Sep 23, 2017

Por su amplia salida al mar a través del río Sinú y por conectar la región Caribe con el interior del país, el departamento de Córdoba ha contado con la presencia de diversos grupos armados que se disputan el control territorial desde mediados del siglo XX. Ese acaparamiento sistemático de miles de hectáreas de tierra y la distribución de la propiedad en la región están relacionados, también, con la configuración de poderes regionales y la consolidación de grupos privados de seguridad.

De hecho, el territorio cordobés fue plataforma del proyecto paramilitar debido a las estructuras de poder establecidas mediante el modelo de hacienda y a las dinámicas en las que la defensa de la propiedad privada, el modelo ganadero y la extracción agroindustrial debía fomentarse, incluso, por medio de las armas. A esto se suma que, durante los últimos veinte años, la violencia recrudeció como consecuencia del narcotráfico, principalmente porque muchas de las rutas de transporte de estupefacientes que atraviesan Córdoba han sido controladas históricamente por grupos paramilitares. A pesar de la desmovilización de los grupos paramilitares, entre 2002 y 2005, las estructuras armadas que hacían parte de las AUC —ahora denominadas Bandas Criminales (BACRIM) o grupos armados posdesmovilización (GAPD)— permanecen activas en el departamento. Varios líderes comunitarios han alertado sobre la consolidación de estos grupos, pues ha aumentado el número de sus integrantes y se ha establecido un control social de las poblaciones rurales. En este contexto, y dado que el desplazamiento ha sido y sigue siendo una de las principales afectaciones para la población, las comunidades campesinas han liderado procesos de organización territorial. Sin embargo, los líderes han sido estigmatizados, perseguidos y muchos de ellos asesinados durante décadas.

Este especial no solo cuenta las experiencias y reflexiones de organizaciones de víctimas y comunidades rurales del departamento de Córdoba en la ejecución de estrategias de exigibilidad del derecho a la tierra y el territorio, sino, también, narra su memoria sobre hechos victimizantes y su capacidad de resiliencia.


Relatos de guerra y paz en Córdoba

 
 
Propuestas de desarrollo rural y territorial desde las organizaciones
 
Desde hace seis años, el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio en Córdoba (GTTC) ha liderado la unificación de territorios cordobeses, la recuperación de tierras para la población desplazada y la constitución del Resguardo Zenú del Alto San Jorge, ya reconocido legalmente por el Estado colombiano. La labor del GTTC no solo ha permitido hacer memoria sobre hechos victimizantes, como consecuencia de la presencia de distintos grupos armados en la región, sino también, reflexionar y reconocer la capacidad de resiliencia de las familias y comunidades.
 
 

Unidas por el propósito de consolidar procesos de organización y resistencia por el acceso a la tierra, las 12 organizaciones que conforman el GTTC se sitúan, principalmente, en Montería y en el sur del departamento:  

 

Mirando el horizonte: retos para la organización social en Córdoba

Javier Lautaro Medina, coordinador del equipo de Movilización, territorio e interculturalidad del Cinep/ Programa por la Paz —que ha hecho el acompañamiento al Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba desde el año 2011—, explica cuáles son los retos actuales para las organizaciones sociales en el territorio cordobés. Expone, además, las transformaciones necesarias que necesitan estos territorios que componen el GTTC y comparte sus preocupaciones sobre el panorama que tienen los jóvenes rurales que habitan este territorio. 


Años sin tierra: retorno simbólico al territorio del Manso

Una de las estrategias del GTTC para incidir en el acompañamiento y la exibilidad sobre los derechos a la tierra y el territorio en el departamento de Córdoba tiene que ver con el retorno simbólico al territorio de El Manso, en el Parque Nacional Natural Paramillo.

Entre el 25 y el 27 de octubre de 2016, campesinos oriundos de la zona, que fueron desplazados de su territorio hace 16 años, decidieron retornar simbólicamente y sostener una serie de conversaciones entre ellos y con diferentes organizaciones con el fin de aclarar el futuro del GTTC, los medios de acceso a la justicia por la tierra y el porvenir de su territorio.

