Como cierre del Diplomado en Gestión participativa de la política pública educativa se reunieron más de 200 líderes del sur del Tolima, entre ellos, docentes, rectores de instituciones educativas, estudiantes y representantes de organizaciones sociales. El diplomado se desarrolló entre julio de 2017 y abril de 2018 en Ataco, Rioblanco, Planadas y Chaparral y buscaba el encuentro de multiplicidad de actores interesados en la educación rural y la construcción de paz en el departamento y el país.

La realización del diplomado en esta región es muy significativa, ya que el sur del Tolima ha sido una zona histórica del conflicto armado colombiano. Muy cerca al municipio de Planadas se instaló la república de Marquetália, cuna de las Farc a inicios de la década de los 60. Desde entonces toda la zona ha tenido presencia de actores armados y por consiguiente enfrentamientos entre ellos. La zona ha sido muy disputada pues cuenta con amplia diversidad de climas y por lo tanto, de gran producción agrícola. “Por muchos años se nos consideró una zona roja del conflicto, pero de ahora en adelante nos van a reconocer por trabajar por la educación rural” afirmó una de las asistentes. La riqueza natural, sumada a la poca presencia del Estado y el difícil acceso a algunos municipios, han hecho del sur del Tolima un lugar azotado por la violencia durante más de cincuenta años.

Al evento asistieron los integrantes del consejo asesor regional de Educapaz, autoridades educativas del departamento, entre ellos, el secretario de educación departamental, Jairo Cardona; el secretario administrativo con funciones de secretaría de educación municipal en Chaparral, Manuel Oviedo;y directivos de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali y el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz (Cinep/PPP). Todos los participantes fueron certificados por su participación en el diplomado, además se entregó el mapa de oferta educativa de cada municipio, que se constituye en el primer resultado colectivo de los encuentros en cuanto al análisis del contexto educativo del nivel local.

“En la coyuntura actual del país, es de vital importancia replantear el modelo educativo para que atienda a las necesidades de la población rural y en especial en el contexto tan difícil de violencia que ha vivido el sur del Tolima”, dijo Oscar Sánchez, coordinador de Educapaz en su discurso. En esto coincidió Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep/PPP, quien añadió que la tarea de pensar la educación rural en el departamento apenas comenzaba: “a partir de ahora inicia el verdadero trabajo de ustedes en la construcción de una política pública de educación para sus propias necesidades”.

Los temas trabajados en el diplomado fueron: las políticas educativas actuales, de las propuestas que trajo el acuerdo de paz en temas de educación, los medios de exigibilidad ante los entes gubernamentales y en concertación con los distintos actores involucrados en la educación en el campo.

En medio de acciones simbólicas, como la construcción de una red a partir de la unión de trozos de lana o manifestaciones culturales de música, canto y baile de ritmos típicos de la región, los participantes y autoridades se comprometieron públicamente a trabajar para mejorar las condiciones de la educación en las poblaciones rurales del departamento. “Desde la gobernación tenemos las puertas abiertas para hablar con ustedes y analizar las propuestas que promuevan mejor formación para nuestros niños y niñas”, aseveró el secretario de educación, Jairo Cardona.

Para los participantes, el diplomado no solo les brindó herramientas técnicas para conocer y examinar las políticas actuales, sino también les permitió crear una amplia red que vincula a las poblaciones de los cuatro municipios para trabajar en conjunto. “La idea es seguir con la dinámica que traemos de las mesas locales para discutir al interior de los municipios y luego concertar acciones concretas con las personas de los otros municipios y así trabajar mancomunadamente para hacer más presión a las autoridades”, manifestó Adonay Castillo, líder del municipio de Rioblanco.
El Programa Nacional de Educación para la Paz (Educapaz) trabaja en dos líneas estratégicas: acompañamiento educativo en zonas rurales e incidencia en educación socioemocional y para la ciudadanía en el casco urbano. De esta iniciativa son socios: Cinep/PPP, Fe y Alegría, Fundación Escuela Nueva, Fundación para la Reconciliación, Universidad Javeriana sede Cali, Aulas en Paz, Convivencia Productiva y la Universidad de los Andes.

