El Gobierno creó el Programa Mujer Rural para evitar la exclusión que sufren las mujeres campesinas, que representan el 47 % del campo colombiano. Cuatro propuestas para que prospere.


Por Javier Lautaro Medina*

El Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia Rural, Razones para la Esperanza, ha mostrado que las mujeres campesinas de nuestro país soportan una triple exclusión: por pertenecer al campo; por ser mujeres, y finalmente, por el impacto desproporcionado de la violencia hacia ellas (PNUD, 2011b).

Un conjunto de discriminaciones que construyen un panorama crítico para las mujeres rurales, en un contexto en el que las políticas públicas han estado orientadas a programas de satisfacción de necesidades básicas y de generación de ingresos, pero no a corregir los factores que condicionan la situación de subordinación de este grupo (PNUD, 2011b, págs. 65-66).

En contraposición a esa realidad, estas mujeres tienen un alto nivel organizativo, que les ha permitido movilizarse y hacer propuestas de política pública, por ejemplo, al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. No son, además una población pequeña. De acuerdo con el Censo del 2005, las mujeres representan el 47,5 % de toda la población campesina y apenas el 30 por ciento de ellas tiene trabajo.

Con el actual gobierno se han formulado y empezado a aplicar políticas y programas que están dirigidos al mundo rural. La política de víctimas y restitución de tierras se constituye en la principal estrategia para afrontar los problemas derivados del despojo de tierras y la vulneración de derechos del sector campesino. Esta política, que significa un gran avance en cuanto al reconocimiento de la existencia de un problema en el campo, se desenvuelve en medio de un sinnúmero de conflictos ambientales y sociales sobre la tierra y los modelos de desarrollo, que no harán sencilla su implementación.

En cuanto a las mujeres campesinas, el Gobierno Nacional creó el Programa Mujer Rural , que tiene un presupuesto de 4 mil millones de pesos anuales. Y tiene como objetivos la transversalización del tema de género en las políticas públicas del sector agropecuario; el estímulo a las iniciativas empresariales de la mujer rural a través de asistencia técnica, capital semilla, capacitación, acceso a servicios financieros y rutas de comercialización; el mejoramiento de su acceso a los programas institucionales del sector; y la promoción de empoderamiento de la mujer rural, por medio del fortalecimiento de las redes y asociaciones de mujeres rurales. Además, la Ley 1448 de 2011, de Víctimas y Restitución de Tierras, contempla medidas preferenciales de acceso para las mujeres víctimas del despojo y las madres cabeza de familia, en los procesos de restitución de tierras.

Como se puede ver, existe un interés explícito en la generación de políticas públicas para las mujeres rurales. Sin embargo, para la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas, aunque el Programa reconoce las problemáticas y el importante papel de las campesinas en la producción de alimentos y en la economía del país, no cuenta con el presupuesto necesario para afrontar dicha problemática y carece de una estrategia para mejorar el acceso a la tierra y la participación en los órganos de dirección e implementación de la política pública, elementos básicos dentro de las propuestas políticas de las organizaciones de mujeres rurales.

La implementación de toda política pública enfrenta dificultades, mucho más cuando, como en este caso, se apunta a solucionar problemas estructurales de la sociedad colombiana, que no son solo del orden económico y político, sino que se mezclan con el poco reconocimiento de las mujeres rurales en los ámbitos social y cultural.

Están dados los primeros pasos, pero se debe avanzar mucho más. Con esa convicción sugerimos aquí cuatro campos de acción o retos de la política pública para cualificar su implementación:

1. Continuar con la reglamentación de la Ley 731 de 2002, en la que las mujeres rurales participaron activamente. Esta ley contempla medidas diferenciadas para las mujeres del campo y es considerada como el instrumento principal para garantizar los derechos de este sector. Sin embargo, la ausencia de reglamentación por ahora,  convierte en inocuas las medidas formuladas.
2. Aprovechar el inmenso acumulado organizativo de las mujeres rurales. Abrir diálogos, potenciar acuerdos, generar confianzas que permitan que las organizaciones se hagan partícipes de las políticas públicas que les afectan.
3. Reconocer el papel de las mujeres rurales más allá de lo productivo. Se trata no sólo de estimular la generación de ingresos y la competitividad, sino de ir más allá hacia la valoración de las propuestas de las mujeres rurales como propuestas amplias de desarrollo y de construcción de la paz.
4. En la tarea de construir un enfoque de género de las políticas del sector y hacerlo transversal, se debe trabajar también con los encargados/as de ejecutar las políticas a nivel regional y local. Transcender del planteamiento de una política nacional a materializarla en los niveles micro del Estado donde se presenta un gran número de las discriminaciones referidas en este artículo.

*Investigador del equipo Memoria, Derecho a la Tierra y Luchas Sociales del CINEP/PPP.

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