La otra culebra sigue viva

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Por: Álvaro Delgado¹

No sólo la "culebra" de las Farc sigue viva. La del desempleo y el trabajo informal también afecta la calidad de vida de millones de colombianos.

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Del total de 4.317 luchas sociales cumplidas en el curso de los seis años y medio de mandato del presidente Álvaro Uribe, 814 –el 18,8 por ciento– fueron protagonizadas por los asalariados, que constituyeron la segunda fuerza, después de la población urbana. Los sindicatos, a su vez, fueron el primer sujeto convocante de las movilizaciones. De esas 814 acciones, apenas el 9,7 por ciento estuvo vinculado a lo estrictamente laboral, es decir, a la defensa de pliegos de peticiones elevados a las empresas. Más de la mitad –un 51,8 por ciento– se presentaron por violaciones de normas legales o convencionales y el 27,8 por ciento se dirigieron contra las políticas sociales y las violaciones de derechos adelantadas por el Gobierno y movilizaron el mayor volumen de fuerza de trabajo. El desempleo creciente y la violencia fueron los factores que provocaron principalmente la protesta pública de los trabajadores.

Al hablar de desempleo es necesario resaltar el daño que ha causado la reforma laboral del presidente Uribe: la ley 789 de 2002, ideada supuestamente para crear 640.000 nuevos empleos en los cuatro años siguientes a su expedición. Pero no ha sido así, lo que permite afirmar que la "culebra uribista" de la desocupación, como la de las Farc, sigue viva. Uribe recibió una tasa de desempleo de 14,2 por ciento en 2002 y en el primer trimestre de 2009 aún estaba por encima del 12 por ciento. Hace dos años la dirección nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) estimó que “los empresarios han visto incrementadas sus utilidades en siete billones de pesos sólo por efecto de la ley 789”.²

La encuesta social de Fedesarrollo realizada en 2008 a 4.506 hogares de trece ciudades de Colombia, encontró un alarmante crecimiento de la informalidad en el empleo, que sólo en Bogotá subió del 31 a 34 por ciento. En 2007, alrededor del 14 por ciento de los asalariados pasó a realizar labores por cuenta propia, la mayoría por despido o por no disponer de otra alternativa. Incluso en el sector privado el 33 por ciento del personal no tiene acceso a cesantías o primas. Sólo el 1 por ciento de los asalariados informales está afiliado a cajas de compensación familiar. El empleo por cuenta propia subió del 28 por ciento en 1998 al 32 por ciento en 2006 y el salario real de estos trabajadores cayó de 663.282 a 525.245 pesos. Entre 1998 y 2008 los informales pasaron de 3,6 millones a 5,2 millones. Hay 2,8 millones de trabajadores que ganan menos del salario mínimo establecido por ley.³

La mesa de concertación tripartita compuesta por centrales obreras, Gobierno y empresarios, se reunió el pasado mayo para encontrar soluciones al problema del desempleo. Con ésta, han sido cuatro los encuentros de ese tipo que no obtienen avances. Ricardo Bonilla, profesor de la Universidad Nacional, afirma que los 14 millones de trabajadores que había en 1994 pasaron a ser 18 millones en 2008, de los cuales 9 millones eran asalariados y los restantes siete lo hacían por cuenta propia. “De cada cuatro puestos de trabajo nuevos, tres fueron para trabajadores por cuenta propia y uno para asalariados”, explica Bonilla.

¿Por qué en los quince años corridos no se contrató más asalariados? Porque “los empresarios empezaron a cambiar las modalidades de contratación con el fin de no pagar parafiscales, cesantías, primas o seguridad social”: implantaron masivamente las Cooperativas de Trabajo Asociado. “Eso es lo que descubrió la encuesta social de Fedesarrollo (…) Desde hace años se viene diciendo que los empresarios le hicieron conejo al país con las reformas laborales, las cuales fracasaron porque solo sirvieron para reducir costos pero no para contratar más gente”^.4

Ya en octubre de 2007 el entonces Procurador General, Edgardo Maya, solicitó al Gobierno derogar la ley 789, que a su vez había sido demandada por la CUT meses atrás. La Central alegó que el articulado de dicha ley violaba la Constitución Política de 1991, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo que respecta a la jornada de trabajo y terminación del contrato sin causa justa.

