana concertada articulada entre los habitantes de ambos lados de la frontera.” Explica Marco Andrés Acosta, investigador del Cinep/PPP.

Pese a la labor de organización y de incidencia que adelanta, no solo el Cinep/PPP sino diversas organizaciones sociales y religiosas en la frontera, la coyuntura de los últimos meses ha generado efectos negativos en las poblaciones de ambos países. “Después de un año de cierre fronterizo, que terminó el año pasado, apenas se ha hecho una apertura peatonal. Eso ha instalado un crecimiento de sentido discriminatorio mutuo que todavía existe en la región de frontera.” Afirma Acosta. Ese sentimiento de rechazo varía dependiendo del contexto en que se encuentren tanto Colombia como Venezuela “En años anteriores los venezolanos sentían que los colombianos querían aprovecharse del ámbito venezolano. Ahora que el venezolano busca nuevas oportunidades en Colombia, ha crecido un sentimiento de resistencia para no recibir y atender humanitariamente a los venezolanos que llegan al país.” Finaliza Acosta.

 
 
Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

DENUNCIAMOS EL ASESINATO DEL LÍDER RECLAMANTE DE TIERRAS PORFIRIO JARAMILLO, COMUNIDAD DE GUACAMAYAS, CONSEJO COMUNITARIO DE LA LARGA Y TUMARADÓ (COCOLATU).

30 de enero. El consejo comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA) y el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP / Programa por la Paz lamentan y repudian el homicidio del líder reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Bogallo, miembro del consejo local de la comunidad de Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, sucedido en la madrugada del pasado domingo.

Consideramos que el asesinato del líder Porfirio Jaramillo no es un caso aislado, y que los hechos de violencia contra líderes y lideresas reclamantes de tierras constituyen una estrategia sistemática por parte de actores poderosos interesados en obstaculizar el proceso de restitución de derechos territoriales de COCOLATU.

Estos lamentables hechos evidencian que la restitución de los derechos territoriales étnicos no avanza. Pero si avanza el despojo y la persecución a líderes y lideresas, porque existen grandes intereses económicos detrás de estos territorios. Intereses que son sostenidos y facilitados por grupos armados ilegales, así como por estructuras políticas locales, regionales y nacionales.

HECHOS:

El pasado sábado 28 de enero en horas de la noche, cuatro (4) hombres armados vestidos con prendas de uso privativo de la fuerza pública que se movilizaban en motocicleta, ingresaron a la vivienda del señor Porfirio Jaramillo Bogallo, ubicada en la comunidad Guacamayas, consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, y procedieron a retenerlo en contra de su voluntad, siendo testigos del hecho familiares y miembros de la comunidad. Su cadáver fue encontrado en la madrugada del domingo 29 de enero, con heridas de arma blanca, en la zona de El Tigre, en la carretera que conduce de Nuevo Oriente a Chigorodó, a una distancia aproximada de 2 o 3 kms de su comunidad.

ANTECEDENTES:

El señor Porfirio Jaramillo Bocallo había retornado hace dos (2) años a la comunidad de Guacamayas, después de haber sido desplazado por los grupos paramilitares. Era un líder activo de la comunidad de Guacayamas, y de la organización de víctimas reclamantes de tierras “Tierra y Paz”.

El señor Jaramillo venía siendo víctima de amenazas en contra de su integridad personal, por lo que había solicitado un esquema de seguridad y protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin respuesta efectiva de este organismo.

Según “Tierra y Paz”, el señor Jaramillo "denunció intimidaciones de muerte por parte del actual poseedor del predio que él estaba reclamando, un hombre conocido como 'el cura', y de su administrador. Ambos le habrían dicho que lo harían matar de los paramilitares". La misma organización aseguró que hace cuatro (4) meses le llegó una comunicación al líder campesino en la que se le daba un plazo para abandonar su finca. Inmediatamente puso una denuncia ante la Policía y la Fiscalía, indicando que sospechaba de dónde venían estas intimidaciones.

