Oct 20, 2017

¿Cuál Justicia para tiempos de transición?  

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Por: John Montoya, SJ*

Se debaten intensamente en el Congreso de la República los actos legislativos y las leyes de implementación del Acuerdo de Paz relativas a los mecanismos de adjudicación de responsabilidad de los victimarios por las violaciones a los derechos humanos y al reconocimiento de los derechos de las víctimas. Mediante el uso de la figura del “fast track” se hizo la Ley 1820/2016 “por medio del cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indulto, y tratamientos penales especiales y otras disposiciones”. Igual procedimiento se está utilizando en la expedición de otras normas fundamentales de justicia rectificadora como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la ley que regulará la Comisión de la Verdad.

La pregunta inexorable que debe abordarse en todo proceso de negociación de paz, con consecuencias durante la transición, es cómo enfrentar las atrocidades de un pasado de confrontación armada y cómo garantizar que éstas no se repitan.

A mi juicio, la respuesta a esta pregunta ha puesto un excesivo énfasis en la dimensión retributiva de la justicia —llamada también rectificadora—, es decir, la que se ocupa de enjuiciar los graves crímenes cometidos durante el conflicto, incluyendo su versión más restauradora en la Comisión de la Verdad. Uno de los peligros que tiene la transición hacia la paz es limitar la justicia a su función rectificadora, esto es, a la sanción de los victimarios, al mero reconocimiento de los derechos de las víctimas y a la pretensión de conocimiento de la verdad, que es difícil de lograr. Considero, como explicaré adelante, que una inflación desmedida en las pretensiones rectificadoras de la justicia, podría no ayudar lo suficiente en este camino de transición a la paz.

Una revisión de la literatura sobre el impacto de los juicios a las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en países en transición, sobre todo en América Latina, nos muestra  caminos diversos de comprensión.

Un primer grupo de académicos en los años ochenta, entre los cuales se destacan Huntington, O’Donnell, Schmitter, quienes estudiaron casos de transición en América Latina, argumentan que los juicios criminales por violaciones a los DDHH son políticamente insostenibles y lesionan las nuevas democracias. Huntington sostiene, por ejemplo, que los juicios deben hacerse tan pronto comience el período de transición, pues “la justicia ha de llegar pronto, o definitivamente no llega”.[1]

Otros autores sostienen que “rehusar amnistías e insistir en persecución criminal, puede prolongar el conflicto, resultar en más muertes, destrucción y sufrimiento humano” (Shar).

En términos generales estos autores plantean la estrategia del “mal menor”, es decir, solo investigar y castigar las graves violaciones a los derechos humanos.[2] Aun así, mantienen cierto pesimismo acerca de los efectos negativos que puedan causar estos juicios a la democracia.

De otro lado, Snyder y Vinjamuri son igualmente pesimistas con la aplicación de la justicia internacional después de la expedición del Estatuto de Roma que impone el cumplimiento de estándares mínimos de justicia para los países en transición. Según ellos, los juicios criminales por graves violaciones a los derechos humanos o al DIH incrementan la posibilidad de futuras atrocidades, exacerban el conflicto y lesionan los esfuerzos por construir democracia.[3]

Una aproximación distinta nos presenta Kathryn Skkink.[4] Esta autora hizo seguimiento empírico a 17 países de América Latina en transición entre 1983 y 2004 que tuvieron juicios criminales por abusos a los DDHH en el pasado. Los datos empíricos demostraron que ninguno de estos países entró en período de desestabilización política, retornó a dictaduras o al conflicto interno por causa de enjuiciamiento a responsables de violaciones de DDHH. Se creyó por ejemplo que el arresto de Pinochet en Londres terminaría en golpe de Estado y, por lo tanto, el retorno del régimen militar a Chile. No ocurrió así. Igualmente en Argentina hubo temor de regreso de los militares al poder —quienes gozaban de apoyo popular—cuando Jorge Videla fue sentenciado a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos. Tampoco se concretó tal temor. Los hallazgos de Skkink han demostrado que en los 17 países donde se han llevado a cabo juicios criminales por violaciones a los derechos humanos, 14 han mejorado el respeto por estos. Para esta académica, el tiempo durante el cual se juzgaron violaciones a los derechos humanos fueron momentos de gran intensidad política y de alguna manera esto contribuyó  a la transición hacia la paz y la democratización de sociedades que han experimentado intensos conflictos o regímenes autoritarios.[5]

En medio de este acalorado debate no solo académico sino en la arena política como lo hemos visto en Colombia, nos preguntamos, entonces, ¿cuál es la justicia que una sociedad en transición requiere para conseguir la paz y consolidar la democracia?

No hay duda que la discusión más fuerte en el proceso de paz de la Habana ha girado alrededor de la justicia rectificadora. Todo parece indicar que la fase de implementación del Acuerdo seguirá la misma dirección. De hecho, es poco el seguimiento de los medios, el debate público y el interés de la opinión pública por la mayoría de las provisiones del Acuerdo de Paz que tienen que ver con el compromiso del Estado de saldar deudas históricas con los campesinos y las minorías étnicas, y dar garantías para la participación en política de sectores políticos tradicionalmente marginados y estigmatizados. Así las cosas, la justicia ha quedado reducida a qué tanto enjuiciamiento habrá para las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario dejando de lado otras dimensiones de la justicia indispensables para garantizar el tránsito a una paz duradera y a la democratización de nuestro país.

