Entrevista: Lentitud en restitución de tierras le quita la esperanza a los campesinos de Montes de María

Hace 20 años, las comunidades de los Montes de María tuvieron que dejar sus tierras tras recibir amenazas de paramilitares y ver a algunos de sus compañeros y vecinos morir a causa de la violencia con la que estos grupos armados ilegales azotaron la región. En 2012, acogidos por la ley de víctimas y la restitución de tierras, iniciaron el proceso de restitución de sus predios, pero hasta el momento no han recibido sus parcelas.

Para revisar los avances de los procesos de restitución, posibles soluciones a los inconvenientes y analizar el impacto de la no restitución sobre la implementación del proceso de paz, el viernes 17 de noviembre de 2017 se realizó la Mesa de Diálogo: Derechos de las Víctimas, Restitución y Desarrollo Territorial, organizada en el marco del proyecto “Cuando tengamos la tierra, crecerá la semilla” que desarrollan el Centro de Investigación Nacional de Educación Popular – Programa Por la Paz (Cinep-PPP) y el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos de la Pontificia Universidad Javeriana, con el apoyo de la Unión Europea. 

El profesor investigador de la Universidad Javeriana, Juan Guillermo Ferro, uno de los acompañantes de las comunidades de Montes de María, conversó con nosotros sobre las conclusiones a las que llegaron en el encuentro:

¿Cuál es la principal conclusión sobre los procesos de restitución en Montes de María?

Juan Guillermo Ferro: Una primera conclusión es que las políticas de restitución de tierras y de reparación colectiva tienen como elemento común la lentitud y las trabas de distinta índole para poderse llevar a cabo. En el caso de la restitución hay una serie de impedimentos fruto de los criterios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para rechazar a los solicitantes.

Hay problemas de tipo más político en el sentido que el Estado está muy interesado en un modelo de desarrollo mucho más centrado en la agroindustria exportadora de monocultivo que en apoyar economías campesinas. Entonces no hay una prioridad en restituir y reparar. En las comunidades ya empieza a haber un escepticismo.

¿Por qué se han demorado tanto los procesos de restitución?

J.G.F: Son procesos que incluso pueden ser un poco perversos, en la medida en que la política no está parada, sino que está funcionando a un ritmo paquidérmico. Eso lo que genera es que la gente no se radicaliza en movilizaciones o en acciones colectivas más confrontacionistas (sic) para reclamar. Cada dos meses aparece algún dato, a los tres meses se hace una visita o aceptan un documento, le dicen a la gente que ya está en trámite. La gente no protesta más porque dice que ahí va la cosa, que aceptaron unas solicitudes y que ya volvieron a meter la demanda. Ese es el efecto perverso que tiene esa lentitud.

¿Y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?

J.G.F: Es la última política que se está empezando a implementar en el territorio. La gente realmente está desmotivada y desconfiada, porque como dicen algunos campesinos: si a mí no me han restituido la tierra, no me han reparado, cuál es la planificación que voy a hacer o sobre qué territorio voy a planear.

Los PDET están manejando unos esquemas y tiempos excesivamente rápidos, en mayo ya tienen que estar listos, que hacen muy difícil la participación. No se están haciendo convocatorias abiertas a la comunidad, sino que están seleccionando ciertas personas. Están quedando unos planes como listas de mercado, que realmente no estarían configurando las bases y planes de desarrollos muchos más estructurados.

Son los líderes de las organizaciones los que tienen que representar a las comunidades en los planes y escenarios de discusión, ¿no?

J.G.F: Las organizaciones en Montes de María están muy debilitadas porque fueron las que más sufrieron con las masacres, con las incursiones paramilitares, los asesinatos selectivos, el exilio… Hubo un movimiento fuertísimo en los años 70 u 80, que ahora es un movimiento tremendamente fracturado y debilitado.

Pese a la asiduidad de talleres, capacitaciones, escuelas de ciudadanía, toda la cantidad de cosas que hemos hecho las organizaciones acompañantes, desde que paró supuestamente la guerra por ahí en el 2008, las comunidades siguen débiles. Siendo autocríticos, tenemos que reconocer que tal vez no estamos haciendo bien las cosas o que la debilidad del movimiento es tal que es muy poquito lo que se ha hecho.

¿Las políticas de víctimas, reparación y restitución no han fortalecido las organizaciones comunitarias?

J.G.F: El Estado ha sacado un montón de políticas públicas y todo el mundo se desgasta en ellas para que funcionen, pero lo que ha provocado es que las organizaciones dejen de lado su propia agenda y sus propias propuestas. Ahí es donde hay otro elemento que podríamos llamar perverso, poner a la gente a desgastarse, organizarse, reunirse, criticar o aportar a la política pública, pero esa política nunca se desarrolla totalmente o no cumple sus objetivos.