Según estimó Maya: “la ley 789 disminuyó la calidad de vida de los trabajadores por el desconocimiento de mínimos reconocidos por las normas que derogó, tales como las horas extra, el recargo nocturno y la remuneración triple por labores en festivos y domingos”⁵. Por su parte, el vicepresidente de la CUT, Fabio Arias, sostuvo que “La ampliación de la jornada laboral diurna hasta las 10 de la noche y la reducción en el costo de los horas extras diurnas y nocturnas y de los dominicales y festivos les han significado a los trabajadores pérdidas superiores a los 2,1 billones de pesos”.⁶

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La determinación de Gobierno y empresarios de sostener la ley 789 contra viento y marea tiene varias explicaciones. Una de ellas la da Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif: “actualmente cerca del 60 por ciento del sector empresarial elude los parafiscales y se está quedando sin seguridad social”⁷. El informe “Investigación nacional de salarios y beneficios” realizado en 2007 por la Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y de Personal, Acrip, sobre 375 empresas –150 de Bogotá y 19 de Antioquia– expone que el 36 por ciento de las compañías analizadas usa bonos como compensación salarial. Incluso el personal de operarios recibe en bonos el 8,1 por ciento de su salario. Los altos cargos perciben tres sueldos adicionales al año, los medios 1,5 y los bajos uno. La contratación que más crece es la temporal y precaria. Las agencias de servicios temporales copan el 21 por ciento de los contratos de trabajo y el outsourcing o contrato de servicios, se apodera del 17 por ciento. Cifras que permiten deducir lo beneficioso que resulta el empleo temporal y la flexibilización de los contratos para los dueños de las empresas y que de allí proviene su apoyo irrestricto a Álvaro Uribe.⁸

El economista Hugo López reveló que la evasión del salario mínimo en Colombia es la más alta de América Latina, después de Nicaragua. “En el área rural el salario mínimo es un rey de burlas”, sostuvo el investigador.⁹ Por su parte, Mauricio Cárdenas, ex director de Fedesarrollo, afirmó en la versión 44 de la Asamblea de Confecámaras que 5,6 millones de trabajadores colombianos reciben medio salario mínimo y están por fuera del sistema de seguridad social. Además, el 28 por ciento de los ocupados devenga menos de 242.000 pesos mensuales y las dos terceras partes de los asalariados no hacen aportes para salud y pensión¹⁰. En noviembre de 2007, en vísperas de la negociación del salario mínimo para 2008, el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de Los Andes, reveló que el mayor nivel de competitividad del los países se ha conseguido a costa de “menores costos laborales, particularmente en Latinoamérica desde comienzos de los noventa”.¹¹

El desastre queda a la vista. Así lo describe el editorial que publicó El Espectador el pasado primero de mayo: “Actualmente existen 2,5 millones de desempleados. Colombia tiene la mayor tasa de desempleo de las siete economías grandes de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Y tiene también una de las mayores tasas de informalidad laboral de toda Latinoamérica (...) Es un problema estructural que se ha exacerbado durante los últimos años como consecuencia de una serie de políticas equivocadas (...) Recientemente este Gobierno convirtió a la inversión en el fin último de la política económica. Creó, por ejemplo, una gran cantidad de incentivos fiscales a la inversión con el supuesto de que los empleos vendrían por añadidura. Pero los empleos nunca llegaron (...) El Ministerio de la Protección Social no ha presentado una sola iniciativa coherente para hacer frente al aumento del desempleo”.¹²

Unas cifras alarmantes que ponen en evidencia la existencia de otro flagelo que, paralelo a la violencia, permea y desestabiliza la estructura del país. Dadas las condiciones laborales y las estadísticas sobre desempleo, no es extraño que los asalariados hayan acudido a la protesta social en la forma como lo han hecho en tiempos recientes.

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¹ Investigador del CINEP
²El País, 24 de julio, 2007, p. 10.
³ La República, 15 de mayo, 2009, p. 12-A y El Espectador, 16 de mayo, 2009, p.9.
⁴La República, 21 de mayo, 2009, p. 1B.
⁵El Tiempo, 18 de octubre, 2007.
⁶El Tiempo, 19 de octubre, 2007, p. 1-7.
⁷La República, 7 de diciembre, 2007, p. 3-A.
⁸La República, 2 de agosto, 2007, p. 10-A.
⁹El Colombiano, 28 de octubre, 2007, p. 17-A.
¹⁰El Nuevo Siglo, 8 de noviembre, 2007, p. A-22.
¹¹La República, 7 de noviembre, 2007, p. 1B.
¹²El Espectador, 1 de mayo, 2009, editorial.