EXIGIMOS:

A la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) que garanticen una restitución y reparación integral, en condiciones de seguridad, a las víctimas de COCOLATU.

A las instituciones locales y regionales (Alcaldía de Turbo, Gobernación de Antioquia), que activen las medidas para garantizar la protección de los líderes y lideresas reclamantes de tierras de COCOLATU.

A la Fiscalía General de la Nación, que adelante con celeridad los procesos de investigación y judicialización de los responsables del homicidio del líder Porfirio Jaramillo, y no dejen este crimen impune.

A la Unidad Nacional de Protección, que ponga en marcha la ruta de protección colectiva para las comunidades pertenecientes al consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, así como esquemas de protección individual contextualizados y oportunos.

A la Policía, Ejército y Ministerio de Defensa, que cumplan con su misión de garantizar la vida, libertad e integridad de los ciudadanos, lo que implica reconocer la existencia de una estrategia violenta sistemática en contra de los reclamantes de tierras en toda la región de Uraba.

El presente comunicado es suscrito por:

  • El Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (COCOLATU).
  • La Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato (ASCOBA).
  • El Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (CINEP/PPP).

Descargar comunicado

 

 

 

Ante la opinión pública organizaciones sociales compartieron los principales obstáculos y dificultades que se están presentando en las regiones y que dificultan la restitución integral de los derechos territoriales. 

 

El pasado 11 de noviembre se dieron cita doce observatorios nacionales para compartir aprendizajes, dificultades y retos de la construcción de paz.

Con el objetivo de generar un diálogo de saberes y acercarse a las experiencias  que desde distintos observatorios de derechos humanos adelantan, el CINEP/Programa por la Paz junto con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República, realizaron el encuentro “Mesa Nacional de Observatorios: Miramos hacia la paz”.

El grupo de investigación Derecho y Género de la facultad de derecho de la universidad de Los Andes dio apertura al encuentro exponiendo la inclusión de las mujeres en el debate local y la importancia de adoptar la perspectiva de género en el conflicto armado y cómo el movimiento nacional e internacional de mujeres ha sido especialmente efectivo en producir diagnósticos sobre las injusticias que se cometen contra estas en los conflictos armados, y sobre la necesidad de que las reparaciones tengan en cuenta las particularidades de su situación.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral-MOE presentó el trabajo realizado desde el Observatorio Político-Electoral de la Democracia el cual cuenta con distintas plataformas que trabajan en 35 regionales y con la ayuda de más de 380 organizaciones a nivel nacional, el proceso de recolección de información contribuye para dar diagnóstico en las regiones y brindar insumos para la toma de decisiones en instancias estatales.

El Observatorio de Culturas dependencia adscrita a la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá, en el último sondeo que realizó preguntó a los bogotanos por el tema de la paz, el posacuerdo y los diálogos de La Habana. Como resultado se percibe en Bogotá una ciudad desentendida de las negociaciones. 

Dentro de los temas discutidos en el encuentro se trató el tema de la participación de los medios de comunicación y el rol que juegan en la elaboración de la agenda pública en Derechos Humanos. Los medios tradicionales reafirman la polarización por lo que es importante considerar el trabajo de los medios comunitarios y alternativos.

Al terminar el encuentro se concluyó que la apropiación de prácticas y herramientas usadas dentro de los observatorios pueden crear lenguajes comunes, teniendo en cuenta las dinámicas diferenciadas y las miradas que se han volcado hacia la paz territorial, considerando la discusión de los derechos humanos como un medio pero dando preponderancia a la construcción de ciudadanía.

