La Jurisdicción Especial para la Paz, creada en el Acuerdo Final de Paz, es la oportunidad para que se apliquen medidas de justicia a todos los actores que hicieron parte de delitos en medio del conflicto armado: los excombatientes de las FARC, los agentes del Estado y de las fuerzas armadas y los terceros civiles que hicieron parte del conflicto armado. Es una justicia cuyo objetivo es reparar, satisfacer los derechos y ofrecerles verdad a los más de ocho millones y medio de víctimas que produjo el conflicto armado. Su centro de gravedad no es castigar sino restaurar a los más afectados. Igualmente es una justicia que busca que el conflicto no vuelva a repetir y, de esta manera, hacer un cierre radical del ciclo de violencia que imperó durante más de cinco décadas. Por eso es una justicia especial, no reemplaza a la justicia ordinaria y, además, es temporal: existirá como máximo por veinte años. Es una justicia transicional, es decir, se va a aplicar para pasar, si queremos, de un conflicto violento a una posible paz estable y duradera.

Por tanto, la Justicia Especial para la Paz no es un mecanismo de impunidad, como algunos políticos lo han querido hacer ver en sus discursos. La realidad es que el conflicto que vivimos en Colombia por décadas, es una situación generada por los complejos problemas económicos y políticos que todos hemos padecido y que en ellos diversos actores y la ciudadanía en general, están involucrados por acción o por omisión y con diversos grados de responsabilidad. Por eso, no solo algunos que estuvieron involucrados en el conflicto violento deben responder ante la justicia, sino que todos los involucrados en delitos, en el contexto del conflicto, deben responder. Esencialmente para restaurar los derechos de las víctimas y no simplemente para pagar un castigo.

El Estado colombiano se ha comprometido con la sociedad colombiana y con la comunidad internacional a cumplir seriamente con el desarrollo del Acuerdo Final. En asuntos centrales como la Justicia Especial para la Paz, si las partes no cumplen, el país puede caer en una alteración mayor y es inconveniente para las relaciones internacionales. Hay mucho que perder si el Acuerdo no se cumple y mucho que ganar si el Acuerdo se cumple, sin perder el espíritu de la negociación.

El arzobispo de Tunja, Luis Augusto Castro, en declaraciones a la prensa el mes pasado dijo que la Justicia Especial de Paz es fundamental para cerrar todo el proceso de paz alcanzado con el Acuerdo Final. Y añadió: La Justicia de Paz no es un acto de venganza. Las víctimas están esperando la verdad y los victimarios están esperando que les den la oportunidad de rehacer sus vidas. Por eso pide defenderlo. Recordó que el Sistema Transicional de Justicia fue definido en el acuerdo de Roma y que por eso lo más conveniente es resolver el conflicto como ha pasado con otros en el mundo, a través de justicia transicional.

 

Luis Guillermo Guerrero Guevara

Director Cinep/Programa por la paz.

 

En este Rompecabezas quisimos aportar a la comprensión de lo que significa la discapacidad para el mundo laboral y revisar las condiciones y oportunidades que tienen en Colombia las personas con discapacidad.

Nos acompañaron:

  •  Julián Felipe Sánchez. Persona con discapacidad, abogado, líder y magister en Discapacidad e Inclusión social 
  •  Jaime Tenjo. Director del Departamento de Economía, Comercio Internacional y Política Social de Utadeo
  •  Liz Bejarano. Psicóloga, coordinadora del Programa de Inclusión Laboral de la Fundación RecaColombia
  •  Manuel Vergara. Persona con discapacidad, profesor del Departamento de Economía, Comercio Internacional y Política Social de Utadeo

Programa producido por Javeriana Estéreo 91.9 FM Pontificia Universidad Javeriana y Cinep Programa Por la Paz.

 

Te invitamos a participar de la segunda versión de nuestra Feria del Libro Cinep/PPP que en esta ocasión será itinerante por algunos espacios universitarios de Bogotá.

