¡Alerta roja! La presidenta del Congreso investigada. El despliegue mediático sobre el tema y los comentarios correspondientes dejan entrever que hay todavía gente en Colombia que se resiste a reconocer en la práctica paramilitar una amenaza social. Y esto sí es grave. El Presidente exhorta a la Corte a morigerarse para no dañar las instituciones. Al mismo tiempo practica lo contrario. El Ministro del Interior y de Justicia detecta sevicia en los procedimientos de la Corte. Al mismo tiempo fomenta el enfrentamiento de los dos poderes que él mismo representa. La hipótesis presidencial de que las instituciones se pueden salvar con un granito de impunidad es la tesis inicial de toda corrupción. Así comenzaron hace años los dirigentes políticos y los empresarios colombianos: un granito de clientelismo, una pizquita de autodefensa, un ratico de comprensión con el narcotráfico, ya que… (todos tienen excusas). Y sólo ahora nos venimos a dar cuenta de las verdaderas dimensiones del proceso de inmoralidad pública desencadenado “a puchitos” desde hace varias décadas. Es el error infantil de jugar con el fuego(¿?), o el olvido juvenil de que “a quien entre la miel anda algo se le pega” (¿?), o la presunción adulta del aprendiz de brujo (¿?). Parece más bien el descuido culpable del sentido común amalgamado con la temeridad del malhechor que apuesta sobre la impunidad. Del pequeño delincuente al criminal hecho y derecho que se siente orgulloso de sus fechorías.

El argumento de que son personas importantes, más allá de toda sospecha ayer y que hoy se encuentran de pronto con los calzones abajo, es otra tipología exquisitamente criolla. La justicia es para los de ruana. Cuando toca a los de corbata se convierte en sevicia. Precisamente, el hecho de que ciudadanos más allá de toda sospecha se estén descubriendo más acá de la misma de la noche a la mañana, es lo que caracteriza el estado de descomposición del cadáver político que unos dirigentes astutos habían logrado embalsamar durante muchos años. Y es que la autodefensa, el paramilitarismo y por último el narcotráfico no nacieron ayer en Colombia. Los tres constituyen un progreso criminal del clientelismo político que sustenta al conflicto armado de tiempo atrás y los tres se suman al odio de clases y al desprecio racial que muestran las estadísticas de la mortalidad colombiana. Estas quíntuples son las tendencias sociales colombianas que habría que morigerar si queremos salvar las instituciones. No es un camino rápido ni fácil, ni mucho menos es cuestión de callar a la Corte.

Recomendar la reforma política como remedio de una enfermedad moral es de una ingenuidad asombrosa, como se advierte en las movidas que ya se han empezado a dar con el objetivo claro de torpedearla. Y emprender una reforma moral está más allá de instituciones políticas que tienen como valores primordiales el poder a toda costa y el enriquecimiento rápido por cualquier método, los cuales suponen la total indiferencia por el bienestar de los demás cuando no el desprecio absoluto. El remedio tiene que provenir de otras instituciones en las que se logre despejar algún espacio que permita reflexionar sobre dichas tendencias deletéreas y diseñar los instrumentos necesarios para contrarrestarlas. Esta sería la función de los partidos si no hubieran perdido el rumbo de la alta política para embocarse por el atajo de la politiquería que renueva el viejo clientelismo y prolonga el círculo vicioso.

La Iglesia Católica tiene el conocimiento y los medios para contribuir a esa reforma moral. Pero no ha descubierto el método eficaz para lograr que esa conversión impregne la vida nacional. Tiene también que cuidar de no pisar las trampas que la política le tiende en el camino. La familia tiene mucho que hacer en este campo, dado que los valores como los bienes de fortuna se heredan, lo mismo que los antivalores como el clasismo y el racismo. La moralidad y su contrario se siembran en casa. Y el sistema educativo podrá contribuir si la familia y la religión le ayudan, porque de lo contrario sólo servirá como refuerzo eficaz de las tendencias autodestructoras de la trampa y la fuerza. La preocupación que se atisba con los jóvenes colegiales y las asonadas universitarias indican que tales antivalores también crecen y se difunden en las aulas.

La solución es posible a pesar de su complejidad, si todos hacemos algún esfuerzo. Y si se genera una conciencia colectiva de la necesidad de hacerlo y logramos un despertar moral de todas las instituciones, es muy probable que la indiferencia que nos ha llevado a perder el rumbo de los derechos humanos se transforme en diligencia para establecer la justicia social y defenderla.