Una investigación llevada a cabo por la profesora Rettberg de la Universidad de los Andes publicada en 2008, muestra los siguientes resultados a esta pregunta: “… para qué son los juicios contra los responsables de los diferentes crímenes cometidos en el conflicto armado colombiano”. La respuesta es tan interesante como sorprendente: el 41.1 % respondió para conocer la verdad, el 26.1% respondió para permitir que las personas puedan volver a convivir, el 12.9%  afirmó no tener una respuesta, el 11% contestó para perdonar los actos cometidos, el 4.4 % para vengar los actos cometidos y el 4.3% para olvidar lo ocurrido.[6]

En esta investigación se le pregunta a las víctimas qué formas de reparación prefieren. Contestaron: cubrimiento de sus necesidades económicas y de la familia (45.5%), conocer la verdad de lo que ocurrió (44.0%), compensación  monetaria (37.8%), el juzgamiento de los responsables (26.6%), y en último lugar está la petición de perdón (5.1%).[7]

En pocas palabras, las víctimas entrevistadas quieren conocer la verdad y cubrir sus necesidades económicas. Poco más del 25% de las víctimas quieren el juzgamiento de sus victimarios.

Ahora vayamos al Acuerdo de Paz. Su lectura atenta nos permitirá advertir que entre las 582 disposiciones  aproximadamente, 236 tienen que ver con temas de desarrollo y la garantía de los derechos humanos por parte del Estado.

Así las cosas, la justicia rectificadora (o lo que es lo mismo la penal, punitiva o retributiva), por si sola, no solucionará los complejos problemas relacionados con el conflicto armado que nosotros como sociedad debemos comenzar a resolver para transitar de la larga confrontación armada a un período de construcción de paz y fortalecimiento democrático.

El período del posacuerdo que ya estamos viviendo reclama urgentemente acciones conjuntas del Estado y la sociedad civil, al nivel que a cada uno le corresponde, para el fortalecimiento de otras dos dimensiones de la justicia. Son estas:

1). La justicia entendida como el imperio del derecho (the rule of law), o la justicia legal. Esto es el fortalecimiento del aparato de justicia: imparcial, independiente, eficiente y protectora de los derechos humanos. Una justicia con capacidad de ejercer control sobre los poderes públicos y que garantice un elemento fundamental en toda democracia: la responsabilidad de quien ejerce la autoridad y los ciudadanos.

El fortalecimiento del imperio del derecho también implica la defensa de todos los ciudadanos en todo el territorio nacional por parte de la Fuerza Pública. Esto significa en Colombia detener el avance vertiginoso de grupos criminales (neo-paramilitares como les denominan unos, o bacrim, como les dicen otros)que están copando los territorios que ya no controlan las Farc.

2). La justicia distributiva, entendida como la acción del Estado que garantiza los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y se ocupa de aminorar la discriminación y desigualdad, factores íntimamente asociados al conflicto colombiano.

Rama Mani, quien ha trabajado temas de teorías de la justicia en sociedades en conflicto, sostiene que un extremado acento en la justicia rectificadora no favorece la paz puesto que es imposible satisfacer los derechos de todas y cada una de las víctimas en un conflicto.[8] Piénsese por ejemplo en el número de víctimas del conflicto colombiano. Son más las víctimas que quedan por fuera de los procesos de la justicia rectificadora que los que tienen un rol activo dentro de los juicios por violaciones a los derechos humanos. En Colombia tenemos como ejemplo los pobres resultados de la Ley de Justicia y Paz.  

La JEP como mecanismo de justicia transicional que se debate en el Congreso, comparte el simbolismo e imperfecciones de la Justicia Penal Internacional que ha hecho de “gran hermana” en el proceso de paz colombiano. La realidad es que el Estatuto de Roma y todo su sistema jurídico sancionatorio —al que tanto se le teme en el tercer mundo y donde en realidad se aplica— es tan paquidérmico, burocrático, selectivo y politizado, como nuestra justicia colombiana. De ahí la urgencia de descentrar este debate sobre la justicia en su dimensión retributiva o rectificadora y poner un especial énfasis en el fortalecimiento de la justicia legal y distributiva. Así está contemplado en la mayoría de las provisiones del Acuerdo de Paz y esto es lo que quieren las víctimas, según lo demuestran los resultados de la investigación de Rettberg. 

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* Jesuita, Investigador del Cinep.
[1] Huntington, Samuel (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, Ok: University of Oklahoma Press, p. 228.
[2] O’Donnell, G & Schmitter, Ph (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, p. 30
[3] Snyder Jack & Vinjamuri Leslie (2003/2004). “Trials and Errors: Principle and Pragmatism in Strategies of International Justice,” International Security 28 (3), p. 353
[4] Skkink Kathryn & Walling Carrie (2007). “The Impact of Human Rights Trials in Latin America.” Journal of Peace Research, Vol. 44 (4), p. 427-445
[5] Ibid, 432
[6] Rettberg, Angelika (2008). “Reparación en Colombia ¿Qué quieren las víctimas?” Bogotá: Panamericana Formas e Impresos, p. 86.
[7] Ibid, pp. 69-70
[8] Mani, Rama (2007). “Beyond Retribution. Seeking Justice in the Shadows of War.” Maldon, USA: Polity Press, 87-125.