Conflicto, estado y desarrollo

Conflicto, estado y desarrollo (28)

Con esa decisión aumenta a más de 35 mil las víctimas que podrán participar en etapas procesales del Caso 04 que adelanta el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

La Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP ha acreditado como víctima colectiva al Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU). El consejo es integrado por 48 comunidades y 5.803 personas en el bajo Atrato (Chocó)

Para Reymir Valencia Gamboa, fiscal del Consejo Comunitario la Larga y Tumaradó (COCOLATU), la acreditación es de suma importancia porque “nos hace partícipes en el proceso 04 que adelanta la JEP donde podremos aportar y presentar elementos en la búsqueda de la reivindicación de nuestros derechos territoriales”.

El caso 04 de la JEP fue abierto el 11 de septiembre de 2018 y se enfoca en la situación territorial derivada de hechos del conflicto armado ocurridos en la región de Urabá en los departamentos de Antioquia y Chocó. Los hechos, según la JEP, fueron presuntamente cometidos por miembros de las FARC y de la Fuerza Pública desde el 1 de enero de 1986 y con anterioridad al 1 de diciembre de 2016.

Con la acreditación, que incluyó a más de 20 mil víctimas afrocolombianas, son un total de 35.174 las víctimas que podrán participar en calidad de intervinientes en todas las etapas procesales del caso 04 en el cual, a la fecha, han comparecido 17 miembros de la  fuerza pública y 11 de las FARC según la JEP. 

La Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta hechos como la desaparición forzada, homicidio, masacre y desplazamiento forzado que han sufrido las comunidades como parte de la vulneración de sus derechos fundamentales. También incluyó al Consejo Comunitario los Manatíes y al Consejo Comunitario Puerto Girón.

Para Julián Salazar Gallego, abogado de la línea Gestión del Territorio en el Pacífico del CINEP/PPP, “dicho reconocimiento le otorga al Consejo Comunitario la calidad de interviniente especial, lo cual lo faculta para ser representado por un abogado, tener acceso al expediente, asistir a las versiones voluntarias, aportar pruebas y participar en la formulación del proyecto restaurativo”.

Además, para Salazar la acreditación materializa tres fundamentos de la JEP: “el acceso efectivo a la justicia, la participación y la centralidad de las víctimas”. La línea de Gestión del Territorio en el Pacífico ha acompañado desde hace 11 años al Consejo Comunitario en la reivindicación de sus derechos étnico territoriales, con una “estrategia de recuperación integral del territorio que abarca procesos como el de la reparación colectiva y la protección a las comunidades que hacen parte del colectivo”, afirmó Salazar.

Por otro lado, Reymer Valencia considera que la la JEP es un apoyo importante para el proceso que adelantan junto con la Unidad de restitución de tierras y que les brindará “credibilidad de nuestros derechos como víctimas del conflicto armado por lo que agradecemos este acogimiento de la JEP dentro de nuestro objetivo de recuperar nuestro territorio”, manifestó.

Entre las múltiples afectaciones de las comunidades de los territorios del Bajo Atrato, según la JEP, la entrada ilegal de miembros de la AUC con presunta ayuda de la Fuerza Pública derivó en una ola de desplazamientos forzados y violaciones graves a los derechos humanos. Para Julián Salazar, “el Estado colombiano aún tiene una deuda enorme en la reivindicación de los derechos de las comunidades negras porque en el territorio persisten narrativas de un conflicto estructural que históricamente ha tenido como foco principal la lucha por la posesión y el uso y titulación de la tierra”.

Según Salazar, este es “apenas el primer peldaño al interior de la JEP y se abre la puerta para poder participar en todas las diligencias y procesos que se lleven a cabo al interior de las salas y el Tribunal”. 

Así, el Consejo Comunitario se acerca a lo que podrá ser un “retorno al territorio con toda la dignidad y sin perturbación de poseedores de mala fe”, en las palabras de Reymer Valencia.

Aquí puedes ver el comunicado emitido por la JEP:

 

Por: Paola Llinás Aragón.

 

 

Hoy 1 de abril inicia el cese al fuego declarado por el ELN ante el #Covid19. El Cinep celebra esta decisión y está dispuesto a impulsar y tender puentes para restablecer el diálogo con esa guerrilla.

 

 

Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, las regiones más golpeadas por el conflicto armado sufrieron grandes transformaciones territoriales, sociales, económicas y culturales. Tumaco es uno de los municipios del pacífico nariñense que ha vivido esta transición de la violencia al posconflicto, por un poco más de tres años. En la actualidad, vive uno de los panoramas más complejos, no solo por su economía cocalera sino por, paradójicamente, la agudización de la violencia y otras conflictividades después de que las FARC se desplazaran del territorio.


En el informe “Transformaciones del conflicto armado y conflictividades sociales en San Andrés de Tumaco”, elaborado por Cinep/PPP, el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Convivencia del Distrito de Tumaco y el Observatorio de Derechos Humanos de la Diócesis de Tumaco, en el marco del proyecto de “Identificación de prácticas adecuadas de respuesta institucional para promover la convivencia en los territorios” financiado por USAID, se analizan las dimensiones y se hace un balance de las transiciones que ha vivido el territorio y del conflicto armado.


