Editorial Web

Alejandro Angulo S.J, investigador del CINEP/PPP, analiza los datos de un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja que denuncia una nueva modalidad de arma en la guerra: la violencia sexual.

Alejandro Angulo, investigador del CINEP/PPP, analiza dos noticias recientes. La liberación de más de cuarenta ‘campesinos’ y ‘pequeños comerciantes’ que fueron detenidos arbitrariamente en la vereda La Julia de 2006, así como la preocupación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en cuando a la incidencia de la tortura en el Estado.

La Diócesis de Tumaco nos hace llegar un comunicado triste. El territorio que tiene para evangelizar ha sido invadido por la guerra: el 10 de octubre 2009 se enfrentan las FARC y la Infantería de Marina en Pueblo Nuevo. El resultado neto: 8 comunidades de afros e indígenas tienen que abandonar sus ranchos durante dos meses para salvar su vida. El 31 de enero del 2010, indígenas Eperara Siapidara de Tortula, Casa Grande y Robles, celebran su asamblea. Cuatro guerrilleros de las FARC irrumpen en medio de la reunión y arengan a los nativos.

Hay algunos deberes desagradables. Tener que comenzar un nuevo año reportando que el conflicto social armado de Colombia no disminuye sino que se transforma, no deja de doler. Mucho más cuando esa transformación incide sobre la parte más vulnerable de la población del país: los indígenas y las mujeres.

Es un libro de la periodista Colombo - Irlandesa Ana Carrigan Parga. Tuve el privilegio fortuito de presentarlo, el 9 de diciembre, en el auditorio del CINEP. Y puedo asegurarles que es un libro histórico, quiero decir, un libro que no será de buen recibo en Colombia en el próximo medio siglo. No lo será por una buena razón: los que lo pueden comprar no creen que diga la verdad, y los que saben que dice la verdad no lo pueden comprar.

Acaba de llegar a mi buzón el siguiente comunicado, de muy buena fuente:
“Familias campesinas de Remolinos del Caguán piden a la justicia colombiana la libertad de sus seres queridos y dicen no más a los montajes judiciales contra la población civil. Las comunidades campesinas…han sido objeto de múltiples violaciones a los Derechos Humanos…Continuamente vienen registrándose detenciones masivas a partir de montajes judiciales para encarcelar y estigmatizar a los campesinos que habitan las regiones de la antigua zona de despeje, con el supuesto, de que quienes las habitan están vinculados de alguna manera con la insurgencia”.