Jun 20, 2018

Derechos Humanos: cuestión de vida o muerte

Es la conmemoración mundial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Una iniciativa surgida como vacuna contra la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, con todos sus muertos, que algunos aproximan a 40 millones.

Para Colombia, en particular, esta conmemoración llega en un momento decisivo de su historia reciente, en que el país busca la paz, después de años de guerrillas, desmanes y de miles de muertos. Los derechos humanos nos recuerdan que la convivencia humana no puede construirse sobre la base de la fuerza que degenera en violencia y engendra la guerra y nos enseñan que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”[1].

La libertad, la justicia y la paz están unidas tan estrechamente que cualquier atentado contra una lesiona las otras. Por otra parte, las tres virtudes tienen un valor absoluto y, por lo mismo, los atentados, por pequeños que sean, producen consecuencias muy graves. Esa es la razón por la cual los derechos humanos deben ser protegidos de manera especial  “a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”[2]. Una tal protección especial solamente la puede asegurar un Estado legítimo a través de medidas legales que garanticen a los ciudadanos el uso de todos sus derechos. Para eso se eligen los gobiernos en las democracias y para eso se les otorga el monopolio de la fuerza. Y es aquí donde se presenta la paradoja de que, con demasiada frecuencia, son los gobiernos los que cometen las mayores violaciones de los inalienables derechos humanos de sus pueblos, obligándolos a valerse del supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.

Esta paradoja está en el meollo de la polarización colombiana, en la cual los dos bandos pretenden arrogarse el derecho de definir los derechos ajenos sin escuchar a los respectivos titulares de sus derechos propios, atentando en esa forma contra la libertad y la justicia. Y para evitar oírse, se montan en artimañas que cada uno llama legales, absolutizándolas con desconocimiento de la dignidad del otro y perversión del derecho y de la ley que son, justamente, las herramientas para evitar la injusticia y proteger a las personas. La ley injusta no puede ser una ley aceptable, porque la ley es por definición universal para proteger a todos los ciudadanos, y una protección parcializada es una protección desigual, particular, que no cubre sino a una parte de la población y, como tal, viola los derechos de la otra parte.

Cuando la ley se convierte en un arma para golpear a un conciudadano, se está abusando de un sofisma que busca disfrazar de justa una venganza y tranquilizar una mala conciencia. El valor de la justicia como virtud es absoluto, pero el de la ley no lo es, a menos que no haga daño a nadie, es decir, a menos que sea justa. Y el sofisma de la legalidad se da cuando se absolutizan leyes injustas, emitidas sobre la base de intereses de grupo o, peor aún, de intereses personales del mandatario, las cuales dañan a otros grupos, porque perjudican sus intereses. Este es uno de los elementos fundamentales de la dictadura.

La valoración de la justicia de las medidas que toma un gobierno no reposa sobre su legalidad sino sobre su adecuación a los derechos humanos, porque son estos los que traducen la dignidad de los ciudadanos como personas. Una medida legal que pisotee la dignidad humana de un ciudadano es injusta y, por consiguiente, no debe ser acatada. Más aún debe producir indignación y generar protesta.

El incremento de la violencia en las relaciones sociales proviene de esa indignación que, al exasperarse, recurre a la fuerza para reivindicar sus derechos. Y si el recurso a la fuerza se convierte en una forma ordinaria de relación, llegamos a niveles de inseguridad que destruyen la convivencia y transforman nuestros barrios y veredas en verdaderas trincheras, donde el asalto, las heridas y la muerte son el pan de cada día. Colombia tiene ya un grado alto de atrincheramiento social construido a lo largo de su historia reciente. El respeto y la defensa de los derechos humanos ayudan a bajar ese nivel. Bajar el nivel de atrincheramiento es, pues, cuestión de vida o muerte.

 

Alejandro Angulo Novoa S.J.

 

[1] Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

[2] ibidem

Modificado por última vez en Lunes, 18 Diciembre 2017 23:45