¿Qué hay detrás de las cifras?

Por: Lina Vargas

 

A sólo dos meses de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) presentaran las nuevas cifras de pobreza y de indigencia en Colombia, se desató el escándalo de los subsidios no reembolsables del programa Agro Ingreso Seguro que recibieron hijos de políticos, reinas de belleza y familias millonarias de los departamentos de Magdalena y Valle, algunas contribuyentes de las campañas del presidente Álvaro Uribe.

Según reveló la revista Cambio, el programa del Ministerio de Agricultura repartió 25.000 millones de pesos en subsidios para riego y drenaje a proyectos presentados por miembros de los clanes costeños Dávila, Lacouture, Vives y Dangond. Por ejemplo, uno de los beneficiarios es Juan Manuel Dávila Jimeno, dueño de dos fincas de 1.500 hectáreas de palma en el Magdalena, quien recibió a título personal un subsidio por 445 millones de pesos y a través de su familia cerca de 2.000 millones de pesos¹ .

Lo insólito del programa Agro Ingreso Seguro es que uno de los objetivos que llevó a su creación en 2006 fue: “Promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía”. Así lo comenta Andrés Mejía en su artículo Cacería de rentas: “En un país cuyo sector campesino muestra las profundas heridas de la pobreza, la desnutrición, la violencia, el desplazamiento y la contrarreforma armada, y donde además los recursos fiscales son escasos, resulta cuando menos insólito que un programa tan abundante en fondos termine alimentando las arcas de quienes ya son suficientemente ricos.”²

En efecto, dos meses atrás, el pasado agosto, el Dane y el DNP concluyeron que en Colombia existen 20,5 millones de pobres que corresponden al 46 por ciento de la población –44 millones– y ocho millones de indigentes que alcanzan el 17 por ciento. A esto se suman los casi cuatro millones de desplazados y el 12 por ciento de colombianos que no tiene empleo.

Las cifras de pobreza e indigencia son el resultado de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (Mesep). Un grupo conformado por expertos independientes, miembros del DNP y el Dane, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco Mundial.

Luego de dos años –2006 y 2007– de vacío estadístico sobre el tema, la Mesep estableció que entre 2005 y 2008 hubo una reducción de la pobreza de 50,3 a 46 por ciento, mientras que la indigencia o pobreza absoluta aumentó en ese mismo periodo de 15,7 a 17,8 por ciento. En las trece cabeceras consultadas, la pobreza disminuyó de 44,7 a 39,8 por ciento y en el resto del país bajó sólo dos puntos al pasar de 67 a 65,2 por ciento. Por su parte, la indigencia en cabeceras subió de 11,8 a 13,1 por ciento y en el resto tuvo un crecimiento de 27,4 a 32,6 por ciento.

Otro de los resultados de la Mesep fue el coeficiente de Gini, una medida que indica la desigualdad de los ingresos y que varía entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la igualdad absoluta y 1 a la desigualdad absoluta. En Colombia el Gini marca el 0,59, un punto por encima del 0,58 registrado en 2005.

El director de Planeación, Esteban Piedrahita, expresó su satisfacción respecto al progreso en materia de pobreza, aunque se mostró preocupado por el aumento de la indigencia que, según dijo, obedece al incremento de los precios de los alimentos en 2007 y 2008. Piedrahita señaló que al final del gobierno Uribe habría un descenso significativo de la pobreza debido a la caída de los precios de los alimentos, la recuperación del petróleo y los efectos del programa Familias en Acción.

Juan Mauricio Ramírez, subdirector del mismo organismo, estuvo de acuerdo en cuanto a los alcances de la Misión: “El balance es positivo porque logró el objetivo que pretendía: volver comparables dos metodologías distintas”, dijo. Sin embargo, duda que el Gobierno reduzca la pobreza al 35 por ciento en 2010. “Esa meta fue fijada con base en la anterior encuesta y en la anterior metodología –comenta Ramírez–. Lo primero que habría que hacer es interpretar cuál es la tasa a la que deberíamos llegar. Segundo, la economía en el último año ha sufrido una desaceleración muy fuerte. Dado eso, llegar al 35 me parece difícil.”