Otros observatorios asistentes: Movimiento Unidad Nacional de Víctimas- MUNALVIC; Observatorio de Realidad Social, Pastoral Social; Observatorio de Derechos; Humanos Policía Nacional; Observatorio del delito, Policía Nacional; Observatorio de transparencia y anticorrupción, Secretaria de Trasparencia; Observatorio de Construcción de Paz, universidad Jorge Tadeo Lozano; Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana-CEACSC y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

 

 

“Encontramos varios elementos desestabilizadores de paz en el Chocó, que obstaculizan la consolidación de un proceso de paz y la construcción de desarrollo desde la cosmovisión de las comunidades” afirma Juan Pablo Guerrero, coordinador del proyecto Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP. Desde la experiencia investigativa, Guerrero analiza el contexto al que se enfrentarían los posibles acuerdos de paz.

Entre 2011 y 2014 alrededor de 35.640 personas fueron desplazadas de los municipios de este departamento del pacífico. En el proceso de restitución de tierras resulta indispensable brindar condiciones para el regreso de estos ciudadanos que, según dice Guerrero, “son comunidades que pretenden retornar al territorio pero no existen garantías por parte del Estado”.

Para garantizar la distribución justa y equitativa del territorio, la Unidad de Restitución de Tierras contactó al CINEP/PPP para caracterizar las afectaciones territoriales a los títulos colectivos de comunidades negras cometidas desde 1991. Este es un paso para el cumplimiento de la ley 1448 de 2011, referida entre otros a la reparación integral de las víctimas.

Este trabajo pretende caracterizar las afectaciones territoriales de los territorios colectivos de los Consejos Comunitarios La Larga Tumaradó y Pedeguita Mancilla (subregión del Bajo Atrato, Chocó) como herramienta de política pública de restitución de derechos territoriales étnicos en el marco del Decreto Ley 4635 de 2011. Los territorios que demandan están compuestos por 107mil hectáreas y por alrededor de 48mil hectáreas respectivamente para cada Consejo.

Este proceso de restitución se dificulta por los elementos desestabilizadores de paz que explica Guerrero. Para empezar, se han otorgado 160 títulos para explotación minera hasta el 2012, lo que representa 250.000 hectáreas de las que se pretenden extraer metales preciosos como oro, cobre y molibdeno. Económicamente, “la participación del sector minero del PIB departamental es de un 40% y no se ve ese incremento en temas de educación ni productivos, sino en temas de explotación”, explica el investigador Guerrero. En el año 2000 la minería representaba alrededor de 25.000 millones de pesos del PIB de Chocó, ahora es de 1,8 billones de pesos respecto a 3,2 billones del total del departamento.

Por otro lado, se ha generado un incremento en la siembra de cultivos ilícitos y la comercialización de hoja de coca y marihuana prensada. En el año 2008 había 1.200 hectáreas de coca que ahora ocupan 5.000 hectáreas. El aumento se produjo especialmente en la subregión de Baudó y Bajo Atrato, lugares donde se distribuyen hacia Centroamérica o Ecuador. Sin embargo, explica Guerrero, “el asunto complicado es lo que está detrás: las alianzas estratégicas de actores armados como bandas criminales (o paramilitares), el ELN, las FARC, o incluso, cuerpos de investigación judicial y miembros de comunidades locales”.

Los 31 municipios de Chocó tienen presencia de actores armados ilegales. Particularmente, las bandas criminales se ubican en las cabeceras municipales y los grupos guerrilleros en las zonas rurales. Además, la presencia del ELN es bastante marcada en varios territorios de la región como en Baudó (alto, medio y bajo) y San Juan (alto, medio y bajo).

Dentro de los elementos que no permiten consolidar la construcción de paz, se destacan los indicadores de pobreza y de corrupción. El 63% de los habitantes de Chocó son pobres y 150.000 personas viven en pobreza extrema. Además, las altas cifras de corrupción reflejan la baja eficiencia institucional, lo que explica que el departamento haya tenido cuatro gobernadores en el pasado periodo electoral.

Pasada la etapa de sistematización y divulgación de la caracterización realizada, en un escenario posterior a la adjudicación de terrenos, CINEP/PPP se propone generar un monitoreo y seguimiento de los procesos judiciales para una restitución integral de los derechos colectivos.

Gisselle Martín Chocontá
Equipo de comunicaciones