Imprimir esta página

La vida y los cuerpos descartables en medio del Covid

Foto: CICR. Foto: CICR.

El COVID-19 ha develado facetas antes disimuladas de instituciones que estaban en ruinas, una de ellas es la prisión. La crisis sanitaria actual ha puesto en jaque la institucionalidad del país. Les compartimos una opinión sobre la reciente masacre de 23 prisioneros en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Por Jury Vanessa Marulanda Cardona*

“Si aceptáramos lo inaceptable, que el hombre tiene derecho a castigar, ¿qué persona querrá ejercer este derecho?

Sólo aquellas que hayan caído tan bajo que ya no se acuerden ni conozcan sus pecados”.

Lev Tolstói, Aforismos

La noche del 21 de marzo, personas privadas de la libertad iniciaron una protesta en más de diez cárceles del país, entre ellas La Modelo, La Picota y El Buen Pastor, en Bogotá. Hay diferentes versiones de su origen, por un lado, la preparación absolutamente deficiente de las cárceles para enfrentar una emergencia sanitaria como la que viene aconteciendo en el mundo: no hay un suministro continuo de agua, el altísimo porcentaje de hacinamiento, las condiciones de infraestructura, entre otras. Por otro lado, la cancelación de las visitas de familiares como medida para contener posibles contagios al interior de las prisiones. Pueden ser ambas, o puede ser, una conjugación de razones para alzar la voz en medio de una situación que deviene en inhumanidad.

La situación carcelaria en Colombia no ha sido un secreto ni para la llamada “opinión pública” y mucho menos para el sector justicia. Desde 1998 la Corte Constitucional declaró, por sentencia T – 153, la existencia un “estado de cosas inconstitucional” en el sistema penitenciario y carcelario.

Esto quiere decir, sin el lenguaje poco poético del Derecho, que había hacinamiento, que las condiciones de los centros, en cuanto al suministro de servicios públicos, era deficiente, que había un servicio de salud degradante, que había corrupción al interior, que había una alta tasa de personas privadas de la libertad sin contar con una condena en firme, en suma: que se estaban vulnerando los derechos humanos de la población interna de manera generalizada y sistemática.

Este diagnóstico ha sido reiterado en los últimos años a través de las sentencias T – 388 de 2013, en la T – 762 de 2015 y T – 197 de 2017.

La Corte no ha dejado de repetirlo, pero quien tiene la potestad de hacer política pública para impedir esta vulneración continua de la dignidad de quienes están tras esos muros, no han tomado las medidas necesarias para revertir esta situación.

Este desdén parece justificarse en lugares comunes que desplazan la responsabilidad del Estado hacia quien sufre por la negligencia política:

“¡Se lo merecen!”, “algo debieron hacer”, “el Estado no tiene por qué invertir en criminales”

 Son sutiles técnicas de neutralización para la crueldad por omisión.

De allí que, como respuesta a la protesta y a los acontecimientos que se desataron posteriormente, de forma particular en La Modelo, acudieron el INPEC, el Ejército y la Policía, quienes dispararon contra los levantiscos, como se puede apreciar en los vídeos compartidos por los mismos internos.

Pero no ha sido el uso letal de la fuerza la que ha generado alguna indignación social. Sí, ¡Hay celulares! ¡Hay datos! ¡Hay armas! ¡Hay estupefacientes! Hay un sinfín de cosas que funcionan mal al interior de las prisiones en Colombia, pero esa no puede ser la respuesta inmediata cuando todo el arsenal estatal se desborda ante un establecimiento rodeado por muros, por fronteras, por vallas y por exclusión; ni siquiera se intentó mediar una conversación.

Los titulares en los medios de comunicación resumen todo como “un plan criminal de fuga”, resultado: 23 muertes, los internos dicen que son más.

El poder que se pronuncia es aquel que tiene la potestad de producir muerte, de decidir quién puede vivir y quién no, como lo plantea Achille Mbembe en Necropolítica2, la soberanía es esa capacidad de decidir sobre la vida y la muerte, que en los campos de esclavizados y esclavizadas se traducía en decidir sobre la muerte, en dejar morir: un símil de las prisiones en la actualidad.

El autor describe la relación casi originaria de la Modernidad y el Terror: ejercer terror para lograr dominio es característico del ejercicio político, solo que ese terror se ha sofisticado (al menos en nuestros contextos de privilegio porque lo que muestra la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales es que el terror continúa y de la peor forma). Ese terror sobre cuerpos invalidados que, constantemente, se les recuerda que cometieron un error, que no son aptos o aptas, que tienen que pagar con sus vidas, que sus actos fueron el resultado de una elección “libre y racional” y que la sociedad no les debe nada.

Hay una triple pérdida en quien está esclavizado que Mbembe describe como “pérdida de un «hogar», pérdida de los derechos sobre su cuerpo y pérdida de su estatus político” (2011, pp. 31-32). Aquí cabe recordar que quien está privado o privada de su libertad no puede ejercer derecho al voto y, después de cumplir su pena, tiene diversas limitaciones a su ciudadanía. También, en cualquier momento se está en exposición a la muerte: un motín, una infección, intoxicación, enfermedad, riñas, y demás, aquello que denomina Zaffaroni3 como “masacre por goteo” porque es el Estado el garante de estas vidas y que muera uno, dos, ¡veintitrés! Es su responsabilidad, aunque las autoridades se empeñen en negarlo y no es una novedad, ni resultado de una coyuntura, como bien lo demuestran Camilo Umaña y Aixa Cordero en su trabajo Análisis sobre muertes de personas privadas de la libertad4.