En Tumaco, las FARC y los grupos paramilitares llegaron en los años 2000 victimizando a la población civil. Al finalizar la década, se dieron desmovilizaciones de los grupos paramilitares que las FARC aprovecharía para reclutar personas para que hicieran parte de este grupo armado. Actualmente, si bien con la firma de los Acuerdos hubo una disminución sustancial de la violencia en razón del conflicto armado, esta disminución no se refleja por otras acciones violentas del territorio. Se han creado nuevos grupos armados como “Los Contadores”, “Oliver Sinisterra” y “Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP)” que buscan recuperar las economías ilegales y las acciones de control que tenían las Farc en el territorio. Por otro lado, hay bandas criminales que operan en los barrios y que han incidido en el aumento y desborde de la violencia, “en la dinámica de su disputa territorial hay una clara intención por acudir a un tipo de violencia que los haga menos visibles y menos expuestos penalmente” se menciona en el informe.



Aunque estas bandas mantienen cierto control territorial, internamente no pasan su mejor momento, no tienen una organización definida, o ese ejercicio de control muchas veces es arbitrario dependiendo del mando, lo que evita un relacionamiento efectivo con las comunidades, aunque tengan el discurso de “protectores del barrio”. De esta manera, las presiones a comunidades afro e indígenas también aumentan, la violencia y las amenazas empiezan a dirigirse contra los liderazgos sociales. Otra de las consecuencias de la cohesión de estos grupos armados que funcionan en los barrios, es el desplazamiento, la extorsión, el microtráfico y el consumo de drogas.
La poca oferta laboral y académica que tiene Tumaco es aprovechada por los grupos armados para atraer población joven: ofrecen dineros y vida fácil a cambio de colaboraciones o total ingreso al grupo armado, en el informe se menciona que “poco menos del 5% de los tumaqueños que termina su bachillerato logra ingresar a una universidad”.



Así las cosas, en el territorio se van agudizando cada vez más las conflictividades sociales y la implementación de los Acuerdos de la Habana, como el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) uno de los más importantes en todo el municipio donde se encuentran inscritas más de 16.000 familias. Sin embargo, el programa enfrenta ciertas problemáticas e incumplimientos, lo que deja mucho que pensar en su impacto a largo plazo y la disminución sustancial de las hectáreas de coca. La comunidad vive un momento de incertidumbre frente al programa, con el cambio de gobierno ha crecido la desconfianza, por falta de voluntad política, hay retrasos en los pagos, desaceleración de la verificación de hectáreas, entre otras problemáticas.



Por otro lado, según las comunidades, la deforestación se ha ido expandiendo de forma significativa, hay tala de árboles indiscriminada, así como también una expansión palmera que ha reavivado el conflicto entre empresas y comunidades negras. Otra de las dificultades a las que se enfrentan, es el acceso al agua potable por problemas en la infraestructura de acueductos del municipio.
De esta manera, son muchas las crisis y problemáticas a las que se enfrentan, no solo la comunidad de Tumaco, sino, las regiones que se encuentran en posconflicto. Las transformaciones en los territorios son inevitables, pero desde el trabajo que realizamos en el Cinep/PPP creemos firmemente que no podemos permitir que las comunidades sigan siendo amedrentadas por medio de la violencia, el miedo, la amenaza, el desplazamiento, las desapariciones forzadas. Es necesario juntar esfuerzos de instituciones, organizaciones locales y nacionales para que se implemente una agenda de trabajo desde la política local que permita transformar esas dinámicas del conflicto que siguen golpeando a la comunidad de Tumaco.


Publicaciones

 

 

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Equipo de comunicaciones

Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Periodista asistente: María Fernanda Vera
Periodista asistente: Deivyd Manrique


Los diversos movimientos sociales del país han convocado para mañana 21 de noviembre una jornada de paro nacional en contra de una serie de iniciativas gubernamentales, como los anuncios de reforma laboral y pensional y la renuencia sistemática a la implementación integral de los Acuerdos de Paz.

Como CINEP/Programa por la Paz asumimos la misión de apostar por la vida y trabajar por una sociedad justa, equitativa y en paz. En concordancia con dicho propósito saludamos esta movilización nacional e invitamos al conjunto de la sociedad colombiana a movilizarse masivamente.

Aunque el gobierno insiste en que no ha presentado los proyectos, los pronunciamientos de miembros del gabinete del presidente Duque respecto a las reformas pensional y laboral preocupan de sobre manera. En el caso de las pensiones, la iniciativa de marchitar Colpensiones para fortalecer los fondos privados de pensiones pretende resolver la crisis del actual sistema poniendo por encima del derecho a una pensión digna las ganancias de los dueños de los fondos. La experiencia internacional demuestra el fracaso de la privatización de las pensiones y la necesidad de concebir esta como un derecho, y no como un “ahorro individual” al margen de cualquier principio de generosidad y solidaridad intergeneracional.

Respecto a la reforma laboral, las pretensiones de permitir la contratación por horas, de reducir el salario mínimo para jóvenes menores de 25 años y de implementar salarios mínimos diferenciados por regiones implican la profundización de una política de reducción de costos laborales como herramienta para enfrentar el desempleo y la informalidad. Esta estrategia no ha dejado de fracasar en Colombia pues profundiza los males que pretende aliviar, así como la desigualdad social. Existen alternativas que pasan por concebir la protección y aumento del poder adquisitivo de las y los trabajadores como foco de la dinamización de nuestra economía.