El miércoles 22 estaremos En casa con las puertas abiertas, a partir de las 8:00 a.m. tendremos stands de diferentes editoriales universitarias e independientes* que nos acompañarán durante todo el día en las diferentes actividades propuestas para esta primera jornada de Feria del Libro Cinep. A partir de las 10:00 a.m. realizaremos el lanzamiento del número 93 de la Revista Cien días El campo de la paz, y tendremos como invitadas a las investigadoras Camila Carvajal Oquendo, Paula Kamila Guerrero y Luz Elena Patarroyo. Y a las 5:00 p.m. del miércoles estaremos celebrando los 30 años de la Revista Cien días con un conversatorio con Camilo Castellanos, Camilo Borrero y Gustavo Gallón: Revista Cien días. 30 años analizando el país.

Además de estos dos eventos del miércoles 22, a partir de las 2:00 p.m. tendremos un Trueque de libros abierto al público. Consulta aquí las condiciones:

 

El jueves 23 a las 11:00 a.m. se llevará a cabo el conversatorio Indígenas y afrodescendientes trenzan el Caribe en la Biblioteca Gabriel García Márquez de la Universidad Nacional en donde estarán cuatro representantes de diferentes comunidades indígenas y afrodescendientes del caribe colombiano (sur de la Guajira, zona norte de Cartagena y Sierra Nevada de Santa Marta) y conversarán sobre cómo se han dado sus procesos de investigación local participativa. Trataremos temas propios de sus contextos: extractivismo, violencia basada en género y organización comunitaria. En simultáneo, en la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal de la Universidad Javeriana se estará presentando la publicación Aprendizajes de construcción de paz en Montes de María editado por Fernando Sarmiento Santander y con la autoría de Marcela Pardo y Julián Barajas. Además conversaremos sobre los procesos de construcción de paz en los territorios de Montes de María. Entre el piso 1 y -1 de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal de la Universidad Javeriana encontrarás una exposición con fotografías, video y algunos elementos de los territorios que complementan los temas abordados en el conversatorio. Y a las 5:00 p.m. nos trasladaremos al tercer piso de la Biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en donde tendremos el evento Controversia en diálogo. Una mirada al trabajo y al extractivismo, a propósito de los dos últimos números de la Revista Controversia, tendremos este conversatorio entre Carlos Duarte, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Juan Carlos Celis experto en sindicalismo y Leonardo Parra, investigador del equipo de Movimientos y luchas sociales del Cinep/PPP. 

El viernes 24 de agosto nos encontraremos a las 2:00 p.m. en el Auditorio de la Biblioteca Nacional de Colombia en el conversatorio Datos para no olvidar. Aportes a la justicia transicional. A propósito de la trayectoria de la Base de Datos de Derechos Humanos que tiene el Cinep/PPP tendremos este conversatorio con algunos de los investigadores que han proporcionado a su construcción y que en este diálogo podrán establecer y compartir algunos aportes que hace la investigación de datos a la Justicia Transicional. Para cerrar esta segunda versión de la Feria del Libro Cinep/PPP nos moveremos a la Librería Lerner de la calle 93 a las 5:00 p.m. en donde en ocasión del relanzamiento del libro Idas y venidas, vueltas y revueltas de Mauricio Archila tendremos el conversatorio Las protestas hoy entre el autor y Ana María Restrepo y Santiago Gómez. 

 

Consulta aquí la agenda completa de la Feria del Libro:

 






*Estas son las editoriales que nos acompañarán el miércoles 22 de agosto en nuestras instalaciones

Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Editorial Universidad Nacional de Colombia
Editorial Universidad Pedagógica
Editorial Universidad de los Andes 
Editorial La Carreta 
Desde Abajo
Icono Editorial
Taller De Edición Rocca

Qué debería contener una Ley sobre el derecho a la protesta, y qué tan adecuado es el camino que ha sugerido el nuevo ministro de Defensa

Por: Mauricio Archila* y Martha Cecilia García**

De opositor a promotor

En días pasados, Guillermo Botero, —designado como Ministro de Defensa del gobierno e de Iván Duque— habló sobre la protesta social en la Cumbre Concordia Américas.