 

Miguel Martínez
Equipo de Comunicaciones

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, reveló el año pasado que entre 2016 y marzo de 2017 se radicaron 231 denuncias por malas prácticas de los arquitectos en el país. De otra parte, el sector de la construcción en el país viene creciendo de manera dinámica llegando a una tasa anual del 35%, según la Cámara Colombiana de la Construcción. Este crecimiento aceleró también las denuncias. Pero lo que está en juego es la vida de miles de familias en el país, lo que ha pasado en Cartagena al aplicar la orden de desalojo de 16 proyectos declarados en calamidad pública debido a su alto riesgo de colapso, se suma a situaciones como el desplome del edificio Blas de Lezo, en la misma ciudad y lo ocurrido con proyectos como el desplome del edificio Space en Medellín hace dos años.

Pueden ser varias las causas de estos hechos. La calidad de la formación de los profesionales de la ingeniería y arquitectura, la deficiencia de los materiales utilizados, estudios de suelos insuficientes, licencias de construcción falsas o compradas o lo que sería aún peor, la disminución los costos de construcción para aumentar las ganancias, sin importar la suerte de los que van a habitar el inmueble. Le cabe en esto responsabilidades tanto a los profesionales y universidades para que ejerzan el con responsabilidad su labor, como también a los entes gubernamentales, locales y nacionales encargados de controlar y exigir el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la ley.  Pero, si bien es necesario que existan estas leyes, no es suficiente, se necesita gestión y aplicación real de las mismas, de lo contrario, se queda todo en el papel y los problemas crecen, como viene creciendo la baja calidad de la construcción de vivienda, vulnerando el derecho a la vivienda de muchos hogares.

Jesús, en el Sermón del Monte, trae la parábola de los dos constructores. Ella no solo da luces para la construcción física de las edificaciones sino, esencialmente, para el crecimiento de los seres humanos: “A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa; pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina”. (Mt 7:24–27)

 

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Editorial: Por una paz completa

  • Jun 23, 2018
  • Publicado en Prensa

Hace 14 meses se firmó el Acuerdo de Paz. En este marco se reunió el 4 de enero, en Cartagena, el componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo, compuesto por los expresidentes Pepe Mujica de Uruguay y Felipe González de España, en compañía del Presidente Santos y delegados de las FARC. Según los análisis elaborados por varias entidades entre ellas el Instituto Kroc, el CERAC y el Cinep/PPP, si bien el Acuerdo Final ha tenido avances significativos en lo que respecta al cese al fuego, la dejación de armas por parte de las FARC, la creación de su partido político y los desarrollos legislativos para proteger el espíritu e integralidad del acuerdo, entre otros asuntos, el proceso de implementación apenas alcanza un 18% de la totalidad de la implementación normativa. Es mínimo el avance en lo que respecta a la Reforma Rural Integral, la participación política, la Justicia Especial para la Paz y el punto más importante del Acuerdo: la verdad, la reparación y no repetición de la violación de los derechos de más de ocho millones de víctimas que dejó el conflicto social y armado de medio siglo en Colombia.

Es por eso que el pronunciamiento de los expresidentes Mujica y González se centró en pedirle al Estado y a la sociedad colombiana, una implementación más intensa y contundente. El Acuerdo representa un compromiso de las partes con el pueblo colombiano. Compromiso que fue refrendado por el Congreso de la República y revestido de constitucionalidad por la Corte Constitucional, pero igualmente es un compromiso con la comunidad internacional y la paz mundial.

Preocupa especialmente a los expresidentes que la implementación del Acuerdo, coincida negativamente durante este semestre, con la campaña electoral al Congreso y a la Presidencia de Colombia.

