Pueblos indígenas, control territorial y desarrollo. El caso de la Sierra Nevada de Santa Marta

► Índice Cien días No 66

Por: Liliana Munera¹

El presente artículo se propone presentar y problematizar el proyecto “Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada de Santa Marta”, como expresión de la estrategia de control cívico militar del territorio, en el marco de la política de defensa y seguridad democrática. Esta “recuperación social del territorio” constituye, a partir del 2004, la respuesta gubernamental para superar la crisis humanitaria de la Sierra. El Proyecto contempla la construcción de un conjunto de nueve poblados indígenas en la región. El primer y segundo de estos pueblos talanquera, como se conoce la iniciativa, fueron inaugurados entre abril del 2007 y julio del 2008, y los siguientes cuatro entre diciembre de 2008 y marzo de 2009.

Esta política del Gobierno, por algunos calificada como indigenista, discurre paralela a la implementación de la Agenda de Competitividad del Caribe, que avanza en la implementación de megaproyectos de infraestructura (puertos, represas y vías) y de explotación de recursos hídricos, ambientales, agroindustriales y turísticos. Potenciar este desarrollo requiere garantizar la inversión a través de la seguridad y poner al servicio de la lógica económica y territorial del gobierno estos asentamientos. Aunque en los acuerdos entre el Gobierno y los pueblos indígenas de la región se explicita que la estrategia de los Pueblos Talanquera no pretende: “a) Estimular o propiciar el turismo, b) Construir en dichos pueblos bases militares o de policía, c) Darle viabilidad o exploración de proyectos de desarrollo u otro interés que atenten contra la integridad territorial y cultural de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada”² , en la práctica el manejo de estos relevantes temas reafirma predicciones contrarias a estas limitantes.

Antecedentes

Desde el año 2004 el gobierno de Álvaro Uribe, a través de la entonces Alta Consejería para la Acción Social y el Despacho del Comisionado de Paz, inició la estrategia de intervención territorial para superar la crisis humanitaria de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta crisis fue divulgada por la Comisión de Observación de la Situación de Derechos Humanos, que recorrió la zona en noviembre de 2003, y estuvo conformada por delegados de Naciones Unidas, el Secretariado Nacional de Pastoral Social y la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de una de las exigencias del ELN para la liberación de los siete extranjeros secuestrados en Ciudad Perdida el 12 de septiembre de ese año.

La situación humanitaria de las comunidades indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaca y Kankuama y de los colonos que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, provenientes de los departamentos de Santander, Boyacá, Tolima y Antioquia, fue presentada por la Comisión como "una grave y masiva violación de los derechos humanos, la sistemática infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario de los actores armados del conflicto y la falta de presencia real y efectiva del Estado". El informe también alertaba respecto al cerco al que estaban sometidos los habitantes de la zona, debido a la presión de las guerrillas, las autodefensas y los grupos de justicia privada³ .

Este diagnóstico institucional sirvió de base para desplegar la “recuperación social del territorio” en una región dónde además se presentaban las siguientes variables: “reciente presencia militar, escasa o nula presencia de programas estatales, alto valor estratégico para la Presidencia de la República e intereses de la comunidad internacional”⁴ . En efecto, el Batallón de Alta Montaña No.6 fue inaugurado el 26 de diciembre de 2004, como parte de esta estrategia. Su puesta en marcha, planeada y anunciada meses atrás, parecía una respuesta inmediata al asesinato de una autoridad tradicional –el mamo Arhuaco Mariano Suárez–, cometido por las Farc el 6 de noviembre, en un asentamiento ubicado en jurisdicción del municipio de Aracataca.
El riesgo de que se presentaran agresiones de este tipo hacia las comunidades del resguardo indígena en este municipio y el de Fundación, en el departamento del Magdalena, había sido alertado por la Defensoría del Pueblo. Desde ese entonces la Defensoría recomendaba que se adoptaran acciones de prevención y protección que hoy siguen vigentes, aunque nunca fueron aplicadas en su integralidad. Estas medidas eran: la concertación de un plan de protección con las autoridades arhuacas que les permitiera ejercer libremente su autonomía territorial; la adopción de medidas conjuntas entre la Fuerza Pública y las instituciones del orden nacional, regional y local para emprender acciones a favor de la población indígena y campesina; la promoción de escenarios de concertación con las autoridades tradicionales y líderes indígenas en lo relacionado con el establecimiento del Batallón de Alta Montaña; y, el desarrollo de las investigaciones pertinentes para esclarecer las denuncias presentadas por las comunidades del pueblo Arhuaco sobre las actuaciones de miembros de la Fuerza Pública⁵ . Las denuncias contra el Ejército por falsos positivos, abusos sexuales, robos y profanación de sitios sagrados, entre otras, se siguen produciendo⁶ .

