Editorial: Treinta meses del acuerdo final de paz

En noviembre de 2016 se firmó el acuerdo para la terminación del conflicto entre el gobierno y las FARC. El Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la paz y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos -CERAC-, que conforman la secretaría técnica del componente internacional para el seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz, acaban de publicar un informe sobre los treinta primeros meses de la implementación de este Acuerdo sobre lo cual se pueden señalar algunos aspectos para reflexionar.

Colombia pasó de ser por mucho tiempo un país de estudios sobre la violencia, a un país que es centro de atención en los estudios de paz. El proceso que se dio y el contenido del Acuerdo son considerados como una experiencia de interés político y académico, pues se logró identificar algunos de los problemas más importantes que históricamente han estado en el origen de los conflictos de diversa naturaleza, y en especial de aquellos que optaron por el uso de las armas, como una forma de hacer política y enfrentar al adversario.

Los seis puntos contenidos en el Acuerdo Final, dan cuenta de la complejidad y multicausalidad del conflicto, y establecen una serie de disposiciones que deben adelantarse en escenarios de corto, mediano y largo plazo, con el propósito de construir una paz con justicia social, con equidad e inclusión y duradera. Estas disposiciones comprometen los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e institucionales, lo cual le da un carácter integral al Acuerdo, y si bien hace más compleja la implementación, puede sentar unas bases sólidas para la construcción de una sociedad más democrática, justa y equitativa. Es un Acuerdo que trasciende la paz negativa, que solo silencia las armas para avanzar hacia una paz positiva que implementa los derechos humanos.

Y si bien el gobierno actual, orientado por las visiones del partido Centro Democrático ha impuesto una dinámica de focalizar una lenta reincorporación a la vida ciudadana de los excombatientes de las FARC-EP y una pobre implementación del Acuerdo en los temas centrales del desarrollo rural integral, la participación política, la justicia especial para la paz, la búsqueda de la verdad y la reparación a las más de ocho millones y medio de víctimas, de todas maneras el Acuerdo Final, con todos sus límites, es una gran oportunidad para la búsqueda una paz que aspira a una justicia social con equidad y a una paz estable y duradera.

Recordemos que el Acuerdo de Paz, si lo dejan desarrollar, abre caminos para construir alternativas de largo alcance para generar una sociedad más democrática y amplía el desarrollo local y la paz territorial. El Acuerdo reconoce a las víctimas mediante los compromisos de verdad, justicia, reparación y no repetición; crear una justicia transicional centrada en la reparación de las víctimas en lugar de simplemente castigar al victimario sin transformar la vida de las víctimas; además, se logra la reincorporación de los excombatientes de forma individual y colectiva y establece condiciones para que sociedad reconozca y respete los derechos de las mujeres excluídas, de los pueblos indígenas, afros y raizales. Si bien estos propósitos se pueden identificar en el Acuerdo Final, el camino de la implementación es complejo por diversas razones como: el asesinato y amenaza a los líderes, lideresas sociales y excombatientes, las distintas interpretaciones sobre el alcance de lo establecido, la limitada capacidad institucional para la implementación, los insuficientes recursos, el exceso de expectativas en el corto plazo, la defensa de intereses privados y situaciones coyunturales de la política nacional. A pesar de la importancia de los acuerdos de paz en el mundo, según estudiosos como Stedman, estos suceden en medio de la presencia de saboteadores del proceso y de élites renuentes a compartir el botín de poder.

Luis Guillermo Guerrero Guevara 
Director Cinep/Programa por la Paz

Modificado por última vez en Jueves, 24 Octubre 2019 20:23