No deja de ser sorprendente que el nuevo ministro se refiriera a este tema, en lugar de  los asuntos álgidos, como la ola de violencia contra los líderes sociales, las amenazas a los periodistas, o incluso la persistencia de otras modalidades de la guerra en el campo. Pero aun así debemos reconocer que fue importante poner sobre la mesa el derecho a la protesta y expresar su interés en una Ley Estatutaria que lo reglamente.

Esto llama la atención porque de algún revive un proceso que se había estancado en el Congreso y que venía del Acuerdo de Paz: el proyecto de Ley Estatutaria sobre garantías para la movilización y la protesta que surgió del punto 2 del Acuerdo con las FARC, en cuya redacción participaron varias organizaciones sociales coordinadas por tres ONG (Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia y Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep), un proyecto que Santos había presentado  para trámite por la vía del “fast track”.  

Al parecer el Congreso se abstuvo de tramitar aquel proyecto debido a la resistencia de los gremios y de sectores de las Fuerzas Armadas. Es curioso que ahora sea Botero, el “eterno presidente” de la Federación Nacional de Comerciantes  (Fenalco) y el entrante ministro de Defensa, quien propone ocuparse del asunto.   Pero esta tardía coincidencia se disipa cuando Botero sugiere las líneas gruesas de la ley en cuestión: “En el ámbito social respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no sólo de un pequeño grupo…”

Está bien que se respete la protesta social, pues es un derecho fundamental consagrado en los artículos 37, 19, 20 y 40 de la Constitución, pero el resto de la sucinta de la declaración del ministro no puede ser aceptado por la ciudadanía en general ni -en especial- por los integrantes de movimientos sociales en Colombia. En este análisis  distinguiremos dos puntos polémicos: el ordenamiento de la protesta y los intereses que representa.

Al final propondremos algunas precisiones sobre las cifras de Cinep que el entrante ministro citó en su intervención, pues no se ajustan del todo a los de nuestra Base de Datos de Luchas Sociales.

Ordenamiento de la protesta

Aunque el ejercicio del derecho a la protesta necesita de una regulación u ordenamiento que lo garantice, también es cierto que con ese “ordenamiento” se corre el riesgo de anular ese derecho.

De nuestros estudios y análisis históricos se sigue que la protesta es una de las formas principales de participación ciudadana en Colombia, y que en la gran mayoría de los casos, ella transcurre de manera pacífica. La gente suele acudir a la protesta en situaciones o momentos límites, cuando se agotan otros canales de participación o expresión del descontento ante situaciones injustas o excluyentes.

Por eso mismo la protesta no siempre es planeada, menos aun cuando se trata de respuestas espontáneas ante actos de violencia, como cada vez con más frecuencia está sucediendo hoy con los líderes sociales.

El ideal es por supuesto notificar con anticipación a las autoridades, para que estas puedan acompañar a los manifestantes y efectuar los ajustes necesarios para la movilidad en las ciudades y regiones.

Pero no siempre es posible anunciar de antemano el lugar o la hora de una movilización, y en todo caso la ausencia de notificación no debe traducirse automáticamente en la ilegalización de la protesta. Poner un requisito perentorio de ese tipo sería cercenar el derecho a ejercer la protesta, pues, como dijimos, no siempre es planeada.

¿Qué intereses debe representar la protesta?

El entrante ministro de Defensa afirmó que la protesta no debe responder a los intereses de pequeños grupos sino al de todos los colombianos.

No entraremos en la exclusión gramatical del género femenino, pero ya hay un sesgo en la expresión “todos los colombianos”. Botero hace ese llamado apelando al interés general, que por demás es muy difícil de determinar, a menos que se suponga -como ha ocurrido a lo largo nuestra historia- que los gremios empresariales son quienes representan esos intereses.

Por otro lado, excluir los intereses particulares es anular la protesta. Precisamente, la protesta recoge la posibilidad de expresión de intereses particulares que, obviamente, deber ser debatidos y acordados en escenarios públicos más amplios.

No hablemos en abstracto, basta con pensar en la abundancia de casos de trabajadores a quienes no se le paga su salario a tiempo, de estudiantes a los que se les cae la escuela o les faltan maestros, de enfermos que no reciben atención en los hospitales porque están a punto de quebrar, de campesinos violentamente desterrados de sus tierras, de indígenas a quienes se les niega su cultura propia, o de afrodescendientes a quienes no se les reconocen sus territorios.

