Nov 22, 2017

 

La implementación del Acuerdo de Paz, a un año de su firma, trascurre por vías similares a los caminos colombianos: pendientes difíciles, derrumbes predecibles, choques premeditados, túneles a medias, peajes
costosos, algunas zonas planas para recuperar el ánimo y curvas peligrosas cobrando vidas, nada sorpresivo.

En este desafiante tránsito del Acuerdo para construir una paz estable y duradera, tres actores son protagonistas: la FARC-EP, hoy Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común; el Gobierno y la clase política; y los movimientos sociales con sus mujeres y hombres líderes/sas sociales y defensores/as de derechos humanos fustigados por la violencia.

Para profundizar este tema, la presente edición de la revista Cien días Vistos por CINEP publica dos artículos. El primero, titulado “Allá nos pillamos”. El tránsito de las FARC a la FARC en Bogotá y los retos para su participación política, muestra el panorama que afrontan los integrantes del recién creado partido político FARC. El segundo artículo, titulado Reincorporación de excombatientes. ¿Inauguración de nuevas ciudadanías?, presenta el paso de combatiente a ciudadano, lo que se logrará “en cuanto el Estado garantice a los excombatientes el ejercicio pleno de su ciudadanía política y social”.

Así mismo, varios artículos de la presente entrega de Cien Días Vistos por CINEP abordan las violaciones a los movimientos sociales, líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos; entre otros motivos por la fuerte coyuntura centrada en la movilización social de la Minga indígena y de las marchas campesinas.

Artículos

Editorial | Acuerdo de Paz, entre la violencia y la reconciliación
Acuerdos de paz | “Allá nos pillamos”. El tránsito de las FARC a la FARC en Bogotá y los retos para su participación política
Acuerdos de paz | Reincorporación de excombatientes ¿Inauguración de nuevas ciudadanías?
Movimientos sociales | 40 años del Paro Cívico Nacional de 1977
Movimientos sociales | “No queremos mina, queremos vida”
Derechos humanos | Algunos aprendizajes sobre la construcción de memoria y derechos de las víctimas de la
violencia política a partir de la experiencia peruana
Derechos humanos | Revisión de casos de la revista Noche y Niebla
Desarrollo | Formalización de la economía esmeraldera. Entre la tradición y los caminos del mercado global de minerales

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Hacer un Plan Nacional de Educación Rural hace parte de una de las propuestas del Acuerdo de Paz. Nada más necesario e importante.

Los estudios de la Misión Rural, muestran que las zonas rurales de Colombia presentan un bajo logro en la calidad de la educación. El analfabetismo de personas mayores de quince años, es del 12.5%, cifra alta comparada con el promedio nacional que es del 3.3%. Mientras que la tasa de permanencia en el sistema educativo es del 82% en las zonas urbanas, en las rurales es del 48%. Solo un 32% de los hombres y un 36% de las mujeres entre 18 y 24 años ha terminado el bachillerato en las zonas rurales. En síntesis, son cuatro grandes problemas de la educación rural. Uno: la baja matrícula en la educación básica secundaria y bajas tasas de graduación en bachillerato. Dos: la baja calidad educativa trae bajo rendimiento académico. Tres: en las zonas rurales se presenta una alta extra-edad de los estudiantes con bajos niveles educativos. Y cuatro: existe un reducido acceso a la educación superior y altas tasas de deserción.

Por eso, la necesidad de un Plan de Educación Rural que logre ganar en calidad, en pertinencia y en la ampliación de la cobertura educativa en los territorios rurales, es uno de los grandes desafíos para reducir los niveles de pobreza, posibilitar la permanencia productiva de los pobladores del campo en sus territorios cerrando la brecha rural – urbana y para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. De otra parte, se necesita “ruralizar” la política pública educativa. Crear direcciones permanentes y especializadas en el Ministerio de Educación, para que el diseño y aplicación de las políticas rurales tengan un enfoque rural diferenciado, promoviendo modelos flexibles y apropiados. Se necesita un Programa nacional diferenciado de analfabetismo cero e igualmente un Plan Maestro de infraestructura y tecnología en educación rural. En educación superior, el ministerio debe revisar los programas educativos rurales y organizar una oferta apropiada para la población.