Al respecto, la Conferencia Episcopal colombiana en varios documentos ha insistido en que el país necesita una Paz completa. Lo que supone una Paz cimentada en la reconciliación con justicia social, equidad y convivencia en medio de las diferencias. Una Paz que respete la vida de los líderes y lideresas sociales. Igualmente, la Conferencia Episcopal y la Misión de la ONU, pidieron al gobierno y al ELN, en un comunicado del 8 de enero, definir un acuerdo de cese al fuego más robusto que genere mayor confianza entre las partes y en la sociedad colombiana.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Editorial: Ética política

  • Jun 23, 2018
  • Publicado en Prensa

La política colombiana pasa por una etapa grave de ilegitimidad y déficit de ética. La corrupción administrativa, los partidos políticos convertidos en empresas electorales, las cortes atrofiadas y desnaturalizadas, vendiendo sentencias a los ladrones de cuello blanco, los entes de control convertidos en cómplices del delito y un Estado que improvisa, que no tiene capacidad de respuesta y que está en manos de intereses políticos y económicos para el provecho propio excluyendo el bienestar de la ciudadanía y el cuidado de los patrimonios naturales. Mientras que los líderes sociales, que deberían ser los primeros en ser protegidos por el Estado, caen víctimas de las balas y de las amenazas de sectores ligados a esos poderes políticos y económicos dominantes.

Si nos acercamos al problema de la corrupción, el informe entregado este año por Transparencia por Colombia, que analiza 69 municipios, calificados como territorios de paz por el Gobierno, muestra la tendencia estructural de este mal en el país. Se estudiaron 187 hechos de corrupción. Y 44% de estos hechos vulneraron derechos fundamentales asociados a la salud, la educación y la infraestructura. De otra parte, un 36% de los hechos analizados han tenido un impacto nocivo en sectores de la infraestructura, industria y comercio, tecnología, sector minero energético, transporte, turismo y desarrollo rural, todo esto se traduce en una violación directa a los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en Colombia. Los departamentos más comprometidos son: La Guajira, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Bolívar y Cesar.

El pasado primero de octubre el Papa, en Cesena- Italia, propuso que “la política debe ser una forma de caridad y vida mártir”. Para hacer una buena política Francisco propone que ella no debe servir a “las ambiciones individuales o a la prepotencia de facciones o centros de interés. Una política que no sea ni sierva ni ama, sino amiga y colaboradora; ni temerosa ni temeraria, sino responsable y por tanto valiente y prudente al mismo tiempo; que haga crecer la implicación de las personas, su progresiva inclusión y participación; que no margine a ninguna clase, que no saquee ni envenene los recursos naturales. Una política que sepa armonizar las legítimas aspiraciones de los particulares y de los grupos teniendo bien aferrado el timón en interés de toda la ciudadanía”.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la Paz

Durante el 2017 las instituciones que conforman Educapaz han trabajado para mejorar la educación en el sur del Tolima. Este proyecto que vincula siete organizaciones ya es reconocido no solo por las comunidades educativas y la sociedad civil, sino también por las autoridades locales. Las instituciones que conforman el proyecto son: Escuela Nueva, Convivencia Productiva, Fe y Alegría, Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, Javeriana Cali, Fundación para la Reconciliación y Cinep/PPP. Además, hay tres organizaciones aliadas: Avina, la Red Prodepaz y Clayss.

Educapaz tiene tres grandes líneas de trabajo. La primera es Educación Rural que acompaña a sedes educativas de los cuatro municipios. Allí hay 28 colegios, cada uno de estos, con sedes rurales. Este acompañamiento es educativo y pedagógico en el que se revisan las metodologías de enseñanza de cada una de las sedes para sugerir nuevas estrategias. También se trabaja en mejorar la relación de los docentes con las comunidades para que estas hagan parte del proceso educativo de los niños y niñas.

Otra tarea planteada en esta línea es la construcción de los Planes Educativos Municipales. Para esto, crearon un mecanismo de articulación de actores, llamada la Mesa Educativa Municipal, en la que confluyen los diferentes actores relacionados con la enseñanza escolar, representantes del sector público, líderes comunitarios y líderes de asociaciones productivas. El objetivo de cada mesa es crear una propuesta de política pública educativa enfocada en las necesidades de los niños y jóvenes rurales de cada uno de los cuatro municipios. La Universidad Javeriana de Cali validará la participación en esta construcción del plan como un diplomado, para así cualifica el quehacer de cada uno de los actores.