Hay una distracción del movimiento social en atender la política pública y nosotros como agentes acompañantes podemos haber estado cayendo en la trampa de hacer este juego y más bien deberíamos estar acompañando agendas propias, sin perder el ojo avizor de lo que el Estado hace porque nadie le puede quitar la importancia a lo que el Estado hace, pero no centrar toda la actividad en eso.

Pero esas políticas públicas han sido construidas para responderle a las necesidades de las regiones y las víctimas, en el marco de un escenario de paz, posconflicto y posacuerdo.

J.G.F: Si no hay restitución, si no hay reparación, si no funciona la planeación participativa, pues entonces no habrá paz ni duradera ni estable, como se definió en los acuerdos de las FARC y el Gobierno. Si no hay estas bases, ¿de qué estabilidad estamos hablando? Aquí podemos estar hablando de una paz inestable y efímera, porque no hay manera de avanzar si no se resuelve el tema del acceso a la tierra, si no se repara a las víctimas, si no se le apuesta a la economía campesina. En Colombia no tenemos una política que le dé a la economía campesina un verdadero fortalecimiento, no se cree en sus bondades; se cree que los campesinos son atrasados, pobres, brutos, que no saben producir ni comercializar, y eso marca las dinámicas en los territorios y las políticas públicas.

¿Qué ha funcionado hasta el momento?

J.G.F: Las organizaciones se mantienen, tienen algunas iniciativas. La gente de la alta montaña, que son los del centro de Montes de María, los del Carmen de Bolívar, se han movilizado fuertemente contra el abandono de sus territorios; los de Playón en Marialabaja contra el acaparamiento del agua; este último es un grupo pequeño, pero muy interesante que ha bloqueado varias veces el distrito de riego diciendo que si no hay agua para ellos, no hay agua para la palma, porque el agua está privatizada y es usada más para la palma que para el consumo de la gente.

Los campesinos han hecho mucha resistencia a los cultivos de palma.

J.G.F: Sí, no sólo a la palma, a los monocultivos de gran extensión para la exportación. Eso es una cosa muy reciente, unos quince años, se desarrolló precisamente después de la arremetida paramilitar. A los palmeros no les gusta que se les diga eso, pero es cierto. El desarrollo de estas propuestas vino después del desplazamiento, del abandono de tierras y la compra oportunista y de mala fe que muchos empresarios, a través de testaferros, fueron haciendo. Los campesinos muestran que ellos muchas veces no tenían otra salida que vender y vender mal.

¿Qué podrían sembrar los campesinos al regresar a sus tierras?

J.G.F: Hay otro problema y es que el retorno ha sido muy lento y sin recursos. Hay algunas instituciones que le dicen al campesino, listo, ya puede volver a su tierra, pero el campesino no tiene los apoyos, el crédito, la infraestructura para reiniciar su proyecto y entonces termina vendiendo la tierra que le restituyeron. No se está haciendo algo para restituir una cultura, una sociedad, una economía, ni la vocación campesina.

Muchos de los reclamantes son mayores de 50 años de edad, lo que podría dificultar el retorno de la vida campesina. ¿La región se está quedando sin campesinos?

J.G.F: Los pocos a los que les han restituido muchas veces no tienen el apoyo de sus hijos porque ya pasaron 20 años desde que fueron desplazados; entonces estos muchachos, que eran niños en el momento del desplazamiento, han ido ocupando otras actividades, algunas legales y otras ilegales: microtráfico, delincuencia común, mototaxismo, comercio, el rebusque. La gente ha perdido la relación directa con el campo.

¿Y sobre el tema de la contaminación medioambiental?

J.G.F: Los ecólogos del equipo nos han dicho que una de las cosas que no mira la restitución es todo el despojo que se dio en materia de recursos naturales, de acceso al agua, de bosques y de contaminación por aguas industriales. La restitución mira solo el predio, mira mucho la tierra, el impacto físico, pero no mira todas las relaciones que los campesinos tenían con la tierra, con la represa, el arroyo, el bosque, todas estas conexiones socioambientales de las comunidades. El despojo no solamente fue de tierras sino también de acceso a los recursos naturales con los que los campesinos contaban anteriormente.

¿Cómo ve el panorama para el año entrante con las elecciones presidenciales?

J.G.F: Muy complejo, puede llegar un gobierno que diga que hay que hacer trizas el Acuerdo de Paz y hay estaríamos peor.

 

Astrid Toscano Villán
Equipo Gestión del Territorio en el Pacífico