En fin, innumerables episodios cotidianos que muestran los pequeños y grandes desajustes de nuestra sociedad. ¿Cómo pedirles que atiendan a los intereses de “todos los colombianos”? ¿Quién determina esos intereses? Pedirlo es una forma más sutil, pero igualmente directa, de anular la protesta. Escondida tras el deseo loable de proteger los intereses generales,  la ciudadanía queda sumida en el silencio porque se ignoran sus reclamos particulares – tan particulares, en efecto,  como son los reclamos de los gremios en legítima defensa de sus propios asociados-.

Cifras sesgadas y lecturas convenientes

Ahora bien, para sustentar el proyecto de Ley sería bueno contar con una lectura acertada de las cifras de protesta que Botero ofreció en su breve presentación. Más que por purismo académico, lo sugerimos para evitar sesgos y lecturas descontextualizadas de las mismas.

El texto transcrito por los medios de comunicación dice que: “las protestas vienen en aumento: de acuerdo con las cifras del CINEP, en 2010 se reportaron 640 luchas sociales y en 2016 se registraron 1.019”. Ante todo, debemos precisar que esas cifras no coinciden con nuestros datos que arrojan 827 protestas para 2010 y cerca de 760 para 2016.

Ahora, más que quedarnos en los números, nos preocupa el mensaje que está en el fondo de la frase citada. Podríamos preguntarnos por qué tomar una cifra supuestamente baja en 2010 para contrastarla con una pretendidamente alta en 2016.

O por qué no decir, por ejemplo, que en 2007 hubo 1.016 protestas, en su mayoría motivadas por los derechos humanos. Es cierto que las protestas han aumentado desde finales del decenio pasado, cuando aún era presidente Álvaro Uribe, y que la tendencia se mantuvo con vaivenes bajo el gobierno de Santos, con el que llegamos al pico de 1.037 en 2013, el año del “tal paro agrario”.

Pero no es cierto que bajo el gobierno Santos se hubiera producido un desborde inusitado de las protestas, como si en cambio su antecesor la hubiera tenido controlada y ordenada. Las cifras nunca son puras y menos su interpretación, pero en este caso el sesgo es más que evidente, ¿por qué? Claramente, para legitimar la intervención sobre un fenómeno que parece estar saliéndose del cauce.

Aunque esto tampoco es cierto, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Luchas Sociales en Colombia 1975-2016

 

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Fuente: Base de Datos de Luchas Sociales de Cinep

Por todo lo anterior nos preocupan las declaraciones del nuevo ministro de Defensa, Guillermo Botero. Aunque compartimos la necesidad de una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía de la protesta, diferimos de los brochazos que lanzó en su propuesta en ese foro público.

Tendremos que esperar que esa propuesta se plasme en un proyecto de reforma que se pueda someter a examen más detallada. Por ahora, como va, no garantiza el derecho fundamental a la protesta sino que apunta a reprimirla y anularla.

Creemos que si el nuevo ministro de Defensa honestamente quiere promover una Ley Estatutaria sobre el derecho y la garantía a la protesta, no sólo debe pensar en las objeciones que le formulamos sino comprometerse a consultar, de manera amplia, a las organizaciones sindicales y sociales para llegar a consensos para consolidar la democracia.

Así podrían superarse, como promete el nuevo presidente, las polarizaciones en el país. Entretanto, declaraciones como las comentadas, no son el camino para lograr esos acuerdos fundamentales.

 

*Ph. D. en Historia, Profesor titular de la Universidad Nacional e investigador del  Cinep/PPP.

**Socióloga con maestría en Urbanismo, investigadora del Cinep/PPP.

Artículo publicado en Razón Pública el 23 julio de 2018

 

Este primer informe se presenta a los Verificadores Internacionales atendiendo al mandato dado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final – CSIVI- al Centro de Investigación y Educación Popular- CINEP y al Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos - CERAC, para que en su calidad de Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional – STCVI- contribuyan al proceso de verificación e impulso al Acuerdo Final (A.F.) entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, hoy, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común- FARC.