En la Asamblea Plenaria del episcopado colombiano, en julio pasado, los obispos del país en diálogo con la ministra de educación, Yaneth Giha Tovar, expresaron su preocupación por que la educación en Colombia ayude a cerrar la brecha entre el mundo rural y urbano, e invitaron al Ministerio a que fortalezca las experiencias de formar a los niños que quieren quedarse en el campo. Los niños tienen en la cabeza que las soluciones están en las grandes ciudades y la solución de Colombia está en el campo, afirmó Mons. Urbina Ortega.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevera

Director Cinep/Programa por la Paz

La sola publicación de la lista de los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición ha producido un oleaje rápido en el mar político. Toda clase de pescadores, cada uno con su propia caña y su propio anzuelo, lanzaron ya sus carnadas, muchas de ellas venenosas, aun antes de saber qué es y qué se espera de dicha comisión.

Ese mecanismo extrajudicial es el que todos más esperamos, por aquello de que los seres humanos, por nuestra misma naturaleza, buscamos siempre esclarecer la verdad de lo ocurrido. Sobre todo, las personas que han sufrido en carne propia los horrores de la guerra y han sobrevivido con dolor. Pero hay quienes han manifestado su temor al esclarecimiento y han prejuzgado, lanzando al público su descalificación de las personas y de la labor aún no empezada de la Comisión de la Verdad. Esos prejuicios son injustificados y temerarios. ¿Le temen a la verdad?

El Cinep, que durante 45 años ha investigado la realidad colombiana y tratado de entenderla y explicarla, sienta su pública protesta por los ataques calumniosos a su actividad y al trabajo científico del profesor Mauricio Archila Neira. Protesta tanto más indignada cuanto que los señalamientos infundados y tergiversados pueden significar, en la Colombia de hoy, un grave peligro de la vida. Es una triste labor de irresponsables el dedicarse a darle razón al que dijo: (…) Calumnia que algo queda.

Es incomprensible que la defensa de los derechos humanos de la gente, o sea, la protección de la vida, de los bienes y de la honra de las personas, pueda constituir un motivo de descalificación por aquellos mismos cuyos derechos se promueven y se defienden. Y es lamentable que la mayoría de esas agresiones verbales se hagan desde la ignorancia y desde la malevolencia. Tampoco podrían tener otro origen.

Los acusadores del profesor Mauricio Archila Neira, en los medios y en las redes sociales, no han leído siquiera sus obras que hacen parte del legado histórico de Colombia, en especial acerca del tema los movimientos sociales de este país. Tampoco conocen su impresionante hoja de vida ni tienen idea del gran servicio que él le ha prestado a la educación del país. Con la soberbia del que ignora de qué se trata y la cobardía del anonimato, los calumniadores repiten la misma frase insultante sin contenido racional alguno.

El Cinep/Programa por la Paz y el profesor Archila continuarán su trabajo por el esclarecimiento de la realidad colombiana y su defensa de los derechos humanos, labor a la cual han dedicado todos sus esfuerzos, con el mismo empeño con el que la comenzaron. Y este es el momento más propicio para que esas labores incansables sirvan al progreso de la población colombiana y al despertar de la conciencia de su dignidad que no puede ser pisoteada.

 

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Luego de un largo proceso de elección, el comité de escogencia presentó los 11 elegidos que conformarán la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición contemplada en el acuerdo final de paz. Como presidente de este órgano fue elegido el exdirector e investigador del Cinep/PPP Francisco de Roux, de quien presentamos su perfil, que lo llevó a presidir este importante órgano.