No es posible desconocer que la crisis actual ha puesto en jaque la institucionalidad del país. El COVID-19 ha develado facetas antes disimuladas de instituciones que estaban en ruinas, una de ellas es la prisión,

y la masacre cometida posteriormente es la manifestación explícita de que esas vidas no importan, de que se justificaba por su intento de fuga, de que “allí no hay problemas sanitarios” cuando la Corte lo ha dicho desde 1998.

Seguir creyendo que hay otro u otra que se puede descartar, eliminar e invalidar, como se puede leer en los comentarios a los titulares y como se puede leer de la declaración de la ministra Margarita Cabello, va a seguir generando situaciones devastadoras para muchos, para la naturaleza y para el planeta.

Resta esperar que las familias que acudieron a las puertas de La Modelo, como pudo apreciarse el domingo 22 de marzo a través de imágenes en medios de comunicación, reciban una respuesta sobre la identificación de los cuerpos. Me temo que esta masacre no será reconocida, al menos no por ahora, dado el silencio generalizado, y que llegará muy tarde, algo así como en Ante la ley de Kafka5, demasiado tarde. Al menos, lo que debieron hacer desde un principio, ya se hizo y fue declarar la emergencia carcelaria.

Posterior a la declaratoria de emergencia carcelaria y penitenciaria, se tomarán una serie de medidas, previamente recomendadas por diferentes organizaciones, entidades como la Defensoría del Pueblo y Universidades: libertad para aquellas y aquellos en situación de vulnerabilidad como mayores de 60 años, para quien adolece enfermedades graves, madres gestantes, cambio de medida de aseguramiento para quienes no tienen pena en firme, y demás, por supuesto con aprobación judicial. De allí que se esté estudiando la posibilidad de dar “libertad” a un gran porcentaje de la población interna que cumple los requisitos de la emergencia y sus casos específicos pueden ser analizados en aras de apaciguar la crisis actual.

Se habla de alrededor de 4.000 y 10.000 reclusas y reclusos que pueden “salir”, en un total de cerca de 124 mil personas privadas de la libertad, lo que demuestra un cierto grado de improvisación en la medida, por lo que surgen algunas preguntas: ¿Cuál va a ser el trámite que se va a dar en instancias judiciales? ¿cómo se va a tratar la congestión judicial preexistente? ¿es una medida temporal? La pregunta final sobre la temporalidad es determinante, ya que, si se plantea esta “solución” en medio de la coyuntura, cuando ésta pase la situación se va a volver a agravar, por lo que la Defensoría, entre otras entidades y personas, recomiendan que sea una medida permanente para alivianar un poco el estado de cosas inconstitucional.

Otra pregunta que surge es ¿cuál será la situación de quienes quedan tras los muros?

Las condiciones sanitarias al interior, previas a la crisis actual, no han cambiado, y hasta el momento, la única respuesta que se da es la ampliación del cupo carcelario, que realmente no modifica el problema de fondo, a saber, una política criminal que no es respetuosa de los derechos humanos (T – 762 de 2015). Reiterando lo anterior, este tipo de soluciones dada la insistencia de la Corte Constitucional y organizaciones de derechos humanos desde hace décadas, debieron preverse para que su ejecución no agudice esa condición de no-persona6 de las y los que están tras los muros de las prisiones colombianas.

 

Fotos cuerpo: CICR.


* Socióloga. Estudiante de Derecho de la Universidad de Caldas. Integrante del Grupo de Investigaciones sociohistóricas y contemporáneas en la línea de sociología jurídica del departamento de Antropología y Sociología, y del semillero: Última ratio y Política criminal, víctima y delito de la Universidad de Caldas y la Universidad de Manizales. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

2Mbembe, Achille. (2011). Necropolítica. España: Editorial Melusina.

3Zaffaroni, Eugenio Raúl. (2010). Masacres: Larvas y semillas. Lineamientos para un replanteo criminológico. Investigaciones. Corte Suprema de Justicia de la Nación. República Argentina. Vol 1, pp. 11-32.

4Umaña, Camilo Eduardo & Cordero, Aixa Tatiana. (2019). Análisis sobre muertes de personas privadas de la libertad: Una realidad adversa para lograr un derecho penal garantista. En Gutiérrez Quevedo, Marcela & Olarte Delgado, Ángela. (Ed.). (2019). Los riesgos del punitivismo, presunción de inocencia e indignidad carcelaria en Colombia (pp. 295-248). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

5 Kafka, Franz. (2015). La condena y otros relatos. Madrid: Akal.

6 Esposito, Roberto. (2011). El dispositivo de la persona. Buenos Aires. Amorrortu editores.

Modificado por última vez en Miércoles, 22 Abril 2020 19:26