Por el contrario, Jorge Iván González, director del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional y miembro de la Misión, califica los resultados como escandalosos y asegura que existe una “trampa de pobreza”. Para González: “dado los altísimos crecimientos que ha tenido el país, el aumento de los precios del petróleo y la propaganda del Gobierno sobre las bondades de la política pública, uno esperaría que Colombia saliera de la trampa de pobreza. Sin embargo, no bajamos de 40 por ciento porque los modelos de desarrollo no logran romper esa trampa”.

En esa misma línea, la economista Consuelo Corredor subraya que es inaceptable que un país con el grado de desarrollo y los recursos que tiene Colombia, alcance una pobreza del 46 por ciento y una indigencia o línea de hambre del 17 por ciento. “Si según el cálculo que están haciendo, desde 2002 hasta ahora, la línea de pobreza ha bajado, pero ha subido la línea de indigencia, lo que estamos diciendo es que muchas de las personas que dejaron de ser pobres pasaron a una situación más dramática que es la indigencia”, analiza Corredor.

 

 

 

Pobre desarrollo

 

Los expertos consultados comparten la opinión de que las cifras de pobreza no marcaron un descenso significativo y muestran su preocupación ante el aumento de dos puntos porcentuales en la indigencia. También llama la atención que el crecimiento económico del país –en 2006 el PIB fue del 6,9 por ciento y en 2007 del 7,5 por ciento– no se haya traducido en una reducción sustancial de la pobreza, la indigencia y la desigualdad.

En su artículo de El Espectador, Un paso atrás de la equidad, Eduardo Sarmiento reclama que en las últimas dos décadas el ingreso de los pobres aumentó 15 por ciento mientras que el ingreso de la economía lo hizo por encima de 40 por ciento.

Sarmiento hace énfasis en el Gini de 0,59 que ubica a Colombia entre los tres países con la peor distribución de ingreso en el mundo y ofrece tres causas para explicar la situación. “El banco central autónomo constituye un freno a la producción y al empleo; el libre mercado favorece a los agentes con mejores dotaciones iniciales, como los dueños del gran capital y las personas con mayor acceso a la educación y la competencia internacional presiona los salarios por debajo de la productividad”³ .

Como Sarmiento, Corredor relaciona el tema de crecimiento con el de distribución. “La evidencia empírica ha demostrado que se puede tener altos niveles de crecimiento y sin embargo aumentar la situación de pobreza y de pobreza extrema en la medida que ese crecimiento se concentra en pocas manos”, asegura.

A esto, González agrega la falta de una industria y un sector agropecuario consolidados y subraya la importancia de que el Gobierno invierta en obras de infraestructura para generar empleo.

 

Nueva metodología

 

Según el informe Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el Caribe⁴ , elaborado por la Cepal, existen tres grandes enfoques para definir la pobreza. El primero se refiere a las múltiples dimensiones del bienestar, es decir, a la falta de ingresos de una persona o un hogar que limitan el acceso a servicios básicos y a bienes mínimos de alimentación, salud, vivienda, educación, vestimenta y transporte.

El segundo enfoque observa la pobreza como la violación a los derechos sociales y económicos de la población. Por último, la pobreza relativa es el enfoque que percibe la imposibilidad de las personas de expandir sus capacidades para relacionarse con el medio en el que viven. A su lado, están los métodos más reconocidos para medir la pobreza, el de ingresos, el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el del poder de paridad adquisitiva.

A partir de los ingresos que recibe un hogar se establece una línea de pobreza absoluta o de indigencia que indica lo que cuesta satisfacer las necesidades esenciales para cualquier sociedad. La línea varía según la moneda de cada país y se determina por el valor de una canasta básica de alimentos. “A esta se agrega el monto requerido por los hogares para satisfacer las necesidades básicas no alimentarias, a fin de calcular el valor total de la línea de pobreza”, concluye la Cepal.