Salieron desde el municipio de Fresquillo sobre dos lanchas, cargadas con aproximadamente 30 personas cada una. Ocho horas después, tras atravesar el Parque Nacional Natural Paramillo por la represa Urrá, el río Sinú y el río Manso, desembarcaron en el corregimiento de Barrancón. Presentamos esta galería, una muestra de lo que fueron los tres días durante los cuales los campesinos y las campesinas de El Manso retornaron a su territorio.

 

Cuatro libros clave para entender la lucha por el territorio en Córdoba




Memorias vivas para la recuperación del territorio cordobés (2017)

Este libro hace parte de un proceso de investigación, reflexión y escritura colectiva adelantado por campesinos, campesinas e indígenas, miembros del Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba; organización que suma seis años en la apuesta fundamental por la defensa de sus territorios ante el despojo de la guerra y la victimización.

Defender el territorio es construir paz. La experiencia de los pueblos indígenas del Alto San Jorge (2016)

Este informe está construido desde la perspectiva de los derechos a la tierra, al territorio y a vivir en paz de dos comunidades indígenas del Alto San Jorge. El documento hace un acercamiento a la historia de poblamiento de la comunidad emberá de Dochama y el pueblo zenú, al contexto económico general de la zona y de conflicto armado. Además, presenta un recorrido por las capacidades organizativas de estas comunidades, que, en medio del conflicto armado y la inoperancia estatal para garantizar sus derechos, han construido y mantenido estructuras organizativas y experiencias propias de regulación social, base para la construcción de paz territorial.


Tierra y territorio en el departamento de Córdoba en el escenario del posconflicto (2016)

Este informe aborda las dinámicas del conflicto armado, los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades rurales, y el extractivismo en Córdoba. Cada una de estas perspectivas se analiza con base en visitas a terreno y en datos que organizaciones de la sociedad civil, así como entidades gubernamentales, han recolectado durante los últimos años. 

Córdoba: La tierra y el territorio (2014)

Con esta publicación se aporta al debate sobre la garantía del derecho a la tierra y al territorio y la construcción de propuestas incluyentes de acceso a tierras y desarrollo rural en el departamento.

 

Equipo de comunicaciones

Coordinadora de comunicaciones: Mónica Osorio Aguiar
Coordinadora de publicaciones: Margareth Figueroa Garzón
Comunicadora digital: Laura Inés Contreras Vásquez
Comunicador gráfico: Miguel Martínez
Periodista asistente:
María Gabriela Novoa
Asistente de publicaciones: Alejandra Mouthon

Ilustradora: Martha Lucía Castro Ramos

Dentro de las acciones del proyecto Cuando tengamos la tierra crecerá la semilla se realizó la segunda reunión de la Mesa de diálogo Multiactor de impulso a compromisos sobre seguridad y protección para reclamantes de tierras en Magdalena. En este espacio se discutieron los avances que han tenido las instituciones estatales en medidas para proteger la vida y la labor de los reclamantes.

En la mesa participaron líderes del Magdalena, instituciones estatales, organizaciones internacionales y organizaciones que acompañan los procesos de restitución de las comunidades de Diana María (Zona Bananera), Chimborazo (Puebloviejo) y Salaminita (Pivijay/Fundación). Para los participantes es importante trabajar en la protección a estas comunidades porque han registrado 142 hechos de violencia contra la población civil entre 2011 y 2016. De estos, dos casos son de homicidios y 109 amenazas directas y dos atentados.

Para las organizaciones convocantes hubo tres elementos que incrementaron la inseguridad a líderes de restitución. El primero es la reorganización de grupos paramilitares, algunos luego de cumplir condenas en Justicia y Paz. El segundo, el desprestigio a la política de restitución de tierras por parte del ex Procurador General Alejandro Ordoñez, ganaderos y terratenientes de la región, que estigmatizaron a los líderes reclamantes de tierras. Y el tercero que  continúan las amenazas a líderes por medio de panfletos y llamadas atribuidas a bandas criminales.