Francisco de Roux nació en medio de una de las familias más prestantes de Cali. Es sobrino de un exministro de guerra, uno de sus hermanos fue Ministro de Salud, otro fue consejero en derechos humanos de la Presidencia de la República y luego concejal de Bogotá y su otro hermano fue vicerrector académico de la Universidad Javeriana en Cali. Sin embargo, su vocación religiosa lo llevó a optar por los menos favorecidos y llevar una vida apartada de los lujos. Ingresó a la compañía de Jesús de La Ceja, Antioquia, a sus 16 años y desde entonces ha vivido y trabajado al lado de comunidades pobres.

Estudió filosofía y letras, y teología en la Universidad Javeriana, y una maestría en economía en la Universidad de los Andes. En 1975 se ordenó como sacerdote. Luego de trabajar unos años como investigador del Cinep en proyectos de empresas comunitarias, viajó a París, donde hizo un doctorado en economía en la Universidad de la Sorbona. En 1980 viajó a Londres para adelantar sus estudios de maestría en el London School of Economics and Political Science.

En 1982 regresó al Cinep, donde se desempeñó como subdirector e investigador hasta 1986, año en que fue nombrado director del centro de investigación. Pacho le aportó al Cinep la mirada académica, investigativa rigurosa y de gran compromiso social y humano. Le aportó también mucho liderazgo en la mediación de los conflictos”, recuerda Marco Fidel Vargas, actual subdirector el Cinep/PPP.

En 1995 y luego de varios años de investigación sobre las causas de la violencia y la pobreza en la región, de Roux creó el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, (PDPMM); para muchos su obra más grande y reconocida. Logró mediar entre la Unión Sindical Obrera, la Diócesis de Barrancabermeja, el Cinep y la Sociedad Económica de Amigos del País para construir un proyecto local y regional de paz territorial desde las iniciativas de las mismas comunidades. Allí articuló los pueblos que están sobre el río Magdalena en Santander, Cesar, Bolívar y Antioquia.

Sobre el PDPMM habla Juan Carlos Merchán, investigador del Cinep/PPP. Se atrevió a sentar en la misma mesa al Gobierno nacional, agencias de cooperación, Banco Mundial, Unión Europea, partidos políticos, centrales obreras, pastorales sociales y empresas para sacar adelante el proyecto del Magdalena medio. “Ese era un proyecto supremamente ambicioso y difícil, pero era la mejor manera de llevar a la vida real toda la teorización económica que él hizo desde el Cinep tiempo atrás”, señala Merchán.

El Programa de Desarrollo y Paz consiste en proyectos de economía campesina y asociación de comunidades para adquisición de créditos que permiten a las comunidades rurales generar proyectos productivos tanto individuales como conjuntas que facilitan el retorno de comunidades desplazadas y hacer frente, de forma pacífica, a los grupos armados de las regiones. Hoy en el país hay 26 Programas de Desarrollo y Paz que se articulan en la Red Prodepaz y que surgieron de la experiencia del Magdalena Medio.

Pacho, como es nombrado por las personas que trabajan con él, es recordado con especial cariño por los pobladores del Magdalena Medio. “Pacho fue siempre un consejero. Nos ayudada desde los problemas de administración de la pesca y el cultivo hasta los problemas familiares que teníamos”, dice Isolina Quintero, pobladora del municipio de Gamarra, Cesar. “Su compromiso con nosotros, la población rural, marcó todo su trabajo. Era capaz de citar a los líderes de los grupos armados para reclamarles y pedir que no nos hicieran daño”, añade.

La capacidad de diálogo de Francisco de Roux sobresale constantemente cuando se habla de él.  “Él se tomó el riesgo de ser un mediador entre comunidades campesinas, organizaciones sociales y actores armados, legales e ilegales. En el contexto de hace unas décadas esto era una situación muy peligrosa y lo que denota es una capacidad enorme para la mediación”, dice Juan Carlos Merchán, quien además recuerda una de las situaciones más difíciles en tema de seguridad que vivió junto a De Roux: “Hacia finales de 2002, cuando los paramilitares acordaban, con el gobierno, su desmovilización, habían prometido una tregua navideña. Eso nunca lo cumplieron y en esa navidad entraron a la Serranía de San Lucas, por lo que decidimos con Pacho subir a estar con la comunidad. En esos días hubo enfrentamientos entre los paramilitares y el ELN, y la población civil quedó en medio. Pacho fue muy valiente e inteligente para demostrarle a ambos bandos que no estábamos del lado de ninguno, sino del lado de la comunidad. Menos mal él habló, pues de lo contrario, no estaríamos”.