El método NBI determina la incidencia de carencias básicas en la población como vivienda, agua, servicio sanitario y hacinamiento. Otra forma para medir la pobreza es la que utiliza el Banco Mundial según la cual una persona pobre recibe un ingreso mínimo de dos dólares diarios y una indigente menos de un dólar diario.

En Colombia, de 2001 al primer semestre de 2006, la información sobre los presupuestos familiares se extrajo de la Encuesta Continua de Hogares (ECH). En ese último año, el Dane decidió hacer un cambio en la consulta y creó la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Como comenta Ramírez, el Dane cometió el error de no hacer una corrida en paralelo de ambas encuestas y eso produjo el vacío de cifras en 2006 y 2007. Fue entonces cuando se reunió la Misión con el objetivo de empalmar las series de empleo, pobreza y desigualdad.

Para el caso nacional, la línea de pobreza se fijó en 6,13 dólares diarios y la de indigencia en 2,50. Esto significa que una familia de cuatro personas está en situación de pobreza si vive con menos de 1.086.000 pesos al mes y de indigencia si sus recursos mensuales no sobrepasan los 468.000 pesos.

Según González, la Mesep resolvió continuar con el método de pobreza por ingresos para evitar problemas de comparabilidad entre las series, mientras que aceptó cambios para la nueva encuesta como el número de personas y ciudades seleccionadas, el tipo de informante, la longitud del cuestionario y el ajuste de las diferentes categorías a Cuentas Nacionales. En la segunda fase, que saldrá en noviembre, se debatirá sobre la idoneidad del método usado y se hará un análisis del impacto de los programas públicos sobre la pobreza y la desigualdad.

Aun así, González puntualiza: “Al interior de la Mesep discutimos los criterios técnicos inherentes al empalme, pero no compartimos nuestra apreciaciones sobre los factores estructurales que determinan las dinámicas de pobreza y distribución.” Para el economista, los retos que planeta las cifras son: la trampa de la pobreza continúa, la indigencia aumenta, la desigualdad empeora y se intensifica la brecha urbano/rural.

 

 

País desigual

 

Precisamente, uno de los obstáculos que ha tenido la Mesep es la comparación de sus resultados con los del informe Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el Caribe. La Cepal establece que en los últimos 27 años (1980-2007), la pobreza por ingresos en las zonas urbanas de la región se ha mantenido entre 30 y 40 por ciento y la indigencia entre 10 y 15 por ciento. El promedio regional de 34,1 por ciento está doce puntos abajo del colombiano.

Mientras Ramírez sostiene que las mediciones son distintas porque la Cepal sólo tiene en cuenta la pobreza urbana y no la rural y porque las líneas de pobreza de otros países como Chile y Ecuador están por debajo de la que corresponde a Colombia –3,40 y 2,08 dólares respectivamente– otros analistas afirman que, más allá del debate técnico, no se puede desconocer que entre 2002 y 2007, la pobreza disminuyó en América Latina casi diez puntos porcentuales, cuando en el país la baja fue de apenas 7,7 puntos.

La Cepal incluye a Colombia en el grupo de países que presentan porcentajes de pobreza de alrededor del 50 por ciento, sólo por encima de Bolivia, Paraguay, Honduras y Nicaragua. Además, establece que Colombia es el país andino con mayor desigualdad por ingresos en América Latina que es, a su vez, la región del mundo con el más alto índice en esta materia. Según datos del informe, el 70 por ciento de la población nacional percibe sólo el 27 por ciento del PIB, en tanto el 30 por ciento restante recibe el 73 por ciento.

Una de las soluciones planteadas por los analistas para combatir la desigualdad es una mejor política tributaria. “Se puede llegar a un acuerdo con los empresarios: por cada empleo que generen se les disminuye impuesto de renta. Pero el Gobierno está dando zonas francas, sin exigir ninguna condición de exportación porque lo que tenemos es un proceso concentrador. Si uno mirara la riqueza, la tierra y el acceso a las acciones, el Gini no sería de 0,59 sino de 0,85 o 0,90”, asegura González.

 

¿Asistencial o integral?