Franklin Ospina, presidente de la Asocarvirtmag, presentó sus preocupaciones por el desmonte de los equipos de seguridad de líderes de la región, llamado frente al que la representante de la Unidad Nacional de Protección afirmó que los estudios de seguridad se revisan constantemente y que se eliminan las medidas cuando los líderes no cumplen los requisitos expuestos en la ley, uno de ellos es la amenaza directa contra la persona.

Ospina también hizo un llamado a las entidades estatales para que las medidas de seguridad que se implementen sean colectivas y no personales, propuesta que fue respaldada por Leonardo Díaz, representante de Somos Defensores quien argumentó que las medidas personales de seguridad generan ruptura del tejido social en las comunidades y no solo legitiman las amenazas sino que no reducen el riesgo para las personas amenazadas.

La Policía Nacional afirmó tener registro de 6798 peticiones de proceso de restitución de tierras en el Magdalena. También alertó sobre la presencia de varios Grupos Armados Organizados entre ellos las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Pachenca y los Costeños a quienes se les atribuyen la aparición de 10 panfletos amenazantes contra la población civil y a quienes se les conoce en la región como los ejércitos anti restitución.

Finalmente se lograron algunos acuerdos con los representantes de las entidades participantes para gestionar reuniones, talleres con las comunidades, y construir propuestas conjuntas de prevención y protección que se articulen con las políticas públicas que surgen del acuerdo de paz y que permitan mejorar las garantías para los líderes de procesos de restitución en el departamento.

 
Miguel Martínez
Equipo de comunicaciones

Reseña del libro Hasta cuando soñemos: Extractivismo e interculturalidad en el sur de La Guajira, escrita por la profesora Joanne Rappaport publicada en la última edición del anuario colombiano de historia social y de la cultura

 

Joanne Rappaport

Antropóloga, PhD en Antropología Sociocultural, profesora de los Departamentos de Español y Portugués y de Antropología de la Universidad de Georgetown. Autora de los libros: Cumbe renaciente: Una historia etnográfica Andina (Bogotá, Editorial Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2005),  The Disappearing Mestizo: Configuring Difference in the Colonial New Kingdom of Granada (Duke University Press, 2014), Utopías interculturales: Intelectuales públicos, experimentos con la cultura y pluralismo étnico en Colombia (Bogotá, Editorial Universidad del Rosario; Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2008) y La política de la memoria: Interpretación indígena de la historia en Los Andes colombianos (Popayán, Editorial Universidad del Cauca, 2000).

 
 

Encuentra las memorias del lanzamiento del libro

 

La comunidad de Salaminita, en Pivijay - Magdalena,  sufrió dos procesos de desplazamiento por grupos paramilitares. Uno de ellos fue en el centro poblado donde, luego del asesinato público de varios líderes sociales, derrumbaron las casas que existían. Con amenazas desplazaron a los pobladores de área rural, comprando sus predios a precios muy bajos. Antes los atropellos de los actores ilegales formaron la asociación ASORENACER con la que han luchado el derecho a volver a sus predios.

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a la tierra de estos campesinos los que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aunque una orden judicial de restitución de tierras y reconstrucción del corregimiento arrasado, aún no se ha cumplido dicha orden judicial.

 

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Actualmente 108 familias campesinas reclaman a través de la política de Restitución de Tierras –Ley 1448- los predios de Chimborazo, Ceibones, Nigrinis y Cantagallar en el municipio de Puebloviejo, corregimiento de Tierra Nueva (Magdalena). Desde 1999 las familias empezaron a ser hostigados por los grupos paramilitares que hacían presencia en la región. Por varios años fueron víctimas del robo de su producción, del dinero de sus ventas, de amenazas y las niñas, niños y mujeres fueron vícitimas de violencia sexual. Luego los hechos a los que fueron sometidos, varias familias abandonaron la región hasta que en 2010 se organizaron en la Fundación de Desplazados y Personas Vulnerables –FUNDAPAD, con la que han adelantado acciones para el restablecimiento de sus derechos por medio de la ley de Justicia y Paz (Ley 975).

Esta línea de tiempo señala el proceso de lucha por el acceso a dicha tierra de estos campesinos en la que han tenido que vivir difíciles actos de violencia. Aún están a la espera de la demanda que fue admitida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Santa Marta. 

 

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