Dos años después, en abril del 2007, fue inaugurado el pueblo llamado Gunmaku, en un acto que fue acompañado, como ya era normal en la región, por una de las acciones cívico militares del Ejército. En el discurso gubernamental, difundido por los medios de comunicación, se apropiaba el deseo del mamo Mariano Suárez de “que los indígenas de la Sierra Nevada tuvieran un sitio a donde llegar a refugiarse de la guerra entre paramilitares, guerrilla y ejército”⁷ .

Apenas 4 días después de la inauguración, más de 300 indígenas de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada, Koguis, Wiwas, Arhuacos y Kankuamos, se tomaron las instalaciones del Puerto Brisa, ubicado en las playas del municipio de Dibulla, en el lugar sagrado en el que tradicionalmente han realizado actividades espirituales y recolectado conchas para la producción de la cal que consumen con la coca. Denunciaban que no se había realizado la consulta previa que correspondía por ley, y que la decisión de expedir la licencia ambiental para su construcción iba en contravía de los acuerdos establecidos con el gobierno nacional en un proceso de concertación sobre el ordenamiento territorial de más de 10 años⁸ .

El 18 de julio de 2008 se inauguró el segundo pueblo indígena, cerca del Puerto Brisa, en el mismo municipio de la Guajira. Apenas dos meses y medio antes el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la resolución No. 0697 del 30 de abril de 2008, había levantado la medida preventiva impuesta a la empresa constructora, que le obligó a parar las obras desde octubre del 2006, por el daño causado al manglar con la remoción de un cerro que los indígenas consideran sagrado y porque no se había concertado con las comunidades el acceso a este lugar. La comunidad campesina interpretaba que Dumingueka – el nuevo pueblo talanquera – era el producto de la aprobación del puerto por parte de los indígenas, que habría permitido la continuación de las obras.

Una movilización similar adelantaron miembros del pueblo Wiwa, en julio de ese año, en las instalaciones de la Represa El Cercado, sobre el Río Ranchería, cuyas obras siguen avanzando sin que tampoco se cumpliera el trámite de la consulta previa en los términos establecidos por la jurisprudencia colombiana. Al igual que el puerto de Dibulla, la represa del Ranchería está ubicada en la zona delimitada por los indígenas como área de ampliación de los resguardos, por corresponder a su territorio ancestral reconocido a través de la resolución 837 de 1995 del Ministerio del Interior. Los Wiwa han denunciado vínculos entre el desarrollo de este proyecto y los asesinatos, desapariciones, destrucción y desplazamiento de las comunidades de Potrerito, La Laguna y el Limón, en jurisdicción de San Juan del Cesar y Riohacha, por parte de los paramilitares, que desestructuraron el tejido social y el liderazgo Wiwa para participar activamente en la definición de uso y manejo del territorio⁹ .