“Nuestra tarea como Cinep/PPP es promover espacios de reflexión sobre las políticas públicas y crear una agenda común y pública con diversos sectores”, dice Luz Elena Patarroyo, coordinadora del equipo de participación ciudadana del Cinep/PPP. “En esta región, muchas personas han sufrido la guerra, y eso genera mucho escepticismo. La gente está muy ilusionada con que haya cambios pero al mismo tiempo está muy temerosa de ser engañada o utilizada”, agrega Patarroyo.

Para el próximo año, y una vez se haya terminado la concertación del plan, se presentará a los consejos municipales para que sea discutido y aprobado como política pública oficial. Es importante reconocer que el trabajo de la mesa ha tenido incidencia en la escala regional, pues se ha vinculado con la Agencia de Renovación del Territorio para que estas propuestas locales sean incluidas dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET–. “La orientación de la mesa y su participación en las discusiones de los PDET está encaminada a que la gente se haga preguntas que no se había hecho en torno al tema de la educación”, dice Juan Carlos Merchán, investigador del Cinep/PPP y miembro del equipo de Educapaz.

Para Luz Elena Patarroyo el proceso de los PDET es muy rápido y no posibilita que la gente tenga un tiempo de maduración y comprensión sobre para participar. “Esa debilidad la hemos venido trabajando como pilar de la educación y así dar una información más cualificada, generar reflexiones y aportar a la articulación de la política pública que estamos construyendo con el PDET.  Volvemos a la tarea de mediadores entre una acción que es estatal y la comunidad educativa”, afirma.

Por su parte, Juan Carlos Merchán, indica que uno de los principales obstáculos del proceso ha sido lograr la participación de las administraciones municipales. “Nosotros estamos aliados con la Secretaría de Educación de la Gobernación, y eso genera distanciamientos con algunas administraciones porque no quieren trabajar con sus opositores políticos”, afirma; sin embargo, señala que poco a poco han logrado demostrar que este es un proyecto que va más allá de las filiaciones políticas. 

La segunda línea de trabajo de Educapaz es la formación en Ciudadanía, Reconciliación y Educación Socio Emocional –Crese–. Esta estrategia busca generar propuestas para trabajar la reconciliación, que no está vinculada a la educación cognitiva intelectual, sino a la educación de los sentimientos. Hasta ahora se ha implementado en instituciones educativas urbanas y el proyecto para el próximo año es llevar esta propuesta a las instituciones rurales, que es donde más daño ha causado el conflicto armado.

La tercera línea de trabajo es Incidencia y Comunicación. En esta se gesta el relacionamiento con las instituciones del nivel nacional como el Ministerio de educación, y extranjeras como las agencias de cooperación. Desde esta área se han organizado reuniones y foros en los que representantes de las instituciones estatales de diferentes niveles, han debatido sobre las problemáticas que enfrenta la educación y las posibles soluciones que podrían implementarse. “Esto es un proyecto multiactor simultaneo. No es de que empiece de la base o de arriba, sino que en cada uno de los niveles hay que trabajar al tiempo para lograr verdadera incidencia”, dice Merchán.

Según Merchán, la mayor dificultad que enfrenta el proceso es que los municipios en los que se trabaja no están certificados por el Estado colombiano. Esto lo que implica es que no son autosostenibles económicamente, por lo que no pueden decidir autónomamente la inversión de sus dineros. “¿Cómo hacemos que una política pública funcione si el municipio no puede decidir qué hacer con su plata? Hay que buscar nuevas fuentes de financiación, y para nosotros, una de ellas son los PDET”, añade el investigador.

Ante este panorama son muchas las expectativas que tienen los diferentes actores en torno a la educación. “La guerra había cerrado con un bloqueo territorial todo el sur del Tolima. De las mayores ganancias es descubrir todo el potencial que tiene el Tolima. Es increíble todo el potencial de saberes, las personas, los recursos”, afirma Patarroyo. La proyección de Educapaz está en varios territorios del país. Se espera que en los próximos cinco años el proyecto inicie actividades en dos regiones más que aún están en discusión.

 

Miguel Martínez
Equipo de Comunicaciones