Por otra parte, el gobierno nacional insiste en la implementación a paso de tortuga de los Acuerdos de Paz, renunciando del todo a su implementación integral y desfinanciando los programas e instituciones que de dicho acuerdo emanaron. Hoy vivimos las consecuencias nefastas de esa orientación gubernamental con la profundización de la violencia y la militarización de nuestros territorios, abundantes casos de ejecuciones extrajudiciales y el asesinato sistemático de líderes sociales.

Durante los días y semanas previos a la jornada de movilización, desde el gobierno y el partido de gobierno se ha pretendido instalar un ambiente de zozobra y pánico; se ha acudido a medidas como la militarización de ciudades y a allanamientos de hogares y sedes de promotores de la movilización, incluyendo colectivos artísticos y medios de comunicación.

Frente a estas iniciativas de talante autoritario, solo cabe recordar que el derecho a la protesta es esencial a una democracia, y es deseable y esperable en una sociedad como la nuestra, que se esfuerza por superar la violencia y por construir un orden social más justo y equitativo.

Según la Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) la cifra de refugiados y migrantes venezolanos superó los cuatro millones en 2019. Esto ejemplifica lo que Francisco Alfaro Pareja, doctor en Estudios de Paz y Conflicto, denominó una “crisis humanitaria, multidimensional y compleja” en el evento Diálogo y negociación en Venezuela organizado por Cinep/PPP y el Instituto Pensar de la Pontificia Universidad Javeriana.

La lectura actual de la crisis en Venezuela, normalmente, se remonta a la caída del petróleo en 2014, que dejó sin recursos al país, y más recientemente al debate político entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó; sin embargo, para Alfaro la crisis posee unas raíces más profundas en la historia del país. Según señala el académico se trata de “un conflicto político largo en el tiempo donde Venezuela pasó de ser una democracia liberal a un autoritarismo hegemónico y en medio de eso tuvo una dinámica de regímenes híbridos que le permitió transitar progresivamente e incluso utilizando la democracia mayoritaria o plebiscitaria para llegar a esa deriva”.       

Este paso entre estas formas de gobierno se ejemplificó en la interpretación y aplicación en la legislación. Entre 1983 y 1999, el país hacía uso de la Constitución de 1961. En 1999, Hugo Chávez propuso una nueva constitución que se aceptó por medio de elección popular, esta dividió al país en dos: los que estaban a favor de la constitución actual y los que apoyaban la anterior. No obstante, entre 2007 y 2017 se crearon unas nuevas políticas por fuera de la Constitución correspondientes al socialismo del siglo XXI e hicieron que se fuera perdiendo el carácter democrático del país.

Para Alfaro, “la democracia es también la convivencia con las minorías, respeto a las minorías, alternancia en el poder, pluralismo político, separación de poderes. (...) Todo eso se fue perdiendo en Venezuela progresivamente y derivamos en esto con un acento bastante marcado a partir del año 2015”. Este cambio, por supuesto, se relaciona con la migración de los venezolanos hacia el exterior: más del 75% de los migrantes salieron del país después de esos años, lo que se interpreta como “una relación directa entre la autocratización del régimen o del gobierno y el aumento de la migración, o sea, que lo político sí incide sobre la social y lo económico”.

El ELN en la frontera  

Esta crisis se ve agravada por la presencia de actores armados en la frontera colombo-venezolana quienes desean apropiarse de tráfico en la zona. María del Carmen Muñoz Sáenz, coordinadora e investigadora de la línea Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, afirma que “hoy, por los vacíos territoriales que no copó la guerrilla colombiana y por la fragilidad de la institucionalidad venezolana tenemos cerca de 17 actores armados, bien organizados”. Esta organización se representa en el uso de redes, inteligencia y discursos para sacar ganancia de la situación actual.

Uno de los grupos armados presentes es el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su presencia agrava la situación política del país a nivel internacional, así lo comenta Francisco Alfaro, “Venezuela se ha convertido de alguna manera en el problema político de la región con esa deriva autoritaria que de algún modo está actuando en convivencia y en aceptación del ELN dentro del territorio venezolano”. Este grupo que estaba operando en la zona suroccidental (Estado Táchira  y el Municipio Páez del Estado Apure) ahora se extendió a la Zona del Arco Minero (Estado Bolívar, Estado Amazonas y parte del Estado Delta Amacuro) donde se disputan el control de los recursos con militares que controlan empresas mineras, con grupos irregulares locales de Venezuela.

Alternativas para salir de la crisis

Ante esta situación Francisco Alfaro plantea cuatro posibles alternativas para salir de la crisis:

  • La primera, es la maduración del conflicto “ambas coaliciones (la de gobierno y la opositora), consideran que pueden vencer a la otra y cuando uno cree que puede derrotar al otro, ¿para qué negociar?, si estoy convencido de que al final le voy a ganar al otro; entonces es necesario que se entienda que por una vía impuesta no se va a solucionar el conflicto”.
  • Segunda, hay que seguir potenciando los mecanismos de diálogo y negociación. “En Venezuela hemos tenido cinco mecanismos desde el año 2002 y el que está en curso temporalmente suspendido es el Mecanismo de Oslo. Creo que ese mecanismo es el que hay que fortalecer porque ambas partes lo reconocen, al igual que la comunidad internacional y de los países de potencia, al menos tácito”.
  • Tercera, partir de los aprendizajes del pasado sobre la salida a la crisis. “Una salida electoral por sí sola, no garantiza una salida democrática sostenible en el tiempo; es decir, hay que pensar la salida electoral con otros elementos que acompañen esto” como el reconocimiento y trato a las minorías y la necesidad retomar el principio de independencia de los poderes y de pluralismo.
  • Y finalmente, la cuarta, es tener a las víctimas y el drama social como tema principal en la mesas de negociación. “Los que más sufren son los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que llegan caminando a Colombia sigue a pie hasta Ecuador, unas travesías impresionantes”. Debido a esto, para Alfaro es fundamental el equilibrar paz, estabilidad y democracia con justicia y reparación de las víctimas. De igual manera, no se puede hacer uso de la justicia tradicional debido a la necesidad de incorporación de los actores a la vida democrática. Desde su opinión, “la justicia transicional, que es un experimento que se está haciendo en Colombia, nos puede enseñar [a los venezolanos] mucho sobre salidas judiciales a los victimarios y en términos generales Colombia nos puede mostrar lo que implica un conflicto y sus consecuencias”. 

 

El impacto de la situación venezolana en la región

La crisis venezolana en la región, para Francisco Alfaro, mostró la falta de gobernanza hemisférica. Esta hace referencia a la manera de lograr acuerdos políticos, económicos y sociales que tengan un verdadero impacto en el continente. Esta crisis evidenció “que el sistema interamericano y sus organismos de alguna manera no lograron cumplir su rol mediador y preventivo”.

Aparecieron nuevos organismos como el Grupo de Lima, el Mecanismo de Montevideo y Grupo de Contacto Internacional para mediar en la crisis. Muchas organizaciones se trancaron como la Organización de los Estados Americanos (OEA); fracasaron, el caso de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA); murieron, Petrocaribe; se dividieron, Comunidad Andina o se crearon otras con el mismo enfoque, Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Por ello, dice Alfaro que es de esperar que “los países se empiecen a preguntar ¿qué es lo que estamos haciendo?, ¿hacia dónde debemos apuntar nuestra visión como continente? Hablamos mucho de integración de palabra, pero en los hechos es prácticamente nulo”.

En el marco de una iniciativa ciudadana

La Escuela de Paz y Cultura Ciudadana nace con el fin de construir un proyecto con las comunidades más afectadas por el conflicto armado colombiano a petición de la Conferencia Episcopal y la Provincia de los Jesuitas. En 2010, cuando por parte de los investigadores se había cumplido el ciclo del proyecto, la Conferencia Provincial para América Latina de los Jesuitas (CPAL) y la Conferencia Episcopal realizaron la petición de formar a la sociedad en ámbitos de civismo, institucionalidad, gobernanza en marco de la dignificación del ejercicio de la política y la ciudadanía. 

Así, en alianza con el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, se construyó una malla curricular en un diplomado que se orienta a fortalecer el tejido social, la participación ciudadana, la incidencia política y el empoderamiento. En paralelo a ello, el equipo estaba en misión en la frontera colombo-venezolana donde coincidió con que el obispo de Cúcuta, Monseñor Jaime Prieto, otros obispos y los jesuitas de Venezuela pensaban en un proceso pedagógico binacional de fortalecimiento de capacidades para la democracia, el desarrollo humano y el fortalecimiento del tejido social. 

Con ello se conformó una plataforma binacional con más de 43 organizaciones de ambos países en los tres ejes de la frontera: Guajiro, Llanero y Andino. Allí se continuó con los diplomados y se decidió hacer una investigación sobre los retos para la construcción de la paz territorial: la visión de territorio y de la paz en la frontera colombo-venezolana con el objetivo de identificar cuáles son las representaciones que tiene la gente en los territorios sobre la paz, territorio y territorio de paz. Ante la crisis en 2018, se creó un frente humanitario y se construyó la Convergencia Ciudadana Colombo-venezolana para contribuir a una salida negociada y democrática en Venezuela donde se enmarcar el evento de Francisco Alfaro con el fin de obtener otras miradas a esta problemática.

Transmisión del evento aquí

 

Lida Bocanegra
Equipo Comunicaciones

El Congreso LASA, organizado por Latin American Studiess Association, promueve una visión hemisférica de justicia e inclusión, teniendo presente el contexto político mundial en el que se resalta un fenómeno de separación en lugar de fomentar la justicia social y la democracia. En esta ocasión Cinep/PPP hizo presencia por medio de tres investigadores del área de Conflicto y desarrollo y por medio de algunas de sus publicaciones. 

 

El desconocimiento generalizado que hay sobre el contexto de Venezuela, la subestimación del alcance que podría tener el agravamiento de la crisis humanitaria, y el dolor, sufrimiento y angustia que están viviendo los venezolanos motivó a que Cinep/PPP realizara el 15 de marzo el conversatorio Venezuela sobre la mesa, ¿Qué está en juego? En este, participaron cinco analistas nacionales e internacionales que dieron una visión sobre la historia y el panorama económico, político y social que enfrenta el vecino país actualmente.

La historia explica el hoy

Luis María Ugalde S.J. es un teólogo, Doctor en Historia, y jesuita venezolano que actualmente reside en su país. Ugalde comentó los hitos históricos que permitieron que Venezuela entrara en la crisis actual. Según Ugalde, el pueblo se sentía ignorado por los partidos políticos y Hugo Chávez era un mandatario con poder de oratoria que basó su campaña de 1999 en la imposibilidad de explicar por qué Venezuela era el país más rico del mundo y el pueblo en general era pobre. “Su idea de acabar con la empresa privada atrajo a aquellos votantes que deseaban una mejor distribución de la riqueza”. El auge petrolero trajo consigo el imaginario de la existencia de dólares ilimitados y, según Ugalde, con abundancia no se nota la corrupción.

