Paz sostenible. La justa proporción

Lo prometido es deuda. Volvamos, pues, sobre el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a mirar sus recomendaciones que me atreví a llamar canto a la bandera, porque había leído su introducción: “La Alta Comisionada reitera todas sus recomendaciones anteriores que no han sido implementadas, o que sólo lo han sido parcialmente ”.

En realidad, recomienda lo que hay que recomendar: “aceptar y acatar en su integridad el derecho internacional humanitario”. Parece que ella supone, como debe, que en Colombia, fuera de la guerra, se acepta el derecho. ¡Error! El origen de nuestra guerra es la violación durable y sostenible de todos los derechos. Por esa razón nuestra guerra también es durable y sostenible. Se acepta el derecho de labios para afuera. Hay muchas leyes y códigos y tribunales y jueces y millones de abogados. Muchísimos, demasiados profesionales del derecho. Pero no vivimos en un “estado de derecho” porque mantener más del 60% de la población en la pobreza y la miseria no es propiamente un derecho sino un revés. Un revés social enorme. Esos millones de abogados están, casi todos, al servicio de ese revés, a sueldo o por cuenta propia, de lo contrario la exasperación sería más general y más fuerte. Nuestros picapleitos son los zapateros de la esperanza. Los pocos que no se han vendido se frustran pensando o litigando como Sísifo: cada noche se les devuelve el caso, porque hay un Hado Político instalado en lo alto de este empíreo de la desigualdad que logra que ‘a los pobres nunca les toque’ ganar un caso. Es una tragedia que no se pueda demostrar con estadísticas esta segura intuición, porque se perecería en el intento, de lo cual hay a diario indicios y pruebas. Este método de borrar huellas se autodenomina criminalidad común, pero en el lenguaje común se les ha llamado Triple A. Historias a un tiempo horrendas y desgarradoras.

Las recomendaciones segunda, tercera y cuarta de la Alta Comisionada, sirven de implícita demostración al párrafo precedente, porque se refieren a las ejecuciones extrajudiciales. Quienes han seguido el debate, que es uno de los de moda, recordarán el infame nombre de “falsos positivos”, lo mucho que oculta y lo mucho más que revela. No pretendo insistir cansonamente en los números, me cansé de hacerlo. Pero vale la pena ver cómo juega eso en un mal llamado estado de derecho, ya que allí confluyen la crisis de la fuerza pública, la impostura del gobierno, la perfidia de los jueces y el talento, incomparable, imbatible, de nuestros juristas y nuestros dirigentes para burlarse del derecho y aumentar el revés.

La crisis de la fuerza pública no es independiente de la impostura del gobierno. Y esas dos están en correlación positiva directa con la descomposición del sistema de justicia.
Por eso la tercera recomendación que va para la Fiscalía General de la Nación y la cuarta para la Procuraduría General de la Nación suenan huecas mientras el sistema no sea reparado con seriedad y pericia. El agresivo pulso entre gobierno y cortes deja entrever a qué se puede reducir esa urgente reparación por el momento: nada de nada.

Para terminar, la Comisionada recomienda realizar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales siguen a la espera. Ahí da en el blanco, porque esa es la manzana de la discordia. Los tales objetivos presuponen una reforma en varios frentes sociales, algunos de ellos con profundidad. Y aquí encontramos de nuevo el ingenio gatopardiano de nuestras clases “privilegiadas” para reformar tanto tanto que no vaya a cambiar nada. Un estudio del Congreso colombiano podría sustentar esta apreciación, que un colega llamó, con gran perspicacia, “liberalismo por accidente”, o sea, la capacidad de manejar las justas proporciones de corrupción y de leguleyismo que neutralizan a cualquier potencial reformador, sin paralizar del todo la apariencia de república presidencial que importaron los “padres, hijos y nietos de la patria”. Como sucede con muchos productos importados, les vendieron el producto pero no les garantizaron el servicio. De los cien años de guerra que necesitaron los europeos para diseñar el modelo, nos faltan todavía cincuenta, aun descontando los mil días ya usados para centralizar un poder inocuo que facilita una justa proporción de injusticia. No hay que perder la esperanza.

Alejandro Angulo, S.J.

1 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia (Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008), n. 98, www.hchr.org.co