En 2008 es nombrado Provincial de la compañía de Jesús en Colombia. Desde entonces ha seguido trabajando en temas de paz, desde los medios de comunicación, en conferencias y como mediador ante grupos armados. Estuvo presente en el acto de dejación de armas de las Farc y se ofreció para intercambiarse por Odín Sánchez, quien estaba en muy mal estado de salud en su secuestro por el ELN, propuesta que no fue aceptada por la guerrilla.

En julio de 2017 una noticia, de la cual fue protagonista, causó gran revuelo en la opinión pública dada su improbabilidad: de Roux logró sentar en una misma mesa a los Jefes de las Farc y a exjefes paramilitares, actores que años atrás eran enemigos a muerte. En un diálogo que duró más de tres horas acordaron poner a las víctimas como actor principal en la implementación de los acuerdos y dejar los odios del pasado para trabajar por la paz del país. Este hecho histórico demuestra no solo la credibilidad que tiene de Roux en los diferentes sectores de la sociedad, sino su capacidad de mediación, incluso entre enemigos de guerra.

Finalmente, fue elegido por el comité de escogencia para presidir la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Desde su postulación fue candidato favorito para ocupar este cargo pues es tal vez el único que se ha sentado a hablar con todos los bandos involucrados en el conflicto armado colombiano. Según el mismo comité de escogencia, fue elegido por su conocimiento de las regiones, del conflicto que allí se vivió, y por su capacidad de medicación para con los diferentes actores.

 

 

Miguel Martínez
Equipo de Comunicaciones

 

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/Programa por la Paz presentó a la opinión pública el Informe Tumaco, ¿víctima de quién?, donde se registraron los casos de violaciones a derechos humanos del primer semestre de 2017.

El Cinep/PPP y el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, en su apuesta por la vida manifiesta con preocupación los datos que representan la crisis que tiene el país en Derechos Humanos en la actual coyuntura y que se presentan junto con la Revista Noche y Niebla n° 55.  Comparado con el primer semestre de 2016, este periodo en 2017 registra un incremento de 26% respecto a victimizaciones cometidas por paramilitares y una leve disminución del 2% en cuanto a victimizaciones de autor no identificado.

Este balance, afirmó Luis Guillermo Guerrero, director del Cinep/PPP, “nos da para decir que centenares de colombianos siguen siendo victimizados. Resulta preocupante el fortalecimiento del paramilitarismo o de los grupos armados que defienden intereses económicos y políticos privados a través de la amenaza y ejecución de ciudadanos y ciudadanas inocentes”.

Según el informe que presenta el Banco de Datos, en el primer semestre de 2017 se le atribuye a los paramilitares un total de 389 victimizaciones y a actores armados no identificados, 484 victimizaciones.

El director también hizo énfasis en el preocupante accionar del ESMAD y la Policía Nacional en el contexto de la protesta social durante este año en el país y en la crisis humanitaria y social que viven las comunidades afrocolombianas e indígenas de la costa pacífica nariñense.

El coordinador de Equipo de Derechos Humanos de Cinep/PPP, Alejandro Angulo S.J., se refirió al informe publicado por la Defensoría del Pueblo en marzo de este año, en donde se revela que entre 2016 y los primeros dos meses de 2017 se presentaron 120 homicidios, 33 atentados y 27 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los autores de estos hechos se atribuyen a grupos posdesmovilización. Y afirmó: “La verdadera guerra colombiana no ha terminado. Tumaco, es una de las múltiples pruebas de ello.  La verdadera guerra colombiana, aquella que se adelanta con el fin de despojar de su tierra a las poblaciones que no pueden y no quieren armarse para defender sus territorios, no ha terminado”.