Nicolás Maduro asumió la presidencia en un momento en el que el barril de petróleo había perdido más de la mitad de su valor y la deuda externa del país alcanzaba los ciento cincuenta mil millones de dólares. En la actualidad, Ugalde cree que “para que haya elecciones democráticas es imprescindible un gobierno de transición sin Maduro. La negociación es sobre cómo va a salir y esta negociación debe hacerse con los ‘maduristas’, no con Maduro”.

La economía en un modelo de desconfianza

Luis Vicente León es economista venezolano, presidente de Datanálisis y socio director de Tendencias Digitales. Al igual que Luis María Ugalde S.J., vive en Venezuela. Desde allí, planteó la importancia de entender los alcances que tiene para la economía el modelo de desconfianza que se ha sostenido durante el gobierno de Nicolás Maduro. León afirma que, por la contracción del mercado petrolero, desde hace aproximadamente un año, el Gobierno no tiene cómo esconder la crisis. Para él, es muy poco probable que el país vuelva a ser exitoso sin un cambio de gobierno y de modelo económico.

Según León, la crisis de hoy se ve reflejada en la profunda crisis política, la migración masiva de venezolanos al resto de países latinoamericanos, y la pérdida de poder adquisitivo y calidad de vida. En la estrategia política actual de Maduro uno de los ejes centrales es invisibilizar la crisis económica y la falta de pronunciamiento acerca de las economías ilegales alrededor del país. La necesidad de negociar una salida pacífica del poder tampoco ha sido mencionada por el gobierno. Para León “en esta batalla hay dos frentes que, si se enfrentan sin negociación lo que habrá será una destrucción del país”.

Nos debemos sacar de la cabeza la idea del día D”: Víctor Manuel Mijares

Responder a la pregunta sobre las bases de la legitimidad tanto de Juan Guaidó como de Nicolás Maduro es fundamental para comprender la coyuntura venezolana. Víctor Manuel Mijares, Doctor y magíster en Ciencia Política y docente de planta en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, expuso que los historiadores del futuro tendrán una ventaja sobre los politólogos del presente pues son ellos quienes podrán decir quién fue el Presidente legítimo de Venezuela a partir del desenlace de la crisis.

Para Mijares, Venezuela está en un estado de excepción, aunque no sea reconocido en los medios de comunicación como tal. “El chavismo ya no es lo que era antes, ni podrá volver a serlo, pues hoy la gobernabilidad de quien encabeza el gobierno está basada en la fuerza”. La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente y su reconocimiento como el legítimo gobernante por países como Colombia y Estados Unidos, planteó serios problemas sobre la gobernabilidad efectiva. Según Mijares, “la legitimidad la determina la victoria política y la victoria política acá todavía no está clara. A Guaidó internamente lo protege la falta de reconocimiento general de la población hacia Maduro y externamente el apoyo de Estados Unidos y Colombia y sus constantes amenazas de una intervención militar. ¿Guaidó podría ser presidente en una transición? No. Porque su éxito fue haber seguido al pie de la letra una estrategia constitucional y la Constitución dice que se deben convocar elecciones y él no puede ser candidato”.

Sobre posibles soluciones, el analista político expuso la negociación como necesidad para la transición futura: “un golpe de Estado en Venezuela no sería viable. Las Fuerzas Armadas no tienen la capacidad organizativa para una acción de esa envergadura. Todos queremos una solución contundente, fotogénica. Pero va a ser un proceso muy imperfecto. Nos debemos sacar de la cabeza la idea del día ‘D’.”

Los distintos juegos por revisar

El análisis internacional es imprescindible para estudiar el presente y el futuro de Venezuela. Arlene Beth Tickner, profesora titular y directora de investigación de la Universidad del Rosario, considera que hay cuatro juegos que deben ser analizados, aunque “no necesariamente todos los actores internacionales convergen en todos los juegos”:

Juego geoestratégico: Cuba es el país que lo cambia todo, pues es quien ha permeado a Venezuela desde hace varios años en servicios de inteligencia, petróleo, salud y educación, por lo que es difícil imaginar una transición pacífica sin este país. “Si Colombia tuviera algún tipo de astucia se acercaría más a Cuba para dialogar sobre esa transición. Sin embargo, se debe tener en cuenta que “quienes tienen una apuesta global en Venezuela son Rusia y Estados Unidos. Este último ha invertido el 75% de los ingresos económicos que tiene el vecino país, por lo que su interés es evidente”.

Económico: En este punto, China sí juega un papel fundamental porque “quiere recuperar su inversión, y estar tranquila con la estabilidad del país donde tiene sus inversiones”. Por su parte, Rusia tiene una apuesta mucho más amplia que la de China, pero ambos tienen como eje la lucha constante por los recursos petroleros.

Oposición a la violación de la soberanía: La oposición de muchos países a la intervención militar o a la injerencia internacional en Venezuela está basada en la creencia de que no se debería violar la soberanía de ningún país, y para algunos (como Rusia e Irán) es “ser simpatizantes de la condición de sancionado que tiene Venezuela. Para países como Turquía, Brasil o Bolivia esto va más allá de la oposición a Estados Unidos. Por su parte, China es un país paranoico frente a cualquier incidente internacional que pueda legitimar una injerencia internacional en su propia situación interna”.