El cordón ambiental

A partir de la firma en noviembre de 2007 del acuerdo de entendimiento para conformar el Cordón Ambiental y Tradicional de la Sierra Nevada, se difunde su objetivo principal, cual es el de preservar sus partes altas, su flora, su fauna y los picos nevados Bolívar y Colón. Producción de agua y sostenibilidad ambiental se integran así al discurso institucional. El descenso de los indígenas que habitan las partes altas de las cuencas, a los pueblos talanquera en las estribaciones del macizo, permitirá reducir la presión ambiental en estas zonas¹⁰ . Así se condensan en un solo discurso la seguridad democrática, la protección ambiental y los derechos territoriales de los indígenas, como se evidenció el pasado 19 de marzo en la inauguración de Kankawarrua y Kantinurua, en las cuencas de los ríos Fundación y Ariguaní respectivamente, en el departamento del Magdalena.

Sectores indígenas de la región han planteado críticas a este proyecto, que parece aislar a los indígenas de la Sierra Nevada (a excepción de los Kankuamos, estrechamente vinculados a la estructura de la Organización Nacional Indígena) del movimiento indígena y social, que en el Cauca y otras regiones del país denuncia la criminalización de la defensa de sus tierras y el desplazamiento y asesinato de comunidades para viabilizar megaproyectos de estas características. Incluso, rechazan radicalmente la manera en que los pueblos talanquera constituirían un símbolo de la pacificación de la región. Estos se ubican en los diferentes puntos de las estribaciones de la Sierra en que la guerrilla (zona rural de Ciénaga) y sobretodo los paramilitares (zona rural de Valledupar, Fundación, Dibulla, etc.) violaron numerosos derechos fundamentales; entre éstos, el de la vida de indígenas y campesinos. Muchos de estos campesinos huyeron en los éxodos masivos más grandes del país entre el 2000 y el 2003, así como comunidades enteras wiwas y kankuamas.

En la inauguración de los últimos pueblos el Presidente resaltó la alianza entre indígenas y campesinos impulsada con el Cordón Ambiental y al referirse a la ampliación del territorio indígena, en lo que corresponde a la franja entre el límite actual de los resguardos y el cordón ambiental, habitada por campesinos, dijo no querer generar expectativas entre los indígenas ni incertidumbre en los campesinos.
El director de Acción Social, destacó que la política de seguridad democrática y el trabajo de “los soldados y policías de la patria” había permitido que la Sierra reviviera de las cenizas del abandono total del Estado y la acción de los grupos armados, y exaltó las riquezas de la región: el boom turístico de Ciudad Perdida, el escenario intercultural en que se constituye la Sierra y sobretodo sus estribaciones y los pueblos, que se han convertido en espacio fundamental de convivencia entre campesinos e indígenas donde los grupos armados ejercieron el terror. Hizo énfasis en la posibilidad de implementar un turismo organizado y no destructor, y anunció la suscripción de un convenio de 9 millones de dólares entre la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (AID) y el Sistema de Parques Nacionales para trabajar con las comunidades buscando el desarrollo sostenible en seis parques naturales, incluyendo la Sierra Nevada.
Estos explícitos intereses del Gobierno se vienen imponiendo por encima de cualquier acuerdo establecido con los indígenas o con otras comunidades. Además, sigue ausente del diagnóstico gubernamental lo relativo a la situación de violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Sin embargo, tal vinculación la ha identificado incluso la Corte Constitucional, que en el auto 004, proferido en el 2009, señala como causa del desplazamiento de las comunidades indígenas “los procesos territoriales y socioeconómicos conexos al conflicto armado interno que afectan sus territorios tradicionales y sus culturas”.