 

El hecho más rescatable de las cifras presentadas por la Mesep es que son una fuente de información para el rediseño de políticas sociales. La respuesta de los gobiernos frente a la situación de pobreza y de indigencia se divide en dos líneas generales: la asistencial, en la que se focaliza a un grupo de personas que van a recibir subsidios y la de derechos, que concibe que las privaciones civiles, políticas y sociales que conlleva la pobreza son derechos universales.

La Cepal recomienda que las múltiples facetas de la pobreza en los países latinoamericanos y en sus distintas regiones, se resuelvan mediante políticas integrales. “Las propuestas –dice el informe– deben apuntar a mejorar la situación de pobreza y desigualdad, reflejo principalmente de la inequidad y la exclusión social existentes (…) en el acceso a bienes y servicios, como en las oportunidades laborales y de generación de ingresos”.

En Colombia, el Gobierno optó por una política asistencial con Familias en Acción y por un enfoque integral con la Red Juntos. El primero es un programa de la Agencia Presidencial para la Acción Social, dirigido a las familias del nivel uno del Sisbén, comunidades indígenas y en situación de desplazamiento con menores de 18 años, que entrega un apoyo monetario directo para la educación y la salud. La Red Juntos es una estrategia integral de acompañamiento que busca mejorar las condiciones de vida de familias en pobreza extrema y lograr que generen sus propios ingresos.

En palabras de Cosuelo Corredor: “estos programas no han estado orientados a tocar el núcleo duro de la pobreza, es decir, factores estructurales en la base de esa situación. Un segundo factor es el tema del desempleo. En la superación de la pobreza, si no hay oportunidades de empleo y de generación de ingresos reales no es posible que se consoliden los logros sociales ni que se dé una sostenibilidad de la política social”

González, por su parte, pone en tela de juicio la efectividad de Familias en Acción pues lo que el programa les entrega a los pobres en subsidios, el Gobierno lo quita con impuestos. Insiste que la solución no está en el asistencialismo, sino en la inversión de infraestructura para el país y en la reforma agraria. “Colombia tiene un ahorro financiero muy grande en los fondos de prevenciones de ISA y eso no se está utilizando para generar empleo porque no se proponen grandes obras de infraestructura”, señala.

La mayor desventaja de los programas asistenciales radica en que los beneficiarios de este tipo de subsidios ven al Estado como un benefactor del cual dependen y al que no deben exigir sus derechos fundamentales. En su artículo de El Espectador Pobreza, miseria y autonomía, Rodolfo Arango lo explica: “El paternalismo de Estado crea seres proclives a las dádivas oficiales que pasan a depender de ellas. Sus miembros caen en la trampa del clientelismo por sus necesidades y carencias vitales. ¿Cómo no votar por el benefactor para mantener sus favores?”⁵

En medio de la tormenta de los millonarios subsidios de Agro Ingreso Seguro a familias que no los merecen, 20 millones de colombianos continúan en la pobreza y ocho en la indigencia. Todos esperan por un Estado Social de Derecho que los atienda no sólo con subsidios, sino con programas de salud, vivienda y educación, con generación de empleo digno y condiciones de trabajo justas y con un sistema tributario y agrario equitativo.

 

 

___________________________

¹La información está en los artículos de la revista Cambio: “Riego de dineros públicos”, septiembre 24 de 2009. Samper, María Elvira, “Regalar, regalar y regalar”, octubre 1 de 2009 y “Operación Magdalena”, octubre 8 de 2009.

²Mejía Vergnaud, Andrés, “Cacería de rentas”, Cambio, octubre 1 de 2009.

³Sarmiento, Eduardo, “Un paso atrás de la equidad” en El Espectador, agosto 30 de 2009.

⁴Jordán, Ricardo y Martínez Rodrigo, “Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el Caribe. Situación actual y financiamiento de políticas y programas. ONU, Cepal y Corporación Andina de Fomento (CAF).

⁵Arango, Rodolfo, “Pobreza, miseria y autonomía”, en El Espectador, agosto 27 de 2009.