Para Tickner, el aislamiento internacional diplomático y las sanciones económicas ya llegaron al límite. La crisis tenderá a empeorar, y con ella la crisis humanitaria, hoy politizada. Desde su perspectiva debe haber, tanto de otros países, como de la ONU, presiones para que Maduro negocie su salida pues sí existen detonantes para que una intervención militar ocurra. Sin embargo, indica, que uno de los problemas es que “a Maduro no se le está ofreciendo la alternativa de la negociación y hoy no está en la misma situación de otras negociaciones. Si no se le ofrece a él y a sus Fuerzas Armadas una alternativa, no hay incentivos para dejar el poder”.

Frontera, región y sociedad

Luz del Socorro Ramírez, profesora titular de la Universidad Nacional y Doctora en Ciencia Política, hizo su intervención sobre el análisis regional, social y fronterizo en relación con la situación de Venezuela. Para ella es un tema clave, pues la frontera colombo-venezolana es la más larga, compleja y problemática de los dos países. La crisis migratoria existente pasa necesariamente por allí y profundiza el drama de la población. “La ruptura de las relaciones binacionales afecta a dos poblaciones históricamente unidas y que hoy se ven desintegradas, especialmente porque Colombia es refugio de quienes se oponen al gobierno de Maduro”, afirma.

Señala además, que la falta de una opinión unificada en Latinoamérica sobre Venezuela se ve reflejada en la parálisis de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Para Ramírez, la desintegración regional no contribuye a buscar caminos de solución política y [de ] reintegración. “En las fronteras el orden lo está poniendo el que tiene mayor capacidad de controlar los flujos y las armas (...)  Este control lo tienen especialmente miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pues se han convertido en una amenaza constante a la seguridad de personas a ambos lados de la frontera”.

El cambio se debe dar a través de la negociación

Los panelistas tuvieron puntos en común sobre los orígenes de la crisis y la necesidad que tiene Maduro de negociar su salida del poder. Por ejemplo, Luis Vicente León afirmó que “el cambio es un proceso irreversible porque Maduro no puede ofrecer nada ahora. Espero que sea una salida negociada” y Arlene Beth Tickner insistió en la importancia de que organismos internacionales y otros países presionen para que haya una negociación real y efectiva.

El escenario actual y futuro de Venezuela es complejo y será difícil entender la magnitud de las implicaciones que tendrá a nivel nacional y regional cualquiera de los escenarios posibles. La falta de claridad sobre la legitimidad política de los dos gobernantes y la posible reconfiguración de la guerra en Colombia son realidades que hacen necesaria la existencia de espacios que traten de acabar con el desconocimiento generalizado de la situación. 

 

Laura Cristina Vásquez

Equipo de Comunicaciones

 

Hace 20 años, las comunidades de los Montes de María tuvieron que dejar sus tierras tras recibir amenazas de paramilitares y ver a algunos de sus compañeros y vecinos morir a causa de la violencia con la que estos grupos armados ilegales azotaron la región. En 2012, acogidos por la ley de víctimas y la restitución de tierras, iniciaron el proceso de restitución de sus predios, pero hasta el momento no han recibido sus parcelas.

Para revisar los avances de los procesos de restitución, posibles soluciones a los inconvenientes y analizar el impacto de la no restitución sobre la implementación del proceso de paz, el viernes 17 de noviembre de 2017 se realizó la Mesa de Diálogo: Derechos de las Víctimas, Restitución y Desarrollo Territorial, organizada en el marco del proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla” que desarrollan el Centro de Investigación Nacional de Educación Popular – Programa Por la Paz (Cinep-PPP) y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana, con el apoyo de la Unión Europea. 

El profesor investigador de la Universidad Javeriana, Juan Guillermo Ferro, uno de los acompañantes de las comunidades de Montes de María, conversó con nosotros sobre las conclusiones a las que llegaron en el encuentro:

¿Cuál es la principal conclusión sobre los procesos de restitución en Montes de María?

Juan Guillermo Ferro: Una primera conclusión es que las políticas de restitución de tierras y de reparación colectiva tienen como elemento común la lentitud y las trabas de distinta índole para poderse llevar a cabo. En el caso de la restitución hay una serie de impedimentos fruto de los criterios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para rechazar a los solicitantes.

Hay problemas de tipo más político en el sentido que el Estado está muy interesado en un modelo de desarrollo mucho más centrado en la agroindustria exportadora de monocultivo que en apoyar economías campesinas. Entonces no hay una prioridad en restituir y reparar. En las comunidades ya empieza a haber un escepticismo.

¿Por qué se han demorado tanto los procesos de restitución?

J.G.F: Son procesos que incluso pueden ser un poco perversos, en la medida en que la política no está parada, sino que está funcionando a un ritmo paquidérmico. Eso lo que genera es que la gente no se radicaliza en movilizaciones o en acciones colectivas más confrontacionistas (sic) para reclamar. Cada dos meses aparece algún dato, a los tres meses se hace una visita o aceptan un documento, le dicen a la gente que ya está en trámite. La gente no protesta más porque dice que ahí va la cosa, que aceptaron unas solicitudes y que ya volvieron a meter la demanda. Ese es el efecto perverso que tiene esa lentitud.