Los pueblos indígenas de la Sierra Nevada se han movilizado contra la construcción inconsulta y violenta de los megaproyectos, y han agenciado un conjunto de estrategias jurídicas y políticas en la negociación sobre el ordenamiento territorial de la región. Una de estas es el proyecto Cordón Ambiental y Tradicional, impulsado por un sector del pueblo Arhuaco que logró el respaldo del Consejo Territorial de Cabildos integrado por los gobernadores de los cabildos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, dentro de la perspectiva de avanzar en la consolidación territorial indígena de la región.
Sin embargo, paralelo a este interés, se ejerce un control cívico militar de hecho por parte del Ejército y el Centro de Coordinación y Acción Integral de Acción Social. Esta intervención, como se ha evidenciado, plantea la integración de estas zonas, en las estribaciones de la Sierra, a las lógicas políticas y económicas regionales, en particular a la del turismo, que podría imponerse en unas condiciones que no contribuyan a fortalecer la autonomía indígena. Allí, el reto de estos pueblos consiste en avanzar en sus reivindicaciones históricas por su cultura, autonomía y territorio, sin ser funcionales a esta estrategia de recuperación social que les genera diversos riesgos, entre ellos el de ser percibidos como aliados de una de las partes del conflicto, que sigue vigente en la región, como lo ha alertado la Defensoría del Pueblo en un reciente informe sobre la “reorganización de grupos armados ilegales post desmovilizados de las AUC en el piedemonte de la Sierra”.

Bibliografía

Alta Consejería para la Acción Social. 2004. Informe de las acciones adelantadas y priorizadas por el estado para superar la crisis humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta (Enero – Julio).

Alta Consejería para la Acción Social, Organizaciones Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. 2007. Acuerdo de entendimiento: Para hermanar esfuerzos que permitan de manera concertada, eficaz y rápida, la conformación del cordón ambiental y tradicional de la Sierra Nevada. 23 de Noviembre.

Alta Consejería para la Acción Social. 2008. El cordón ambiental de la Sierra Nevada de Santa Marta ya cuenta con dos pueblos más. Bogotá, 18 de diciembre.
El Tiempo.com. Nación. “Puerto Brisa afectaría sitio sagrado, aseguran indígenas de la Sierra Nevada”. Riohacha. Abril 21 de 2007.

Colectivo de abogados José Alvear Restrepo. 2008. “Militares condenados por falso positivo en la sierra nevada de santa marta”. 23 de abril.
Defensoría del Pueblo, Secretariado Nacional de Pastoral Social. 2003. Informe de la Comisión de Observación de la Crisis Humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta. Noviembre.

Defensoría del Pueblo. Sistema de Alertas Tempranas. 2009. Informe de Riesgo 004. 6 de Marzo.

El Espectador.com. En Atánquez comenzó 2009 en tragedia. Indígenas kankuamos son objeto de un nuevo atentado. Bogotá, 1 de enero de 2009.
El Tiempo.com Hoy nace Gunmaku, el pueblo que soñaron los Arhuacos. 14 de abril de 2007.

El Tiempo.com. Investigan caso de indígenas heridos en operativo militar. 6 de agosto de 2008.

Ministerio de Ambiente, Vivenda y Desarrollo Territorial. Resolución No. 0697 del 30 de abril de 2008.

Resguardo Kogui–Malayo–Arhuaco. 2007. La represa el Cercado afecta a los Wiwas. En Actualidad Étnica. Fundación Hemera. 24 de julio.
Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. 2004. El mapa del conflicto armado en la Sierra Nevada. Informe de Riesgo 012. Marzo.

Corte Constitucional.2009. Sala Segunda de Revisión. Auto 004. 29 de enero.

___________________________________________

¹ Antropóloga- Investigadora Programa por la Paz -CINEP
² Alta Consejería para la Acción Social, Organizaciones Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Gunmaku, 2007, p.1
³ Defensoría del Pueblo, Secretariado Nacional de Pastoral Social. 2003. Bogotá, p. 17, 18
⁴ Alta Consejería para la Acción Social. Bogotá, 2004, p. 2
⁵  Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Bogota, 2004, p. 5
⁶ El Tiempo.com. 23 de abril de 2008. El Espectador.com.1 de enero de 2009
⁷ El Tiempo.com. 14 de abril de 2007.
⁸ Paola Benjumea. El Tiempo.com. Nación. Abril 21 de 2007.
⁹ Resguardo Kogui–Malayo–Arhuaco. Periódico Actualidad Étnica. 24 de julio de 2007
¹⁰ Alta Consejería para la Acción Social. Bogotá, 18 de diciembre de 2008.