Sep 24, 2017

El 13 de septiembre se llevó a cabo el Conversatorio "Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz" que permitió el encuentro entre Senadores, Delegados de Ministerios, Representantes de comunidades y Organizaciones sociales en el Congreso de la República para que se expresara la preocupación colectiva frente al aplazamiento del trámite para la aprobación de las CTEP.

  

 

 

María Gabriela Novoa

Equipo de comunicaciones 

Es necesario replantear los mecanismos de seguridad y protección para líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia. Esa fue la conclusión a la que llegaron todos los panelistas del foro ¿Por qué defender el territorio cuesta la vida?, realizado el pasado 18 de septiembre en instalaciones de la Universidad Javeriana. En este evento participaron como panelistas académicos, investigadores, defensores de derechos humanos, líderes sociales y organizaciones que acompañan a las comunidades.

Durante la discusión, que giró en tres paneles temáticos, las diversas voces plantearon los riesgos a los que están enfrentados los líderes de procesos asociados a la defensa del medio ambiente y del territorio. Los panelistas se refirieron a las dificultades de enfrentar la violencia cuando el sistema económico nacional tiene bases en el extractivismo. Mencionaron, además, el aumento de diferentes formas de violencia con la salida de las Farc y la disputa de dichos territorios por otros actores ilegales.

Si bien hubo diferencias frente a la sistematicidad de los ataques, para todos era claro que es necesario modificar el aparato estatal dirigido a proteger la vida de las comunidades que participan en la defensa de sus territorios y del medio ambiente.

A propósito de esta discusión, Silvia Pabón, investigadora del Cinep/PPP, y quien participó como moderadora de uno de los paneles, presenta estas reflexiones sobre el panorama actual de la seguridad para los líderes en la región de trabajo del equipo de Gestión del Territorio en el Pacífico y recomendaciones para mejorar los dispositivos de protección.

 

 
 

 

 

Con el aval de varias organizaciones sindicales, universidades y organizaciones sociales, el Cinep/Programa por la Paz, postuló al investigador Mauricio Archila, para que ocupe uno de los once cargos nacionales designados para la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición.

La Comisión de la Verdad, hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Tiene un carácter extrajudicial y temporal. Sus propósitos principales son contribuir al esclarecimiento de los patrones de violencia ocurridos en el marco del conflicto armado, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y así mismo promover la convivencia en los territorios.

De esta manera, la creación de la Comisión de la Verdad, llega en un momento trascendental para la historia del país. En esta etapa de transición, Mauricio Archila, investigador Cinep/PPP y postulado para ser parte de esta Comisión, cree que independientemente de la firma de los acuerdos de la Habana, el país necesitaba una Comisión de la Verdad. “Creo que una Comisión de la Verdad es necesaria en el caso colombiano como un procedimiento para que las víctimas hablen, para que se conozcan esas versiones tanto de víctimas como de victimarios. En este sentido, es un aporte fundamental para procesos -no necesariamente de perdón y menos de olvido- pero sí de reconciliación, de reconocimiento de las víctimas, de identificación de los hechos y de los patrones de violencia en el país, que hace parte  del mandato de la Comisión de la Verdad.”

No es la primera vez que existe una Comisión de la Verdad en nuestro país, recientemente existió una sobre el tema del Palacio de Justicia. A diferencia de este ejercicio o el de la Comisión de Historiadores, el mandato actual pretende rescatar unos relatos más de conjunto, en donde se permita conocer lo que pasó, por qué sucedió así, quiénes estuvieron involucrados, las diferentes consecuencias y afectaciones para poder encaminar esta transición política a escenarios que velen por las garantías de no repetición.

Es por esto que la participación de las víctimas es muy importante. Pues además de participar en las audiencias y dando a conocer sus versiones, las víctimas también podrán ser parte de la Comisión aunque este no sea el objetivo principal de esta. La Comisión pretende ser diversa y plural, teniendo en cuenta la participación en términos de raza, género, posición regional, interdisciplinar, presencia extranjera. Para Mauricio Archila, esa pluralidad no sólo se debería dar en estos términos “sino también en la diversidad de las versiones, eso creo que hará complejo el trabajo porque va a ser difícil llegar a consensos en torno a  grandes patrones de comportamientos de la violencia pero hacia allá apunta la cuestión, recoger la diversidad del país, la diversidad de las versiones de esta violencia reciente de la historia de Colombia.”

En este proceso fueron 218 las personas inscritas para ocupar los once cargos que establece el mandato de la Comisión de la Verdad. Del total, 203 son nacionales y 15 son extranjeros. Hasta el 21 de septiembre, cualquier ciudadano, organización y sector interesado podrá conocer en detalle la trayectoria de los postulados y realizar observaciones a alguna postulación.