¿Y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?

J.G.F: Es la última política que se está empezando a implementar en el territorio. La gente realmente está desmotivada y desconfiada, porque como dicen algunos campesinos: si a mí no me han restituido la tierra, no me han reparado, cuál es la planificación que voy a hacer o sobre qué territorio voy a planear.

Los PDET están manejando unos esquemas y tiempos excesivamente rápidos, en mayo ya tienen que estar listos, que hacen muy difícil la participación. No se están haciendo convocatorias abiertas a la comunidad, sino que están seleccionando ciertas personas. Están quedando unos planes como listas de mercado, que realmente no estarían configurando las bases y planes de desarrollos muchos más estructurados.

Son los líderes de las organizaciones los que tienen que representar a las comunidades en los planes y escenarios de discusión, ¿no?

J.G.F: Las organizaciones en Montes de María están muy debilitadas porque fueron las que más sufrieron con las masacres, con las incursiones paramilitares, los asesinatos selectivos, el exilio… Hubo un movimiento fuertísimo en los años 70 u 80, que ahora es un movimiento tremendamente fracturado y debilitado.

Pese a la asiduidad de talleres, capacitaciones, escuelas de ciudadanía, toda la cantidad de cosas que hemos hecho las organizaciones acompañantes, desde que paró supuestamente la guerra por ahí en el 2008, las comunidades siguen débiles. Siendo autocríticos, tenemos que reconocer que tal vez no estamos haciendo bien las cosas o que la debilidad del movimiento es tal que es muy poquito lo que se ha hecho.

¿Las políticas de víctimas, reparación y restitución no han fortalecido las organizaciones comunitarias?

J.G.F: El Estado ha sacado un montón de políticas públicas y todo el mundo se desgasta en ellas para que funcionen, pero lo que ha provocado es que las organizaciones dejen de lado su propia agenda y sus propias propuestas. Ahí es donde hay otro elemento que podríamos llamar perverso, poner a la gente a desgastarse, organizarse, reunirse, criticar o aportar a la política pública, pero esa política nunca se desarrolla totalmente o no cumple sus objetivos.

Hay una distracción del movimiento social en atender la política pública y nosotros como agentes acompañantes podemos haber estado cayendo en la trampa de hacer este juego y más bien deberíamos estar acompañando agendas propias, sin perder el ojo avizor de lo que el Estado hace porque nadie le puede quitar la importancia a lo que el Estado hace, pero no centrar toda la actividad en eso.

Pero esas políticas públicas han sido construidas para responderle a las necesidades de las regiones y las víctimas, en el marco de un escenario de paz, posconflicto y posacuerdo.

J.G.F: Si no hay restitución, si no hay reparación, si no funciona la planeación participativa, pues entonces no habrá paz ni duradera ni estable, como se definió en los acuerdos de las FARC y el Gobierno. Si no hay estas bases, ¿de qué estabilidad estamos hablando? Aquí podemos estar hablando de una paz inestable y efímera, porque no hay manera de avanzar si no se resuelve el tema del acceso a la tierra, si no se repara a las víctimas, si no se le apuesta a la economía campesina. En Colombia no tenemos una política que le dé a la economía campesina un verdadero fortalecimiento, no se cree en sus bondades; se cree que los campesinos son atrasados, pobres, brutos, que no saben producir ni comercializar, y eso marca las dinámicas en los territorios y las políticas públicas.

¿Qué ha funcionado hasta el momento?

J.G.F: Las organizaciones se mantienen, tienen algunas iniciativas. La gente de la alta montaña, que son los del centro de Montes de María, los del Carmen de Bolívar, se han movilizado fuertemente contra el abandono de sus territorios; los de Playón en Marialabaja contra el acaparamiento del agua; este último es un grupo pequeño, pero muy interesante que ha bloqueado varias veces el distrito de riego diciendo que si no hay agua para ellos, no hay agua para la palma, porque el agua está privatizada y es usada más para la palma que para el consumo de la gente.

Los campesinos han hecho mucha resistencia a los cultivos de palma.

J.G.F: Sí, no sólo a la palma, a los monocultivos de gran extensión para la exportación. Eso es una cosa muy reciente, unos quince años, se desarrolló precisamente después de la arremetida paramilitar. A los palmeros no les gusta que se les diga eso, pero es cierto. El desarrollo de estas propuestas vino después del desplazamiento, del abandono de tierras y la compra oportunista y de mala fe que muchos empresarios, a través de testaferros, fueron haciendo. Los campesinos muestran que ellos muchas veces no tenían otra salida que vender y vender mal.

¿Qué podrían sembrar los campesinos al regresar a sus tierras?

J.G.F: Hay otro problema y es que el retorno ha sido muy lento y sin recursos. Hay algunas instituciones que le dicen al campesino, listo, ya puede volver a su tierra, pero el campesino no tiene los apoyos, el crédito, la infraestructura para reiniciar su proyecto y entonces termina vendiendo la tierra que le restituyeron. No se está haciendo algo para restituir una cultura, una sociedad, una economía, ni la vocación campesina.

Muchos de los reclamantes son mayores de 50 años de edad, lo que podría dificultar el retorno de la vida campesina. ¿La región se está quedando sin campesinos?