Así lo demuestran las cifras recolectadas por los investigadores del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep/PPP. Como violencia político-social se catalogan los crímenes cometidos contra personas con participación en procesos políticos, pero cuyos presuntos responsables se desconocen. En el primer semestre de 2017 se registraron un total de 482 victimizaciones de este tipo, de las cuales 83 ocurrieron el departamento de Nariño. De estas, 63 tuvieron lugar en el municipio de Tumaco.

 

DEPARTAMENTO

A

B

C

D

E

F

G

H

Total general

NARIÑO

4

55

1

11

7

1

4

 

83

CAUCA

45

17

3

4

 

 

3

1

73

NORTE DE SANTANDER

7

17

3

4

3

25

 

 

59

ANTIOQUIA

10

14

3

5

1

 

 

 

33

BOLÍVAR

 

6

 

2

1

22

1

 

32

HUILA

4

17

2

3

 

 

1

 

27

ARAUCA

2

10

 

2

5

1

1

 

21

SANTANDER

15

4

 

2

 

 

 

 

21

BOGOTÁ D.C.

6

4

1

8

1

 

 

 

20

VALLE DEL CAUCA

4

5

1

1

7

 

1

1

20

BOYACÁ

9

 

9

 

 

 

 

 

18

META

2

5

 

3

4

 

 

 

14

SUCRE

8

 

 

 

 

 

 

 

8

CAQUETÁ

 

5

 

1

1

 

 

 

7

CÓRDOBA

 

4

 

3

 

 

 

 

7

CESAR

1

4

1

 

 

 

 

 

6

CHOCÓ

2

2

 

2

 

 

 

 

6

CUNDINAMARCA

 

6

 

 

 

 

 

 

6

PUTUMAYO

 

3

 

2

 

 

 

 

5

VAUPÉS

 

 

 

 

 

5

 

 

5

CASANARE

3

 

 

 

 

 

 

 

3

GUAVIARE

 

1

 

 

 

1

 

 

2

RISARALDA

 

 

 

 

 

2

 

 

2

TOLIMA

1

1

 

 

 

 

 

 

2

CALDAS

 

 

 

1

 

 

 

 

1

MAGDALENA

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Total General

123

181

24

54

30

57

11

2

482

A: AMENAZA; B: ASESINATO; C: ATENTADO; D: LESIÓN FÍSICA; E:  RAPTO ; F: SECUESTRO ; G: TORTURA ; H: VIOLENCIA SEXUAL

 

Y así lo rectificó Arnulfo Mina Garcés, vicario de la Diócesis de Tumaco: “La deuda histórica que tiene el Gobierno nacional con toda la región del Pacífico ha facilitado ese cúmulo de necesidades insatisfechas en toda la costa pacífica” sumado al complejo problema del narcotráfico del que Tumaco es protagonista siendo uno de los primeros municipios productores de coca en el país.

“Si no hay un plan de prevención serio por parte del Gobierno nacional y regional, en cinco años Tumaco no solo será productor sino también consumidor de drogas”, afirmó el sacerdote Mina Garcés. Además, argumentó que si bien los Diálogos de La Habana le dieron una esperanza al pueblo de Tumaco, desafortunadamente la situación de los últimos meses muestra que la violencia se ha incrementado.

Para Javier Giraldo S.J., coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep/PPP, la persistencia del paramilitarismo es evidente a pesar de que el gobierno siga negando su existencia, pues siguen siendo los mayores responsables de victimizaciones de violencia política. “No son bandas criminales ni delincuencia común, tienen una orientación muy concreta, en los mismos textos de las amenazas se puede comprobar eso. Están al lado de grandes proyectos económicos y tienen una ideología política”,  afirmó Giraldo S.J

Laura Contreras

Equipo de Comunicaciones