Para respaldar la postulación de Mauricio Archila, debe ingresar a http://www.comitedeescogencia.com/. Estas observaciones serán de uso exclusivo y confidencial del Comité de Escogencia, no son un sistema de votación y no podrán ser anónimas.

Marco Fidel Vargas, subdirector y los investigadores Ana María Restrepo y Fernán González respondieron a las preguntas  ¿en qué aportaría una persona como Mauricio Archila a la Comisión de la Verdad? y ¿cuáles son las características que debería tener un comisionado?

 

 

Laura Inés Contreras Vásquez

Equipo de comunicaciones

Las víctimas del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU – exigimos que la Unidad de Restitución de Tierras se comprometa con nuestra defensa en el proceso de restitución de derechos territoriales.

 09 de septiembre. Los miembros del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó – COCOLATU queremos denunciar ante la opinión pública, el desconcierto y alto nivel de incertidumbre en el que nos encontramos actualmente ante el accionar dilatorio y poco garantista de la Unidad de Restitución de Tierras – URT – frente a su representación como abogados defensores de nuestro proceso.

 

 
 

 

 

Comunicado de Serjus Guatemala suscrito con autoridades  y  organizaciones con las que trabajamos, preocupados e indignados  por las acciones que pretenden frenar la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

 Desde 2007 la Comision Internacional Contra la Impunidad  en Guatemala C ICIG, surgió de un convenio entre las Organización  de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala y es sostenida por la Unión Europea y con el aporte de varios países entre los que están, Suecia, Alemania, España, Francia, Italia, Noruega,Suiza, Paises Bajos, así como  USA, Canada, Argentina, Chile, Colombia, Peru y Uruguay

Inicialmente  se avanzó muy poco,  pero actualmente de acuerdo a su mandato,  a cargo del Comisionado Ivan Velasquez,  se ha avanzado bastante en acciones  por mejorar el sistema de justicia y en la investigación y persecución penal de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos,  exmilitares violadores de derechos humanos y  funcionarios corruptos enquistados en las diferentes  estructuras de gobierno, tanto del organismo ejecutivo  como del organismo legislativo y sistema judicial, así como grandes empresarios que han fomentado la corrupción  a favor de sus intereses y  también el despojo de territorios y recursos naturales  a comunidades. En estas acciones se ha llegado hasta familiares corruptos del Presidente de la República y de ahora incluso de él mismo que está incurriendo constantemente en acciones ilegales

 Estas acciones  de la CICIG han provocado una reacción concertada entre todos estos sectores y poderes  que están tratando de destituir y expulsar del pais al Comisionado Ivan Velasquez, encabezados por  el mismo Presidente de la República quien habiendo fracasado en su intento de que  el Secretario de  Organización de Naciones Unidas  destituyera al Comisionado, lo   declaro non grato y decretó su expulsión  ilegalmente y en contra del mismo Acuerdo de Creación de la CICIG. 

 Ante todo esto muchas autoridades de los Pueblos Indígenas  y comunidades,  organizaciones populares y organizaciones sociales, universidades, iglesias, así como columnistas de prensa han levantado su protesta y condena contra estos actos  en contra del Comisionado y que tratan asimismo de anular la acción de CICIG y el Ministerio Publico.

 El Procurador de Derechos Humanos   y otras organizaciones presentaron recursos de amparo  llevando a que la Corte de Constitucionalidad  anulara definitivamente la declaración de non grato  emitida por el Presidente de la República y la expulsión de Comisionado.

 La reacción de los sectores y grupos que se sienten amenazados  por la investigación y persecución penal en contra de su corrupción, su impunidad y sus  violaciones  de los derechos, entre los que están, diputados, funcionarios públicos, gobernadores, alcaldes, asociaciones de militares, no se ha hecho esperar y  se están agrupando con todo su poder en apoyo del Presidente de la República e insistiendo en acciones contra el Comisionado, la CIcig y el Ministerio Publico, generando inestabilidad en las instituciones del estado, haciendo llamados a la violencia y tratando de generar terror en la población.

No obstante todo ello las organizaciones del Pueblo seguimos condenando todos estos actos violatorios e ilegales y estamos tratando de mantener acciones porque no se frene la lucha contra la corrupción y la impunidad.  En todo ello agradecemos y necesitamos  toda la solidaridad  de  las organizaciones internacionales.

 Enviamos adjunto  nuestra declaración como  autoridades comunitarias,  comunidades y  organizaciones  populares y sociales y algunos de otros pronunciamientos de diferentes organizaciones.