J.G.F: Los pocos a los que les han restituido muchas veces no tienen el apoyo de sus hijos porque ya pasaron 20 años desde que fueron desplazados; entonces estos muchachos, que eran niños en el momento del desplazamiento, han ido ocupando otras actividades, algunas legales y otras ilegales: microtráfico, delincuencia común, mototaxismo, comercio, el rebusque. La gente ha perdido la relación directa con el campo.

¿Y sobre el tema de la contaminación medioambiental?

J.G.F: Los ecólogos del equipo nos han dicho que una de las cosas que no mira la restitución es todo el despojo que se dio en materia de recursos naturales, de acceso al agua, de bosques y de contaminación por aguas industriales. La restitución mira solo el predio, mira mucho la tierra, el impacto físico, pero no mira todas las relaciones que los campesinos tenían con la tierra, con la represa, el arroyo, el bosque, todas estas conexiones socioambientales de las comunidades. El despojo no solamente fue de tierras sino también de acceso a los recursos naturales con los que los campesinos contaban anteriormente.

¿Cómo ve el panorama para el año entrante con las elecciones presidenciales?

J.G.F: Muy complejo, puede llegar un gobierno que diga que hay que hacer trizas el Acuerdo de Paz y hay estaríamos peor.

 

Astrid Toscano Villán
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

 

  • El martes 17 de abril, líderes de comunidades reclamantes de tierras de Chocó, Magdalena, Las Pavas, Montes de María, Valle del Cauca y Nariño se reunirán con representantes de las entidades del Estado para analizar los procesos de restitución de tierras y proponer alternativas de solución a los obstáculos que han tenido hasta el momento.
  • En el encuentro se conversará y presentarán cuatro temas cruciales en la restitución: seguridad y protección a los líderes, minería y agroindustria, mujer rural y étnica, y articulación inter e intra institucional.

En Colombia hay 111.593 solicitudes de restitución de tierras que corresponden a 99.155 predios, 58.291 trámites administrativos de los que 14.951 están ante jueces. Hasta el momento, se han tenido 3.761 sentencias que han resuelto 6.986 solicitudes (6%) y han dado la orden de restituir 5.598 predios (5,6%) con 290.842 hectáreas que benefician a 36.642 personas, según los datos de la Unidad de Restitución de Tierras.

Es decir, que en siete años de los procesos de restitución se ha dado respuesta al 6% de las solicitudes de las personas que fueron despojadas de sus tierras durante las últimas dos décadas y han pedido que se las regresen.

Las comunidades de reclamantes y las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan han analizado los procesos de restitución para identificar cuáles son los obstáculos estructurales de la política y los procedimientos, y qué soluciones pueden darse de tal manera que se beneficie al mayor número de reclamantes.

Son cuatro los temas que más han preocupado a las comunidades: la seguridad y protección de los líderes y lideresas, la minería y agroindustria, la mujer rural y étnica, y la articulación inter e intrainstitucional de las entidades responsables de la restitución. Estos mismos serán los temas que los líderes conversarán en el desayuno-conversatorio que se realizará el 17 de abril, a puerta cerrada, y al que ya confirmaron asistencia el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, la Agencia de Desarrollo Rural y delegados de varios países miembros de la Unión Europea.

En la tarde, a las 5:00 p.m., los líderes y las entidades acompañantes estarán conversando, a puerta abierta, sobre seguridad y protección, y acerca de la minería y la agroindustria en sus territorios. Este encuentro es de entrada gratuita y se realizará en el aula máxima del Cinep/PPP.

Inscripciones aquí

Astrid Toscano
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico

Para las más de 1.500 familias y 5.000 personas reclamantes de 107 mil hectáreas de tierras de las que fueron expulsadas y que hacen parte del Consejo Comunitario de los ríos de La Larga y Tumaradó (Cocolatu), es una noticia realmente importante: el juzgado primero civil del circuito especializado en tierras de Quibdó admitió la demanda de derechos territoriales.

La admisión de la demanda significa que se inicia la etapa judicial del proceso, que el juez aceptó los argumentos que muestran el despojo y que la contraparte, es decir los opositores al consejo comunitario, deberán demostrar que no fueron despojadores. Esta comunidad fue desplazada de manera sistemática, tras amenazas violentas contra su vida y bienestar, entre los años 1996 y 2000.

 

 

Actualmente, el 90% del área productiva reclamada por Cocolatu está en poder de nueve empresarios. A Cocolatu pertenecían Porfirio Jaramillo y Mario Castaño, asesinados en enero y octubre de 2017, tras recibir continuas amenazas, entre otras razones, por ser líderes reclamantes de este proceso y denunciar irregularidades contra la comunidad y el territorio.  

Además de la admisión de la demanda, esta semana se llevó a cabo en Apartadó  la Audiencia étnica de seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares en resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras en el Bajo Atrato y el Darién Caribe. En esta mesa multiactor participaron: el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría delegada para asuntos agrarios y restitución de tierras, la Policía Nacional, SIJIN y Defensoría del Pueblo y ACNUR.

Entre las organizaciones étnico territoriales que tienen medidas cautelares en el marco de restitución de derechos territoriales, se encuentraron: COCOMASUR, COCOLATU, COCOPEMA, Resguargo de Chidima Tolo y Pescadito y Resguargo de Urada Jiguamiandó.

Pablo López, representante legal de COCOLATU comparte las conclusiones de este encuentro

 

 

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