Siete años del Presidente Uribe: ¿Qué balance podemos hacer?

► Índice Cien días No 67

Por: Mauricio García Durán, S.J.
        Director del CINEP

Se han completado siete años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con ello entramos en la recta final de su segundo mandato. Nos encontramos ya en el proceso preelectoral que debe llevar a elegir un nuevo Presidente de los colombianos y las colombianas en mayo de 2010 y éste ha estado condicionado con la eventualidad de una nueva reelección del presidente Uribe. En una coyuntura política como ésta, se plantea la necesidad de evaluaciones más a fondo de lo que ha sido la gestión del actual Gobierno, de sus resultados y de sus fallas, como prerrequisito para responder de manera responsable a la pregunta de si es pertinente un periodo más de la seguridad democrática o si, por el contrario, le conviene más al país un cambio de rumbo.

Tanto el presidente Uribe como el círculo que lo rodea no se cansan de insistir en los grandes logros alcanzados por esta administración en sus dos periodos. Sin embargo, cada día son más las voces críticas sobre distintos aspectos de la actual gestión gubernamental, incluso en sectores sociales y personajes que votaron por el presidente Uribe y apoyaron su gestión de gobierno en su primer periodo y parte del segundo. No en vano se levantan estas voces críticas. Si la perspectiva con que se consideran estos siete años de gobierno es hasta dónde han contribuido a consolidar el Estado Social de Derecho y la democracia colombiana, es decir, hasta dónde han permitido un país más justo, participativo e inclusivo, es necesario decir que surgen serios interrogantes cuando se hace un análisis honesto, riguroso y detallado de la situación del país. Este número de Cien Días considera algunas dinámicas de la actual coyuntura política, que ponen de presente los problemas que muestra la administración Uribe. De hecho, los tres fundamentos de su gestión (seguridad democrática, confianza inversionista y cohesión social), no aparecen tan claros cuando se los mira de cerca, por el contrario, muestran profundos vacíos y problemas.

En primer lugar, si miramos el tema de seguridad, no es claro que la política de seguridad democrática haya resuelto estructuralmente el gran reto que se le ha planteado al país a este nivel, antes bien, se percibe un agotamiento de la política. No obstante los esfuerzos y la inversión realizados, se constata la continuidad del conflicto armado y del narcotráfico: una guerrilla golpeada y replegada pero todavía existente; un fenómeno paramilitar que a pesar de la desmovilización continúa y crece de nuevo; infracciones a los Derechos Humanos por parte de la fuerza pública, dentro de los cuales se destacan los ‘falsos positivos’; la extensión de los cultivos de coca y amapola que no disminuyen, no obstante las amplias campañas de erradicación. Por otro lado, se hacen cada día más evidentes los vacíos que tiene la política: no hay estrategias para hacer frente a los problemas estructurales que subyacen al conflicto, como el tema de la distribución de la tierra, que las políticas del actual Gobierno no han hecho sino agravar; la ausencia de una estrategia de seguridad urbana, como se puede percibir en los crecientes niveles de inseguridad en las ciudades y en los “mecanismos” que se suscitan para hacerle frente como las amenazas, los panfletos y la "limpieza social"; los mecanismos establecidos por la Ley de Justicia y Paz se muestran altamente limitados para dar justicia y reparación a las víctimas, particularmente de sectores como los indígenas; no hay una real estrategia de paz que permita avanzar en la realización de acuerdos humanitarios y en la búsqueda de una salida negociada del conflicto armado.

En segundo lugar, en cuanto a la confianza inversionista, es claro que ha sido una política que favorece sin ninguna consideración social y del bien común los intereses de los grandes industriales, incluida la inversión extranjera, como bien se puede constatar en los incentivos tributarios que se les han dado, que hoy se reflejan en el alto déficit fiscal y en la ausencia de recursos aún para financiar la Seguridad Democrática. Sin embargo, la ‘otra cara de la moneda’ son los problemas sociales que se generan con ello, como ha podido constatarse en el aumento sostenido de la protesta social. Uno de estos problemas es sin lugar a dudas el aumento del desempleo y del trabajo informal, otro flagelo que afecta la calidad de vida de millones de colombianos, sin que exista una política gubernamental clara para responder a ello, equiparable a la que tiene con el sector empresarial.

Finalmente, la cohesión social la ha entendido el actual Gobierno como la unidad en torno a la imagen del presidente Uribe, que se mide por los resultados de las encuestas, resultados que no siempre expresan el país real de los cuatro millones de desplazados y de la creciente protesta social. Todo lo que huela a oposición o a una perspectiva diferente a la del Presidente debe ser controlado, como se hizo con las operaciones ilegales del DAS, o descalificando radicalmente a las voces críticas, como se ha visto hacer en tantas ocasiones a los altos funcionarios del Gobierno, incluido el mismo Presidente. Por otra parte, se avanza en esta “cohesión social” tratando de cooptar las otras instancias del Estado a favor del proyecto reeleccionista, como se ha visto en gran medida en el manejo del ejecutivo, en las nominaciones para la Corte Constitucional y ahora en la terna que el Presidente presentó para nuevo fiscal, con candidatos que difícilmente podrán mostrar autonomía ante el poder ejecutivo.

Ante una situación como esta, es importante considerar las alternativas. Por eso Cien Días buscará presentar en este número y en los que siguen hasta mayo del año entrante, las alternativas que los candidatos presidenciales más importantes están planteando sobre temas críticos como el conflicto armado, la paz y los acuerdos humanitarios, la continuidad del fenómeno paramilitar, la justicia y la reparación para las víctimas, las ejecuciones extrajudiciales y los ‘falsos positivos’ y las garantías para la oposición. En esta oportunidad tenemos las voces de Rafael Pardo, Carlos Gaviria y Fernando Araujo. Tener claridad sobre lo que está realmente en juego en las próximas elecciones es un deber que tenemos todos los colombianos y las colombianas antes de depositar nuestro voto.